Cómo evitarle a una pyme el pago de tasas judiciales

tasas

Ayer entró en vigor el Real Decreto Ley 1/2015 que, entre otras cosas, incluye en su artículo 11 la exención de pago de tasas judiciales para las personas físicas. Una buena noticia, sí, pero con un pero. Se acaba con esa injusta barrera que impedía a muchas personas físicas acudir a los tribunales en defensa de sus derechos, pero la exención no se hace extensiva a las personas jurídicas, ni siquiera a las pymes. De modo que una parte de los ciudadanos –como aquellos que hacen sus negocios a través de pequeñas empresas- deberán seguir pagando gravosas tasas judiciales cada vez que necesiten pleitear.

Pero como dice el refrán, “hecha la ley, hecha la trampa”. Y aquí vengo yo, solo dos días después de hecha la ley, para hacer la trampa y ponerla a disposición de los amables lectores de este blog.

He aquí el modo de eludir el pago de las tasas judiciales en el caso de las pymes.

Pongamos que usted es abogado de “Transportes López, S.L.”, una pyme que vive de transportar mercancía en su camión. Son tiempos de crisis y la empresa va muy justa –como bien sabe usted a juzgar por lo complicado de cobrarle puntualmente sus minutas-. Así que su cliente le encarga demandar a “Frutas Sánchez, S.A.”, que dejó sin pagar un transporte de melones hace algunos meses. Pero para ello su cliente tendrá que pasar primero por ventanilla y abonar unas elevadas tasas judiciales cuyo importe, si al final resultare que el deudor es insolvente –cuestión que habitualmente no se descubre hasta la fase de ejecución de sentencia-, no recuperará nunca.

La trampa que aquí propongo se llama transmisión del crédito, y nos la ofrecen cordialmente los artículos 1112, 1203.3º y concordantes del Código Civil. El 1112 establece que “todos los derechos adquiridos en virtud de una obligación son transmisibles con sujeción a las leyes, si no se hubiese pactado lo contrario”, y el 1203.3º que “las obligaciones pueden modificarse subrogando a un tercero en los derechos del acreedor”. Así que ya sabe usted por donde voy: transmitamos el derecho de crédito que tenía la pyme a favor, por ejemplo, de uno de sus socios, una persona física que se subrogará en la posición de la persona jurídica.

La transmisión del crédito deberá realizarse de acuerdo con lo establecido en los artículos 1526 y siguientes del Código Civil, en documento público (más barato en cualquier caso que las tasas judiciales) para que surta efectos frente a tercero (art. 1218 del Código Civil), y se notificará de modo fehaciente al deudor.

Hecho lo cual, el nuevo acreedor podrá demandar al deudor ante los tribunales y reclamarle el precio de aquel transporte de melones sin necesidad de abonar las cargantes tasas judiciales de las que, como persona física, ha quedado exento por el Real Decreto de ayer.

Obviamente, la cuestión no es tan sencilla. El buen criterio del abogado que redacte el contrato de cesión de crédito deberá poner cuidado en la elección de su clausulado para que esta cesión no acabe perjudicando económicamente ni al cedente ni el cesionario (por ejemplo, estableciendo un precio igual al crédito, a pagar por el cesionario al cedente una vez cobrado el mismo, el compromiso del cedente de hacerse cargo de los costes de la reclamación judicial, etc: habrá que estar al caso concreto y a la relación que una a la persona jurídica cedente con la persona física cesionaria). En el modo de articular el contrato de cesión está la emoción.

¿Estaríamos ante un torticero fraude de ley o ante una hábil estrategia en defensa de los derechos del justiciable? ¿Cómo garantizar que ni el cedente ni el cesionario resulten perjudicados por esta operación? Hala, comentad, comentad…

*ACTUALIZACIÓN: La estrategia que planteo en este artículo tiene un problema: si la cesión de crédito exige -para poder demandar después- documento público, habrá que pagar el Impuesto de Transmisiones y Actos Jurídicos Documentados, además de la minuta del Notario, lo que significa que, en muchas ocasiones, esta estrategia podría resultar más cara que el pago de las tasas. Por tanto, una vez más, habrá que estar al caso concreto. Lo cual no quita que, a partir de este idea, podáis perfeccionarla para evitar este inconveniente.

© José María de Pablo Hermida, 2015.

11 comentarios sobre “Cómo evitarle a una pyme el pago de tasas judiciales

  1. Yo entiendo salvo mejor opinión, que no será tan sencillo como se cree a simple vista, en el momento que el Secretario judicial examine la demanda y detecte el documento de cesión del crédito ya sea en documento privado o público, automáticamente requerirá a la persona física para el pago de las tasas, ya que imputará dicho crédito del negocio jurídico a persona jurídica, precisamente para evitar la actuación en fraude de ley. Como siempre digo, salvo mejor opinión, saludos

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  2. Estimado compañero:
    Me encanta ver un letrado utiliza la astucia para algo tan noble como tratar de evitar las injustas tasas judiciales. Me gusta también que se trate de utilizar la interpretación de las leyes para darle un buen uso. Pienso que en estos ensayos es donde surge el arte a partir de lo juridico.
    Si bien es cierto, que me parece poco aplicable ya que en la mayoria de los casos supone ciertos inconvenientes que apenas resultan adecuados en la practica para aplicar a los clientes que sean personas juridicas, tambien lo es que se podria seguir desarrollando la idea.
    Gracias por semejante aporte, sin duda; muy astuto.
    Saludos compañero abogado
    Ekaitz Loroño
    Loroño & Gonzalez Abogados Bilbao, Getxo (Bizkaia)
    http://www.loronogonzalez.com/
    http://www.loronogonzalez.es/

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  3. Entiendo que el Itp se devenga con independencia de que la cesión se formalice o no en documento público. Cuestión distina es la fiscalización por parte de Hacienda, que desde luego parece más difícil si se perfecciona en documento privado, lo que es perfectamente válido.
    Si la parte coontraria cuestionase la cesión o impugnase el documento de cesión, siempre se podrá proponer prueba al respecto (testifical del cedente, vgr.).
    Saludos

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    1. Efectivamente, hay que tener mucho cuidado, porque en la mayoría de los casos el ITPAJD resultará mas caro que las tasas.
      Lo que planteo no puede considerarse una solución definitiva, sino una idea para pensar y desarrollar… y utilizarla solo en aquellos casos concretos en que suponga un ahorro de costes.

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  4. Como siempre, los abogados buscando las rendijas de la ley… enhorabuena. No tengo aquí a mano “mis papeles”, pero me ha chocado lo que comentas de que hay que hacer la cesión en documento público. Creo que no es así. La cesión no está sujeta a forma específica, ni debe constar en documento público (art. 1.280 CC), entendiéndose perfeccionada la transmisión y cesión a partir del día de la firma de la cesión. Tampoco requiere para su validez el conocimiento del deudor, criterio, siendo la única consecuencia de la omisión de tal falta de notificación al deudor, la liberación si pagare al cedente.

    Enhorabuena por el blog. Un saludo desde el bocho.

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