¿Y si motivaran los indultos?

indulto 3 Ya me referí en un post anterior a la historia de los cuatro mossos d´esquadra indultados por el Consejo de Ministros tras haber torturado a un inmigrante rumano. El revuelo que ocasionó ese indulto, por lo visto, no ha servido de nada, y esta semana hemos conocido más datos del particular uso del instituto del indulto que viene haciendo el Gobierno. Por ejemplo, el BOE del pasado 3 de septiembre (ver aquí) publica el Real Decreto 590/2013, de 26 de julio, por el que el Consejo de Ministros indulta a otro mosso d´esquadra condenado por detención ilegal (el angelito se había prevalido de su condición de agente de la autoridad para insultar, agredir y, finalmente, detener, al hombre con el que mantenía una discusión por aparcamiento). En ese mismo BOE se publica el indulto de varios condenados por tráfico de drogas, e incluso de uno por tentativa de homicidio.

Ante estas noticias, surgen algunas preguntas: ¿Cuál es el criterio que determina cuándo un condenado debe ser indultado y cuándo no? ¿No estará el Gobierno abusando de esta prerrogativa? ¿Cómo controlar si un indulto es ajustado a derecho?

La figura del indulto se regula por la todavía vigente Ley de Reglas para el ejercicio de la Gracia de indulto, de 18 de junio de 1870. Una ley de hace 143 años que –como verán- podría haberla firmado cualquiera de los dos últimos gobiernos que venimos sufriendo en este siglo: ante un problema cierto y constatado, se aprueba una ley voluntarista que, en la práctica, no soluciona nada. Veamos.

La exposición de motivos de esta ley empieza muy bien, denunciando los constantes abusos que se venían produciendo a la hora de conceder indultos. Les copio lo que dice porque es muy ilustrativo:

“(…) La naturaleza misma de la prerrogativa de indultar, en cuyo ejercicio el sentimiento se sobrepone fácilmente a la razón, han sido indudablemente las causas más importantes y permanentes que produjeron con frecuencia lamentable la inobservancia de aquellas disposiciones, y dieron margen a la abusiva facilidad con que los delincuentes lograron muchas veces eximirse del cumplimiento de las penas a que se habían hecho acreedores por sus crímenes.

La necesidad cada vez más apremiante de hacer de una vez imposibles para siempre estos abusos, que tanto quebrantan la recta administración de justicia, el prestigio de los Tribunales, y la misma moralidad y orden público, reclamarían este proyecto de ley”

Una intención, la de evitar abusos en la concesión de indultos, ciertamente loable. Pero, para nuestra desgracia, aquel legislador del siglo XIX era tan bienintencionado como ingenuo. Primero, porque en la propia exposición de motivos señala que el motivo de aquellos abusos era la inexistencia de una ley (hasta entonces el indulto estaba regulado mediante meros decretos administrativos) que estableciera los criterios que permiten al gobernante indultar. Segundo, porque pensó que, simplemente con dotar de fuerza de ley a las normas que rigen el indulto sería suficiente. Hoy sabemos que no lo ha sido.

Así, aquella ley fijó, como criterios para conceder indultos, lo que llamaba “razones de justicia, equidad o utilidad pública”. Es decir, que el indulto quedaba reservado para aquellos casos contados en los que la aplicación estricta de la ley penal podría producir injusticias. Un típico ejemplo: el reo que comete un robo empujado por su adicción a las drogas y que, por la lentitud de la justicia, es condenado años después de haber superado su problema con las drogas tras someterse a un tratamiento de deshabituación.

Hasta aquí todo perfecto. Pero a aquel ingenuo legislador se le olvidó lo más importante: crear un sistema para controlar que el gobierno de turno, cuando indulta, lo hace cumpliendo la ley, esto es, ateniéndose a estrictas “razones de justicia, equidad o utilidad pública”. Tan fácil como, por ejemplo, obligar al Consejo de Ministros a motivar cada indulto, incluso establecer un sistema de recursos contra aquellos indultos cuya motivación sea insuficiente o ilógica.

