La Sentencia "Marta del Castillo" y la presunción de inocencia

A continuación reproduzco el artículo que publiqué en la edición de ayer del diario El Mundo. En él analizo la Sentencia del caso “Marta del Castillo”. Es un tema polémico, pero creo que no está de más recordar de vez en cuando que el hecho de que un Tribunal aplique el principio de presunción de inocencia a la hora de dictar sentencia no es una señal de debilidad de la administración de justicia -como se está escuchando estos días- sino, muy al contrario, una señal de salud del Estado de Derecho.

Ante sucesos tan repugnantes como el que acabó con la vida de Marta del Castillo, ninguna sentencia de ningún tribunal puede hacer justicia. En casos como este, la única justicia (en el más estricto sentido del término) consistiría en devolverle la vida a la víctima, y eso ningún juez puede hacerlo. Aun así, la sentencia de la Audiencia Provincial de Sevilla, que condena a “solo” 20 años de prisión a Miguel Carcaño, y absuelve al resto de los acusados, ha causado cierta indignación, en una opinión pública ávida de justicia.

Esa indignación es comprensible, pero un análisis desapasionado, y exclusivamente jurídico de la sentencia permite comprender la decisión de un Tribunal que, en mi opinión, se ha limitado a respetar el derecho de los acusados a la presunción de inocencia: los jueces saben que el estado de ánimo de la opinión pública no es prueba de la culpabilidad del reo.

Es significativo que la sentencia haya comenzado su fundamentación jurídica citando unas palabras de Tomás y Valiente sobre la presunción de inocencia, un derecho que prohíbe la condena formulada por un Juez que no tenga la certeza de la culpabilidad del acusado, y que solo puede destruirse mediante verdaderas pruebas de cargo, nunca por impresiones, apariencias, o estados de ánimo.

El Tribunal sabía que muchos tertulianos radiofónicos, comentaristas, y público en general habían condenado en su fuero interno a Carcaño y sus amigos por esas impresiones y apariencias no contrastadas de las que previene Tomás y Valiente. Pero sin pruebas de cargo definitivas, o lo que es lo mismo, sin certeza jurídica de culpabilidad, la obligación del Juez es absolver. En palabras de la Audiencia Provincial de Sevilla, “la primera tarea de un tribunal penal es determinar si conforme a las pruebas practicadas puede afirmarse sin ningún género de duda razonable que los que se dicen cometidos por los acusados lo fueron realmente, de forma que su derecho fundamental a la presunción de inocencia quede del todo destruido o enervado”.

El Tribunal tenía ante sí una difícil tarea: al no haber testigos presenciales de los hechos, solo contaba con la confesión de Miguel Carcaño, pero éste había proporcionado hasta seis versiones de los hechos distintas e incompatibles entre sí: ¿con qué versión quedarse? En estos casos, la función de los jueces es contrastar cada versión con el resto de pruebas objetivas de que dispone, para descartar las versiones que sean incompatibles con las pruebas objetivas.

En este caso, el Tribunal contaba fundamentalmente con dos pruebas objetivas: los restos de ADN encontrados en el lugar de los hechos, y las llamadas y posicionamientos de los teléfonos móviles de los acusados. Esa técnica es la que ha conducido al Tribunal a dudar de las versiones en las que Carcaño implicaba al resto de acusados: por eso les ha absuelto.

Por ejemplo, es un dato objetivo que junto a los restos de ADN de Carcaño, Marta y el Cuco localizados en el escenario del crimen, no existe rastro del ADN de Benítez, lo que pone en duda las versiones en las que Carcaño decía que Benítez le ayudó a deshacerse del cadáver. Eso se suma a que, si bien en las versiones en las que involucró a Benítez, Carcaño afirmaba haberle llamado entre las 21:00 y las 21:30 para que le ayudase a eliminar las pruebas, lo cierto es que en esa media hora la única llamada que recibió el móvil de Benítez se la hizo el Cuco desde una cabina situada a más de un kilómetro del lugar de los hechos. Además, según los datos de posicionamiento BTS, el móvil de Benítez no estuvo en el lugar de los hechos aquella noche. El ADN, el tráfico de llamadas y el posicionamiento de los teléfonos móviles también corroboran la coartada de los otros dos acusados absueltos: Javier Delgado y María García.

