el veredicto del caso Asunta se tambalea

los-padres-de-asunta-basterra-declarados-culpables-por-unanimidadNunca he sido partidario del jurado popular. Es cierto que el jurado se limita a establecer los hechos probados, y que luego es el Juez quien aplica la ley a esos hechos, pero mi experiencia es que para establecer de manera adecuada los hechos probados después de un juicio también es necesario contar con conocimientos jurídicos. Lo que hace el jurado popular es valorar pruebas, y la valoración de la prueba exige el respeto a unos principios y mecanismos jurídicos que un jurado lego en Derecho desconoce.

Esto se observa en muchas ocasiones analizando la fundamentación del veredicto. El jurado no se limita a declarar probado o no probado un hecho, sino que debe justificar por escrito el por qué ha llegado a una y no a otra conclusión. Y es allí cuando descubrimos, unas veces, que un jurado se dejó llevar más por su convicción personal acerca de la inocencia o culpabilidad del acusado que por el resultado de las pruebas, y otras veces –la mayoría, en mi experiencia- que el jurado ha alcanzado sus conclusiones vulnerando, por desconocimiento (no son juristas), las reglas esenciales sobre valoración de la prueba.

Pues bien, esto último es lo que, en mi opinión, le ha ocurrido al jurado del caso Asunta al emitir su veredicto.

La culpabilidad de Alfonso Basterra, según el jurado.

En la fundamentación por escrito del veredicto (ver aquí) leemos que el jurado, apoyándose en las conclusiones de la autopsia, establece que la muerte de Asunta se produjo, por asfixia, entre las 18:00 y las 20:00 horas.

Ese dato le permite al jurado considerar probada, sin mucha dificultad, la intervención de Rosario en el asesinato, ya que estaba con su hija en Teo en ese momento: así lo prueban, nos dice el jurado, las grabaciones de las cámaras de seguridad de varios establecimientos, que grabaron a Rosario con Asunta saliendo de Santiago; el cuadrante de la actividad de su teléfono móvil, que le sitúa en el entorno de Teo a esa hora; el registro de la alarma de la casa; así como la propia declaración de la acusada, que reconoció que había llevado a su hija a Teo esa tarde.

Pero el jurado también declaró culpable a Alfonso Basterra, y para ello le situó en el lugar del crimen a la hora del asesinato, con el siguiente razonamiento: “no podemos descartar la presencia de Alfonso en el asiento trasero del vehículo Mercedes en el que Rosario y Asunta se desplazaron a Teo. Iría detrás, de tal modo que no le captaron las cámaras de seguridad porque en ninguna se recogen imágenes de la zona trasera” (apartado 9 del veredicto).

La anterior deducción, (estaba en Teo porque no podemos descartar que fuese con Rosario y Asunta en el coche) vulnera frontalmente el principio in dubio pro reo.

La valoración de la prueba y el principio in dubio pro reo

Mientras que la presunción de inocencia se aplica cuando hay un vacío probatorio (sin prueba de cargo hay que absolver siempre), el principio in dubio pro reo implica que si existe una prueba de cargo, pero su valoración hace dudar al juzgador, el juzgador debe absolver.

Lógicamente, el juzgador –en este caso, el jurado popular- no tiene la obligación de dudar: por muchas dudas que le plantee a una defensa la interpretación de una prueba de cargo, si al juzgador le convence una concreta interpretación, la condena es válida (y el Tribunal Supremo siempre rechaza el recurso de casación cuando la defensa alega que el juzgador debía haber dudado y no lo hizo: quien juzga no está obligado a dudar).

Pero eso sí: cuando el juzgador alberga dudas, está obligado a absolver. Si una prueba ofrece dos interpretaciones, y el tribunal –o el jurado- duda entre las dos, deberá quedarse con aquella que más favorezca al acusado.

El veredicto del Caso Asunta y el principio in dubio pro reo

En este caso, parece obvio que el jurado popular albergó dudas sobre la presencia de Alfonso Basterra en la casa de Teo. No dice “consideramos probado que Alfonso viajaba en el asiento trasero del vehículo”, sino que dice “no podemos descartar la presencia de Alfonso en el asiento trasero del vehículo”. Y si únicamente no lo pueden descartar, es que entonces tampoco lo pueden afirmar. Han dudado. Y si han dudado sobre este punto, debieron considerar no probada la presencia de Alfonso Basterra en ese vehículo y, por extensión, en Teo.

