Interesante sentencia sobre la exposición pública del detenido

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Portada de La Vanguardia del 31/10/2009, con las imágenes a las que se refiere esta sentencia

Ha llegado a mis manos la interesante Sentencia 290/2015 de la Sección 3ª de la Sala de lo Contencioso Administrativo de la Audiencia Nacional, que califica como un anormal funcionamiento de la Administración de Justicia, susceptible de indemnización por daños morales, la indebida exposición pública de un detenido.

Los hechos.

En 2009, y dentro del marco de la llamada Operación Pretoria, se procedió a la detención, por orden del entonces juez Baltasar Garzón, de una serie de imputados, que fueron trasladados por la Guardia Civil a la Audiencia Nacional.

Según considera probado esta sentencia, «el mismo día de su traslado al órgano judicial para prestar declaración la prensa logró captar determinadas imágenes del demandante antes de entrar en el Juzgado estando esposado y portando una bolsa grande azul con sus pertenencias, cuyas imágenes fueron accesibles a la prensa debido a que no se respetó el protocolo policial que existía para preservar a los detenidos de su exposición pública. Ese mismo día el recurrente apareció en los telediarios en las condiciones que acabamos de referir, en tanto que al día siguiente -31/10/2009- las susodichas imágenes del recurrente fueron reproducidas por diferentes diarios nacionales».

A consecuencia de estos hechos, uno de los detenidos interpuso una reclamación por funcionamiento anormal de la Administración de la Justicia, al amparo del artículo 292 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, que establece que “los daños causados (…) que sean consecuencia del funcionamiento anormal de la Administración de Justicia, darán a todos los perjudicados derecho a una indemnización a cargo del Estado, salvo en los casos de fuerza mayor”.

El Ministerio de Justicia rechazó la reclamación, pero el detenido interpuso un recurso contencioso administrativo que fue estimado parcialmente.

Exposición pública del detenido y funcionamiento anormal de la Administración de Justicia

La Fundamentación Jurídica de la Sentencia empieza recordando un precepto legal del que ya he hablado otras veces en este blog (por ejemplo aquí), el tan maltratado artículo 520 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, que ordena  que la detención y la prisión provisional deberán practicarse en la forma que menos perjudique al detenido o preso en su persona, reputación y patrimonio (¿se enseña este artículo en la academia de Policía?), y añade que el artículo 5.3.b), de la LO 2/1986 de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado establece entre sus principios básicos de actuación el velar por la vida e integridad física de las personas a quienes detuvieren o que se encuentren bajo su custodia y el respeto del honor y la dignidad de las personas.

Según esta sentencia «precisamente para respetar los derechos de los detenidos y observar el principio de actuación a que se acaba de aludir en relación con los mismos existía un protocolo policial cuyas reglas no se observaron, lo que propició la captación de las imágenes del recurrente en las puertas del Juzgado en las condiciones que ya hemos narrado por los medios de comunicación, que las divulgaron ese mismo día en los telediarios y los días sucesivos en la prensa escrita. La inobservancia del referido protocolo permitió a los medios de comunicación captar y difundir las repetidas imágenes del demandante, siendo de advertir que el espectáculo del recurrente y de otros imputados detenidos en las condiciones en que fueron captados por los medios de comunicación fue algo innecesario para la Administración de Justicia y evitable, a lo que se añade que la exposición pública del demandante y de sus compañeros detenidos en las condiciones en que se produjo resulta difícilmente compatible con el escrupuloso respeto de los derechos de los detenidos y de los principios de actuación de las fuerzas policiales».

De lo que concluye la sentencia que estamos ante un caso de funcionamiento anormal de la Administración de Justicia, que se concreta en «la exposición pública del recurrente a las puertas del Juzgado el día de su declaración judicial dadas las condiciones en que dicha exposición se produjo, siendo de notar que dicha exposición sí pudo afectar en el caso concreto a la imagen y la dignidad del demandante, que así puede exhibir un daño moral susceptible de indemnización, cuya indemnización, en consideración de los criterios estandarizados que suele utilizar este Tribunal en bien del principio de igualdad en la aplicación de la ley, puede cifrarse en 4.000 €».

