Qué es la “doctrina Parot”

Henri Parrot, en la Audiencia Nacional
Henri Parot, en la Audiencia Nacional

Esta semana tuvo lugar la vista del recurso interpuesto por España ante la Gran Sala del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, contra la reciente resolución de Estrasburgo que condenaba al Estado Español por considerar que la doctrina Parot es contraria al Convenio Europeo de Derechos Humanos (ver noticia). En este post trataré de explicar qué es la doctrina Parot, por qué surgió, qué problemas jurídicos suscita, y qué consecuencias podría tener la futura sentencia de Estrasburgo.

 El Código de 1973 y los beneficios penitenciarios.

Dice el artículo 25 de la Constitución que las penas estarán orientadas hacia la reinserción social del condenado. Pero esa idea de la pena, concebida más como un remedio para curar al reo y devolverle a la sociedad, que como un puro castigo, ya estaba vigente en la legislación penitenciaria heredada de la etapa franquista. Así, el último Código Penal anterior a la democracia, el aprobado en 1973, y que estuvo vigente hasta principios de 1996, creía decididamente en el valor de la reinserción.

Para favorecer la reinserción de los condenados, aquel Código contemplaba varias medidas, de las que nos interesan, ahora, dos. Por un lado, el artículo 70 establecía como límite máximo de cumplimiento los 30 años de prisión. Esto significaba que una persona condenada, por ejemplo, a 200 años de prisión, no estaría entre rejas por el resto de su vida: saldría en libertad a los 30 años. Por otro lado, el artículo 100 ofrecía a los presos la posibilidad de redimir penas mediante el trabajo, en concreto, por cada dos días de trabajo en prisión, el reo reducía su pena en un día. Así, un condenado a diez años de prisión que hubiera estado trabajando durante cuatro años, habría visto reducida su condena en dos años, y solo tendría que cumplir ocho.

 El problema de los delincuentes en serie.

 Estas medidas, orientadas a la reinserción de los reos, funcionaban correctamente en los años 70, cuando –salvo casos muy contados- la delincuencia en serie no era un problema en España. En cambio, en los años 80, el recrudecimiento de la violencia terrorista de ETA dejó obsoleto enseguida aquel blando Código Penal. Surgieron casos como el del terrorista Henri Parot, detenido en 1990 y juzgado nada menos que por 82 asesinatos, lo que supuso una condena a más de 4.800 años de prisión.

En aplicación del art. 70 del antiguo Código Penal, de esos 4.800 años de cárcel, Henri Parot solo debía cumplir 30: hasta el año 2020. Pero Parot consiguió trabajo en la cárcel y empezó a beneficiarse de la redención de penas, de modo que solicitó restar de esos 30 años de cumplimiento, los casi diez años que redimió. Esto habría supuesto que un asesino en serie como Henri Parot, con 82 asesinatos a sus espaldas, y una condena de 4.800 años de prisión, acabaría cumpliendo poco más de 20 años de cárcel aproximadamente. Un auténtico agravio para las víctimas.

 La doctrina Parot.

 Para evitar este problema surgió la llamada doctrina Parot (que tomó el nombre del primer delincuente al que se aplicó). El Tribunal Supremo, en la Sentencia 197/2006, de 28 de febrero, estableció que los días de redención de penas por el trabajo conseguidos por el etarra debían descontarse de la pena total (los 4.800 años de carcel), y no de los 30 años de límite de cumplimiento. El motivo era evidente: esos 30 años son el límite de cumplimiento, no la pena, y el Código hablaba de descontar los días redimidos de la pena. En palabras del Tribunal Supremo: «una interpretación conjunta de las reglas  primera y segunda del mencionado art. 70 del Código Penal, texto refundido de 1973, nos lleva a considerar que el límite de treinta años no se convierte en una nueva pena, distinta de las sucesivamente impuestas al reo, ni por consiguiente, en otra resultante de todas las anteriores, sino que tal límite representa el máximo de cumplimiento del penado en un centro penitenciario».

A partir de esta Sentencia, la doctrina Parot comenzó a aplicarse a todos los delincuentes en serie. Por ejemplo, la doctrina Parot impidió que Miquel Ricart, condenado por la violación y asesinato de las niñas de Alcasser a 186 años de prisión, que redimió 10 años trabajando, saliera de prisión a los 20 años: los 10 redimidos se le descontaron del total de 186 años, que quedaron en 176, por lo que tendrá que seguir en prisión hasta cumplir el total de 30 años.

El problema: la irretroactividad de las leyes penales desfavorables.

Pues bien, el problema estriba en que, hasta la Sentencia 197/2006, los años de redención de penas se habían descontado desde el máximo de cumplimiento, no desde el total de la pena. Por tanto, aplicar la doctrina Parot a aquellos delitos cometidos antes de 2006 podría suponer la aplicación retroactiva de una ley penal, algo que prohíben tanto nuestra Constitución como el propio Convenio Europeo de Derechos Humanos. Eso es lo que alega en Estrasburgo la defensa de la etarra Inés del Río, otra asesina que estaría ya en la calle de no ser por la doctrina Parot.

