Mafalda y el aborto

El artículo de Javier Serra sobre la ley del aborto, publicado hace unos días en el blog “¿Hay Derecho?” (ver artículo), me recordó enseguida aquel chiste de Quino en el que Mafalda comenta cómo le parte el alma ver tanta gente pobre, y Susanita le contesta que, para evitar ese sufrimiento, habría que esconder a los mendigos.

Aquel artículo justificaba el aborto y aplaudía la vigente ley de plazos utilizando el mismo razonamiento que Susanita: cuando existe conflicto de intereses, “pesa más la solución que causa menor sufrimiento”, de modo que, para evitar el sufrimiento que comporta un embarazo no deseado, o el nacimiento de un niño discapacitado, la mejor solución es esconderlo, o lo que es lo mismo, acabar con la vida de aquel ser humano cuya existencia nos incomoda, pues sufre menos el nasciturus al que se quita la vida que la sociedad que lo ve nacer (el propio artículo hablaba de la existencia de una especie de “sufrimiento de la sociedad en general” ante el nacimiento de determinados niños, que contraponía al posible sufrimiento del nasciturus al que se quita la vida).

Respeto mucho al autor de ese artículo, pero como jurista no puedo estar de acuerdo, de ninguna manera, con quien justifica algo tan incompatible con un Estado de Derecho como es dar cobertura legal a la acción de matar a un ser humano inocente e indefenso.

Desconozco cuanto hay de cierto en la afirmación de que el feto no sufre en el momento de ser abortado. Los estudios científicos al respecto son contradictorios. Pero sería un error gravísimo situar el nivel de legalidad del acto de matar a otro en el grado de sufrimiento físico o psíquico que se causa a la víctima. Matar a una persona, con o sin sufrimiento, es el mayor mal que se le puede causar. Con independencia del dolor que experimente o deje de experimentar el nascituris, al abortar se le está privando de la vida. Se le priva, pues, de la posibilidad de crecer, jugar, correr, reír, llorar, experimentar emociones, aprender, tener amigos, o enamorarse. Una especie de lucro cesante. El nasciturus nunca sabrá que se le ha privado de una serie de bienes que no ha llegado a conocer, es cierto, pero ¿justifica eso la impunidad de la acción de matar? ¿Puede aprobar un sistema jurídico moderno el acto de privar a alguien del bien de la vida solo porque no se va a dar cuenta? Y ya puestos, ¿despenalizamos, por esa regla de tres, todo asesinato que se cometa cuando la víctima está dormida, y por tanto, no sufre? ¿Habría que absolver a José Bretón si la investigación confirma, como parece, que sedó a sus hijos antes de quemarlos y, por tanto, no sufrieron?

Una de las principales funciones del Estado de Derecho es la protección de lo que llamamos “bienes jurídicos”, que son aquellos valores, tanto materiales como inmateriales, que el sistema jurídico considera dignos de protección. Para ello cuenta el Estado con el Derecho Penal, que para disuadir al ciudadano, tipifica como delitos aquellas conductas capaces de lesionar bienes jurídicos (función de prevención del Derecho Penal).

Pues bien, existe consenso en que el más importante y digno de protección de los bienes jurídicos es la vida humana. Así lo reconoce el artículo 3 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, o el artículo 15 de la Constitución Española. Y por eso nuestro Código Penal comienza su parte especial (cfr. Arts. 138 a 146) tipificando como delitos aquellos actos que atentan contra la vida: el homicidio, el asesinato, la inducción al suicidio y el aborto.

Considerar la protección de la vida del ser humano no nacido como una cuestión religiosa –así lo hace el mencionado artículo de Javier Serra- es una falacia. La vida es un bien jurídico digno de protección también en un estado aconfesional, con independencia de lo que diga o deje de decir la Iglesia Católica. ¿O acaso deberíamos, en virtud de la laicidad del Estado, despenalizar el robo, el hurto y la estafa porque son actos condenados por la Iglesia, que manda a sus fieles “no robarás”? El debate no está en si abortar es o no es pecado, porque eso al Estado ni le incumbe ni le interesa. Hablamos de Derecho, no de religión. Se trata de discernir si quitar la vida a un ser humano lesiona el “bien jurídico vida humana” y si ese bien jurídico es lo suficientemente importante como para ser protegido por el derecho penal.

