Algunas reflexiones sobre la condena en costas a Manos Limpias

Comparto el artículo que me han publicado hoy los regionales de Vocento. Analizo uno de los aspectos que más me han llamado la atención de la Sentencia del Caso Noos que conocimos ayer: la condena en costas a la acusación popular ejercida por el sindicato de Manos Limpias.

Lo que más me ha llamado la atención –por inusual- de la Sentencia del Caso Noos es la condena al sindicato Manos Limpias, que ejerció la acusación popular, al pago de las costas ocasionadas a la Infanta Cristina y a Ana María Tejeiro.

No es habitual que se condene en costas a una acusación. El artículo 240 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal prevé, con carácter general, la condena en costas a los acusados que resultaren condenados. Pero en el caso de las acusaciones la ley es mucho más restrictiva, y establece que solo se condenará a una acusación al pago de las costas cuando haya obrado con temeridad o mala fe.

el tribunal del Caso Noos ha considerado que Manos Limpias fue temeraria al acusar a las esposas de Urdangarín y Torres

Esto significa que, aunque una sentencia sea absolutoria y rechace todos los pedimentos de una acusación, no necesariamente se le impondrán las costas. Es más, lo habitual es que no se impongan. Es necesario que el Juez considere que la acusación fue temeraria y malintencionada –es decir, que acusó a sabiendas de la inocencia del acusado- para imponerle las costas.

Los que nos dedicamos a los juicios penales sabemos que una condena en costas a la acusación es un hecho singular que se produce muy pocas veces: tan solo en aquellos casos en los que la temeridad de la acusación es patente.

En este caso, el tribunal del Caso Noos ha considerado que Manos Limpias fue temeraria al acusar a las esposas de Urdangarín y Torres, o lo que es lo mismo, y utilizando palabras de la Sentencia, que “su actuación estaba inspirada por la mala fe, carente de la mínima prudencia y mesura exigible a quien sienta en el banquillo a un ciudadano para quien se reclama la imposición de una pena”.

estaría bien que los tribunales se animaran más a menudo a imponer estas condenas a quienes acusan temerariamente

El Fundamento Jurídico Cuarto de la Sentencia resalta la inexistencia de prueba de la participación de Doña Cristina en el delito fiscal del que le acusaba Manos Limpias. Una inexistencia de prueba tan evidente que, según el tribunal, debía haber llevado a Manos Limpias a retirar su acusación. Y recuerda la Sentencia la doctrina del Tribunal Supremo (por ejemplo, en su Sentencia 42/2011) sobre imposición de costas por mala fe a la acusación: “la mala fe se justifica por (…) el mantenimiento de la acusación ante la inconsistencia palmaria de las pruebas practicadas en el acto del juicio”.

La imposición de costas a Manos Limpias me parece impecable. Y estaría bien que los tribunales se animaran más a menudo a imponer estas condenas a quienes acusan temerariamente. La temeridad de una acusación significa someter a un ciudadano inocente a la intranquilidad de un juicio penal. Y cuando esto ocurre en un juicio mediático, supone una lesión irreparable a la fama y al honor del inocente que se sienta en el banquillo. Que el acusador temerario pague las costas es lo mínimo.

© José María de Pablo Hermida, 2017.

200 folios para nada

castro

Hemos conocido esta semana que el Juez Castro ha citado a la Infanta Cristina para recibirle declaración, en calidad de imputada por sendos delitos contra la Hacienda Pública y de blanqueo de capitales.

No voy a analizar aquí este profuso Auto (que puede consultarse en estos enlaces: parte 1 parte 2), de 227 páginas –a efectos prácticos la mitad, pues los primeros 113 folios son un copia y pega de escritos de las partes- porque hacerlo sin conocer el contenido de los otros 25.000 folios que forman ese procedimiento sería atrevido: de su lectura se desprende que el criterio del Fiscal y el del Juez es diametralmente opuesto, pero no hay datos suficientes para saber quién de los dos acierta. Podrá dirimirlo mejor la Audiencia de Baleares cuando estudie la causa completa si, como parece, el Auto es recurrido.

El objetivo de este post es llamar la atención sobre una cuestión técnica, de la que apenas se ha hablado, que hace que todo el esfuerzo del Instructor por demostrar la existencia de indicios de delito haya sido en vano. Porque, ya se lo adelanto, puede que la Infanta Cristina tenga que declarar como imputada -foto incluida-, pero lo que es seguro es que al final no se sentará en el banquillo. Me explico a continuación.

Los distintos modos de ejercer la acción penal.