Por tanto, la condena a Alfonso Basterra, en mi opinión, no está fundamentada, y un buen recurso debería conducir, como mínimo, a la repetición del juicio.

Lo curioso es que el jurado no necesitaba situar a Basterra en Teo para condenarle. Le hubiera bastado con limitarse a declarar probado que se concertó con Rosario para el asesinato, y que colaboró comprando las pastillas que servirían para sedarla. Eso permitiría al Magistrado condenar al padre de Asunta como cooperador necesario del crimen (con la misma pena que el autor) o al menos como cómplice (menor pena, pero condena al fin y al cabo). Pero ese “no podemos descartar” en medio de un punto tan importante del veredicto huele a sentencia nula.

Estamos ante un veredicto que haría las delicias de cualquier abogado defensor especialista en casaciones.

Obviamente, no se puede reprochar a los miembros del jurado este error. Ninguno de ellos estudió Derecho (recordemos que los abogados, fiscales, y otros profesionales del Derecho tenemos prohibida la intervención en los jurados: por extraño que parezca, para ser jurado en España es obligatorio desconocer el Derecho). Así que, lógicamente, no podemos exigir a los miembros del jurado –bastante tienen con haberse visto obligados a dejar sus ocupaciones habituales durante varias semanas- que conozcan el principio in dubio pro reo y demás reglas de valoración de la prueba.

Quien debería recapacitar es el legislador que mantiene en vigor una ley que permite valorar pruebas a quienes no conocen, ni las reglas sobre valoración de la prueba, ni el modo de motivar la inferencia.

© José María de Pablo Hermida, 2015.

El “Caso Bretón” y el “Caso 11-M”: analogías y diferencias

José Bretón acaba de ser imputado por el doble asesinato de sus hijos después de que un perito privado haya podido determinar que los restos óseos hallados en una hoguera de la finca de su familia pertenecieron a humanos de entre dos y seis años de edad. De este modo, y aunque con un año de retraso, se ha podido corregir el error de la Policía Científica, que en un primer análisis concluyó que se trataba de huesos de animales.

La vida real no es CSI. Aunque los peritos y forenses de la Policía, en general, son rigurosos profesionales –la Policía Científica española es merecidamente una de las más prestigiosas del mundo-, también son humanos que a veces se equivocan. Por eso, el sistema prevé mecanismos para corregir esos errores, por ejemplo, la posibilidad de emitir nuevos informes periciales complementarios o ampliatorios, bien de la misma Policía, bien de algún perito privado contratado por alguna de las partes. En el “Caso Bretón” hay que felicitar al abogado de la acusación, que es quien propuso y aportó las nuevas pericias que han determinado que aquellos huesos son humanos. Pero también hay que agradecerlo en parte al Juez y a la propia Policía, pues para que un error de la Policía Científica en el análisis de una prueba pueda corregirse en un futuro es imprescindible que tanto el Juez como la Policía respeten los protocolos de custodia de piezas de convicción.

Se denomina piezas de convicción a los objetos, huellas y vestigios que –como los huesos del Caso Bretón- pueden servir de prueba de la culpabilidad o inocencia de alguna persona en relación con el delito perpetrado. Las piezas de convicción son una clase de cuerpo del delito, y su protocolo de recogida, custodia y conservación está regulado principalmente en los artículos 334 a 367 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal.

En concreto, el artículo 334 ordena que el Juez Instructor, por medio de la policía, procurará recoger en los primeros momentos las armas, instrumentos o efectos de cualquier clase (las piezas de convicción) que puedan tener relación con  el delito y que se encuentren en el escenario del crimen o en cualquier otro lugar, y extenderá una diligencia expresiva del lugar, tiempo y ocasión en que se encontraren, con la descripción de cada pieza de convicción recogida. El artículo 338 añade que se recogerán de tal forma que se garantice su integridad, y se acordará su retención, conservación o envío al organismo adecuado para su depósito. Por último, el actual artículo 367 ter (hasta la última reforma lo hacía el 338) exige la previa autorización judicial y el preceptivo informe del fiscal, para proceder a la destrucción de cualquier pieza de convicción (esto es habitual, por ejemplo, cuando se incautan grandes alijos de droga: se guarda una cantidad suficiente y se autoriza la destrucción del resto,  aunque ojo, siempre se suele conservar parte de la droga para posibles nuevos análisis y contranálisis).

El correcto cumplimiento, tanto por el Juez como por la Policía, de este protocolo, es lo que ha permitido corregir ahora el error de los primeros análisis del Caso Bretón. La correcta recogida, clasificación y etiquetado por la policía de aquellos restos óseos, así como su custodia y conservación ha permitido que meses después la acusación particular pudiera realizar nuevos análisis sobre esas pruebas y esclarecer su origen.

