la renuncia a su abogado del juez Elpidio y la buena fe procesal

El Juez Elpidio, durante su juicio
El Juez Elpidio discute con el tribunal durante su juicio

Estos días está siendo noticia el juicio al juez José Elpidio Silva por los presuntos delitos de prevaricación, retardo malicioso en la administración de justicia, y delito contra la libertad individual (ver noticia). En otro post (ver aquí) ya critiqué el peculiar modo de instruir de este Magistrado, y adelanté que podría ocurrir lo que está ocurriendo.

Esta vez quiero explicar la decisión del tribunal de impedir al acusado renunciar a su abogado. Ocurrió bien avanzada la primera sesión del juicio cuando, una vez solventadas las cuestiones previas, el abogado defensor manifestó al tribunal que renunciaba a la defensa de Elpidio Silva por pérdida de confianza. El tribunal rechazó la renuncia y obligó al abogado defensor a continuar hasta que finalicen todas las sesiones del juicio oral.

¿Acertó el tribunal al rechazar la renuncia del abogado, o se ha vulnerado el derecho fundamental de Elpidio Silva a la libre elección de abogado de su confianza?

El derecho de defensa y la libre elección de abogado.

El artículo 24 de la Constitución Española proclama el derecho fundamental a la tutela judicial efectiva y, como parte del mismo, a la defensa y a la asistencia de letrado. Esto incluye, por supuesto, el derecho a la libre elección de abogado de confianza.

No es infrecuente que quien se somete a un procedimiento judicial cambie de abogado. A veces el cliente deja de confiar –por lo que sea- en su letrado y decide cambiarlo por otro. En esos casos, el anterior letrado concede la venia al nuevo y le entrega toda la documentación –no puede negarse a hacerlo, precisamente, por el derecho a la libre elección-, y el nuevo letrado comunica al Juez su designación y comienza a ejercer la defensa de su nuevo cliente.

Otras veces es el abogado el que pierde la confianza en su cliente y renuncia a seguir defendiéndole. Forma parte de la independencia propia del ejercicio de la abogacía. Puede ser por muchos motivos. En mi caso, por ejemplo, siempre renuncio a la defensa cuando descubro que un cliente me ha mentido o me ha ocultado información.

Pues bien, si todo es tan sencillo, ¿Por qué al abogado de Elpidio Silva no le han permitido renunciar?

La doctrina del Tribunal Supremo.

Ya he dicho que yo mismo he renunciado algunas veces a la defensa de algún cliente. Pero nunca lo he hecho con el juicio oral empezado. Una cosa es renunciar durante la fase de instrucción, y otra con el juicio comenzado, cuando el cambio de letrado implicaría la suspensión del juicio.

Elpidio Silva no puede cambiar ahora de Letrado por dos motivos:

Primero, porque los artículos 745 y 746 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal establecen las causas que permiten la suspensión de un juicio (por ejemplo, la enfermedad repentina de un abogado), y entre esas posibles causas no se incluye la solicitud de cambio de Letrado.

Segundo, porque el artículo 11 de la Ley Orgánica del poder Judicial establece el principio de la buena fe procesal e impone a los tribunales la obligación de rechazar aquellas peticiones que se formulen con abuso de derecho o entrañen fraude de ley. Y renunciar a la defensa el día que empieza al juicio (o hacerlo pocos días antes, sin tiempo para la designación de un nuevo letrado) siempre se va a interpretar como una maniobra dilatoria para retrasar el juicio.

Por estos dos motivos, el Tribunal Supremo, (por ejemplo, en su Sentencia 1066/1996 de 23 diciembre) exige para suspender el juicio por cambio de letrado la existencia de una causa de peso justificada. Pero no basta con la alegación de una pérdida de confianza. El Tribunal Supremo exige que exista una causa que justifique que se renuncia con el juicio empezado en lugar de haberlo hecho antes. Y la desestimación de las cuestiones previas planteadas (que es la causa de pérdida de confianza alegada por Elpidio Silva) no es causa suficiente, más teniendo en cuenta que las cuestiones previas se desestiman en la gran mayoría de los juicios penales.

