Causas judiciales secretas: ¿habría que limitar el derecho a la información?

top-secretPublica hoy la prensa que alguien ha reventado la Operación Nelson (ver noticia). La filtración a un medio de comunicación de que la Audiencia Nacional investigaba en una causa secreta a las cúpulas de Manos Limpias y Ausbanc por un supuesto delito de extorsión ha obligado a adelantar las detenciones y los registros, y podría haber permitido la destrucción de pruebas por los investigados, poniendo en grave riesgo el éxito de la operación.

En realidad, no hay que ser muy hábil para deducir de las declaraciones del periodista que recibió la filtración que el filtrador es -como tantas veces- un policía (“paré la publicación de todo esto porque me lo pidió la policía para no entorpecer la investigación” ha dicho).

publicidad del proceso penal

El artículo 120 de la Constitución establece, como regla general, que las actuaciones judiciales serán públicas, con las excepciones que prevean las leyes procesales. Esta regla tiene relación con el derecho constitucional a un proceso público (que forma parte del derecho a la tutela judicial efectiva del art. 24 CE) y el derecho a la información (art. 20 CE). En realidad, como ya expliqué en un anterior post, la publicidad del proceso es una garantía del acusado que permite el necesario control por parte de la sociedad del poder judicial y evita arbitrariedades por parte de los jueces.

Pero hemos visto que el art. 120 de la Constitución prevé que las leyes establezcan excepciones a esa regla general de la publicidad. Las excepciones las encontramos en los artículos 301 y 302 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal.

Primera excepción: la instrucción

El art. 301 establece que “las diligencias del sumario serán reservadas y no tendrán carácter público hasta que se abra el juicio oral”. El carácter reservado del Sumario implica que en un proceso penal lo que es público no es la instrucción, sino el juicio oral y la sentencia.

Esto es lógico porque -aunque lo más morboso y atractivo para los medios de comunicación son las detenciones y las fotos de los investigados saliendo de la Audiencia Nacional-, lo que ocurre en fase de instrucción son solo meras investigaciones, y esos detenidos, cuya fotografía entrando en un vehículo policial luce tan bien en portada, muchas veces terminan absueltos –a veces incluso sin necesidad de juicio- porque se demuestra su inocencia.

Otra cosa es el juicio oral, cuya publicidad permite conocer al público de manera global (y no parcial, como ocurre cuando se informa sobre una instrucción) las pruebas de cargo y de descargo que afectan al acusado. Lo mismo ocurre con la sentencia, cuya publicidad en nada afecta a la presunción de inocencia pues el sujeto ya ha sido juzgado.

Segunda excepción: el secreto de sumario

Por tanto, la instrucción del procedimiento penal es reservada, lo que significa que solo deben tener acceso a su contenido el Juez de Instrucción, el Fiscal, y las partes personadas (acusaciones y defensas). Y nadie más.

Pero el artículo 302 LECRIM establece una segunda excepción que en determinados casos transformará la instrucción de reservada a secreta. Así, establece que el Juez podrá declarar las actuaciones secretas (el secreto del sumario) en dos casos:

  1. para evitar un riesgo grave para la vida, libertad o integridad física de una persona; o
  2. para prevenir una situación que pueda comprometer de forma grave el resultado de la investigación o del proceso.

Una vez decretado el secreto de las actuaciones, solo tendrán acceso al contenido de la causa el Juez y el Fiscal, pero no las demás partes.

Por tanto, el secreto de las actuaciones no es un capricho del Juez para mantener alejados a los abogados y trabajar más cómodo, sino un modo de proteger la integridad física de alguien o –en la mayoría de los casos- de garantizar el éxito de una investigación (evitando, por ejemplo, la destrucción de una prueba que está en manos del investigado).

¿y las filtraciones?

A pesar de lo anterior, las filtraciones a la prensa de diligencias reservadas, o incluso declaradas secretas, se han convertido en un hecho frecuente que, por desgracia, sucede cada día con total naturalidad.

