comentarios al proyecto de reforma de la LECRIM (I): el nuevo límite temporal de la instrucción.

Bhtm-j7CcAAm3ZPEl Consejo de Ministros del pasado viernes aprobó dos proyectos paralelos (uno de ley, otro de ley orgánica) de reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal. Esto significa que una legislatura más (y van…) se opta por parchear nuestra agotada ley procesal de 1882 en lugar de hacer, por fin, un nuevo código procesal penal acorde con los tiempos que corren.

El texto íntegro de los dos proyectos puede consultarse aquí:

Con el de hoy comienzo una serie de artículos en los que pretendo repasar los aspectos –los parches– que más me han llamado la atención de esta enésima reforma. Pero no desde el punto de vista superficial que lo han tratado tantos medios de comunicación, sino desde el punto de vista práctico del abogado (o el juez, o el fiscal…) que la utilizará a diario.

Regulación del nuevo límite temporal de la instrucción.

Ya el título del proyecto de ley sugiere una posible contradicción cuando habla de “agilización de la justicia penal” y “fortalecimiento de las garantías procesales”: dos fines legítimos pero muchas veces incompatibles. Es bueno agilizar la justicia penal, pero si no se hace con cuidado se corre en riesgo de hacerlo a costa de las garantías procesales, o lo que es lo mismo, del Estado de Derecho. Mucho me temo que eso es lo que ocurre con el límite temporal que se introduce ahora para los procedimientos penales.

La reforma introduce un nuevo art. 324 LECRIM que establece dos plazos máximos de duración para la instrucción penal: un plazo general de seis meses, y otro excepcional de dieciocho meses (prorrogable a otros dieciocho) para las causas que se declaren “complejas”. Y se incluye una relación de circunstancias que permiten calificar a una instrucción como “compleja” (grupos criminales organizados, numerosos hechos punibles, gran cantidad de investigados o víctimas, necesidad de pericias complicadas, actuaciones en el extranjero, revisión de la gestión de personas jurídicas, y delitos de terrorismo).

La intención es buena (que levante la mano quien esté en contra de que las instrucciones penales duren menos) pero utópica, porque cualquiera que haya pisado una vez un Juzgado de Instrucción sabe que, a día de hoy, no existen los medios necesarios para lograr ese objetivo. Digamos que el Gobierno pretende construir la casa por el tejado: en lugar de dotar a la administración de justicia de los mecanismos necesarios para agilizar los procesos –más jueces, más fiscales, un sistema informático de este siglo, una legislación procesal más moderna, etc.- , se les impone por ley ser más rápidos y punto. Como si los jueces (y los fiscales, y los abogados…) se pasaran el día jugando a Candy Crush

Lo cierto es que a día de hoy, a excepción de los juicios rápidos con conformidad (en los que apenas hay que instruir, y que ya duraban menos de seis meses sin necesidad de un límite temporal legal), no es posible terminar una instrucción en menos de seis meses.

El nuevo y decisivo papel del Fiscal

En mi opinión, lo más disparatado de esta reforma es el papel que se atribuye en exclusiva al fiscal, y que demuestra el profundo desconocimiento del día a día de una instrucción penal que padece quien ha redactado este proyecto.

Por un lado, para que una instrucción sea declarada “compleja” y el límite temporal se amplíe de los seis a los dieciocho meses, deberá solicitarlo el Ministerio Fiscal, y sólo el Ministerio Fiscal. Ni lo podrán pedir las demás partes, ni lo podrá acordar el Juez de oficio. Del mismo modo, la posible prorroga por otros dieciocho meses que contempla la reforma, tampoco puede solicitarla nadie más que el fiscal.

Los fiscales deben estar temblando.

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Díganle a este pobre que los termine en menos de seis meses…

La realidad de los Juzgados de instrucción es que los fiscales solo hacen un seguimiento activo de la tramitación de la instrucción en aquellos casos de relevancia mediática (a excepción de la Fiscalía Anticorrupción que, según mi experiencia, sí acude habitualmente a las diligencias de investigación y controla la instrucción). De ordinario, los fiscales apenas pisan los juzgados de instrucción, y su intervención suele limitarse a emitir informes cuando se lo pide expresamente el Juzgado: unas veces porque es preceptivo su informe (alegaciones sobre los recursos de las partes, medidas cautelares, etc); y otras porque el Instructor, para ahorrarse trabajo, pregunta directamente al fiscal lo que procede resolver sobre una cuestión –“visto el estado del procedimiento, dese traslado al fiscal para informe” significa, la mayor parte de las veces, “pásese el marrón al fiscal para que se estudie él la causa y me diga lo que tengo que resolver, que yo voy muy pillado”-.

Pero lo que nunca hacen los fiscales (a excepción, repito, de algunas Fiscalías especiales como Anticorrupción) es un seguimiento del estado de tramitación de cada procedimiento, más que nada porque -al menos en Madrid capital- cada Juzgado de Instrucción tiene asignados dos únicos fiscales para seguir la tramitación de todos los procedimientos de ese Juzgado, y eso, materialmente, es imposible.

Desde esta reforma, y con los medios actuales, caben tres posibilidades. Una, que los Instructores tomen la iniciativa de dar traslado mecánicamente al fiscal cada vez que se acerca un límite temporal: “dese traslado al fiscal para que manifieste si solicita la calificación de la presente instrucción como compleja / para que manifieste si solicita la prórroga de la presente instrucción por otros dieciocho meses”. Dos, que los fiscales se vayan acostumbrando a pasar mañanas enteras en el juzgado repasando causas. Tres, que nos resignemos a llevar a juicio instrucciones incompletas porque se agotó el plazo de seis meses sin que el fiscal apenas supiera de su existencia.

