10 estrategias para defender a un culpable

367x3671287160766_abogadoTodo abogado penalista ha tenido que responder alguna vez a la misma pregunta: “¿cómo puedes defender a una persona si sabes que es culpable?”. La respuesta está en el art. 24 de la Constitución Española, que establece que todas las personas -sean inocentes, culpables, o mediopensionistas- tienen el derecho fundamental “a la defensa y a la asistencia de letrado, (…) a utilizar los medios de prueba pertinentes para su defensa, a no declarar contra sí mismos, a no confesarse culpables y a la presunción de inocencia”. Y es el abogado la persona encargada de garantizar que quien se vea sometido a un procedimiento penal pueda ejercer ese derecho fundamental.

De hecho, la grandeza de un Estado de Derecho consiste, entre otras cosas, en saber que cuando se condena a alguien se hace tras un juicio justo con las debidas garantías del derecho de defensa. Sin guantánamos.

Además, en los más de veinte años que llevo defendiendo a todo tipo de acusados en los tribunales he aprendido que dividir a los acusados en “inocentes y culpables” es tan simplista como dividir a las personas en “buenos y malos”: hay una rica escala de grises, también entre los que se sientan en el banquillo de los acusados.

Pero este post no trata de los aspectos éticos de la defensa de un culpable, sino de un problema práctico que también puede plantearse un abogado: ¿cómo defender a un cliente que, no solo es culpable, sino que además cuenta con pruebas de cargo tan rotundas que tiene imposible conseguir la absolución?

Pues bien, he aquí un decálogo de diez posibles estrategias:

Primero, estudiar la prescripción.

La prescripción es siempre lo primero que hay que comprobar (sea o no sea culpable el cliente) al asumir una nueva defensa. Muchas veces, por la complejidad de la investigación, la demora de la víctima en denunciar, o la lentitud del juzgado en cuestión, el tiempo transcurrido desde la comisión del delito hasta que el procedimiento se dirige contra el culpable supera los plazos del artículo 131 del Código Penal, y nos bastará alegar la prescripción para salvar a nuestro cliente de la temida condena.

Segundo, pedir la nulidad de las pruebas de cargo.

A veces, esas pruebas que creemos demoledoras contra nuestro cliente han sido obtenidas por medios ilícitos o con vulneración de derechos fundamentales. Como en la lucha contra el delito no todo vale, el artículo 11 de la Ley Orgánica del Poder Judicial establece que “no surtirán efecto las pruebas obtenidas, directa o indirectamente, violentando los derechos o libertades fundamentales”.

Sobre este tipo de nulidades escribí un artículo en El Mundo que puede consultarse en este otro post del blog. Aquel artículo hacía referencia a la investigación de la Operación Galgo sobre presunto dopaje en el atletismo español, en la que intervine como abogado defensor, y que acabó siendo archivada cuando la Audiencia Provincial de Madrid estimó que las escuchas telefónicas y registros practicados eran nulos porque la Guardia Civil había vulnerado derechos fundamentales de los imputados.

Las nulidad de las pruebas se puede pedir en diversos momentos del proceso: al levantarse el secreto de sumario, durante la instrucción, como cuestión previa al comenzar el juicio oral, en el recurso de apelación o casación… Y no hay que desanimarse si la primera vez que se pide se desestima: si de verdad entendemos que existe nulidad, reiterémoslo en cada fase del procedimiento hasta el final.

Tercero, la mediación y la negociación.

A veces el cliente que ha cometido un delito no está imputado todavía, pero acude a nosotros porque ha recibido un burofax de la víctima advirtiéndole de acciones penales.

En estos casos el abogado debe utilizar sus habilidades negociadoras y su capacidad de convicción para evitar al cliente un procedimiento penal. Y doblemente: por un lado, para llegar a un acuerdo justo con la parte contraria (que si de verdad ha sufrido un delito tiene derecho a ser resarcido) que evite la interposición de querella, y por otro, para convencer a nuestro cliente de que –aunque el orgullo le dicte otra cosa- es mejor un buen acuerdo que la posibilidad de terminar en prisión. Defender los intereses del cliente empieza muchas veces por convencer al obcecado cliente de cuáles son de verdad sus intereses.

También se puede acudir a la novedosa mediación penal, de la que existe información en esta página del CGPJ.

Cuarto, ser realistas y no obcecarse con una imposible absolución.

Un vicio típico en abogados principiantes (y a veces no tan principiantes) consiste en perder la perspectiva, dejarse llevar por un excesivo optimismo, y convencer al cliente de que su caso está ganado cuando no es así.