Y si la mera filtración de una diligencia de instrucción (luego reservada) es perniciosa –además de ilegal- porque vulnera el derecho a la presunción de inocencia del investigado, la filtración de una causa declarada secreta es extremadamente grave –y un delito de revelación de secretos-. Recordemos que si el Juez ha decretado el secreto es porque considera que la publicidad de la investigación pondría en peligro, o bien la integridad de una persona, o bien el éxito de la investigación.

El caso que me ha dado pie a escribir este post es un buen ejemplo. El Juez de la Audiencia Nacional decreta el secreto de las actuaciones para asegurar el buen fin de la operación, pero un policía irresponsable prefiere quedar bien con un periodista, le filtra la existencia de la investigación, y revienta una operación echando por tierra meses de trabajo y de preparación.

medidas contra las filtraciones versus derecho a la información 

El problema es que es prácticamente imposible descubrir al autor de una filtración, porque un periodista debe guardar su secreto profesional y, como garantía de ese secreto, no está obligado a revelar sus fuentes ni siquiera ante un Juez. Pero eso no quita para que estemos hablando de una información sobre una causa secreta que, por un lado, solo ha sido posible porque alguien –la fuente- ha cometido un delito de revelación de secretos-, y por otro lado, pone en grave peligro el éxito de una investigación judicial.

Una manera eficaz de evitar este tipo de filtraciones sería prohibir la información relativa a causas declaradas secretas.

Es cierto que una medida de este tipo supondría una restricción del derecho a la información, pero hay que recordar que ningún derecho es absoluto. A veces, el derecho de una persona choca con el de otra, o incluso con el interés general, y en esos casos habrá que ponderar con cuidado qué derecho debe prevalecer. Por ejemplo, a veces el derecho a la intimidad de un ciudadano entra en conflicto con la seguridad de los aeropuertos, y habrá que restringir ese derecho para que el ciudadano pase sus pertenencias por un escáner.

Así, del mismo modo que el secreto del sumario es una medida restrictiva del derecho de defensa (impide al investigado conocer los hechos que se le imputan y defenderse con todas las garantías) que es sacrificado para salvaguardar el buen fin de la investigación, por el mismo motivo (el buen fin de la investigación) cabría plantear una reforma legal que incluyera la prohibición de informar sobre el contenido de las causas declaradas secretas (imponiendo, por ejemplo, una sanción al medio de comunicación) aunque eso suponga una restricción del derecho a la información.

Es muy frustante defender a un investigado en una causa declarada secreta, sin poder ejercer adecuadamente el derecho de defensa por ese motivo, y a la vez observar como la prensa recibe filtraciones del contenido de esa misma causa.

No solo eso, como las filtraciones de las causas secretas suelen proceder de Fiscalía o de la Policía, lo habitual es que se trate de filtraciones parciales e interesadas que dejarán en indefensión ante la opinión pública al investigado, vulnerando su presunción de inocencia.

La pregunta es: si la necesidad de garantizar el éxito de una investigación es razón suficiente para restringir el derecho de defensa prohibiendo al investigado el acceso a la causa declarada secreta, ¿por qué no lo es para restringir el derecho a la información prohibiendo a los medios publicar acerca del contenido secreto de ese procedimiento?

Para responder a esa pregunta, nada mejor que la sección de comentarios debajo de este post.

© José María de Pablo Hermida, 2016.

El derecho al honor de los imputados

Esta semana me invitaron a hablar en el “Foro Jurídico IESE” sobre “La afectación del derecho al honor en los casos de imputación penal”. Como creo que es un tema interesante y de actualidad, copio a continuación un resumen de mi ponencia.   

Hablar de la afectación del derecho al honor en los casos de imputación penal es hablar de un conflicto de derechos. Pero no un conflicto de derechos al uso, en el que entre en conflicto el derecho de una persona con el derecho de otra. Aquí nos encontramos con un hecho muy peculiar, y es que entran en conflicto, en realidad, dos derechos de la misma persona. Me refiero al conflicto entre el derecho a un proceso público y el derecho al honor. En este caso, y por extraño que parezca, el titular de ambos derechos es el mismo: el imputado.

