El auto de prisión de Blesa y el fraude de las piezas separadas

Blesa

Ya denunció hace algunos meses Álvaro Delgado Truyols, en un post publicado en el blog “¿HayDerecho?”, la cada vez más frecuente utilización fraudulenta de las piezas separadas por parte de los llamados jueces-estrella… y los que pretenden serlo. El Auto dictado en la tarde de hoy por el Juez Elpidio Silva, acordando la prisión sin fianza de Blesa, es un claro ejemplo de que Delgado Truyols tenía razón.

Qué son las piezas separadas.

Establece el artículo 300 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal que “cada delito de que conozca la Autoridad judicial será objeto de un sumario. Los delitos conexos se comprenderán, sin embargo, en un solo proceso”. Esto significa que cada delito que se investiga es sometido primero a las normas de reparto para, de acuerdo con dichas normas, ser turnado a un juzgado de instrucción que se hará cargo de investigarlo en un sumario o causa independiente. Si ese delito es conexo de otro que ya investiga un juzgado, no serán de aplicación las normas de reparto y se acumulará al mismo sumario para que ambos delitos se investiguen conjuntamente.

No obstante, el Juez tiene la capacidad de dividir el procedimiento en piezas separadas para ordenarlo mejor y facilitar su tramitación. Por ejemplo, es habitual formar piezas separadas para tramitar las medidas cautelares o la situación personal del reo. También a veces, cuando un sumario es muy voluminoso, se puede dividir cada tipo de documentación en una pieza separada que facilite su manejo. Incluso, si se investigan varios delitos conexos en un solo proceso (ojo: deben ser conexos para poder compartir sumario) la LECRIM permite separar en piezas separadas lo referente a cada delito conexo si eso ayuda a simplificar la tramitación. Para el que no esté habituado al trabajo de los juzgados, conviene saber que cada causa se forma uniendo mediante grapas cada nuevo documento (cada folio del sumario) a la causa, formando los tomos que sean necesarios: si cierta documentación poco relevante para la decisión de la causa –como la tramitación de una medida cautelar- se grapa aparte, en un tomo llamado pieza separada, se facilitará y agilizará su tramitación. 

Podemos decir, en fin, que las piezas separadas son, simplemente, un modo de ordenar el procedimiento, cuando ordenarlo cronológicamente (que es lo habitual) dificultaría su manejo. Pero por muchas piezas que tenga, el sumario sigue siendo único.

El uso fraudulento de las piezas separadas.

Alertaba Delgado Truyols de la proliferación de jueces estrella que utilizan las piezas separadas, no para ordenar los sumarios, sino para atribuirse la investigación de aquellos delitos golosos para los que no tienen competencia, pero cuyo interés mediático les hace apetecibles.

Por ejemplo, mencionaba el caso de los sumarios con aforados, cuya presencia exige la inhibición a favor del Tribunal Superior de Justicia o del Supremo. Algunos instructores forman piezas separadas con los delitos imputados a aforados, para no perder la competencia sobre el resto de imputados y mantener así en su poder apetitosos sumarios mediáticos.

En otras ocasiones los instructores, durante la investigación de un delito de su competencia -por ejemplo, mediante intervenciones telefónicas- encuentran indicios de otro delito que no es conexo con el que investigaban, pero cuya trascendencia mediática es una tentación para el juez estrella. Entonces, para no enviarlo a reparto, hay jueces que prefieren abrir una pieza separada y quedarse con el sumario.

El caso Blesa.

Al parecer, el juez Elpidio Silva se ha sumado a esta práctica. Mientras investigaba la presunta concesión fraudulenta de préstamos por Caja Madrid a favor de Díaz Ferrán, encontró indicios de un posible delito en la compra por Caja Madrid del City National Bank de Florida. Las normas procesales le obligaban, en principio, a enviar estos nuevos indicios a reparto para que, por el Juzgado al que corresponda, se investigase este nuevo delito. El juez, en cambio, dividió el proceso en dos piezas separadas, una para los préstamos a Díaz Ferrán, y otra para la compra del banco. Y se quedó con ambas investigaciones. Pero hay más.

Posteriormente, la defensa de Blesa recusó al juez alegando enemistad manifiesta. Esa recusación se está tramitando todavía. Y el artículo 61 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal establece que el juez recusado debe abstenerse de intervenir en el proceso hasta que finalice la tramitación de la recusación. Lo que significa que el juez, con la ley en la mano, ni podría citar y recibir declaración hoy a Blesa, ni mucho menos enviarle a prisión.

Pues bien, para evitar este inconveniente, lo que ha hecho el juez es alegar que la recusación se interpuso en una pieza separada, mientras que la declaración y el auto de prisión de hoy pertenecen a la otra pieza, en la que no está recusado.

En mi opinión estamos, como mínimo, ante un fraude de ley que determinará la nulidad, tanto de la declaración de hoy, como del auto de prisión… y quién sabe si algo más. Por dos motivos. Primero, porque las piezas separadas forman parte de un único sumario, de modo que una recusación afectará, siempre, al sumario en su totalidad: tratar a cada pieza separada como si fuese una causa independiente sería contravenir lo ordenado por el artículo 300 LECRIM. Y segundo, pura lógica, porque si la recusación es por enemistad manifiesta, es obvio que en caso de existir esa enemistad en una pieza, se dará también en la otra, lo que hace aconsejable abstenerse de intervenir en ambas piezas mientras la recusación esté pendiente. Es más: lo ocurrido hoy en ese juzgado hace pensar que esa enemistad manifiesta alegada por la defensa, tiene visos de ser cierta.