El abogado debe valorar con serenidad el caso que se le encomienda (la prueba de cargo y de descargo, la jurisprudencia aplicable…), y si hay posibilidades objetivas de obtener una absolución, dejarse la piel en ello. Pero cuando es objetivo que la sentencia será condenatoria, no podemos jugar al doble o nada con la libertad de nuestro cliente: habrá que centrarse en conseguir que la condena sea la menor posible.

Algunas fórmulas eficaces para, al menos, reducir notablemente la duración de una inevitable condena, son las estrategias quinta a novena que describo a continuación:

Quinto, la confesión y la colaboración con la Justicia.

Puede ocurrir que nuestro cliente acuda a nosotros antes de su imputación, porque sabe que va a ser imputado próximamente. El cliente ha cometido un delito, la investigación está a punto de alcanzarle, y por los datos que tenemos su condena va a ser inevitable.

En ese caso, puede ser conveniente acudir inmediatamente al Juzgado de Guardia a presentar un escrito confesando el delito. De este modo, nuestro cliente podrá beneficiarse de la atenuante de confesión (art. 21.4. del Código Penal) para reducir la condena.

Pero ojo: la confesión debe prestarse antes de que el procedimiento se dirija contra nuestro cliente, de lo contrario no habrá atenuante. Además, la confesión debe ser completa (si nos guardamos datos y nos descubren, adiós atenuante) y sincera (si nuestro cliente falta a la verdad en algún punto esencial, también perderá la atenuante).

Si además de confesar prestamos una útil colaboración con la investigación (aportando documentación, etc) podríamos conseguir que la confesión se considere como atenuante muy cualificada, o incluso que se aprecie una nueva atenuante analógica (art. 21.7. del Código Penal).

Sexto, la reparación del daño.

Otro medio sencillo para rebajar la pena con un atenuante es proceder a la reparación del daño, esto es: indemnizar a la víctima antes del juicio (art. 21.5. del Código Penal).

En realidad, esta estrategia es válida para casi todos los casos, incluidos aquellos en que vemos accesible una libre absolución. Con frecuencia –cuando es posible hacerlo- aconsejo a los clientes consignar el importe de la indemnización en la cuenta del Juzgado, indicando que es para la reparación del daño. Si felizmente absuelven a nuestro cliente, el Juzgado le devolverá el dinero; si le condenan, será para la víctima, pero nuestro cliente verá reducida la duración de su condena gracias a este atenuante.

Queda muy bien, en trámite de conclusiones, explicar al Juez lo honrado que es nuestro cliente que, a pesar de estar convencido de su inocencia, consigna el importe de la posible indemnización para no dejar desamparada a la víctima en caso de que el Juzgado entienda que ha cometido un delito.

Séptimo, las dilaciones indebidas.

Cada vez es más extraño encontrar un procedimiento penal que finalice en un plazo razonable, así que la norma habitual debe ser pedir la aplicación de esta atenuante (art. 21.6 del Código Penal).

Octavo, la conformidad.

En muchos casos será conveniente acordar con el Fiscal (y en su caso, con la acusación) un acuerdo de conformidad y aceptar una pena menor a la que pensamos que podría recaer en caso de celebrarse el juicio.

Dos consejos. Uno, es preferible quedar con el Fiscal días antes a la fecha del juicio para negociar y cerrar el acuerdo: mi experiencia es que se obtienen acuerdos más favorables así que negociando en la misma sala de vistas minutos antes del juicio (y con el Juez escuchando la negociación!!!). Dos, no hay motivo para esperar a la fase de juicio oral para llegar a una conformidad: habitualmente será más ventajosa para nuestro cliente la conformidad en fase de instrucción (art. 801 LECRIM) que explico a continuación.

Noveno, el art. 801 LECRIM.

El artículo 801 LECRIM prevé para una gran cantidad de supuestos (en términos generales, delitos con penas inferiores a los tres años), la posibilidad de que el imputado reconozca los hechos ante el Juzgado de Instrucción, solicite la transformación en juicio rápido, y llegue a un acuerdo de conformidad con las partes acusadores en ese juicio rápido.

Todo son ventajas: se acorta la duración del procedimiento (evitamos al cliente la intranquilidad de estar años esperando su juicio), se alcanza un acuerdo de conformidad y, lo más importante, el juez “impondrá la pena solicitada reducida en un tercio, aun cuando suponga la imposición de un pena inferior al límite mínimo previsto en el Código Penal”.