Y aunque a mitad de juicio apareció un taxista afirmando haber llevado a Javier al lugar de los hechos antes de la desaparición del cadáver, es normal que la audiencia prive a este testigo de credibilidad, primero por lo extraño de que tarde dos años y ocho meses en acudir a denunciar unos hechos tan graves, pero sobre todo porque afirmó haber reconocido Javier por su voz en un reportaje de televisión: ¿puede reconocer un taxista la voz de un cliente al que trasladó una vez 32 meses antes?

Lo que si me parece más discutible es la calificación de los hechos como asesinato, y no de homicidio, por la concurrencia de alevosía. Tengo mis dudas de que una agresión con un cenicero (que es la causa de la muerte que se declara probada), por sorpresiva que pueda ser, pueda encuadrarse en el concepto de alevosía. Este será, sin duda, uno de los puntos más relevantes que tendrá que solventar el Tribunal Supremo cuando resuelva los recursos de casación. Lo que no comparto es la calificación menor, como simple homicidio imprudente, que hace la defensa: en la descripción de los hechos que hace la sentencia, no veo imprudencia, veo dolo.

También es discutible la cuantía de la pena. El delito de asesinato conlleva una pena de entre 15 o 20 años, y la audiencia provincial, sin que concurran circunstancias agravantes, ha aplicado a Carcaño la máxima pena, 20 años de prisión, atendiendo a la gravedad de los hechos. Pero basa esa gravedad en dos hechos que son posteriores al asesinato: la negativa a desvelar el paradero del cadáver, y el hecho de haber acusado al resto de coimputados siendo estos inocentes. Pero, en mi opinión, la negativa a desvelar el paradero del cadáver estaría amparada por el derecho a no declarar contra sí mismo que garantiza la Constitución, mientras que la incriminación de los otros acusados inocentes, siendo reprochable, en nada afecta a la gravedad del hecho por el que se le juzga. Esto no significa, ni mucho menos, que la pena adecuada sea la mínima de 15 años, pues en mi opinión concurren otros elementos objetivos, que aunque la sentencia no los mencione, dotan de un plus de gravedad a este crimen, como la minoría de edad de la víctima (lo que aumenta el injusto sufrimiento de sus padres y hermanas), o la relación de amistad, precedida de un noviazgo, entre el agresor y su víctima.

En cualquier caso, es de agradecer el esfuerzo de los autores de esta sentencia por sustraerse a las presiones de la opinión pública y dictar una sentencia sobre bases puramente jurídicas y, sobre todo, respetando la presunción de inocencia. Algunos seguimos pensando que merece la pena correr el riesgo de absolver a cien delincuentes, con tal de evitar la eventual condena de un inocente. 

© José María de Pablo Hermida, 2012.     

Marta del Castillo y el derecho de defensa

 Ha quedado visto para sentencia el juicio contra Miguel Carcaño y los demás implicados en la trágica muerte de Marta del Castillo. Quede clara antes de nada mi solidaridad con los padres de Marta, cuyo dolor por la pérdida violenta de una hija adolescente, se ha visto agravado por la imposibilidad de enterrar su cuerpo. Ojalá acabe apareciendo el cuerpo de Marta y sus padres puedan tener el consuelo de enterrarlo.

Pero hecha esta aclaración, tan obvia como obligada, quisiera salir al paso de las críticas que desde muchas tertulias radiofónicas se han vertiendo contra los abogados que defienden al homicida confeso de Marta y al resto de los acusados. He oído, sobre todo durante los primeros días de juicio, como desde diversos medios de comunicación casi se acusaba a los abogados de estos acusados de ser los responsables de la desaparición del cuerpo de Marta, tachándoles de criminales por el mero hecho de cumplir con el deber que, como letrados, les impone la Constitución Española, y que no es otro que escoger la estrategia de defensa que más conviene al interés de sus clientes.

