La Sentencia del «Prestige» y las acusaciones politizadas

 Una vez leída la sentencia del “Caso Prestige” (y que puede consultarse en este enlace), me gustaría hacer algunas consideraciones.

Como es sabido, la sentencia ha absuelto a los tres acusados (el capitán y el jefe de máquinas del buque, así como el entonces Director de la Marina Mercante) de los principales delitos de los que se les acusaba –fundamentalmente, delitos contra el medio ambiente y daños en espacios naturales protegidos- y ha dejado todo en una condena menor por desobediencia al capitán del barco.

Como ocurre siempre que un juicio mediático se salda con una sentencia absolutoria, la reacción mayoritaria ha sido de frustración, incluso de enfado. Y, como siempre, los destinatarios de las iras de tertulianos mediáticos y portavoces políticos han sido, cómo no, los jueces que han tenido la osadía de absolver a quienes la prensa había condenado sin juicio muchos años antes.

Pero, ¿de verdad el resultado del “Caso Prestige” es culpa de los jueces? Creo que no.

Lo primero que quiero dejar claro es que, como escribí ayer en Twitter, el hecho de que una sentencia aplique la presunción de inocencia siempre es una buena noticia. Más que nada porque si mañana le acusan a usted de un delito que no cometió, querrá que le respeten ese derecho. Y eso es lo que hace la sentencia, que comienza su fundamentación jurídica resumiendo así el resultado de la prueba practicada: “nadie sabe con exactitud cuál ha sido la causa de lo ocurrido, ni cuál debiera haber sido la respuesta apropiada a la situación de emergencia creada por la grave avería del Prestige, dicho sea con independencia de las múltiples y a veces curiosas hipótesis que se han sostenido sobre ambos extremos”. Con ese resultado, al Tribunal tiene la obligación de absolver a los acusados, como así ha hecho.  

Pero entonces, se preguntarán ustedes: ¿para qué once años de juicio? ¿qué les decimos a los afectados que, once años después del desastre, siguen sin cobrar ninguna indemnización? Y la respuesta es la siguiente: estas cosas pasan cuando se ponen los intereses políticos por encima del interés de las víctimas del delito.

Me explico:

El Convenio Internacional sobre Responsabilidad Civil nacida de daños debidos a contaminación por hidrocarburos, 1992, del que España es parte, establece la responsabilidad objetiva de los propietarios de buques, y crea un sistema de seguro obligatorio. Esto significa que en caso de vertido tóxico, el propietario del buque es siempre civilmente responsable de los daños ocasionados, con independencia de cuál sea la causa del vertido, y de quién sea culpable del mismo. Un ejemplo: si cae un meteorito en un petrolero y eso produce un vertido tóxico, es evidente que el propietario del buque no tiene ninguna culpa del accidente, pero aun así, por el principio de responsabilidad objetiva, su seguro deberá hacer frente a las indemnizaciones correspondientes por los daños que cause el vertido.

Por tanto, si los afectados por el hundimiento del Prestige, en lugar de emprender acciones penales, hubiesen utilizado la vía civil, hace ya muchos años que habrían cobrado del seguro sus indemnizaciones (de hecho, recuerda la sentencia, la aseguradora del Prestige consignó en su día importantes cantidades para hacer frente a esas indemnizaciones).

El problema es que sentar en el banquillo al adversario político siempre es jugoso, y tanto el partido político Izquierda Unida, como la plataforma “Nunca Mais”, que se personaron como acusación en este procedimiento, pusieron todo su esfuerzo, no en que las víctimas cobraran sus indemnizaciones, sino en sentar en el banquillo a su adversario político, el entonces Director de la Marina Mercante, para así utilizar políticamente la catástrofe. Por cierto, la sentencia deja en evidencia la actuación de Izquierda Unida en este procedimiento cuando, tras reflejar con asombro que este partido formuló acusación, entre otros delitos, “por un delito que la parte llama de desobediencia del art. 550 del C.Penal” (ese artículo está dedicado al delito de atentado, no al de desobediencia), lamenta que “Izquierda Unida no se dignó comparecer en ninguna de las sesiones del juicio”. El caso es que las verdaderas víctimas del Prestige, arrastradas por estas dos formaciones políticas, se han visto abocadas a un proceso penal que ha terminado en nada.

Es algo parecido a lo que está ocurriendo en el Caso Bankia, en el que numerosos preferentistas, que habrían recuperado ya su dinero o estarían cerca de hacerlo si hubieran acudido al arbitraje o a una reclamación civil, han sido arrastrados a la vía penal por otro partido político -en este caso UPyD- y se encuentran ahora atrapadas en un proceso penal en la Audiencia Nacional que durará tantos años o más que el del Prestige, y cuya sentencia tiene todos los visos de resultar igualmente absolutoria.

Antes de iniciar acciones judiciales hay que decidir la estrategia jurídica (por ejemplo, si se acude a la vía penal o a la vía civil) pensando siempre en el interés del cliente. Y lo normal es que, como en Bankia o en el Prestige, los intereses de las víctimas no coincidan con los de los partidos políticos.

Por eso no me parece mal la intención del gobierno de prohibir a los partidos políticos el ejercicio de la acción popular. 

© José María de Pablo Hermida, 2013.

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