Estamos ante el descuento por pronto pago de las multas de tráfico aplicado a los delitos penales, que permite reducir la pena en un tercio de su extensión.

Décimo, un ejemplo práctico de estrategia de defensa.

Nuestro cliente se ha enterado de que va a ser denunciado por una persona a la que agredió en la discoteca causándole una lesión que requirió tratamiento médico para su curación (delito de lesiones del art. 147.1 del Código Penal, castigado con penas de tres meses a tres años de prisión). Además, sabemos que existen informes médicos que acreditan el alcance de la lesión, y una grabación en vídeo que demuestra la existencia de la agresión y la autoría de nuestro cliente: la condena es prácticamente segura.

Pues bien, daremos los siguientes pasos:

1º.- Acompañaremos a nuestro cliente al Juzgado de Guardia para presentar un escrito confesando los hechos.

2º.- Indicaremos a nuestro cliente que consigne en la cuenta del Juzgado el importe correspondiente a aplicar el baremo de indemnizaciones a las lesiones ocasionadas.

3º.- En su declaración como imputado, nuestro cliente reconocerá los hechos. Una vez terminada su declaración, solicitaremos la transformación en diligencias urgentes de juicio rápido del art. 801 LECRIM.

4º- Quedaremos con el Fiscal y negociaremos un acuerdo. El Fiscal no pondrá reparos para apreciar las atenuantes de confesión y de reparación del daño. Si además es razonable, podremos convencerle para apreciar otra atenuante más por haber actuado en estado de embriaguez, ya que los hechos ocurrieron de madrugada en una discoteca (esto último, que sin pruebas objetivas nos costaría mucho acreditar en un juicio, es más factible pactarlo con el Fiscal).

Tenemos, por tanto, tres atenuantes, lo que permitiría reducir la pena en uno o dos grados (art. 66.1.2º del Código Penal). Lo que era una pena de entre tres meses y tres años de prisión, reducida en dos grados queda en una pena de entre 23 y 45 días de prisión: podríamos acordar con el Fiscal 30 días de prisión, que se sustituirían por 60 días de multa (art. 71 del Código Penal).

5º.- El Juez, al aplicar el art. 801 LECRIM reducirá en un tercio la multa de 60 días acordada, dejándola en 40 días. A una cantidad de 5 euros / día, estaríamos ante una multa de 200 euros.

De este modo, lo que amenazaba con terminar en una pena de hasta tres años de prisión para nuestro cliente, se habrá quedado en una multa de 200 euros.

© José María de Pablo Hermida, 2015.

la renuncia a su abogado del juez Elpidio y la buena fe procesal

El Juez Elpidio, durante su juicio
El Juez Elpidio discute con el tribunal durante su juicio

Estos días está siendo noticia el juicio al juez José Elpidio Silva por los presuntos delitos de prevaricación, retardo malicioso en la administración de justicia, y delito contra la libertad individual (ver noticia). En otro post (ver aquí) ya critiqué el peculiar modo de instruir de este Magistrado, y adelanté que podría ocurrir lo que está ocurriendo.

Esta vez quiero explicar la decisión del tribunal de impedir al acusado renunciar a su abogado. Ocurrió bien avanzada la primera sesión del juicio cuando, una vez solventadas las cuestiones previas, el abogado defensor manifestó al tribunal que renunciaba a la defensa de Elpidio Silva por pérdida de confianza. El tribunal rechazó la renuncia y obligó al abogado defensor a continuar hasta que finalicen todas las sesiones del juicio oral.

¿Acertó el tribunal al rechazar la renuncia del abogado, o se ha vulnerado el derecho fundamental de Elpidio Silva a la libre elección de abogado de su confianza?

El derecho de defensa y la libre elección de abogado.

El artículo 24 de la Constitución Española proclama el derecho fundamental a la tutela judicial efectiva y, como parte del mismo, a la defensa y a la asistencia de letrado. Esto incluye, por supuesto, el derecho a la libre elección de abogado de confianza.

No es infrecuente que quien se somete a un procedimiento judicial cambie de abogado. A veces el cliente deja de confiar –por lo que sea- en su letrado y decide cambiarlo por otro. En esos casos, el anterior letrado concede la venia al nuevo y le entrega toda la documentación –no puede negarse a hacerlo, precisamente, por el derecho a la libre elección-, y el nuevo letrado comunica al Juez su designación y comienza a ejercer la defensa de su nuevo cliente.