Tampoco es admisible el manido argumento, deslizado en otro momento de aquel post al que me refería al principio, de que la penalización del aborto es negativa en términos de política preventiva porque obligaría a muchas mujeres a viajar a Londres a abortar o, mucho peor, les abocaría a abortar clandestinamente, en peligrosas condiciones higiénicas y sanitarias. Pero, ¿desde cuando eso es motivo para dejar impune un hecho delictivo? ¿Debemos entonces despenalizar la práctica de la ablación del clítoris, para evitar que quienes deseen practicarlo tengan que hacerlo en la clandestinidad, o incluso viajar a Etiopía donde es una práctica legalizada? ¿Conviene entonces legalizar la pederastia, para evitar que los pedófilos tengan que viajar a Bangladesh a hacer turismo sexual? ¿O habrá que despenalizar el tráfico de drogas para evitar que los “boleros” se jueguen la vida escondiendo cocaína en su sistema digestivo?

En el fondo, desde el punto de vista jurídico, todo depende de la respuesta que le demos a esta pregunta: ¿es obligación del Estado proteger el derecho a la vida de los más indefensos? Porque si a esta pregunta hemos respondido que sí, el debate se termina.

En España contestó a esa pregunta el Tribunal Constitucional en su Sentencia 53/1985, en la que afirmó que la vida del no nacido es un bien jurídico digno de protección por los poderes del Estado, incluso mediante la ley penal. Y solo admitió la constitucionalidad del aborto en aquellos supuestos en que exista conflicto de bienes jurídicos, en cuyo caso, debería prevalecer el bien jurídico superior. Por tanto, según el Constitucional cabría debatir en qué supuestos existirá un bien jurídico más digno de protección que la vida del nascituris, pero desde luego, una lectura desapasionada de aquella Sentencia permitirá, incluso al más lego en Derecho, concluir que la actual legislación de plazos, la llamada “Ley Aído”, que permite acabar con la vida del no nacido por la mera voluntad de su madre, sin necesidad de ningún conflicto de bienes jurídicos, es claramente anticonstitucional.

Es cierto que existen embarazos muy dramáticos: adolescentes violadas, madres en el paro y sin recursos, niños discapacitados… Bien, no obliguemos a las mujeres a tener esos hijos no deseados. Pero para ello no es necesario matarlos: la solución es la adopción. Actualmente, en España, miles de parejas hacen cola para adoptar un niño. Se ven obligadas a gastar una gran cantidad de dinero, viajar a países lejanos y esperar años hasta conseguir adoptar en el extranjero porque apenas hay niños españoles en adopción. ¿No sería más fácil que aquellas madres con hijos no deseados los entregaran en adopción?

Volviendo al chiste de Mafalda: Es más fácil esconder a los mendigos que darles trabajo y bienestar, del mismo modo que es más fácil matar al nasciturus que entregarlo en adopción, ¿pero cual es la solución que lesiona menos bienes jurídicos? Pienso que si en este chiste sustituyésemos al mendigo por una mujer víctima de un embarazo no deseado, Susanita propondría abortar y Mafalda defendería la adopción. Y a mí siempre me cayó mejor Mafalda.

© José María de Pablo Hermida, 2012.     

Autor: José María de Pablo

Abogado penalista

6 comentarios en “Mafalda y el aborto”

  1. Muchas gracias Sr. De Pablo. No sólo expone un pensamiento razonado con base jurídica sino que produce mucha emotividad cuando menciona a los niños recientemente asesinados por su padre y a Mafalda. Me ha encantado y me ha hecho saltar las lágrimas. Cuando uno ve tan claro lo cruel que es el aborto y que se esté cometiendo con impunidad e incluso promocionando…. siento una tristeza inmensa.

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  2. no hay derecho más importante que el de cada individuo a estar en posesión y control de su propia persona, libre de toda restricción o interferencia de otros. La dignidad humana sin este derecho estaría desprovista de contenido.

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