Aunque no comparto la poca estima que para los autores de esta sentencia tiene el derecho al honor y a la propia imagen de los detenidos (solo 4.000 € por unas imágenes deshonrosas y denigrantes que fueron portada de periódicos nacionales y que seguirán colgadas en internet por los siglos de los siglos…), al menos es algo que se reconozca e indemnice como funcionamiento anormal de la Administración de Justicia la vulneración del artículo 520 LECRIM a la que tan acostumbrados nos tienen nuestras fuerzas de seguridad.

© José María de Pablo Hermida, 2015.

derechos personalísimos y legitimidad activa

artículo publicado el 19 de febrero de 2014 en el portal Libertad Digital

Frase-MafaldaTras casi veinte años ejerciendo la abogacía creía que ya lo había visto todo. Pero no.

Ahora leo, entre sorprendi-do y divertido, que la Generalitat de Cataluña ha interpuesto una demanda civil de protección del derecho al honor contra varios periodistas, actuando, dice la demanda, «en representación y defensa del pueblo catalán».

No he leído la demanda. Tampoco el informe del CAC en el que se basa. Desconozco, por tanto, si las expresiones utilizadas por los periodistas demandados tienen suficiente entidad como para ser consideradas como lo que la jurisprudencia denomina “intromisiones ilegítimas en el derecho al honor”. Pero basta con saber que la demanda la interpone la Generalitat de Cataluña «en representación y defensa del pueblo catalán» para concluir que estamos ante una demanda temeraria (que es como llamamos los juristas a las pretensiones disparatadas) que nunca debió ser admitida a trámite y que no debería tener ninguna posibilidad de prosperar.

Tiene dicho el Tribunal Constitucional que los derechos fundamentales  garantizados por la Constitución, entre los que se encuentra el derecho al honor, son derechos personalísimos. Esto significa dos cosas. Primero, que se trata de derechos que solo pueden ejercer las personas (en principio las físicas, aunque la jurisprudencia contempla, en ciertas ocasiones, el derecho al honor de las personas jurídicas). Segundo, que sólo los titulares de esos derechos están legitimados para invocar su protección ante los tribunales.

La primera conclusión es que la Generalitat, que no es una persona sino una administración pública, no es titular del derecho constitucional al honor (los derechos constitucionales lo son de los ciudadanos, no de las administraciones). Es imposible, por tanto, que nadie haya vulnerado el derecho al honor de quien, por no ser más que una administración pública, carece de ese derecho.

Quizás por eso, la Generalitat ha decidido demandar, no en su propio nombre, sino «en representación y defensa del pueblo catalán». Pero esto es un disparate aún mayor. Primero, porque «el pueblo catalán» carece de personalidad jurídica. Pero sobre todo porque -y esto es lo más importante- solo los titulares de los derechos personalísimos pueden solicitar su protección ante el juez.

La Ley Orgánica 1/1982, que regula la protección del derecho al honor, solo confiere legitimidad activa para interponer acciones de protección del derecho al honor a la persona titular del derecho. La única excepción son las personas fallecidas, en cuyo caso se permite el ejercicio de la acción por la persona designada por el difunto o, en su defecto, por sus herederos. Y por nadie más.

Por tanto, incluso si alguna de las expresiones utilizadas por los periodistas demandados pudiera haber vulnerado el derecho al honor de un catalán, de varios, o incluso de todos los catalanes, solo tendría legitimación activa para ejercer la acción civil, personal e individualmente, cada uno de aquellos catalanes cuyo derecho al honor se considerase vulnerado, sin que nadie –ni siquiera la Generalitat- pueda hacerlo en su lugar.

En este sentido, por ejemplo, la Sentencia 790/2004 del Tribunal Supremo (Sala Civil, Sección Primera), recuerda que «la legitimación para ejercitar la acción de protección del honor corresponde exactamente a la persona que ha visto vulnerado su derecho, por la simple razón que se trata de un derecho personalísimo».

Con independencia de la valoración política que merezca, y que no me corresponde hacer a mí, estamos ante una acción que, desde el punto de vista estrictamente jurídico, es un despropósito.

accder al artículo original en el portal Libertad Digital
© José María de Pablo Hermida, 2014.