Otras veces es el abogado el que pierde la confianza en su cliente y renuncia a seguir defendiéndole. Forma parte de la independencia propia del ejercicio de la abogacía. Puede ser por muchos motivos. En mi caso, por ejemplo, siempre renuncio a la defensa cuando descubro que un cliente me ha mentido o me ha ocultado información.

Pues bien, si todo es tan sencillo, ¿Por qué al abogado de Elpidio Silva no le han permitido renunciar?

La doctrina del Tribunal Supremo.

Ya he dicho que yo mismo he renunciado algunas veces a la defensa de algún cliente. Pero nunca lo he hecho con el juicio oral empezado. Una cosa es renunciar durante la fase de instrucción, y otra con el juicio comenzado, cuando el cambio de letrado implicaría la suspensión del juicio.

Elpidio Silva no puede cambiar ahora de Letrado por dos motivos:

Primero, porque los artículos 745 y 746 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal establecen las causas que permiten la suspensión de un juicio (por ejemplo, la enfermedad repentina de un abogado), y entre esas posibles causas no se incluye la solicitud de cambio de Letrado.

Segundo, porque el artículo 11 de la Ley Orgánica del poder Judicial establece el principio de la buena fe procesal e impone a los tribunales la obligación de rechazar aquellas peticiones que se formulen con abuso de derecho o entrañen fraude de ley. Y renunciar a la defensa el día que empieza al juicio (o hacerlo pocos días antes, sin tiempo para la designación de un nuevo letrado) siempre se va a interpretar como una maniobra dilatoria para retrasar el juicio.

Por estos dos motivos, el Tribunal Supremo, (por ejemplo, en su Sentencia 1066/1996 de 23 diciembre) exige para suspender el juicio por cambio de letrado la existencia de una causa de peso justificada. Pero no basta con la alegación de una pérdida de confianza. El Tribunal Supremo exige que exista una causa que justifique que se renuncia con el juicio empezado en lugar de haberlo hecho antes. Y la desestimación de las cuestiones previas planteadas (que es la causa de pérdida de confianza alegada por Elpidio Silva) no es causa suficiente, más teniendo en cuenta que las cuestiones previas se desestiman en la gran mayoría de los juicios penales.

Lo explica claramente también el mismo Tribunal Supremo en su Auto de 22 de mayo de 2002: “La facultad de libre designación implica a su vez la de cambiar de Letrado cuando lo estime oportuno el interesado en defensa de sus intereses, si bien tal derecho –ha dicho esta Sala– no es ilimitado pues está modulado, entre otros supuestos, por la obligación legal del Tribunal a rechazar aquellas solicitudes que entrañen abuso de derecho, o fraude de ley procesal según el artículo 11.2 de la  Ley Orgánica del Poder Judicial (SSTS 23 de abril de 2000;  23 de diciembre de 1996;  20 de enero de 1995; entre otras). De ahí la improcedencia, por ejemplo, del cambio de letrado cuando suponga la necesidad de suspender la celebración de la Vista y no conste una mínima base razonable que explique los motivos por los que el interesado ha demorado hasta ese momento su decisión de cambio de Letrado (STS 3-5-01)”.

Por tanto, creo que el tribunal acierta al rechazar la renuncia del abogado de Elpidio Silva y acordar la continuación del juicio. La jurisprudencia del Tribunal Supremo lo impone.

Y también creo que Elpidio Silva, que es juez, sabía que su pretensión de cambiar de abogado era improcedente y no podía ser estimada. Todo apunta a que si Elpidio Silva montó el número que montó (véanse los vídeos que circulan por internet con el juez/acusado polemizando con el tribunal porque “no tiene abogado”) no lo hizo por desconfianza hacia su abogado, sino para encontrar una excusa -la pretendida indefensión- con la que poder justificar ante la opinión pública una posible sentencia condenatoria.

© José María de Pablo Hermida, 2014.

¿declarar en comisaría? guía de supervivencia para detenidos… y abogados

ENF-MENORES-5-8/10/1998Créanme: las cárceles españolas están llenas de imprudentes que tuvieron la fatal ocurrencia de declarar en comisaría. Inocentes unos, culpables otros… pero condenados por la misma mezcla explosiva: un detenido locuaz y despreocupado que acepta declarar en comisaría, y un abogado tímido, o novato, o las dos cosas, que no hizo nada por evitarlo.

El derecho a no declarar.

Establece el artículo 520.2. de la Ley de Enjuiciamiento Criminal que al detenido, antes de practicar ninguna diligencia, se le informará de sus derechos, entre los que se encuentra el derecho a guardar silencio, a no declarar si no quiere, a no contestar alguna o algunas preguntas de la que se le formulen, o a manifestar que solo declarará ante el juez.

