La lentitud de la justicia: dos casos reales

 El lenguaje jurídico está lleno de eufemismos que pueden dar a entender que los juristas pretendemos reímos del resto de la sociedad.

Por ejemplo, no me digan que no tiene sorna que la Ley de Enjuiciamiento Criminal haya bautizado con el nombre de “procedimiento abreviado” al trámite que se sigue para el enjuiciamiento de la mayoría de los delitos, y cuya duración ronda los tres años de media. Menos mal que es abreviado. Hace poco parecía que nuestros legisladores habían encontrado la solución con la creación de un nuevo procedimiento penal: el llamado “juicio rápido”. Pero en la práctica, el juicio rápido solo es rápido cuando se alcanza un acuerdo entre acusación y defensa para pactar una sentencia de conformidad. Porque si no hay acuerdo, los juicios rápidos no suelen tener sentencia hasta un año después de la comisión del delito. Y eso si hay suerte. Imagino que en la próxima reforma introducirán otro procedimiento llamado “juicio supersónico”, pero seguirá durando lo mismo.

Esta ironía alcanza su máximo grado en el área contencioso administrativo, que es el que resuelve los pleitos de los ciudadanos con una administración pública (véase, por ejemplo, el recurso de una multa). Hace algo más de diez años se introdujo también el procedimiento abreviado contencioso administrativo, y el resultado ha sido más disparatado aún que en el orden penal.

Como muestra lo que me ha ocurrido hoy. Hace un par de meses puse una demanda de recurso contencioso administrativo para recurrir una sanción que la Delegación del Gobierno había impuesto a un cliente. Pues bien, hoy el Juzgado ha admitido a trámite mi demanda, ha acordado tramitarla por procedimiento abreviado y ha fijado la fecha del juicio ¡¡¡para el 9 de junio de 2015!!! Y ojo, que mi cliente ya ha pagado esa sanción, porque de lo contrario le embargarían su nómina. Pues por muy injusta que sea esa sanción (que lo es), no le devolverán el dinero hasta que en 2015 la sentencia le dé la razón.

Otro caso real: en verano de 2006 puse una querella por un delito de abandono de familia del que había sido víctima una de mis clientes. Se tramita como procedimiento abreviado penal. En verano de 2008 el Juzgado de Instrucción de Fuenlabrada dio por finalizada la fase de instrucción y lo envió al Juzgado de lo Penal nº 1 de Móstoles, que es el que lo tiene que juzgar. Pues bien, han pasado dos años y medio y el Juzgado de Móstoles sigue sin fijar fecha para el juicio.       

Quizás lo que haga falta sean menos “procedimientos abreviados” y “juicios rápidos”, y más inversión en Justicia. Es decir: más juzgados, más plazas de jueces, y más medios tecnológicos en nuestros tribunales.
© José María de Pablo Hermida, 2011.     

Autor: José María de Pablo

Abogado penalista

1 comentario en “La lentitud de la justicia: dos casos reales”

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