El profe de mates, a Chirona

Gerardo (nombre ficticio) es un joven profesor de Educación Primaria que enseña en un colegio concertado del extrarradio de Madrid. Todas las semanas, de lunes a viernes, se emplea a fondo para educar a su variopinto grupo de alumnos (el uno hiperactivo, el otro consentido, aquel despistado, este empollón… y todos revoltosos, como manda la edad). No es fácil mantener el orden en su clase. Así que, muy a su pesar, algún día tiene que alternar sus explicaciones con alguna que otra bronca al alumno que no para de molestar.

Hasta que un día se le ocurrió regañar al alumno equivocado en el momento equivocado. O más bien, al hijo equivocado de la madre equivocada. Porque a la madre de Daniel (nombre ficticio), no le sentó nada bien que a su angelito, con lo bueno que es, el profesor le haya levantado la voz. Que aprenda de ella, que nunca, nunca, regaña a su hijo, al contrario, le consiente todo y, siempre, siempre, le da la razón al chavalín (y así ha salido el niño, claro, ¡pobre Daniel, menudo futuro!).

El caso es que Rita (nombre ficticio), ni corta ni perezosa, se plantó un jueves por la mañana en el Puesto de la Guardia Civil del pueblo, aprovechando que  -gracias a que trabaja en Protección Civil- tiene buenos amigos en el cuartelillo. Y denunció a Gerardo, el profe de su hijo. El delito: “que el profesor de su hijo chilla constantemente a los alumnos” (textual en la denuncia).

Pues agárrense. Al día siguiente, viernes, a las 5 de la tarde (el momento de la salida de clase, cuando más alumnos y padres se acumulan en la puerta del colegio) se presenta delante del centro escolar un todoterreno de la Guardia Civil, con las señales luminosas en acción, y se apean dos agentes de la Benemérita, debidamente uniformados, que entran en el colegio, identifican a Gerardo, le leen sus derechos, y se lo llevan detenido ante la mirada, entre curiosa y asustada, de toda la comunidad escolar, incluidos alumnos, padres y profesores.

Esa tarde, como es fácil imaginar, la centralita del colegio estaba saturada de llamadas de los padres que pedían una explicación:

– ¿por qué han detenido a don Gerardo? ¿Es un caso de pederastia?

Dos horas después, con Gerardo esperando en el calabozo, me sonó el móvil. Me había designado como abogado y tenía que presentarme en el cuartel de la Guardia Civil para asistir a su declaración, garantizar sus derechos, y tratar de ponerle en libertad.

A la entrada del cuartel me esperaba el director del colegio (al que había informado ya la Guardia Civil de los motivos de la detención). Él fue quien me puso en antecedentes.

–Es imposible que le hayan detenido por chillar en clase –recuerdo que, iluso de mí, le dije. –Habrá algo más, un parte de lesiones, una agresión sexual, algo. La Guardia Civil no detiene por tonterías…

Pues sí. Sí detiene por tonterías. Al menos, ese día, lo hizo.

Hablé con un par de agentes, y de su trato, sus comentarios despectivos hacia mi nuevo cliente, y las explicaciones que me dieron, saqué una primera conclusión que compartí enseguida con el director del colegio:

–Habrá que investigarlo, pero me juego lo que quieras a que la madre que ha denunciado tiene algún pariente o algún amigo en este cuartel. Esto me huele muy mal…

Siempre aconsejo a los detenidos que en el momento de la detención se acojan a su derecho a no declarar (en ese momento los abogados aún no hemos podido estudiar el atestado ni idear la estrategia procesal ¡cuantos condenados por haber declarado en comisaría, antes de estudiar la estrategia con su abogado!). Pero ese día lo tenía más claro aún: la Guardia Civil no jugaba limpio y, por tanto, no podíamos hacer concesiones. Así que cuando sacaron a mi cliente del calabozo y mientras lo conducían a la oficina de declaraciones, le di el mejor consejo que un abogado puede dar a su cliente en ese momento:

–Niégate a declarar. Tú di que prefieres declarar ante el Juez y punto.

La agente que ejercía de instructora del atestado demostró su interés directo en el caso lanzándome una mirada asesina:

–Abogado, cállese. Sabe que no puede hablar con su cliente ni aconsejarle nada hasta después de la declaración. –Me advirtió, como si no estuviera acostumbrada a ver abogados saltándose esa inconstitucional norma por el bien de sus clientes.