Y ejercer el derecho a guardar silencio puede ser decisivo para su suerte. Sea usted culpable, inocente o, como suele ocurrir, ninguna de las dos cosas. Tenga en cuenta que cuando la Policía toma declaración al detenido, éste aún no ha podido entrevistarse con su abogado, y su abogado tampoco ha tenido acceso a la causa. Por tanto, en ese momento ni el detenido ni su abogado, que desconocen las pruebas e indicios en que se basa la imputación, están en condiciones de escoger la mejor estrategia de defensa. Y una vez que se declara y se da una versión de los hechos, cambiar de estrategia no será sencillo.

Así que ya sabe. Por muy inocente que sea usted, y por mucho que confíe en su versión de los hechos, guárdesela y niéguese a declarar. Su declaración nunca le va a beneficiar y, en cambio, si incurre en contradicciones con otras pruebas, puede perjudicarle fatalmente.

La intervención del abogado y el art. 520.6. LECRIM.

Si usted es abogado seguro que esto le resulta familiar. Acude a comisaría para asistir al detenido. Le pasan a la sala de declaraciones. Aparece el detenido y, según se sienta, el abogado le da el mejor consejo posible: “di que no quieres declarar”. En ese preciso momento, el policía se levanta enfurecido, abronca al abogado -“¿Es que usted no sabe que tiene prohibido dirigirse al detenido hasta después de la declaración?”- y le amenaza con una queja en el Colegio de Abogados.

De hecho, hemos conocido recientemente que la Brigada Provincial de Información de Madrid ha puesto una queja en el Colegio de Abogados contra tres letrados que aconsejaron a sus clientes negarse a declarar.

Pero entonces, ¿puede o no puede el abogado aconsejar a su cliente que no declare? Respuesta: no solo puede, sino que debe hacerlo. Veamos:

El artículo 520.6. de la Ley de Enjuiciamiento Criminal dice que el detenido podrá entrevistarse reservadamente con su abogado después de la declaración. La policía interpreta esto como la prohibición de que el abogado aconseje a su cliente en ningún sentido hasta después de la declaración. Pero esa interpretación policial del art. 520.6. es malintencionada: nada más fácil para arrancar una confesión a un detenido asustado que hacerle declarar en comisaría sin el previo asesoramiento de su abogado. De ahí que se enfaden tanto los agentes cuando el abogado “incumple la ley” y echa por tierra una posible confesión aconsejando callar a su cliente. Puro teatro: el artículo 520.6. sitúa la entrevista reservada en el momento posterior a la declaración, cierto, pero no prohíbe al abogado dirigirse antes a su cliente de manera no reservada.

De hecho, lo que no dicen esos mismos policías es que, muchas veces, son ellos los que han incumplido la ley interrogando al detenido antes de que llegue su abogado, y conminándole a declarar con falsas promesas del tipo “no te preocupes, cuando venga el abogado tú declaras y te soltamos. Eso sí, como no declares, a lo mejor tenemos que dejarte otra noche en el calabozo…” ¿existe algún detenido que no haya escuchado nunca esa frase?

El Tribunal Constitucional y el Parlamento Europeo zanjan la discusión.

Pero sobre todo, lo que ignora –o finge ignorar- la Policía es la Sentencia 199/2003 del Tribunal Constitucional, que zanja el problema con estas palabras:

el derecho del detenido a la asistencia letrada en las diligencias policiales y judiciales, reconocido en el art. 17.3 CE, adquiere relevancia constitucional como una de las garantías del derecho a la libertad protegido en el apartado primero del propio artículo. En este sentido su función consiste en asegurar que los derechos constitucionales de quien está en situación de detención sean respetados, que no sufra coacción o trato incompatible con su dignidad y libertad de declaración y que tendrá el debido asesoramiento técnico sobre la conducta a observar en los interrogatorios, incluida la de guardar silencio

Por tanto, según el Tribunal Constitucional, el abogado tiene, no solo la facultad, sino el deber de asesorar al cliente sobre la conveniencia de guardar silencio.

Va siendo hora de que en las academias de policía se enseñe el contenido de esta sentencia.

