La sanción a Contador: derecho deportivo versus derechos fundamentales

La reciente sanción por dopaje al ciclista Alberto Contador (ver noticia) es una clara muestra de que el derecho sancionador deportivo, tal y como está concebido en la actualidad, constituye un verdadero anacronismo: en una época como la nuestra, en la que todos los sistemas jurídicos occidentales se construyen –o se pretenden construir- sobre la base de la garantía y protección de los derechos fundamentales, el derecho deportivo sancionador se sigue apoyando en principios jurídicos más propios de un régimen totalitario que de una democracia avanzada.

El laudo del TAS que sanciona a Contador (ver laudo del TAS en pdf) se apoya en el principio anglosajón del balance de posibilidades, según el cual, no es necesaria la existencia de pruebas de cargo para condenar a una persona, sino que es suficiente con que el Tribunal crea más probable la culpabilidad que la inocencia de una persona: pero en términos de probabilidad, no de prueba. Este principio está prohibido por el derecho sancionador (tanto penal como administrativo) de todos los sistemas jurídicos modernos (incluido España), que exigen no una mera probabilidad de culpabilidad, sino una verdadera prueba de cargo.

Así, el controvertido laudo del TAS reconoce que no tiene ninguna prueba de que Contador se haya dopado nunca, y que no puede saber cual es la procedencia de los 50 picogramos de clembuterol detectados en el organismo del deportista. Pero, a pesar de ello, afirma el TAS que de las posibles procedencias de ese clembuterol, la que le parece más probable al tribunal es el consumo de un suplemento alimenticio contaminado, lo que le lleva a sancionar. Estas son las palabras textuales de la traducción al español del laudo: “el escenario de los suplementos contaminados no solo es posible, sino que es el más probable”, eso sí, “más allá de la duda razonable, este tribunal no está convencido de que se haya producido una contaminación por ingestión de suplementos contaminados”.

Es decir, el argumento del TAS (y del artículo 21 del Código Mundial Antidopaje, en base al cual aplica la sanción) es que si en el organismo de un deportista aparece una sustancia prohibida, por ínfima que sea, lo más probable es que el deportista se haya dopado y, por tanto, debe ser sancionado salvo que el deportista logre probar que la presencia de esa sustancia no se deba a un acto de dopaje. Es lo que se llama una inversión de la carga de la prueba: según el TAS, no es la Agencia Mundial Antidopaje la que debe probar que un atleta se ha dopado, sino que es el atleta quien tiene que probar que no se ha dopado. Y como Alberto Contador no ha conseguido probar que el origen de esos 50 picogramos de clembuterol sea otro, se le ha sancionado a pesar de que no existían pruebas de que la causa de la presencia de esa sustancia en su organismo se deba a un acto de dopaje.

Como suele ocurrir en el derecho deportivo, se produce una cadena de vulneraciones de derechos fundamentales del deportista:

Primero, se produce una vulneración en toda regla del derecho a la presunción de inocencia, pues el tribunal reconoce que no existen pruebas de que Contador sea culpable, pero como el ciclista no ha probado que sea inocente, le sanciona.

También se vulnera el principio in dubio pro reo, pues el TAS reconoce que “más allá de la duda razonable, este tribunal no está convencido de que se haya producido una contaminación por ingestión de suplementos contaminados” pero, ante la duda, en lugar de absolver, condena.

Se pisotean las más elementales normas de la carga de la prueba, pues se obliga al deportista a probar un hecho negativo (lo que en derecho procesal llamamos probatio diabolica), lo cual es imposible (en cualquier Estado de Derecho, la obligación de probar es de quien afirma un hecho, no de quien lo niega). 

Y ello se une a la vulneración sistemática del derecho a la intimidad y del derecho a la libre deambulación que supone la obligación de estos deportistas de comunicar siempre su paradero por si a la Agencia Antidopaje le apetece hacer un control sorpresa a las cuatro de la madrugada en la vivienda familiar del afectado.

O la vulneración del derecho al juez ordinario predeterminado por la ley que suponen los castigos establecidos para los deportistas que acuden a la justicia ordinaria (véase, por ejemplo, el reciente acoso de la UEFA al Sion C.F. por el grave delito de haber recurrido una sanción ante la justicia suiza), y la consiguiente obligación de ser juzgados por un pseudo tribunal (el TAS) que aplica normativas y principios jurídicos prohibidos en la mayoría de los países civilizados.  

Si la legitimidad moral de un sistema jurídico estriba en el respeto y protección que dispensa a los derechos fundamentales de la persona, es evidente que hemos de replantearnos la configuración del derecho deportivo sancionador.

Está bien luchar contra la lacra del dopaje. Pero siempre con respeto a los derechos del deportista: el fin no justifica los medios.

© José María de Pablo Hermida, 2012.