–Perdón, lo había olvidado, agente. –Mentí.

Mi cliente siguió mi consejo y se negó a declarar. Pero allí no acabó todo:

–Agente, ¿la denuncia es sólo por chillar en clase, o hay algo más, no sé, pederastia o algo así? –Pregunté inocentemente, mientras imprimíamos y firmábamos las actas de la lectura de derechos, de la no declaración, y de la puesta en libertad.

–No, letrado. –Contestó. –No hay denuncia de pederastia ni nada por el estilo.

– ¡Ah! Es que como han montado todo este espectáculo de detención, delante de todos los alumnos y de sus padres, en lugar de citarle a declarar por las buenas, pensé que estaríamos ante un delito grave…

–Mire, es que como hay huelga de abogados de oficio, y solo acuden a las declaraciones en caso de detención, he preferido detenerle para garantizar su derecho de defensa. Si me limito a citarle, los del turno de oficio no me mandan a nadie. –Soltó sin rubor alguno.

Yo, sin salir de mi asombro ante la barbaridad que acababa de escuchar, hice uso de la ironía:

–Pues, vaya. A lo mejor en la carrera no me lo enseñaron bien. Pero desconozco qué artículo de la Ley de Enjuiciamiento Criminal establece como supuesto que autoriza la detención de una persona la huelga de abogados de oficio… –Y añadí: –Todo ello sin contar que, como sabe, yo no soy del turno de oficio, me ha designado mi cliente como abogado particular…

–Bueno, bueno, señor letrado. No voy a discutir con usted. Si procedía o no la detención ya lo determinará el Juez.

–En eso estoy de acuerdo. –Concluí. –No será la primera vez que pongo una querella por detención ilegal.  

Epílogo. La Guardia Civil dejó en libertad con cargos a Gerardo y envió el atestado al Juzgado de Instrucción. La Juez, como era de esperar, nada más recibir el atestado dictó un Auto recordando que chillar en clase a los alumnos que se portan mal no está tipificado como delito, ni siquiera como falta, en nuestro Código Penal y archivó el asunto directamente. Yo puse una queja ante el Coronel Jefe de la Comandancia de la Guardia Civil de cuya tramitación, tres meses después, aún no he tenido noticias. Pero Gerardo ha tenido que volver al trabajo: ¿cómo le mirarán ahora sus alumnos, semanas después de ver cómo la Guardia Civil se lo llevó detenido? ¿Quién repara el daño causado?

Va siendo hora de aplicar (no solo por los jueces, también por las fuerzas del orden) el principio de intervención mínima del derecho penal. No podemos criminalizar cualquier conflicto de la vida diaria: el derecho penal está para los hechos graves.

Y volviendo al tema de mi anterior post sobre el derecho al honor de los imputados: el artículo 520 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal ordena que “la detención y la prisión provisional deberán practicarse en la forma que menos perjudique al detenido o preso en su persona, reputación y patrimonio”. ¿De verdad que este artículo se enseña en las academias de la Policía y de la Guardia Civil?

P.D. Me ha venido a la memoria la historia de Gerardo este fin de semana, al leer que la  Guardia Civil ha detenido en Úbeda a un señor acusado de castigar a su hija de 16 años sin salir el fin de semana (ver noticia). Estos son insaciables.

© José María de Pablo Hermida, 2012.     

El derecho al honor de los imputados

Esta semana me invitaron a hablar en el “Foro Jurídico IESE” sobre “La afectación del derecho al honor en los casos de imputación penal”. Como creo que es un tema interesante y de actualidad, copio a continuación un resumen de mi ponencia.   

Hablar de la afectación del derecho al honor en los casos de imputación penal es hablar de un conflicto de derechos. Pero no un conflicto de derechos al uso, en el que entre en conflicto el derecho de una persona con el derecho de otra. Aquí nos encontramos con un hecho muy peculiar, y es que entran en conflicto, en realidad, dos derechos de la misma persona. Me refiero al conflicto entre el derecho a un proceso público y el derecho al honor. En este caso, y por extraño que parezca, el titular de ambos derechos es el mismo: el imputado.