Lo explica claramente también el mismo Tribunal Supremo en su Auto de 22 de mayo de 2002: “La facultad de libre designación implica a su vez la de cambiar de Letrado cuando lo estime oportuno el interesado en defensa de sus intereses, si bien tal derecho –ha dicho esta Sala– no es ilimitado pues está modulado, entre otros supuestos, por la obligación legal del Tribunal a rechazar aquellas solicitudes que entrañen abuso de derecho, o fraude de ley procesal según el artículo 11.2 de la  Ley Orgánica del Poder Judicial (SSTS 23 de abril de 2000;  23 de diciembre de 1996;  20 de enero de 1995; entre otras). De ahí la improcedencia, por ejemplo, del cambio de letrado cuando suponga la necesidad de suspender la celebración de la Vista y no conste una mínima base razonable que explique los motivos por los que el interesado ha demorado hasta ese momento su decisión de cambio de Letrado (STS 3-5-01)”.

Por tanto, creo que el tribunal acierta al rechazar la renuncia del abogado de Elpidio Silva y acordar la continuación del juicio. La jurisprudencia del Tribunal Supremo lo impone.

Y también creo que Elpidio Silva, que es juez, sabía que su pretensión de cambiar de abogado era improcedente y no podía ser estimada. Todo apunta a que si Elpidio Silva montó el número que montó (véanse los vídeos que circulan por internet con el juez/acusado polemizando con el tribunal porque “no tiene abogado”) no lo hizo por desconfianza hacia su abogado, sino para encontrar una excusa -la pretendida indefensión- con la que poder justificar ante la opinión pública una posible sentencia condenatoria.

© José María de Pablo Hermida, 2014.

¿declarar en comisaría? guía de supervivencia para detenidos… y abogados

ENF-MENORES-5-8/10/1998Créanme: las cárceles españolas están llenas de imprudentes que tuvieron la fatal ocurrencia de declarar en comisaría. Inocentes unos, culpables otros… pero condenados por la misma mezcla explosiva: un detenido locuaz y despreocupado que acepta declarar en comisaría, y un abogado tímido, o novato, o las dos cosas, que no hizo nada por evitarlo.

El derecho a no declarar.

Establece el artículo 520.2. de la Ley de Enjuiciamiento Criminal que al detenido, antes de practicar ninguna diligencia, se le informará de sus derechos, entre los que se encuentra el derecho a guardar silencio, a no declarar si no quiere, a no contestar alguna o algunas preguntas de la que se le formulen, o a manifestar que solo declarará ante el juez.

Y ejercer el derecho a guardar silencio puede ser decisivo para su suerte. Sea usted culpable, inocente o, como suele ocurrir, ninguna de las dos cosas. Tenga en cuenta que cuando la Policía toma declaración al detenido, éste aún no ha podido entrevistarse con su abogado, y su abogado tampoco ha tenido acceso a la causa. Por tanto, en ese momento ni el detenido ni su abogado, que desconocen las pruebas e indicios en que se basa la imputación, están en condiciones de escoger la mejor estrategia de defensa. Y una vez que se declara y se da una versión de los hechos, cambiar de estrategia no será sencillo.

Así que ya sabe. Por muy inocente que sea usted, y por mucho que confíe en su versión de los hechos, guárdesela y niéguese a declarar. Su declaración nunca le va a beneficiar y, en cambio, si incurre en contradicciones con otras pruebas, puede perjudicarle fatalmente.

La intervención del abogado y el art. 520.6. LECRIM.