La Ley de Enjuiciamiento Criminal permite tres modos de personarse en un procedimiento en el lado de la acusación. Primero está el Fiscal, que actúa en defensa de la legalidad (art. 1 del Estatuto del M. Fiscal). Segundo, la acusación particular, cuyo ejercicio corresponde a los perjudicados por el delito cometido (art. 110 Ley de Enjuiciamiento Criminal). Y tercero, la acusación popular, que puede ejercer cualquier ciudadano español (art. 101 Ley de Enjuiciamiento Criminal).

A lo largo de la instrucción de un procedimiento, cualquiera de estas tres partes personadas puede intervenir activamente como acusación en las diligencias que se practiquen. Y así, hasta que finalice la instrucción.

La doctrina Botín.

Terminada la instrucción, establece el art. 780 LECRIM que si el Juez entiende que hay motivos suficientes para abrir juicio contra alguno de los imputados, dará traslado al Fiscal y a las acusaciones para que formulen escrito de acusación o –si entienden que no hay delito- pidan el sobreseimiento de la causa. Y el art. 782.1. LECRIM añade que “si el Ministerio Fiscal y el acusador particular solicitaren el sobreseimiento de la causa (…) lo acordará el Juez”.

Este artículo fue interpretado por la Sentencia del Tribunal Supremo 1045/2007, de 17 de diciembre, que creó la que se conoce como “doctrina Botín” (se dictó en el caso de las cesiones de crédito en el que estuvo imputado Emilio Botín). Según la doctrina Botín el artículo 782.1. debe interpretarse de manera literal, lo que significa que no puede abrirse el juicio oral a instancias sólo de la acusación popular; de modo que en los supuestos en que el Fiscal y la acusación particular interesen el sobreseimiento, el Juez deberá acordarlo imperativamente, aunque en el proceso se halle personada una acusación popular que, discrepando del criterio de las otras dos acusaciones, pida la apertura del juicio oral.

La doctrina Atutxa.

La doctrina Botín fue matizada a los pocos meses por el Tribunal Supremo mediante la Sentencia 54/2008, de 8 de abril, que permitió la apertura de juicio oral, a instancias solo de la acusación popular, contra Juan María Atutxa, entonces Presidente del Parlamento Vasco, por un delito de desobediencia grave tras negarse a cumplir la sentencia que acordaba la disolución de los partidos políticos Herri Batasuna, Euskal Herritarrok y Batasuna.

Según esta nueva doctrina Atutxa, cuando, bien por la naturaleza del delito, bien por no haberse personado ningún perjudicado, no existe acusación particular, bastará con que lo pida la acusación popular para que el Juez deba abrir juicio oral. Es decir, en los procedimientos en los que no hay personada ninguna acusación particular, será suficiente con que lo pida la acusación popular para abrir juicio oral, aunque el Fiscal pida el sobreseimiento. En cambio, si hay personada una acusación particular, la acusación popular no podrá abrir juicio oral por sí sola.

El caso de la infanta Cristina.

En nuestro caso, se imputa a la Infanta dos delitos -un delito fiscal y otro de blanqueo de capitales procedentes de un anterior delito fiscal- en los que está identificado el perjudicado, que es la Agencia Tributaria, entidad que además se ha personado como acusación particular.

Por tanto, existiendo acusación particular, la doctrina aplicable no es la doctrina Atutxa –reservada, como hemos dicho, para casos de ausencia de acusación particular- sino la doctrina Botín.

Y el propio Auto de imputación reconoce en sus antecedentes que tanto el Fiscal como la acusación particular –que ejerce el Abogado del Estado en representación de la Agencia Tributaria- consideran que no existe delito alguno atribuible a la Infanta Cristina, a cuya imputación se han opuesto.

Por tanto, salvo que cambien de opinión –algo que no es habitual ni en la Fiscalía ni en la Abogacía del Estado-, parece claro que, llegado el momento, tanto Fiscal como acusación particular solicitarán el sobreseimiento respecto de la Infanta, y entonces el Juez, en aplicación del artículo 782 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, interpretado por la doctrina Botín, deberá acordar ese sobreseimiento. Y la Infanta no se sentará en el banquillo.

En definitiva: el único efecto de este Auto será el mediático. Y, perdónenme la maldad, pero me temo que ese –y no otro- es el efecto buscado. ¿Merecen la pena 200 folios de fundamentación jurídica, robados a otros procedimientos sin relevancia mediática pero igual de trascendentes –todos los son en la jurisdicción penal-, sabiendo que esta imputación quedará en nada?

© José María de Pablo Hermida, 2014.

La Sentencia del “Prestige” y las acusaciones politizadas

prestige Una vez leída la sentencia del “Caso Prestige” (y que puede consultarse en este enlace), me gustaría hacer algunas consideraciones.

Como es sabido, la sentencia ha absuelto a los tres acusados (el capitán y el jefe de máquinas del buque, así como el entonces Director de la Marina Mercante) de los principales delitos de los que se les acusaba –fundamentalmente, delitos contra el medio ambiente y daños en espacios naturales protegidos- y ha dejado todo en una condena menor por desobediencia al capitán del barco.