La publicidad del proceso penal, que reconoce como derecho fundamental del reo el artículo 24 de la Constitución (y proclama como un principio jurídico el artículo 120 de la norma fundamental) tiene como razón de ser el necesario control por parte de la sociedad del poder judicial. Es decir, es un modo de evitar arbitrariedades por parte de los jueces. Por decirlo de un modo gráfico, en España no podría un juez torturar personalmente a un acusado para arrancarle una confesión, entre otras cosas, porque lo vería el público. Así lo establece el Tribunal Constitucional (Sentencia 96/1987) cuando señala que la publicidad del proceso protege a las partes de las posibles arbitrariedades “de una justicia sustraída al control del público”.

De hecho, la experiencia nos dice que es en esa fase prejudicial sustraída al público (la fase policial) donde, al amparo del secreto de los sótanos de las comisarías, con relativa frecuencia se producen vulneraciones de derechos fundamentales (los abogados que hayan hecho guardias de asistencia a detenidos y lean esto, saben bien de lo que estoy hablando).

Por tanto, el derecho a un proceso público, tal y como lo establece la Constitución, no es un derecho de los medios de comunicación ni del público en general: es un derecho del propio justiciable, que no puede ser juzgado en secreto. De este modo, el escrutinio del público, que puede acercarse a una sala de vistas, ver un extracto de un juicio en el telediario, incluso últimamente leer las sentencias que los medios publican íntegras en internet, es un incentivo para que el juez haga bien su trabajo y respete los derechos del justiciable.

De todos modos, también entra en juego aquí el derecho a comunicar o recibir información veraz (artículo 20 de la Constitución) que asiste a los medios de comunicación y a la sociedad en su conjunto. Es evidente que muchos procedimientos judiciales son de interés general, de modo que su tratamiento como noticia estaría amparado por el derecho a la información (hay sentencias que reconocen que el seguimiento de los juicios por los medios de comunicación completa el derecho a un proceso público, hasta el punto de que admiten la retransmisión de un juicio por televisión –Caso Camps, Caso Garzón, Juicio del 11-M…- aunque con ello se ponga en peligro la incomunicación de los testigos, que en teoría no pueden conocer el desarrollo del juicio hasta que son llamados a declarar).

Pero la experiencia nos dice que cuando el reo disfruta de su derecho a un proceso público, a la vez pone en peligro su derecho al honor, pues para la población en general la figura de la imputación tiene una connotación negativa.

En mi opinión, esta afectación al derecho al honor de los imputados se produce porque nos hemos acostumbrado a extender el principio de la publicidad del proceso no solo al juicio oral, sino también a la fase de instrucción. Y es en la fase de instrucción donde se produce un daño al derecho al honor del imputado que, quizás, se podría evitar.

Una cosa es que, llegado al juicio oral, el ciudadano tenga acceso, bien asistiendo al juicio, bien siguiéndolo por la prensa, a lo que allí ocurre. En ese caso no hay tanto problema porque durante el juicio oral la información sobre una prueba de cargo que perjudique al acusado se verá contrarrestada por las pruebas de descargo, las alegaciones del letrado defensor, incluso el derecho a la última palabra del acusado. Además, a los pocos días del juicio habrá una sentencia: si el acusado es absuelto, quedará restituido su honor; y si es condenado, podemos decir que fue él, al delinquir, quien puso en riesgo su honor.

Pero cosa distinta es la filtración de un sumario a la prensa en fase de instrucción. Allí está el verdadero problema. Esas filtraciones, además de ser ilegales (el artículo 301 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal excluye a la fase de instrucción de la publicidad del proceso) dejan indefenso al reo por muchos motivos:

1. Porque las filtraciones suelen ser parciales: quien filtra un sumario (casi siempre la Fiscalía, la Policía, o la acusación particular, porque es raro que lo haga la defensa) filtrará solo la parte del sumario que le interesa, es decir, lo que perjudica al imputado.

2. Por la tendencia del público en general a condenar en su fuero interno, sin análisis crítico alguno, a todo imputado por el mero hecho de serlo.

