La Audiencia Provincial tumba la Operación Galgo

 El rumor, el chismorreo o la habladuría no pueden considerarse como indicios de delito“. 

Esa es la frase más gráfica del Auto de la Audiencia Provincial de Madrid (ver Auto de la Audiencia) que conocíamos ayer y que ha acordado la nulidad de prácticamente todas las pruebas de la Operación Galgo.

Este Auto no solo es una buena noticia para los imputados (entre ellos, dos clientes míos) y -todo hay que decirlo- para los abogados defensores que, tras año y medio de duro trabajo, hemos conseguido una nulidad que con toda seguridad va a suponer el archivo del procedimiento y la absolución de nuestros clientes.

Este Auto es, sobre todo, y a pesar de los tertulianos radiofónicos que sin haberlo leído lo han criticado (ay, de la Morena…), una buena noticia para nuestro Estado de Derecho.

Como ya dije, precisamente, en el post que, hace un año, inauguraba este blog (post “Estado de Derecho y Estado Delincuente”), y que reproducía el artículo “Estado de Derecho y Estado Delincuente” que publiqué en el diario El Mundo, las escuchas practicadas a los deportistas de la Operación Galgo vulneraron sus derechos fundamentales.

Para pinchar un teléfono (que es limitar derechos fundamentales como el derecho a la intimidad, o al secreto de las comunicaciones) es necesario que existan indicios fundados de delito. Y este Auto de la audiencia nos da la razón a los abogados que llevábamos un año y medio advirtiendo de que los supuestos indicios de delito que sirvieron para acordar esas escuchas (comentarios anónimos de un foro de atletismo, por ejemplo) no eran indicios de delito sino, como los califica ahora la Audiencia Provincial, meros rumores, chismorreos o habladurías. 

Y ahora, el garzoniano Juez de Instrucción que acordó esas escuchas, y los guardias civiles que esperaron a que estuviera él de guardia para pedírselo, han comprobado cuales son las consecuencias de hacer trampas: mientras las pruebas obtenidas ilegalmente son anuladas (se han anulado las escuchas telefónicas, pero también los seguimientos, registros, e interrogatorios derivados de ellas), los únicos que van a seguir imputados en la Operación Galgo son cuatro guardias civiles: dos acusados de manipular un frasco intervenido a Marta Domínguez para que aparezca una sustancia dopante donde no la había, y otros dos acusados de detener ilegalmente a una de mis clientes y falsificar el atestado policial. La próxima vez, investigarán limpiamente.

Mientras tanto, y para disfrutar del momento, les invito a releer el primer artículo que publiqué en este blog, “Estado de Derecho y Estado Delincuente”. Lo que allí escribí, lo ha proclamado ahora, un año después, la Audiencia Provincial.   
© José María de Pablo Hermida, 2012.     

Autor: José María de Pablo

Abogado penalista

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