Si usted es abogado seguro que esto le resulta familiar. Acude a comisaría para asistir al detenido. Le pasan a la sala de declaraciones. Aparece el detenido y, según se sienta, el abogado le da el mejor consejo posible: “di que no quieres declarar”. En ese preciso momento, el policía se levanta enfurecido, abronca al abogado -“¿Es que usted no sabe que tiene prohibido dirigirse al detenido hasta después de la declaración?”- y le amenaza con una queja en el Colegio de Abogados.

De hecho, hemos conocido recientemente que la Brigada Provincial de Información de Madrid ha puesto una queja en el Colegio de Abogados contra tres letrados que aconsejaron a sus clientes negarse a declarar.

Pero entonces, ¿puede o no puede el abogado aconsejar a su cliente que no declare? Respuesta: no solo puede, sino que debe hacerlo. Veamos:

El artículo 520.6. de la Ley de Enjuiciamiento Criminal dice que el detenido podrá entrevistarse reservadamente con su abogado después de la declaración. La policía interpreta esto como la prohibición de que el abogado aconseje a su cliente en ningún sentido hasta después de la declaración. Pero esa interpretación policial del art. 520.6. es malintencionada: nada más fácil para arrancar una confesión a un detenido asustado que hacerle declarar en comisaría sin el previo asesoramiento de su abogado. De ahí que se enfaden tanto los agentes cuando el abogado “incumple la ley” y echa por tierra una posible confesión aconsejando callar a su cliente. Puro teatro: el artículo 520.6. sitúa la entrevista reservada en el momento posterior a la declaración, cierto, pero no prohíbe al abogado dirigirse antes a su cliente de manera no reservada.

De hecho, lo que no dicen esos mismos policías es que, muchas veces, son ellos los que han incumplido la ley interrogando al detenido antes de que llegue su abogado, y conminándole a declarar con falsas promesas del tipo “no te preocupes, cuando venga el abogado tú declaras y te soltamos. Eso sí, como no declares, a lo mejor tenemos que dejarte otra noche en el calabozo…” ¿existe algún detenido que no haya escuchado nunca esa frase?

El Tribunal Constitucional y el Parlamento Europeo zanjan la discusión.

Pero sobre todo, lo que ignora –o finge ignorar- la Policía es la Sentencia 199/2003 del Tribunal Constitucional, que zanja el problema con estas palabras:

el derecho del detenido a la asistencia letrada en las diligencias policiales y judiciales, reconocido en el art. 17.3 CE, adquiere relevancia constitucional como una de las garantías del derecho a la libertad protegido en el apartado primero del propio artículo. En este sentido su función consiste en asegurar que los derechos constitucionales de quien está en situación de detención sean respetados, que no sufra coacción o trato incompatible con su dignidad y libertad de declaración y que tendrá el debido asesoramiento técnico sobre la conducta a observar en los interrogatorios, incluida la de guardar silencio

Por tanto, según el Tribunal Constitucional, el abogado tiene, no solo la facultad, sino el deber de asesorar al cliente sobre la conveniencia de guardar silencio.

Va siendo hora de que en las academias de policía se enseñe el contenido de esta sentencia.

No solo eso: la propia Unión Europea aprobó el pasado mes de octubre la Directiva 2013/48/UE del Parlamento Europeo, cuyo artículo 3.2.a. ordena a los países miembros garantizar que los detenidos tengan acceso a la asistencia letrada antes de prestar declaración en comisaría. Por este motivo, el proyecto de nueva Ley Procesal Penal que prepara el ministerio de Justicia modifica el antiguo 520.6 LECRIM y sitúa la entrevista reservada entre abogado y detenido antes de la declaración.

Moraleja:

Si en el futuro le detiene a usted la policía, no declare nunca en comisaría. Es su derecho.

Si es usted abogado, recuerde que tiene el deber constitucional de aconsejar a su cliente que se acoja a su derecho a no declarar. Y si al hacerlo, un policía se enfada, recuérdele el contenido de la STC 199/2003. Y si le ponen una queja en el Colegio de Abogados, póngale usted otra al policía en el Ministerio del Interior por restringir el derecho de defensa.