La publicidad del proceso penal, que reconoce como derecho fundamental del reo el artículo 24 de la Constitución (y proclama como un principio jurídico el artículo 120 de la norma fundamental) tiene como razón de ser el necesario control por parte de la sociedad del poder judicial. Es decir, es un modo de evitar arbitrariedades por parte de los jueces. Por decirlo de un modo gráfico, en España no podría un juez torturar personalmente a un acusado para arrancarle una confesión, entre otras cosas, porque lo vería el público. Así lo establece el Tribunal Constitucional (Sentencia 96/1987) cuando señala que la publicidad del proceso protege a las partes de las posibles arbitrariedades “de una justicia sustraída al control del público”.

De hecho, la experiencia nos dice que es en esa fase prejudicial sustraída al público (la fase policial) donde, al amparo del secreto de los sótanos de las comisarías, con relativa frecuencia se producen vulneraciones de derechos fundamentales (los abogados que hayan hecho guardias de asistencia a detenidos y lean esto, saben bien de lo que estoy hablando).

Por tanto, el derecho a un proceso público, tal y como lo establece la Constitución, no es un derecho de los medios de comunicación ni del público en general: es un derecho del propio justiciable, que no puede ser juzgado en secreto. De este modo, el escrutinio del público, que puede acercarse a una sala de vistas, ver un extracto de un juicio en el telediario, incluso últimamente leer las sentencias que los medios publican íntegras en internet, es un incentivo para que el juez haga bien su trabajo y respete los derechos del justiciable.

De todos modos, también entra en juego aquí el derecho a comunicar o recibir información veraz (artículo 20 de la Constitución) que asiste a los medios de comunicación y a la sociedad en su conjunto. Es evidente que muchos procedimientos judiciales son de interés general, de modo que su tratamiento como noticia estaría amparado por el derecho a la información (hay sentencias que reconocen que el seguimiento de los juicios por los medios de comunicación completa el derecho a un proceso público, hasta el punto de que admiten la retransmisión de un juicio por televisión –Caso Camps, Caso Garzón, Juicio del 11-M…- aunque con ello se ponga en peligro la incomunicación de los testigos, que en teoría no pueden conocer el desarrollo del juicio hasta que son llamados a declarar).

Pero la experiencia nos dice que cuando el reo disfruta de su derecho a un proceso público, a la vez pone en peligro su derecho al honor, pues para la población en general la figura de la imputación tiene una connotación negativa.

En mi opinión, esta afectación al derecho al honor de los imputados se produce porque nos hemos acostumbrado a extender el principio de la publicidad del proceso no solo al juicio oral, sino también a la fase de instrucción. Y es en la fase de instrucción donde se produce un daño al derecho al honor del imputado que, quizás, se podría evitar.

Una cosa es que, llegado al juicio oral, el ciudadano tenga acceso, bien asistiendo al juicio, bien siguiéndolo por la prensa, a lo que allí ocurre. En ese caso no hay tanto problema porque durante el juicio oral la información sobre una prueba de cargo que perjudique al acusado se verá contrarrestada por las pruebas de descargo, las alegaciones del letrado defensor, incluso el derecho a la última palabra del acusado. Además, a los pocos días del juicio habrá una sentencia: si el acusado es absuelto, quedará restituido su honor; y si es condenado, podemos decir que fue él, al delinquir, quien puso en riesgo su honor.

Pero cosa distinta es la filtración de un sumario a la prensa en fase de instrucción. Allí está el verdadero problema. Esas filtraciones, además de ser ilegales (el artículo 301 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal excluye a la fase de instrucción de la publicidad del proceso) dejan indefenso al reo por muchos motivos:

1. Porque las filtraciones suelen ser parciales: quien filtra un sumario (casi siempre la Fiscalía, la Policía, o la acusación particular, porque es raro que lo haga la defensa) filtrará solo la parte del sumario que le interesa, es decir, lo que perjudica al imputado.

2. Por la tendencia del público en general a condenar en su fuero interno, sin análisis crítico alguno, a todo imputado por el mero hecho de serlo.