3. Porque el público desconoce el significado de la palabra imputado. Que una persona esté imputada solo significa que se le está investigando, nada más, y es muy posible que sea inocente (ejemplo: en el juicio del 11-M hubo más de 120 imputados, de los que un centenar no llegaron siquiera a sentarse en el banquillo). Por eso, es bueno recordar que la imputación en realidad es una garantía, cuya finalidad es que la persona investigada disfrute, como imputado, de unos derechos (a nombrar abogado, a no declarar contra sí mismo, a no confesarse culpable, etc) de los que carecería si no tuviera esa cualidad. En el fondo, cuando un juez convierte a una persona en imputado no le está juzgando: sólo le está dando la posibilidad de defenderse. Pero eso, el que no es jurista, el telespectador de Sálvame, no lo sabe.

4. Porque muchas veces el sumario que se filtra está declarado secreto, de modo que el imputado y su defensa aún no conocen su contenido (salvo lo que filtra la prensa): difícilmente podrá entonces el imputado hacer declaraciones en su defensa, o desmentir informaciones, pues al no conocer el contenido exacto del sumario, no conoce hasta que punto esas filtraciones responden a la realidad, no conoce que pruebas de descargo hay, y sobre todo, no ha podido escoger una estrategia de defensa. Muchas veces no queda otro remedio que guardar silencio ante lo que publica la prensa, lo que supone renunciar a defenderse ante la opinión pública con tal de no perjudicar la posterior defensa ante el Juez.

5. Porque a veces se filtran pruebas del sumario que se han obtenido ilegalmente (por ejemplo, escuchas telefónicas acordadas sin los requisitos necesarios): esas pruebas acabarán siendo declaradas nulas porque se obtuvieron vulnerando derechos fundamentales, pero antes habrán servido para que la prensa hunda la reputación del imputado.

Otras veces el problema surge en el modo en que la Policía lleva a cabo algunas diligencias, como las detenciones o los registros. Los artículos 520 y 522 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal disponen que las detenciones y los registros se practiquen del modo que menos perjudiquen la reputación de los detenidos. Pero por desgracia estamos acostumbrados a que ciertos jueces de instrucción, incluso ciertas unidades de la Policía o de la Guardia Civil, avisen a la prensa antes de practicar estas diligencias.

Ante este problema, y de cara a la anunciada reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, se podrían tomar algunas medidas para garantizar el derecho al honor de los imputados.

Se me ocurren, a bote pronto, tres posibles medidas:

1. Eliminar la palabra “imputado” sustituyéndola por otra que tenga menos connotaciones, como por ejemplo, “investigado”. O quizás, dejar la imputación para la fase intermedia del proceso –cuando ya existen indicios suficientes contra una persona- y crear otra figura previa para que quien está siendo investigado disfrute de los derechos de los que ahora goza el imputado, pero sin que se le llame imputado. En Portugal, por ejemplo, existe la figura del arguido, que es previa a la de imputado.

2. Prohibir la publicación de partes del Sumario declaradas secretas. Cuando un medio publica un sumario secreto (algo tan frecuente que ya nos parece normal) siempre hay alguien que, al filtrarlo, ha cometido un delito. Pero ese alguien nunca responderá de su delito gracias al derecho de los periodistas a no revelar sus fuentes. Pues bien, quizás, dado que esa información siempre procede de la comisión de un delito, se podría prohibir explícitamente la publicación de datos de sumarios declarados secretos en los medios de comunicación.

3. En Francia está prohibido fotografiar a una persona detenida que llega esposada al Juzgado. Quizás no es necesario ser tan restrictivos, pero ¿por qué no tomar alguna medida intermedia que evite la sobrexposición de los imputados a los medios de comunicación?

Seguro que al lector de este artículo se le ocurren muchas más posibles medidas.

En lo que a los abogados respecta, el problema fundamental es que cuando nos toca defender a alguna persona de relevancia mediática, se nos multiplica el trabajo por dos: acabamos defendiendo al cliente en dos juicios: en el juicio procesal que tiene lugar en el Juzgado (que es lo que aprendimos a hacer en la facultad) y en el juicio mediático (el llamado “juicio paralelo”), pues el cliente acaba confiándonos, no solo su posible absolución en la sentencia, sino también, la protección de su derecho al honor ante los medios de comunicación. Y no es fácil.

© José María de Pablo Hermida, 2012.