Como ocurre siempre que un juicio mediático se salda con una sentencia absolutoria, la reacción mayoritaria ha sido de frustración, incluso de enfado. Y, como siempre, los destinatarios de las iras de tertulianos mediáticos y portavoces políticos han sido, cómo no, los jueces que han tenido la osadía de absolver a quienes la prensa había condenado sin juicio muchos años antes.

Pero, ¿de verdad el resultado del “Caso Prestige” es culpa de los jueces? Creo que no.

Lo primero que quiero dejar claro es que, como escribí ayer en Twitter, el hecho de que una sentencia aplique la presunción de inocencia siempre es una buena noticia. Más que nada porque si mañana le acusan a usted de un delito que no cometió, querrá que le respeten ese derecho. Y eso es lo que hace la sentencia, que comienza su fundamentación jurídica resumiendo así el resultado de la prueba practicada: “nadie sabe con exactitud cuál ha sido la causa de lo ocurrido, ni cuál debiera haber sido la respuesta apropiada a la situación de emergencia creada por la grave avería del Prestige, dicho sea con independencia de las múltiples y a veces curiosas hipótesis que se han sostenido sobre ambos extremos”. Con ese resultado, al Tribunal tiene la obligación de absolver a los acusados, como así ha hecho.  

Pero entonces, se preguntarán ustedes: ¿para qué once años de juicio? ¿qué les decimos a los afectados que, once años después del desastre, siguen sin cobrar ninguna indemnización? Y la respuesta es la siguiente: estas cosas pasan cuando se ponen los intereses políticos por encima del interés de las víctimas del delito.

Me explico:

El Convenio Internacional sobre Responsabilidad Civil nacida de daños debidos a contaminación por hidrocarburos, 1992, del que España es parte, establece la responsabilidad objetiva de los propietarios de buques, y crea un sistema de seguro obligatorio. Esto significa que en caso de vertido tóxico, el propietario del buque es siempre civilmente responsable de los daños ocasionados, con independencia de cuál sea la causa del vertido, y de quién sea culpable del mismo. Un ejemplo: si cae un meteorito en un petrolero y eso produce un vertido tóxico, es evidente que el propietario del buque no tiene ninguna culpa del accidente, pero aun así, por el principio de responsabilidad objetiva, su seguro deberá hacer frente a las indemnizaciones correspondientes por los daños que cause el vertido.

Por tanto, si los afectados por el hundimiento del Prestige, en lugar de emprender acciones penales, hubiesen utilizado la vía civil, hace ya muchos años que habrían cobrado del seguro sus indemnizaciones (de hecho, recuerda la sentencia, la aseguradora del Prestige consignó en su día importantes cantidades para hacer frente a esas indemnizaciones).

El problema es que sentar en el banquillo al adversario político siempre es jugoso, y tanto el partido político Izquierda Unida, como la plataforma “Nunca Mais”, que se personaron como acusación en este procedimiento, pusieron todo su esfuerzo, no en que las víctimas cobraran sus indemnizaciones, sino en sentar en el banquillo a su adversario político, el entonces Director de la Marina Mercante, para así utilizar políticamente la catástrofe. Por cierto, la sentencia deja en evidencia la actuación de Izquierda Unida en este procedimiento cuando, tras reflejar con asombro que este partido formuló acusación, entre otros delitos, “por un delito que la parte llama de desobediencia del art. 550 del C.Penal” (ese artículo está dedicado al delito de atentado, no al de desobediencia), lamenta que “Izquierda Unida no se dignó comparecer en ninguna de las sesiones del juicio”. El caso es que las verdaderas víctimas del Prestige, arrastradas por estas dos formaciones políticas, se han visto abocadas a un proceso penal que ha terminado en nada.

Es algo parecido a lo que está ocurriendo en el Caso Bankia, en el que numerosos preferentistas, que habrían recuperado ya su dinero o estarían cerca de hacerlo si hubieran acudido al arbitraje o a una reclamación civil, han sido arrastrados a la vía penal por otro partido político -en este caso UPyD- y se encuentran ahora atrapadas en un proceso penal en la Audiencia Nacional que durará tantos años o más que el del Prestige, y cuya sentencia tiene todos los visos de resultar igualmente absolutoria.

Antes de iniciar acciones judiciales hay que decidir la estrategia jurídica (por ejemplo, si se acude a la vía penal o a la vía civil) pensando siempre en el interés del cliente. Y lo normal es que, como en Bankia o en el Prestige, los intereses de las víctimas no coincidan con los de los partidos políticos.

Por eso no me parece mal la intención del gobierno de prohibir a los partidos políticos el ejercicio de la acción popular. 

© José María de Pablo Hermida, 2013.