Por último, si es usted policía, deje que los abogados hagan su trabajo: en eso consiste el Estado de Derecho.

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Editado 21/03/2014: Días después de publicar este post, el Colegio de Abogados de Madrid ha dictado un importante acuerdo amparando a los letrados que fueron denunciados por la Brigada Provincial de Información, y reconociendo el derecho/deber de los abogados de asesorar a los detenidos y recomendarles que se nieguen a declarar. Puede consultarse el acuerdo en este link.

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Editado 14/12/2015: Con la entrada en vigor de la LO 13/2015, de 5 de octubre (entró en vigor el 01/11/2015) el nuevo art. 520 LECRIM reconoce el derecho del detenido a entrevistarse reservadamente con su Letrado antes del momento de prestar declaración, con lo que desaparece buena parte de la problemática abordada en este post.

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© José María de Pablo Hermida, 2014.

El derecho al honor de los imputados

Esta semana me invitaron a hablar en el “Foro Jurídico IESE” sobre “La afectación del derecho al honor en los casos de imputación penal”. Como creo que es un tema interesante y de actualidad, copio a continuación un resumen de mi ponencia.   

Hablar de la afectación del derecho al honor en los casos de imputación penal es hablar de un conflicto de derechos. Pero no un conflicto de derechos al uso, en el que entre en conflicto el derecho de una persona con el derecho de otra. Aquí nos encontramos con un hecho muy peculiar, y es que entran en conflicto, en realidad, dos derechos de la misma persona. Me refiero al conflicto entre el derecho a un proceso público y el derecho al honor. En este caso, y por extraño que parezca, el titular de ambos derechos es el mismo: el imputado.

La publicidad del proceso penal, que reconoce como derecho fundamental del reo el artículo 24 de la Constitución (y proclama como un principio jurídico el artículo 120 de la norma fundamental) tiene como razón de ser el necesario control por parte de la sociedad del poder judicial. Es decir, es un modo de evitar arbitrariedades por parte de los jueces. Por decirlo de un modo gráfico, en España no podría un juez torturar personalmente a un acusado para arrancarle una confesión, entre otras cosas, porque lo vería el público. Así lo establece el Tribunal Constitucional (Sentencia 96/1987) cuando señala que la publicidad del proceso protege a las partes de las posibles arbitrariedades “de una justicia sustraída al control del público”.

De hecho, la experiencia nos dice que es en esa fase prejudicial sustraída al público (la fase policial) donde, al amparo del secreto de los sótanos de las comisarías, con relativa frecuencia se producen vulneraciones de derechos fundamentales (los abogados que hayan hecho guardias de asistencia a detenidos y lean esto, saben bien de lo que estoy hablando).

Por tanto, el derecho a un proceso público, tal y como lo establece la Constitución, no es un derecho de los medios de comunicación ni del público en general: es un derecho del propio justiciable, que no puede ser juzgado en secreto. De este modo, el escrutinio del público, que puede acercarse a una sala de vistas, ver un extracto de un juicio en el telediario, incluso últimamente leer las sentencias que los medios publican íntegras en internet, es un incentivo para que el juez haga bien su trabajo y respete los derechos del justiciable.

De todos modos, también entra en juego aquí el derecho a comunicar o recibir información veraz (artículo 20 de la Constitución) que asiste a los medios de comunicación y a la sociedad en su conjunto. Es evidente que muchos procedimientos judiciales son de interés general, de modo que su tratamiento como noticia estaría amparado por el derecho a la información (hay sentencias que reconocen que el seguimiento de los juicios por los medios de comunicación completa el derecho a un proceso público, hasta el punto de que admiten la retransmisión de un juicio por televisión –Caso Camps, Caso Garzón, Juicio del 11-M…- aunque con ello se ponga en peligro la incomunicación de los testigos, que en teoría no pueden conocer el desarrollo del juicio hasta que son llamados a declarar).