3. Porque el público desconoce el significado de la palabra imputado. Que una persona esté imputada solo significa que se le está investigando, nada más, y es muy posible que sea inocente (ejemplo: en el juicio del 11-M hubo más de 120 imputados, de los que un centenar no llegaron siquiera a sentarse en el banquillo). Por eso, es bueno recordar que la imputación en realidad es una garantía, cuya finalidad es que la persona investigada disfrute, como imputado, de unos derechos (a nombrar abogado, a no declarar contra sí mismo, a no confesarse culpable, etc) de los que carecería si no tuviera esa cualidad. En el fondo, cuando un juez convierte a una persona en imputado no le está juzgando: sólo le está dando la posibilidad de defenderse. Pero eso, el que no es jurista, el telespectador de Sálvame, no lo sabe.

4. Porque muchas veces el sumario que se filtra está declarado secreto, de modo que el imputado y su defensa aún no conocen su contenido (salvo lo que filtra la prensa): difícilmente podrá entonces el imputado hacer declaraciones en su defensa, o desmentir informaciones, pues al no conocer el contenido exacto del sumario, no conoce hasta que punto esas filtraciones responden a la realidad, no conoce que pruebas de descargo hay, y sobre todo, no ha podido escoger una estrategia de defensa. Muchas veces no queda otro remedio que guardar silencio ante lo que publica la prensa, lo que supone renunciar a defenderse ante la opinión pública con tal de no perjudicar la posterior defensa ante el Juez.

5. Porque a veces se filtran pruebas del sumario que se han obtenido ilegalmente (por ejemplo, escuchas telefónicas acordadas sin los requisitos necesarios): esas pruebas acabarán siendo declaradas nulas porque se obtuvieron vulnerando derechos fundamentales, pero antes habrán servido para que la prensa hunda la reputación del imputado.

Otras veces el problema surge en el modo en que la Policía lleva a cabo algunas diligencias, como las detenciones o los registros. Los artículos 520 y 522 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal disponen que las detenciones y los registros se practiquen del modo que menos perjudiquen la reputación de los detenidos. Pero por desgracia estamos acostumbrados a que ciertos jueces de instrucción, incluso ciertas unidades de la Policía o de la Guardia Civil, avisen a la prensa antes de practicar estas diligencias.

Ante este problema, y de cara a la anunciada reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, se podrían tomar algunas medidas para garantizar el derecho al honor de los imputados.

Se me ocurren, a bote pronto, tres posibles medidas:

1. Eliminar la palabra “imputado” sustituyéndola por otra que tenga menos connotaciones, como por ejemplo, “investigado”. O quizás, dejar la imputación para la fase intermedia del proceso –cuando ya existen indicios suficientes contra una persona- y crear otra figura previa para que quien está siendo investigado disfrute de los derechos de los que ahora goza el imputado, pero sin que se le llame imputado. En Portugal, por ejemplo, existe la figura del arguido, que es previa a la de imputado.

2. Prohibir la publicación de partes del Sumario declaradas secretas. Cuando un medio publica un sumario secreto (algo tan frecuente que ya nos parece normal) siempre hay alguien que, al filtrarlo, ha cometido un delito. Pero ese alguien nunca responderá de su delito gracias al derecho de los periodistas a no revelar sus fuentes. Pues bien, quizás, dado que esa información siempre procede de la comisión de un delito, se podría prohibir explícitamente la publicación de datos de sumarios declarados secretos en los medios de comunicación.

3. En Francia está prohibido fotografiar a una persona detenida que llega esposada al Juzgado. Quizás no es necesario ser tan restrictivos, pero ¿por qué no tomar alguna medida intermedia que evite la sobrexposición de los imputados a los medios de comunicación?

Seguro que al lector de este artículo se le ocurren muchas más posibles medidas.

En lo que a los abogados respecta, el problema fundamental es que cuando nos toca defender a alguna persona de relevancia mediática, se nos multiplica el trabajo por dos: acabamos defendiendo al cliente en dos juicios: en el juicio procesal que tiene lugar en el Juzgado (que es lo que aprendimos a hacer en la facultad) y en el juicio mediático (el llamado “juicio paralelo”), pues el cliente acaba confiándonos, no solo su posible absolución en la sentencia, sino también, la protección de su derecho al honor ante los medios de comunicación. Y no es fácil.

© José María de Pablo Hermida, 2012.