Todo lo contrario ocurrió en la investigación del 11-M, en cuyo complejo proceso intervine en mi condición de abogado de un colectivo de víctimas de aquellos atentados.

En el 11-M, la investigación del arma del delito (fundamental para el esclarecimiento de cualquier delito violento), esto es, del explosivo utilizado para volar los trenes, fracasó rotundamente, como reconoce la propia sentencia de la Audiencia Nacional, en su Fundamento Jurídico III.5: “no se sabe con absoluta certeza la marca de la dinamita que explotó en los trenes”.

Como ya narré en un capítulo de “La Cuarta Trama”, en aquella investigación no es que la Policía Científica se equivocase en el análisis de los restos de los explosivos, es que ni siquiera los llegó a analizar por la sencilla razón de que no se le enviaron: no había informe de la Policía Científica, una omisión que no pudimos conocer los abogados hasta dos años después de los atentados, cuando el Juez Del Olmo levantó el secreto de sumario.

En principio, aquello tampoco debía representar un gran problema, pues se podría solucionar como se ha hecho con el Caso Bretón: encargando un nuevo análisis para un nuevo informe. Pero cuando algunos abogados pedimos ese nuevo informe, y el Tribunal presidido por el Juez Gómez Bermúdez accedió a ello, los peritos nombrados se encontraron con dos hechos insólitos: los vagones de los trenes donde habían explosionado las bombas ya no existían (habían sido desguazados, sin autorización judicial, a los pocos días del atentado), y para colmo, la inmensa mayoría de las piezas de convicción que los TEDAX habían recogido en esos vagones antes de ser desguazados, y que contenían restos del explosivo, habían desaparecido de las dependencias de la Policía. Solo quedaban unos cuantos tornillos sin apenas interés para la investigación. En concreto, las piezas de convicción más valiosas para la investigación, como son los algodones de agua y acetona (que los tedax impregnan de restos de explosivo frotándolos en las superficies donde se observa la presencia de esos restos) y las piedras y tierras de los cráteres de las explosiones (que siempre quedan impregnadas de explosivo tras cualquier explosión) habían desaparecido por completo.

El desguace de los trenes del 11-M sin autorización judicial (por asombroso que parezca, en el sumario del 11-M no existe rastro alguno de esa autorización) es uno de los mayores escándalos de la historia judicial española. De hecho, el propio Tribunal Supremo, en la sentencia que resolvía los recursos de casación del 11-M, dijo de manera diplomática que le parecía sorprendente una tan apresurada destrucción, que impidió un estudio posterior más reposado y en profundidad, e incluso su reiteración de haber sido necesaria, de aspectos que pudieran haber resultado de interés para la investigación”. Pero si escandaloso fue el desguace de los trenes, no menos vergonzosa fue la simultánea y misteriosa desaparición de las numerosas (hablamos de centenares) piezas de convicción recogidas por los tedax dentro de los vagones tras el atentado. De hecho, a día de hoy, el Tribunal Supremo tiene pendiente la decisión sobre la continuación del procedimiento abierto contra dos mandos policiales imputados de un delito de encubrimiento por su presunta responsabilidad en la destrucción de estas pruebas. Se sabe que los centenares de piezas de convicción que los especialistas tedax recogieron en los trenes del 11-M fueron llevadas a la sede de la Unidad Central de TEDAX-NRBQ en el madrileño barrio de Canillas. Pero una vez allí, se perdió su rastro. ¿Qué fue de ellas?

Si la correcta conservación de las pruebas aparecidas en la finca de José Bretón ha permitido un nuevo análisis de gran ayuda para resolver este crimen, la incomprensible destrucción y desaparición de casi todas las pruebas recogidas en los trenes del 11-M ha hecho que, a fecha de hoy, el mayor atentado terrorista de la historia de Europa siga siendo un delito aún lejos de esclarecer.

© José María de Pablo Hermida, 2012.     

El abogado que se quitó la vida para ganar un juicio

El de la foto es Clement Vallandigham (1820-1871) (ver entrada en wikipedia), un prestigioso abogado penalista de Dayton, Ohio, que un buen día se hizo cargo de la defensa de Thomas McGehan, un reo acusado de asesinato. 

Según el Fiscal y la Policía, en medio de una violenta pelea en un bar, McGehan habría aprovechado un descuido para sacar su pistola y disparar mortalmente a un tal Tom Myers. 