Ese es nuestro problema: cuando el Consejo de Ministros indulta nunca dice por qué indulta. Y mientras esto sea así, los ciudadanos estaremos en nuestro derecho a pensar que cada indulto se debe, exclusivamente, al puro capricho de un ministro.

Veamos a continuación todo lo que nos dice el Consejo de Ministros en el BOE del martes pasado sobre su decisión de indultar al mosso d´esquadra que detuvo ilegalmente a un ciudadano. Lean:

indulto 2

Aparte del capricho del Ministro de Justicia, ¿encuentran ustedes en este Real Decreto las concretas “razones de justicia, equidad o utilidad pública” que han llevado al Consejo de Ministros a dejar impune la detención ilegal cometida por este agente? ¿Será que este Gobierno –y el anterior- considera “razones de justicia, equidad o utilidad pública” transmitir a las fuerzas de seguridad que los delitos cometidos en los sótanos de las comisarías apenas tienen consecuencias?

Quizás, 143 años después, llegó el momento de una nueva Ley Reguladora del Indulto que obligue al Consejo de Ministros a motivar cada indulto, y que permita a la Fiscalía y a las víctimas recurrir esas decisiones.

Otrosí para el debate: ¿debemos considerar “razones de justicia, equidad o utilidad pública” para indultar a un reo, el haber sido condenado por la dictadura cubana en un proceso de dudosas garantías jurídicas?

© José María de Pablo Hermida, 2013.

Autor: José María de Pablo

Abogado penalista

6 comentarios en “¿Y si motivaran los indultos?”

  1. Por tanto, al final un indulto depende de las motivaciones políticas del gobierno de turno. Veradaderamente, es una injusticia que se pone por sombrero a todos los tribunales. Pero dudo que el legislador este dispositivo a establecer un sistema que le controle.

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  2. Sobre el artículo creo que no hay nada que añadir.

    Sobre el otrosí decir que podrían existir razones de justicia o equidad en le caso de Carromero (desde el punto de vista de las garantías procesales el obvio que sí, desde el punto de vista del fondo del asunto no está tan claro), pero creo que no habría razones de utilidad pública y creo que esto podría ser más poderoso que lo primero. España al pedir la repatriación se compromete en cierta forma a respetar la sentencia cubana, simplemente por un ejercicio de reciprocidad. El indulto de Carromero podría crear un problema diplomático más a los bastantes que ya tiene España.

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    1. Gracias por tu comentario. El mayor obstáculo para el indulto de Carromero puede ser, efectivamente, el diplomático. Aunque, ojo, el tratado suscrito entre Cuba y España para que los nacionales cumplan condena en su propio país, establece que el país donde se cumpla la condena será competente para indultar al reo.

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  3. Pero la motivación de las resoluciones que acuerdan los indultos, a pesar de la ley de 1870, es preceptiva, porque en nuestro ordenamiento jurídico está proscrita la arbitrariedad de los poderes públicos; conforme al art. 9.3 de la CE, se establece como principio general del Derecho a nivel constitucional la interdicción de la arbitrariedad de los poderes públicos. No sé si algún indulto ha sido recurrido vía jurisdiccional y si existe Jurisprudencia al respecto.

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    1. Esos principios constitucionales, como la interdicción de la arbitrariedad, deben inspirar las leyes, pero no todos los legisladores legislan conforme a esos principios. También proclama la Constitución el derecho a la vida de todos y la prohibición de la discriminación por razón de discapacidad, y en cambio, la vigente Ley del Aborto permite acabar con la vida del nasciturus por el mero hecho de tener síndrome de Down. Lo mismo ocurre aquí. Que la Constitución prohíba la arbitrariedad no impide que haya leyes vigentes que, en la práctica, permitan actuaciones arbitrarias, como ciertos indultos. No es el único ejemplo, la LOTC establece que las resoluciones que inadmiten a trámite los recursos de amparo no deben motivarse.

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