No conozco de nada a los abogados que han intervenido estas últimas semanas en el juicio del caso Marta del Castillo, con los que no recuerdo haber coincidido nunca en ningún juicio. Ni siquiera soy familia del abogado de “El Cuco”, aunque se apellide igual que yo. Pero, por mi condición de abogado, me ha dolido lo que se ha dicho estos días de ellos.

Se les ha criticado, en concreto, por no obligar a sus clientes a confesar donde está el cuerpo de Marta, incluso por no decirlo ellos mismos directamente. Pero, ¿acaso pueden los abogados defensores de los acusados desvelar –si es que lo saben- el destino del cuerpo de Marta? ¿O pueden al menos obligar a sus clientes a confesarlo?

Veamos lo que dice nuestra legislación. El artículo 24.2. de la Constitución Española proclama como derecho fundamental el derecho de defensa, del que forman parte el derecho a la asistencia letrada, a no confesarse culpables y a no declarar contra sí mismo. El artículo 30 del Estatuto de la Abogacía Española impone a los abogados el deber de defender los intereses de sus clientes, y el artículo 32 añade que los abogados deberán guardar secreto de todos los hechos o noticias que conozcan por razón de cualquiera de las modalidades de su actuación profesional. Por último, el artículo 467.2. del Código Penal castiga como autor de un delito de deslealtad profesional al abogado que de forma manifiesta perjudique los intereses de su cliente.

Esto significa que el abogado defensor, en el momento en que le es encomendada la defensa de un justiciable, tiene la obligación –impuesta por la Constitución- de idear la estrategia de defensa que más convenga a los intereses de su cliente. Hasta el punto de que si elige una estrategia manifiestamente perjudicial para su defendido, el abogado puede ser acusado de delito.

Por eso, por duro que parezca, la pregunta que se tienen que hacer –y que seguro se hicieron- los abogados de Carcaño, Benítez y demás acusados es: ¿beneficia o perjudica al interés de mi cliente desvelar el paradero del cadáver?

Y aunque ni he leído el sumario de este caso, ni he seguido el juicio más que por lo que han publicado los medios de comunicación, mucho me temo que la respuesta a esta pregunta es evidente: decir dónde está el cadáver de Marta, ahora mismo, y con los datos de que disponemos, habría perjudicado los intereses de los acusados.

Con las pruebas que hay, todo apunta a que Miguel Carcaño no se va a poder librar de una condena por homicidio. Si ha confesado que mató a Marta y su confesión no es contradictoria con el resto de elementos probatorios, debe ser suficiente para sostener una condena por homicidio incluso sin necesidad de que aparezca el cuerpo: pruebas suficientes (y una confesión lo es) hay.

Otra suerte distinta es la que pueden correr las acusaciones por asesinato o violación. La diferencia entre homicidio y asesinato radica en el modo en que se comete. Así, un homicidio deja de ser homicidio y pasa a ser asesinato cuando existe alevosía, recompensa, o ensañamiento. Si  hubiese aparecido el cuerpo de Marta, y este tuviera signos de ensañamiento, estaríamos ante una más que probable condena por asesinato, lo que supondría cinco años más de prisión para el autor. Del mismo modo, si la autopsia revelase señales de que antes de morir, Marta hubiese sido forzada sexualmente, habría que sumar una condena por violación, o lo que es lo mismo, entre seis y doce años más de prisión. Pero sin una autopsia del cadáver se antoja difícil (aunque no imposible) una condena por asesinato y violación.

Por tanto, mal que nos pese, es evidente cuál era el interés de los acusados y cual la estrategia que debían seguir –y han seguido- las defensas. Podemos estar o no de acuerdo con estas reglas del juego, pero en eso consiste el Estado de Derecho.

De todos modos, existe una manera de desvelar el lugar donde se oculta el cuerpo de Marta sin que ello perjudique la estrategia de las defensas. Dentro de algunos días la audiencia dictará sentencia, y algunos meses después, tras los previsibles recursos de casación, la sentencia será firme y, por tanto, inalterable. A partir de ese momento, los acusados podrán decir qué hicieron con el cadáver sin temor a que les perjudique. 

© José María de Pablo Hermida, 2011.