Pero el cliente de Vallandigham (como tantos clientes) aseguraba a su abogado con vehemencia que él era inocente. Según McGehan, fue Tom Myers quien, por accidente, se disparó a sí mismo mientras se levantaba del suelo en mitad de la pelea. Él reo juraba y perjuraba que ni siquiera le había dado tiempo a desenfundar su arma.

Vallandigham no sabía si creerle. Así que un buen día (comenzado ya el juicio), se dirigió al escenario del crimen con su propia pistola (descargada, claro), y en el mismo bar, comprobó si los hechos podían haber ocurrido como aseguraba McGehan.  Todo encajaba y decidió creer a su cliente.

Así que, para la siguiente sesión del juicio, nuestro abogado llevó consigo también su pistola con la intención de hacer una demostración al jurado de la inocencia de su defendido.

En su exposición, Vallandigham trató de convencer a los miembros del jurado de que había sido Myers quien se disparó a sí mismo por accidente. Y para dotar de mayor credibilidad a su versión, acompañó su exposición con una especie de representación teatral de cómo debían haber ocurrido los hechos.

Pero entonces, en medio del fragor de su discurso, concentrado como estaba en su exposición, en lugar de utilizar su pistola, cogió por error el arma de crimen (que se encontraba delante de él, en la mesa de las pruebas y que, para su desgracia, aún estaba cargada), se la metió en el bolsillo, y simuló sacar la pistola mientras se levantaba del suelo, tal y como aseguraba había hecho Myers días atrás en aquel bar. En ese momento, exactamente igual que había ocurrido el día de los hechos, la pistola volvió a dispararse por accidente, alcanzando al abogado en el abdomen. Murió a las pocas horas.

Y por supuesto, tan clara le quedó al jurado la posibilidad de un disparo accidental, que McGehan fue declarado inocente por unanimidad.

A eso le llamo yo un abogado comprometido.

© José María de Pablo Hermida, 2012.     

La Sentencia "Marta del Castillo" y la presunción de inocencia

A continuación reproduzco el artículo que publiqué en la edición de ayer del diario El Mundo. En él analizo la Sentencia del caso “Marta del Castillo”. Es un tema polémico, pero creo que no está de más recordar de vez en cuando que el hecho de que un Tribunal aplique el principio de presunción de inocencia a la hora de dictar sentencia no es una señal de debilidad de la administración de justicia -como se está escuchando estos días- sino, muy al contrario, una señal de salud del Estado de Derecho.

Ante sucesos tan repugnantes como el que acabó con la vida de Marta del Castillo, ninguna sentencia de ningún tribunal puede hacer justicia. En casos como este, la única justicia (en el más estricto sentido del término) consistiría en devolverle la vida a la víctima, y eso ningún juez puede hacerlo. Aun así, la sentencia de la Audiencia Provincial de Sevilla, que condena a “solo” 20 años de prisión a Miguel Carcaño, y absuelve al resto de los acusados, ha causado cierta indignación, en una opinión pública ávida de justicia.

Esa indignación es comprensible, pero un análisis desapasionado, y exclusivamente jurídico de la sentencia permite comprender la decisión de un Tribunal que, en mi opinión, se ha limitado a respetar el derecho de los acusados a la presunción de inocencia: los jueces saben que el estado de ánimo de la opinión pública no es prueba de la culpabilidad del reo.

Es significativo que la sentencia haya comenzado su fundamentación jurídica citando unas palabras de Tomás y Valiente sobre la presunción de inocencia, un derecho que prohíbe la condena formulada por un Juez que no tenga la certeza de la culpabilidad del acusado, y que solo puede destruirse mediante verdaderas pruebas de cargo, nunca por impresiones, apariencias, o estados de ánimo.

El Tribunal sabía que muchos tertulianos radiofónicos, comentaristas, y público en general habían condenado en su fuero interno a Carcaño y sus amigos por esas impresiones y apariencias no contrastadas de las que previene Tomás y Valiente. Pero sin pruebas de cargo definitivas, o lo que es lo mismo, sin certeza jurídica de culpabilidad, la obligación del Juez es absolver. En palabras de la Audiencia Provincial de Sevilla, “la primera tarea de un tribunal penal es determinar si conforme a las pruebas practicadas puede afirmarse sin ningún género de duda razonable que los que se dicen cometidos por los acusados lo fueron realmente, de forma que su derecho fundamental a la presunción de inocencia quede del todo destruido o enervado”.

