La falta de independencia del poder judicial (I): el problema más grave de la justicia en España.

Inicio hoy una serie de dos artículos sobre lo que considero que es el principal problema de nuestro Estado de Derecho: la total ausencia de independencia del poder judicial.

Los nuevos nombramientos de magistrados para el Tribunal Constitucional (ver noticia) han vuelto a poner de manifiesto el elevado y preocupante nivel de politización y, por ende, falta de independencia, del Poder Judicial. ¿Es normal que sean los partidos políticos quienes pacten a quién se nombra para el Constitucional o el Consejo General del Poder Judicial? ¿y que el pacto incluya el nombramiento, a petición del PP, de alguien que ha sido 17 años diputado de ese partido, y a petición del PSOE, alguien que obstaculizó la investigación sobre los atentados de los GAL?

Lo cierto es que, desgraciadamente, nos hemos acostumbrado a leer noticias con el siguiente enunciado: “el TC legaliza Sortu con el voto a favor de los magistrados progresistas propuestos por el PSOE y el voto en contra de los magistrados conservadores nombrados por el PP” (un ejemplo, aquí). Pero vamos a ver: ¿cómo puede ser que estemos hablando de magistrados progresistas y conservadores? ¿Son jueces o son diputados? ¿Cuál es la función de los jueces, aplicar la ley o aplicar el programa de un partido político?

Desgraciadamente, cada vez comprobamos con mayor frecuencia cómo los órganos esenciales del Poder Judicial (el Consejo General del Poder Judicial, el Tribunal Constitucional, el Tribunal Supremo, o los distintos Tribunales Superiores de Justicia) se han convertido en una especie de hemiciclos que reproducen el arco parlamentario y el equilibrio de fuerzas del Congreso de los Diputados. Y además, no lo disimulan.

Así, la labor del Juez, que debería consistir esencialmente en comparar los hechos probados en un juicio con el texto de la ley, para decidir si esos hechos concretos son conformes o no a lo que manda la ley, ha mutado, de modo que ahora los jueces se dedican a comparar los hechos probados en un juicio con el programa del partido político que nombró a ese juez, para decidir si esos hechos concretos son convenientes o no a los intereses de ese partido o no.

Un ejemplo reciente. El Tribunal Supremo declaró probado que Bildu es una herramienta de ETA y decretó su ilegalización (ver noticia). Bildu recurrió esa sentencia ante el Tribunal Constitucional, que tiene mayoría de magistrados de los denominados progresistas. Como nuestro ordenamiento jurídico prohíbe expresamente al Constitucional modificar los hechos que haya declarado probados el Supremo (el TC carece de competencia para revisar la valoración de la prueba que hiciera el TS), era imposible –desde el punto de vista de la estricta aplicación de la ley- que ese recurso prosperase. Pues bien, como al partido político que nombró a la mayoría de magistrados del Constitucional le interesaba la legalización de Bildu, esos magistrados hicieron lo que tienen prohibido, esto es, modificaron los hechos declarados probados por el Supremo (algo para lo que no tenían competencia), votaron una sentencia que establecía que Bildu no era instrumento de ETA y legalizaron aquella coalición (ver noticia).

Y es así como llegamos a lo que -con cierta ironía- publiqué con otras palabras en Twitter hace unos días, cuando se hizo pública una nueva sentencia política del Constitucional, como fue la legalización de Sortu: Puestos a recortar de los presupuestos del Estado, ¿porqué no suprimir el CGPJ, el Constitucional y el Supremo, y que sean los propios diputados los que voten en el Congreso las sentencias que se deben dictar? Ahorraríamos mucho dinero y el resultado sería el mismo, ya que los órganos judiciales tienden a ser una reproducción fiel del arco parlamentario.

No niego, por supuesto, el derecho natural de cada juez a tener sus propias ideas políticas. Pero una cosa es tener unas ideas políticas, y otra depender de un partido: ¿O acaso es imparcial un juez que le debe su sillón a un partido político? ¿Sería imparcial un juez nombrado por el PSOE que juzgue el Caso Gürtel, en el que están imputados varios políticos del PP? ¿Sería imparcial un Juez nombrado por el PP que juzgue el caso de los falsos ERES en Andalucía, en el que se encuentran imputados diversos políticos del PSOE?

Otro ejemplo. Hoy empieza a debatir el pleno del Constitucional el recurso de inconstitucionalidad que interpuso el PP contra ley de matrimonio homosexual aprobada por el anterior Gobierno del PSOE: ¿son imparciales los magistrados nombrados por el PSOE que van a valorar la constitucionalidad de una ley aprobada por el PSOE? ¿Son imparciales los magistrados nombrados por el PP que van a valorar un recurso de inconstitucionalidad interpuesto por el PP? El artículo 219 de la Ley Orgánica del Poder Judicial establece que son causas de abstención “la amistad íntima o enemistad manifiesta con cualquiera de las partes”: ¿no deberían abstenerse entonces de valorar la constitucionalidad de esa ley todos los magistrados del TC, los unos por amistad manifiesta con el partido que aprobó esa ley, y los otros por amistad manifiesta con el partido que interpuso el recurso?

Hasta aquí el planteamiento del problema. En un próximo artículo explicaré cómo en pocos años los políticos acabaron con la independencia del poder judicial.

© José María de Pablo Hermida, 2012.