Consejos a los abogados para sobrevivir a la reforma

Ante este nuevo panorama, los abogados tendremos que servirnos del nuevo apartado 7 del futuro artículo 324 LECRIM, según el cual “las diligencias de investigación acordadas antes del transcurso de los plazos legales serán válidas, sin perjuicio de su recepción tras la expiración de los mismos” (por cierto, para oficios, exhortos y similares este artículo es claro, pero, ¿afecta a testificales?, es decir ¿se puede acordar una testifical dentro del nuevo plazo legal, pero señalarla para después de los seis meses en base a este apartado 7?).

A partir de ahora tendremos que tener clara nuestra estrategia procesal desde el primer momento y solicitar sin demora todas las diligencias de instrucción que nos interesen, para que sean acordadas antes del plazo de los seis meses con independencia de lo que tarden después en practicarse. Una vez acordadas, el nuevo apartado 7 impedirá que el Juzgado nos cierre la instrucción hasta que no se lleven a cabo .

Obviamente, esto plantea un grave problema para las defensas. Casi siempre la estrategia más inteligente, cuando se está en el lado de la defensa, es la de don Tancredo: quedarnos quietos -al abrigo de la presunción de inocencia y la carga de la prueba- a la espera de lo que consiguen probar las acusaciones, y dependiendo del resultado de las diligencias interesadas por éstas, contraatacar después –o no- con nuestras diligencias de descargo. Por ejemplo, es prudente esperar a conocer el resultado de las periciales acordadas de oficio o pedidas por las acusaciones antes de encargar nuestra contrapericia. Con la nueva reforma, en cambio, habrá que tener mucho cuidado, pues a veces la cercanía del límite temporal de la instrucción podría obligarnos a solicitar diligencias de defensa antes de conocer el resultado de las de la acusación.

Como siempre, en materia de estrategia hay que decidir en cada caso concreto, pero a bote pronto se me ocurren dos soluciones válidas a este problema. Una –poco ortodoxa- será pedir al Juzgado, antes de que transcurra el límite temporal, que acuerde mediante Providencia la realización de una contrapericial por nuestro propio perito, y esperar a que se aporte la pericial de la acusación para realizar y aportar la nuestra: aunque la presentemos fuera del límite temporal, estaríamos salvados por el apartado 7 del nuevo artículo. Otra opción será olvidarnos de defender nuestra posición durante la instrucción, y aportar –cuando esto sea posible- todas nuestras pruebas de descargo como cuestión previa al comienzo del juicio oral (lo que tendrá el inconveniente de tener que renunciar a un posible sobreseimiento que evite a nuestro cliente la pena de banquillo).

En cualquier caso, siempre que sea posible, seguirá siendo aconsejable –cuando estemos en la defensa- tratar de evitar aportar nuestras diligencias de descargo hasta que no conozcamos el resultado de las de cargo. La posesión del balón hay que dársela a la acusación, que toquen y toquen mientras esperamos con paciencia el momento de lanzar el contraataque.

Y otro consejo a los partidos políticos (para el trámite parlamentario).

Pero no todo está perdido. Este proyecto de ley no deja de ser un proyecto que será sometido al trámite parlamentario. Así que me permito dar un consejo –o hacer un ruego más bien- a los grupos parlamentarios para que puedan mejorar la norma mediante las oportunas enmiendas.

Si les pido duplicar la plantilla de jueces y fiscales no me van a hacer caso, así que al menos sugeriré una mejora en las garantías procesales de esta reforma: eliminar el papel exclusivo del fiscal a la hora de solicitar tanto la calificación de la instrucción como “compleja” como la prórroga de dieciocho meses.

Ya que el procedimiento penal está dirigido –no lo olvidemos- a salvaguardar los derechos de los imputados/investigados y de las víctimas del delito, creo que tanto unos (las defensas) como otros (la acusación particular) deberían tener legitimidad para solicitar la calificación de la instrucción como compleja y para pedir la prórroga de los dieciocho meses. Dejar esta posibilidad a la exclusiva voluntad de la Fiscalía supone un inaceptable recorte de los derechos procesales de las partes. Y ya puestos, debería permitirse al Instructor acordarlo de oficio.

Ahí queda la sugerencia.

Resumen.

Esta ley es bienintencionada pero voluntarista e irreal. El Gobierno, en lugar de proporcionarle un bólido más potente y con mejor aerodinámica, ha decidido que para que Fernando Alonso vuelva a ganar carreras lo mejor es obligarle a ello por ley.

Es cierto que dotar de medios a la Justicia cuesta dinero. Pero al menos nos podrían dotar de una legislación procesal penal más moderna, que simplifique la instrucción y facilite la celeridad de la tramitación. Al contrario, esta reforma, lejos de simplificar la instrucción, la complica introduciendo la preceptiva petición del fiscal y posterior audiencia a las partes cada vez que se modifique el límite temporal.

© José María de Pablo Hermida, 2015.

Autor: José María de Pablo

Abogado penalista

3 comentarios en “comentarios al proyecto de reforma de la LECRIM (I): el nuevo límite temporal de la instrucción.”

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