No solo eso: la propia Unión Europea aprobó el pasado mes de octubre la Directiva 2013/48/UE del Parlamento Europeo, cuyo artículo 3.2.a. ordena a los países miembros garantizar que los detenidos tengan acceso a la asistencia letrada antes de prestar declaración en comisaría. Por este motivo, el proyecto de nueva Ley Procesal Penal que prepara el ministerio de Justicia modifica el antiguo 520.6 LECRIM y sitúa la entrevista reservada entre abogado y detenido antes de la declaración.

Moraleja:

Si en el futuro le detiene a usted la policía, no declare nunca en comisaría. Es su derecho.

Si es usted abogado, recuerde que tiene el deber constitucional de aconsejar a su cliente que se acoja a su derecho a no declarar. Y si al hacerlo, un policía se enfada, recuérdele el contenido de la STC 199/2003. Y si le ponen una queja en el Colegio de Abogados, póngale usted otra al policía en el Ministerio del Interior por restringir el derecho de defensa.

Por último, si es usted policía, deje que los abogados hagan su trabajo: en eso consiste el Estado de Derecho.

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Editado 21/03/2014: Días después de publicar este post, el Colegio de Abogados de Madrid ha dictado un importante acuerdo amparando a los letrados que fueron denunciados por la Brigada Provincial de Información, y reconociendo el derecho/deber de los abogados de asesorar a los detenidos y recomendarles que se nieguen a declarar. Puede consultarse el acuerdo en este link.

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Editado 14/12/2015: Con la entrada en vigor de la LO 13/2015, de 5 de octubre (entró en vigor el 01/11/2015) el nuevo art. 520 LECRIM reconoce el derecho del detenido a entrevistarse reservadamente con su Letrado antes del momento de prestar declaración, con lo que desaparece buena parte de la problemática abordada en este post.

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© José María de Pablo Hermida, 2014.

Declaración de la Infanta y estrategia de defensa: el punto de vista del abogado defensor.

Ayer me hicieron una entrevista en el programa “Al Día” de 13TV sobre la declaración de la Infanta Cristina como imputada en el Caso Noos. Habitualmente, este tipo de entrevistas, rodeado de tertulianos, no tienen mucho interés jurídico. Pero la de ayer creo que fue interesante. Además de hablar del recorrido procesal que le espera a esta imputación (del que ya escribí en mi post anterior), me pidieron que explicara cómo se prepara la declaración de un cliente en este tipo de procedimientos, qué estrategias de defensa conviene escoger, etc. Por si es de vuestro interés, aquí os dejo el vídeo. La entrevista comienza en el minuto 14:40.

© José María de Pablo Hermida, 2014.

El abogado que defendió al ladrón que asaltó su chalet

Años 80. Eliseo Izquierdo era un viejo conocido de la policía. A causa de sus problemas de drogadicción, contaba con numerosos antecedentes penales por diversos delitos contra la propiedad (ajena, por supuesto). Hasta que un buen día, una de sus fechorías le cambió la vida. Ese día, Eliseo asaltó un chalet en Reus, pero no un chalet cualquiera. Se trataba del chalet de Antonio Pedrol Rius, Decano del Colegio de Abogados de Madrid y Presidente del Consejo General de la Abogacía.

La víctima se interesó por las circunstancias y por el pasado del ladrón, comprobó que se trataba de un drogadicto con problemas mentales, y tomó una decisión que podría resultar sorprendente: se hizo cargo de su defensa. Sorprendente desde el punto de vista de quien ha sido víctima de un robo. Pero no tan sorprendente si se mira desde la óptica de un abogado que cree en el derecho de defensa de los ciudadanos.

La importante cuantía de lo robado, el agravante de casa habitada, y la reincidencia del acusado, le auguraban un oscuro horizonte penal. El Fiscal le pedía once años y medio de prisión.

Fue una defensa memorable. El abogado consiguió probar, mediante una prueba pericial psiquiátrica, que Eliseo padecía desde pequeño una afección cerebral ocasionada por una poliomielitis y que afectaba a sus capacidades de querer y conocer. Una eximente incompleta por trastorno mental que el tribunal aplicó como muy cualificada. Además, hizo revisar la tasación de lo robado, demostrando que ascendía a unas 60.000 pesetas, lejos de las 400.000 pesetas en que lo había valorado la acusación.

Al final, los once años y medio que pedía el Fiscal quedaron en una leve condena de solo cuatro meses de arresto mayor.

Decía Calmandrei que “Los buenos abogados deben descubrir en todos los delitos, aún en los más abyectos, aquellos elementos de la piedad humana que mejor compaginan con su índole, y que quedarían ocultos al público si ellos no fueran sus generosos descubridores”.

© José María de Pablo Hermida, 2012.