Pero la experiencia nos dice que cuando el reo disfruta de su derecho a un proceso público, a la vez pone en peligro su derecho al honor, pues para la población en general la figura de la imputación tiene una connotación negativa.

En mi opinión, esta afectación al derecho al honor de los imputados se produce porque nos hemos acostumbrado a extender el principio de la publicidad del proceso no solo al juicio oral, sino también a la fase de instrucción. Y es en la fase de instrucción donde se produce un daño al derecho al honor del imputado que, quizás, se podría evitar.

Una cosa es que, llegado al juicio oral, el ciudadano tenga acceso, bien asistiendo al juicio, bien siguiéndolo por la prensa, a lo que allí ocurre. En ese caso no hay tanto problema porque durante el juicio oral la información sobre una prueba de cargo que perjudique al acusado se verá contrarrestada por las pruebas de descargo, las alegaciones del letrado defensor, incluso el derecho a la última palabra del acusado. Además, a los pocos días del juicio habrá una sentencia: si el acusado es absuelto, quedará restituido su honor; y si es condenado, podemos decir que fue él, al delinquir, quien puso en riesgo su honor.

Pero cosa distinta es la filtración de un sumario a la prensa en fase de instrucción. Allí está el verdadero problema. Esas filtraciones, además de ser ilegales (el artículo 301 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal excluye a la fase de instrucción de la publicidad del proceso) dejan indefenso al reo por muchos motivos:

1. Porque las filtraciones suelen ser parciales: quien filtra un sumario (casi siempre la Fiscalía, la Policía, o la acusación particular, porque es raro que lo haga la defensa) filtrará solo la parte del sumario que le interesa, es decir, lo que perjudica al imputado.

2. Por la tendencia del público en general a condenar en su fuero interno, sin análisis crítico alguno, a todo imputado por el mero hecho de serlo.

3. Porque el público desconoce el significado de la palabra imputado. Que una persona esté imputada solo significa que se le está investigando, nada más, y es muy posible que sea inocente (ejemplo: en el juicio del 11-M hubo más de 120 imputados, de los que un centenar no llegaron siquiera a sentarse en el banquillo). Por eso, es bueno recordar que la imputación en realidad es una garantía, cuya finalidad es que la persona investigada disfrute, como imputado, de unos derechos (a nombrar abogado, a no declarar contra sí mismo, a no confesarse culpable, etc) de los que carecería si no tuviera esa cualidad. En el fondo, cuando un juez convierte a una persona en imputado no le está juzgando: sólo le está dando la posibilidad de defenderse. Pero eso, el que no es jurista, el telespectador de Sálvame, no lo sabe.

4. Porque muchas veces el sumario que se filtra está declarado secreto, de modo que el imputado y su defensa aún no conocen su contenido (salvo lo que filtra la prensa): difícilmente podrá entonces el imputado hacer declaraciones en su defensa, o desmentir informaciones, pues al no conocer el contenido exacto del sumario, no conoce hasta que punto esas filtraciones responden a la realidad, no conoce que pruebas de descargo hay, y sobre todo, no ha podido escoger una estrategia de defensa. Muchas veces no queda otro remedio que guardar silencio ante lo que publica la prensa, lo que supone renunciar a defenderse ante la opinión pública con tal de no perjudicar la posterior defensa ante el Juez.

5. Porque a veces se filtran pruebas del sumario que se han obtenido ilegalmente (por ejemplo, escuchas telefónicas acordadas sin los requisitos necesarios): esas pruebas acabarán siendo declaradas nulas porque se obtuvieron vulnerando derechos fundamentales, pero antes habrán servido para que la prensa hunda la reputación del imputado.

