Marta del Castillo y el derecho de defensa

 Ha quedado visto para sentencia el juicio contra Miguel Carcaño y los demás implicados en la trágica muerte de Marta del Castillo. Quede clara antes de nada mi solidaridad con los padres de Marta, cuyo dolor por la pérdida violenta de una hija adolescente, se ha visto agravado por la imposibilidad de enterrar su cuerpo. Ojalá acabe apareciendo el cuerpo de Marta y sus padres puedan tener el consuelo de enterrarlo.

Pero hecha esta aclaración, tan obvia como obligada, quisiera salir al paso de las críticas que desde muchas tertulias radiofónicas se han vertiendo contra los abogados que defienden al homicida confeso de Marta y al resto de los acusados. He oído, sobre todo durante los primeros días de juicio, como desde diversos medios de comunicación casi se acusaba a los abogados de estos acusados de ser los responsables de la desaparición del cuerpo de Marta, tachándoles de criminales por el mero hecho de cumplir con el deber que, como letrados, les impone la Constitución Española, y que no es otro que escoger la estrategia de defensa que más conviene al interés de sus clientes.

No conozco de nada a los abogados que han intervenido estas últimas semanas en el juicio del caso Marta del Castillo, con los que no recuerdo haber coincidido nunca en ningún juicio. Ni siquiera soy familia del abogado de “El Cuco”, aunque se apellide igual que yo. Pero, por mi condición de abogado, me ha dolido lo que se ha dicho estos días de ellos.

Se les ha criticado, en concreto, por no obligar a sus clientes a confesar donde está el cuerpo de Marta, incluso por no decirlo ellos mismos directamente. Pero, ¿acaso pueden los abogados defensores de los acusados desvelar –si es que lo saben- el destino del cuerpo de Marta? ¿O pueden al menos obligar a sus clientes a confesarlo?

Veamos lo que dice nuestra legislación. El artículo 24.2. de la Constitución Española proclama como derecho fundamental el derecho de defensa, del que forman parte el derecho a la asistencia letrada, a no confesarse culpables y a no declarar contra sí mismo. El artículo 30 del Estatuto de la Abogacía Española impone a los abogados el deber de defender los intereses de sus clientes, y el artículo 32 añade que los abogados deberán guardar secreto de todos los hechos o noticias que conozcan por razón de cualquiera de las modalidades de su actuación profesional. Por último, el artículo 467.2. del Código Penal castiga como autor de un delito de deslealtad profesional al abogado que de forma manifiesta perjudique los intereses de su cliente.

Esto significa que el abogado defensor, en el momento en que le es encomendada la defensa de un justiciable, tiene la obligación –impuesta por la Constitución- de idear la estrategia de defensa que más convenga a los intereses de su cliente. Hasta el punto de que si elige una estrategia manifiestamente perjudicial para su defendido, el abogado puede ser acusado de delito.

Por eso, por duro que parezca, la pregunta que se tienen que hacer –y que seguro se hicieron- los abogados de Carcaño, Benítez y demás acusados es: ¿beneficia o perjudica al interés de mi cliente desvelar el paradero del cadáver?

Y aunque ni he leído el sumario de este caso, ni he seguido el juicio más que por lo que han publicado los medios de comunicación, mucho me temo que la respuesta a esta pregunta es evidente: decir dónde está el cadáver de Marta, ahora mismo, y con los datos de que disponemos, habría perjudicado los intereses de los acusados.

Con las pruebas que hay, todo apunta a que Miguel Carcaño no se va a poder librar de una condena por homicidio. Si ha confesado que mató a Marta y su confesión no es contradictoria con el resto de elementos probatorios, debe ser suficiente para sostener una condena por homicidio incluso sin necesidad de que aparezca el cuerpo: pruebas suficientes (y una confesión lo es) hay.

Otra suerte distinta es la que pueden correr las acusaciones por asesinato o violación. La diferencia entre homicidio y asesinato radica en el modo en que se comete. Así, un homicidio deja de ser homicidio y pasa a ser asesinato cuando existe alevosía, recompensa, o ensañamiento. Si  hubiese aparecido el cuerpo de Marta, y este tuviera signos de ensañamiento, estaríamos ante una más que probable condena por asesinato, lo que supondría cinco años más de prisión para el autor. Del mismo modo, si la autopsia revelase señales de que antes de morir, Marta hubiese sido forzada sexualmente, habría que sumar una condena por violación, o lo que es lo mismo, entre seis y doce años más de prisión. Pero sin una autopsia del cadáver se antoja difícil (aunque no imposible) una condena por asesinato y violación.

Por tanto, mal que nos pese, es evidente cuál era el interés de los acusados y cual la estrategia que debían seguir –y han seguido- las defensas. Podemos estar o no de acuerdo con estas reglas del juego, pero en eso consiste el Estado de Derecho.

De todos modos, existe una manera de desvelar el lugar donde se oculta el cuerpo de Marta sin que ello perjudique la estrategia de las defensas. Dentro de algunos días la audiencia dictará sentencia, y algunos meses después, tras los previsibles recursos de casación, la sentencia será firme y, por tanto, inalterable. A partir de ese momento, los acusados podrán decir qué hicieron con el cadáver sin temor a que les perjudique. 

© José María de Pablo Hermida, 2011.     

Autor: José María de Pablo

Abogado penalista

2 comentarios en “Marta del Castillo y el derecho de defensa”

  1. estoy totalmente de acuerdo con el comentario anterio, y al igual que don jose maria, se pone en la piel de los abogados intentado hacer ver la dificil tarea de defender a tan semejantes impresentables, tambien es importante remarcar, que estamos hablando de un personaje que afirma "haber matado a una persona", y sinceramente, quien es capaz de matar a alguien, y realmente no saber a donde llevo el cuerpo. Tambien quiero decir que esta maravillosa ley que tenemos en nuestro pais, parece que favorece a los criminales sin darnos cuenta de que repito HA MATADO A UNA PERSONA.

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