El Tribunal tenía ante sí una difícil tarea: al no haber testigos presenciales de los hechos, solo contaba con la confesión de Miguel Carcaño, pero éste había proporcionado hasta seis versiones de los hechos distintas e incompatibles entre sí: ¿con qué versión quedarse? En estos casos, la función de los jueces es contrastar cada versión con el resto de pruebas objetivas de que dispone, para descartar las versiones que sean incompatibles con las pruebas objetivas.

En este caso, el Tribunal contaba fundamentalmente con dos pruebas objetivas: los restos de ADN encontrados en el lugar de los hechos, y las llamadas y posicionamientos de los teléfonos móviles de los acusados. Esa técnica es la que ha conducido al Tribunal a dudar de las versiones en las que Carcaño implicaba al resto de acusados: por eso les ha absuelto.

Por ejemplo, es un dato objetivo que junto a los restos de ADN de Carcaño, Marta y el Cuco localizados en el escenario del crimen, no existe rastro del ADN de Benítez, lo que pone en duda las versiones en las que Carcaño decía que Benítez le ayudó a deshacerse del cadáver. Eso se suma a que, si bien en las versiones en las que involucró a Benítez, Carcaño afirmaba haberle llamado entre las 21:00 y las 21:30 para que le ayudase a eliminar las pruebas, lo cierto es que en esa media hora la única llamada que recibió el móvil de Benítez se la hizo el Cuco desde una cabina situada a más de un kilómetro del lugar de los hechos. Además, según los datos de posicionamiento BTS, el móvil de Benítez no estuvo en el lugar de los hechos aquella noche. El ADN, el tráfico de llamadas y el posicionamiento de los teléfonos móviles también corroboran la coartada de los otros dos acusados absueltos: Javier Delgado y María García.

Y aunque a mitad de juicio apareció un taxista afirmando haber llevado a Javier al lugar de los hechos antes de la desaparición del cadáver, es normal que la audiencia prive a este testigo de credibilidad, primero por lo extraño de que tarde dos años y ocho meses en acudir a denunciar unos hechos tan graves, pero sobre todo porque afirmó haber reconocido Javier por su voz en un reportaje de televisión: ¿puede reconocer un taxista la voz de un cliente al que trasladó una vez 32 meses antes?

Lo que si me parece más discutible es la calificación de los hechos como asesinato, y no de homicidio, por la concurrencia de alevosía. Tengo mis dudas de que una agresión con un cenicero (que es la causa de la muerte que se declara probada), por sorpresiva que pueda ser, pueda encuadrarse en el concepto de alevosía. Este será, sin duda, uno de los puntos más relevantes que tendrá que solventar el Tribunal Supremo cuando resuelva los recursos de casación. Lo que no comparto es la calificación menor, como simple homicidio imprudente, que hace la defensa: en la descripción de los hechos que hace la sentencia, no veo imprudencia, veo dolo.

También es discutible la cuantía de la pena. El delito de asesinato conlleva una pena de entre 15 o 20 años, y la audiencia provincial, sin que concurran circunstancias agravantes, ha aplicado a Carcaño la máxima pena, 20 años de prisión, atendiendo a la gravedad de los hechos. Pero basa esa gravedad en dos hechos que son posteriores al asesinato: la negativa a desvelar el paradero del cadáver, y el hecho de haber acusado al resto de coimputados siendo estos inocentes. Pero, en mi opinión, la negativa a desvelar el paradero del cadáver estaría amparada por el derecho a no declarar contra sí mismo que garantiza la Constitución, mientras que la incriminación de los otros acusados inocentes, siendo reprochable, en nada afecta a la gravedad del hecho por el que se le juzga. Esto no significa, ni mucho menos, que la pena adecuada sea la mínima de 15 años, pues en mi opinión concurren otros elementos objetivos, que aunque la sentencia no los mencione, dotan de un plus de gravedad a este crimen, como la minoría de edad de la víctima (lo que aumenta el injusto sufrimiento de sus padres y hermanas), o la relación de amistad, precedida de un noviazgo, entre el agresor y su víctima.

En cualquier caso, es de agradecer el esfuerzo de los autores de esta sentencia por sustraerse a las presiones de la opinión pública y dictar una sentencia sobre bases puramente jurídicas y, sobre todo, respetando la presunción de inocencia. Algunos seguimos pensando que merece la pena correr el riesgo de absolver a cien delincuentes, con tal de evitar la eventual condena de un inocente. 

© José María de Pablo Hermida, 2012.