Otras veces el problema surge en el modo en que la Policía lleva a cabo algunas diligencias, como las detenciones o los registros. Los artículos 520 y 522 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal disponen que las detenciones y los registros se practiquen del modo que menos perjudiquen la reputación de los detenidos. Pero por desgracia estamos acostumbrados a que ciertos jueces de instrucción, incluso ciertas unidades de la Policía o de la Guardia Civil, avisen a la prensa antes de practicar estas diligencias.

Ante este problema, y de cara a la anunciada reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, se podrían tomar algunas medidas para garantizar el derecho al honor de los imputados.

Se me ocurren, a bote pronto, tres posibles medidas:

1. Eliminar la palabra “imputado” sustituyéndola por otra que tenga menos connotaciones, como por ejemplo, “investigado”. O quizás, dejar la imputación para la fase intermedia del proceso –cuando ya existen indicios suficientes contra una persona- y crear otra figura previa para que quien está siendo investigado disfrute de los derechos de los que ahora goza el imputado, pero sin que se le llame imputado. En Portugal, por ejemplo, existe la figura del arguido, que es previa a la de imputado.

2. Prohibir la publicación de partes del Sumario declaradas secretas. Cuando un medio publica un sumario secreto (algo tan frecuente que ya nos parece normal) siempre hay alguien que, al filtrarlo, ha cometido un delito. Pero ese alguien nunca responderá de su delito gracias al derecho de los periodistas a no revelar sus fuentes. Pues bien, quizás, dado que esa información siempre procede de la comisión de un delito, se podría prohibir explícitamente la publicación de datos de sumarios declarados secretos en los medios de comunicación.

3. En Francia está prohibido fotografiar a una persona detenida que llega esposada al Juzgado. Quizás no es necesario ser tan restrictivos, pero ¿por qué no tomar alguna medida intermedia que evite la sobrexposición de los imputados a los medios de comunicación?

Seguro que al lector de este artículo se le ocurren muchas más posibles medidas.

En lo que a los abogados respecta, el problema fundamental es que cuando nos toca defender a alguna persona de relevancia mediática, se nos multiplica el trabajo por dos: acabamos defendiendo al cliente en dos juicios: en el juicio procesal que tiene lugar en el Juzgado (que es lo que aprendimos a hacer en la facultad) y en el juicio mediático (el llamado “juicio paralelo”), pues el cliente acaba confiándonos, no solo su posible absolución en la sentencia, sino también, la protección de su derecho al honor ante los medios de comunicación. Y no es fácil.

© José María de Pablo Hermida, 2012.     

Marta del Castillo y el derecho de defensa

 Ha quedado visto para sentencia el juicio contra Miguel Carcaño y los demás implicados en la trágica muerte de Marta del Castillo. Quede clara antes de nada mi solidaridad con los padres de Marta, cuyo dolor por la pérdida violenta de una hija adolescente, se ha visto agravado por la imposibilidad de enterrar su cuerpo. Ojalá acabe apareciendo el cuerpo de Marta y sus padres puedan tener el consuelo de enterrarlo.

Pero hecha esta aclaración, tan obvia como obligada, quisiera salir al paso de las críticas que desde muchas tertulias radiofónicas se han vertiendo contra los abogados que defienden al homicida confeso de Marta y al resto de los acusados. He oído, sobre todo durante los primeros días de juicio, como desde diversos medios de comunicación casi se acusaba a los abogados de estos acusados de ser los responsables de la desaparición del cuerpo de Marta, tachándoles de criminales por el mero hecho de cumplir con el deber que, como letrados, les impone la Constitución Española, y que no es otro que escoger la estrategia de defensa que más conviene al interés de sus clientes.

No conozco de nada a los abogados que han intervenido estas últimas semanas en el juicio del caso Marta del Castillo, con los que no recuerdo haber coincidido nunca en ningún juicio. Ni siquiera soy familia del abogado de “El Cuco”, aunque se apellide igual que yo. Pero, por mi condición de abogado, me ha dolido lo que se ha dicho estos días de ellos.

