La Operación Galgo, la presunción de inocencia, y Marta Domínguez

Ahora que la Juez ha exculpado a Marta Domínguez de la principal de las imputaciones que pesaban sobre ella en la Operación Galgo (ver noticia), muchos nos preguntamos quién y cómo va a reparar el daño que se ha hecho a la imagen de la atleta con las numerosas noticias de tantos medios de comunicación que durante meses la han tachado de traficante de sustancias dopantes.

Pero, por duro que parezca, no estaría de más recordar que todos estos injustos ataques al honor de Marta Domínguez tienen un origen: la propia Guardia Civil.  

De hecho, me sorprende que nadie haya reparado hasta ahora en la llamativa doble vara de medir y de actuar del Instituto Armado en dos hechos coincidentes en el tiempo (ambos ocurridos el pasado mes de diciembre): la operación galgo, y el secuestro de una menor en un pueblo de Badajoz.

Como recordarán, una menor, que había sido secuestrada por una banda de rumanos, y obligada a prostituirse en la localidad pacense de Arroyo de San Serván (ver noticia), fue liberada el pasado mes de diciembre por un policía local de aquella localidad. La actuación del audaz policía, que en cuanto tuvo conocimiento de la situación de la menor no dudó en liberarla y detener a sus secuestradores, impidió a la Guardia Civil –que tras una ardua investigación estaba a punto, también, de encontrar y liberar a la menor- hacerse la foto y apuntarse el éxito de la operación. La venganza de la Guardia Civil no tardó en llegar. El día 24 de diciembre, agentes de la Benemérita entraban en la casa del policía local, procedían a su detención y le obligaban a pasar la Nochebuena en un calabozo. ¿El delito? Haber revelado a un periodista la edad de la menor liberada, lo que, según la Guardia Civil, constituía un grave delito de relevación de secretos.

En la Operación Galgo, la actuación de la Guardia Civil ha sido la contraria. A pesar de que las actuaciones estaban bajo secreto de sumario, el mismo día que se procedió a detener a varios atletas, el Instituto Armado difundió a los cuatro vientos, primero en una nota de prensa que a día de hoy continúa colgada en internet (ver la nota de prensa de la Guardia Civil), y luego mediante sucesivas filtraciones a los medios, todos los detalles de la operación galgo, que en esa fecha estaba declarada, repito, secreto de sumario.

Esto es: la Guardia Civil que detiene a un policía por revelar a un medio de comunicación la edad (y solo la edad) de la víctima de un delito, es la misma que dos semanas antes había difundido una nota de prensa proporcionando numerosos datos sobre una operación que estaba bajo secreto de sumario.

El hecho es que tanto la Guardia Civil como los medios que difundieron esas filtraciones volvieron a olvidar uno de los fundamentos del Estado de Derecho: la presunción de inocencia, un principio cuyo respeto no solo incumbe a los jueces, sino también a los medios de comunicación y, por supuesto, a la Guardia Civil.

Porque si no, pasa lo que ha ocurrido ahora: que aquella atleta a la que toda España llevaba llamando delincuente los últimos cuatro meses, en realidad era inocente. 

Ahí dejo la pregunta: ¿hasta que punto es lícito difundir filtraciones sobre las imputaciones contra una persona antes de que los jueces se pronuncien?
© José María de Pablo Hermida, 2011.     
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Autor: José María de Pablo

Abogado penalista

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