© José María de Pablo Hermida, 2013.
 

La falta de independencia del poder judicial (I): el problema más grave de la justicia en España.

Inicio hoy una serie de dos artículos sobre lo que considero que es el principal problema de nuestro Estado de Derecho: la total ausencia de independencia del poder judicial.

Los nuevos nombramientos de magistrados para el Tribunal Constitucional (ver noticia) han vuelto a poner de manifiesto el elevado y preocupante nivel de politización y, por ende, falta de independencia, del Poder Judicial. ¿Es normal que sean los partidos políticos quienes pacten a quién se nombra para el Constitucional o el Consejo General del Poder Judicial? ¿y que el pacto incluya el nombramiento, a petición del PP, de alguien que ha sido 17 años diputado de ese partido, y a petición del PSOE, alguien que obstaculizó la investigación sobre los atentados de los GAL?

Lo cierto es que, desgraciadamente, nos hemos acostumbrado a leer noticias con el siguiente enunciado: “el TC legaliza Sortu con el voto a favor de los magistrados progresistas propuestos por el PSOE y el voto en contra de los magistrados conservadores nombrados por el PP” (un ejemplo, aquí). Pero vamos a ver: ¿cómo puede ser que estemos hablando de magistrados progresistas y conservadores? ¿Son jueces o son diputados? ¿Cuál es la función de los jueces, aplicar la ley o aplicar el programa de un partido político?

Desgraciadamente, cada vez comprobamos con mayor frecuencia cómo los órganos esenciales del Poder Judicial (el Consejo General del Poder Judicial, el Tribunal Constitucional, el Tribunal Supremo, o los distintos Tribunales Superiores de Justicia) se han convertido en una especie de hemiciclos que reproducen el arco parlamentario y el equilibrio de fuerzas del Congreso de los Diputados. Y además, no lo disimulan.

Así, la labor del Juez, que debería consistir esencialmente en comparar los hechos probados en un juicio con el texto de la ley, para decidir si esos hechos concretos son conformes o no a lo que manda la ley, ha mutado, de modo que ahora los jueces se dedican a comparar los hechos probados en un juicio con el programa del partido político que nombró a ese juez, para decidir si esos hechos concretos son convenientes o no a los intereses de ese partido o no.

Un ejemplo reciente. El Tribunal Supremo declaró probado que Bildu es una herramienta de ETA y decretó su ilegalización (ver noticia). Bildu recurrió esa sentencia ante el Tribunal Constitucional, que tiene mayoría de magistrados de los denominados progresistas. Como nuestro ordenamiento jurídico prohíbe expresamente al Constitucional modificar los hechos que haya declarado probados el Supremo (el TC carece de competencia para revisar la valoración de la prueba que hiciera el TS), era imposible –desde el punto de vista de la estricta aplicación de la ley- que ese recurso prosperase. Pues bien, como al partido político que nombró a la mayoría de magistrados del Constitucional le interesaba la legalización de Bildu, esos magistrados hicieron lo que tienen prohibido, esto es, modificaron los hechos declarados probados por el Supremo (algo para lo que no tenían competencia), votaron una sentencia que establecía que Bildu no era instrumento de ETA y legalizaron aquella coalición (ver noticia).

Y es así como llegamos a lo que -con cierta ironía- publiqué con otras palabras en Twitter hace unos días, cuando se hizo pública una nueva sentencia política del Constitucional, como fue la legalización de Sortu: Puestos a recortar de los presupuestos del Estado, ¿porqué no suprimir el CGPJ, el Constitucional y el Supremo, y que sean los propios diputados los que voten en el Congreso las sentencias que se deben dictar? Ahorraríamos mucho dinero y el resultado sería el mismo, ya que los órganos judiciales tienden a ser una reproducción fiel del arco parlamentario.

No niego, por supuesto, el derecho natural de cada juez a tener sus propias ideas políticas. Pero una cosa es tener unas ideas políticas, y otra depender de un partido: ¿O acaso es imparcial un juez que le debe su sillón a un partido político? ¿Sería imparcial un juez nombrado por el PSOE que juzgue el Caso Gürtel, en el que están imputados varios políticos del PP? ¿Sería imparcial un Juez nombrado por el PP que juzgue el caso de los falsos ERES en Andalucía, en el que se encuentran imputados diversos políticos del PSOE?

Otro ejemplo. Hoy empieza a debatir el pleno del Constitucional el recurso de inconstitucionalidad que interpuso el PP contra ley de matrimonio homosexual aprobada por el anterior Gobierno del PSOE: ¿son imparciales los magistrados nombrados por el PSOE que van a valorar la constitucionalidad de una ley aprobada por el PSOE? ¿Son imparciales los magistrados nombrados por el PP que van a valorar un recurso de inconstitucionalidad interpuesto por el PP? El artículo 219 de la Ley Orgánica del Poder Judicial establece que son causas de abstención “la amistad íntima o enemistad manifiesta con cualquiera de las partes”: ¿no deberían abstenerse entonces de valorar la constitucionalidad de esa ley todos los magistrados del TC, los unos por amistad manifiesta con el partido que aprobó esa ley, y los otros por amistad manifiesta con el partido que interpuso el recurso?

Hasta aquí el planteamiento del problema. En un próximo artículo explicaré cómo en pocos años los políticos acabaron con la independencia del poder judicial.

© José María de Pablo Hermida, 2012.