Se les ha criticado, en concreto, por no obligar a sus clientes a confesar donde está el cuerpo de Marta, incluso por no decirlo ellos mismos directamente. Pero, ¿acaso pueden los abogados defensores de los acusados desvelar –si es que lo saben- el destino del cuerpo de Marta? ¿O pueden al menos obligar a sus clientes a confesarlo?

Veamos lo que dice nuestra legislación. El artículo 24.2. de la Constitución Española proclama como derecho fundamental el derecho de defensa, del que forman parte el derecho a la asistencia letrada, a no confesarse culpables y a no declarar contra sí mismo. El artículo 30 del Estatuto de la Abogacía Española impone a los abogados el deber de defender los intereses de sus clientes, y el artículo 32 añade que los abogados deberán guardar secreto de todos los hechos o noticias que conozcan por razón de cualquiera de las modalidades de su actuación profesional. Por último, el artículo 467.2. del Código Penal castiga como autor de un delito de deslealtad profesional al abogado que de forma manifiesta perjudique los intereses de su cliente.

Esto significa que el abogado defensor, en el momento en que le es encomendada la defensa de un justiciable, tiene la obligación –impuesta por la Constitución- de idear la estrategia de defensa que más convenga a los intereses de su cliente. Hasta el punto de que si elige una estrategia manifiestamente perjudicial para su defendido, el abogado puede ser acusado de delito.

Por eso, por duro que parezca, la pregunta que se tienen que hacer –y que seguro se hicieron- los abogados de Carcaño, Benítez y demás acusados es: ¿beneficia o perjudica al interés de mi cliente desvelar el paradero del cadáver?

Y aunque ni he leído el sumario de este caso, ni he seguido el juicio más que por lo que han publicado los medios de comunicación, mucho me temo que la respuesta a esta pregunta es evidente: decir dónde está el cadáver de Marta, ahora mismo, y con los datos de que disponemos, habría perjudicado los intereses de los acusados.

Con las pruebas que hay, todo apunta a que Miguel Carcaño no se va a poder librar de una condena por homicidio. Si ha confesado que mató a Marta y su confesión no es contradictoria con el resto de elementos probatorios, debe ser suficiente para sostener una condena por homicidio incluso sin necesidad de que aparezca el cuerpo: pruebas suficientes (y una confesión lo es) hay.

Otra suerte distinta es la que pueden correr las acusaciones por asesinato o violación. La diferencia entre homicidio y asesinato radica en el modo en que se comete. Así, un homicidio deja de ser homicidio y pasa a ser asesinato cuando existe alevosía, recompensa, o ensañamiento. Si  hubiese aparecido el cuerpo de Marta, y este tuviera signos de ensañamiento, estaríamos ante una más que probable condena por asesinato, lo que supondría cinco años más de prisión para el autor. Del mismo modo, si la autopsia revelase señales de que antes de morir, Marta hubiese sido forzada sexualmente, habría que sumar una condena por violación, o lo que es lo mismo, entre seis y doce años más de prisión. Pero sin una autopsia del cadáver se antoja difícil (aunque no imposible) una condena por asesinato y violación.

Por tanto, mal que nos pese, es evidente cuál era el interés de los acusados y cual la estrategia que debían seguir –y han seguido- las defensas. Podemos estar o no de acuerdo con estas reglas del juego, pero en eso consiste el Estado de Derecho.

De todos modos, existe una manera de desvelar el lugar donde se oculta el cuerpo de Marta sin que ello perjudique la estrategia de las defensas. Dentro de algunos días la audiencia dictará sentencia, y algunos meses después, tras los previsibles recursos de casación, la sentencia será firme y, por tanto, inalterable. A partir de ese momento, los acusados podrán decir qué hicieron con el cadáver sin temor a que les perjudique. 

© José María de Pablo Hermida, 2011.