El problema jurídico es complejo. Es cierto que el principio de seguridad jurídica prohíbe aplicar retroactivamente una ley penal desfavorable. Pero también es cierto que, como señaló el Abogado del Estado en la vista de la semana pasada, la aplicación de la doctrina Parot a un condenado no supone alargar su pena o incrementar su condena (algo que el principio de seguridad jurídica prohíbe hacer retroactivamente), sino interpretar de un modo concreto el modo de contabilizar su cumplimiento, pues la redención de penas por el trabajo, en realidad, no afecta al cómputo de la pena, sino solo a su cumplimiento, es decir, la redención de pena es un modo de adelantar la salida de prisión, pero no de reducir la pena.

En cualquier caso, a nadie se le escapa que el problema de la compatibilidad de la doctrina Parot con el principio de seguridad jurídica no es un tema pacífico, y que habrá que esperar a lo que dictamine la Gran Sala.

¿Y si Estrasburgo condena a España?

Se ha discutido también la incidencia que tendría una resolución de la Gran Sala desfavorable a España. En principio, el Tribunal de Estrasburgo no es un órgano jurisdiccional de rango superior al Tribunal Supremo y, por tanto, ni su jurisprudencia es de obligado cumplimiento por los tribunales españoles ni, por tanto, es capaz por sí solo de derogar la doctrina Parot. La resolución de Estrasburgo, exclusivamente, afectaría a Inés del Río, que debería ser puesta en libertad e indemnizada (aunque la indemnización no llegará a su poder, pues se le descontará de las numerosas indemnizaciones que aún debe a sus víctimas).

Pero se crearía un precedente, y España debería optar entre dejar inmediatamente en libertad a los numerosos delincuentes a los que la doctrina Parot mantiene presos ahora mismo, o por el contrario, resignarse a ser demandado por todos ellos ante el Tribunal de Estrasburgo, y sufrir una sucesión de condenas seguras en Europa con lo que ello supone.

¿De quién es la culpa?

Una última reflexión. Si la Gran Sala condenase la doctrina Parot, ¿quién tendrá la culpa de que cientos de criminales se beneficien y queden prematuramente en libertad? ¿Sería culpa de Franco por hacer un Código Penal tan blando? ¿Del Tribunal de Estrasburgo por ser excesivamente garantista? ¿De los abogados de Inés del Río?

Pues no. En mi opinión, una vez más, la culpa es de los políticos. En concreto de los políticos que durante todos los años 80 y hasta 1995 no fueron conscientes del problema que generaba el antiguo Código Penal. Como ya se ha dicho en otro foro, el Gobierno de Felipe González prefirió crear los GAL y hacer la guerra sucia contra ETA al margen de la ley, en lugar de reformar el Código Penal para garantizar el cumplimiento íntegro de las penas. Y aquí ocurre como en los casos de las escuchas ilegales de las que hablé en un post anterior: cuando se persigue el crimen al margen de la ley, el beneficiado acaba siendo el delincuente.

© José María de Pablo Hermida, 2013.

El Caso Carromero y el Tercer Grado Penitenciario

carromeroSiempre que un político tiene problemas con la Justicia se levanta la misma polvareda mediática, en la que cada tertuliano examina la situación del imputado desde un prisma exclusivamente partidista, olvidando el rigor jurídico que debería presidir el análisis de cualquier imputación. Así que los medios afines al partido político del imputado clamarán en defensa de su derecho a la presunción de inocencia mientras los medios del bando contrario pedirán la inmediata dimisión del procesado.

Algo así está ocurriendo estos días con Ángel Carromero. Por un lado, los de la izquierda exigen con vehemencia el cumplimiento íntegro de su condena sin beneficio penitenciario alguno, ya que cualquier otra cosa significaría un imperdonable trato de favor del Gobierno hacia un líder de las NNGG del PP (por ejemplo aquí). Mientras, los de la derecha, exigen con empeño su inmediata puesta en libertad proclamando lo injusto de una condena procedente de la dictadura castrista (véase aquí). Pero tanto unos como otros cometen el error de posicionarse guiados exclusivamente por la militancia política de Carromero. Da la impresión de que solo se valora si es o no “uno de los nuestros” porque hasta ahora no he escuchado a casi nadie mencionar la Ley General Penitenciaria, cuyo texto -y no la ideología del condenado- es quien debe decidir el futuro de Carromero.

En este artículo intentaré aislarme de la contienda política y analizar si, ciñéndonos solo a la legislación penitenciaria, se debe conceder o no el tercer grado a Carromero.

Antes, una aclaración. Desconozco por completo si la condena de cuatro año de prisión por homicidio imprudente impuesta por las autoridades cubanas es justa o injusta (ni he presenciado ese juicio, ni conozco el sumario del mismo aunque, como jurista, desconfío por principio de un sistema judicial carente de garantías como el cubano). El hecho es que ha sido condenado, la condena es firme, y las autoridades españolas, al aceptar su entrega, se comprometen (como exige el derecho internacional) a hacer cumplir la pena exactamente igual que si hubiera sido juzgado en España.

Por tanto, respondamos a la primera pregunta: ¿debe cumplir Carromero la pena que se le ha impuesto? Sí, debe cumplirla, y las autoridades españolas tienen la obligación jurídica de hacerla cumplir.

Ahora bien, esa pena, al cumplirse en España, debe aplicarse conforme a las prescripciones del derecho penitenciario español, que tiene como finalidad principal la reinserción del reo y que, para ayudar a esa reinserción, establece la clasificación en grados de los condenados.

En España, la Ley Orgánica General Penitenciaria introdujo el principio de individualización científica de los presos, que significa que cada reo, desde el mismo momento en que comienza a cumplir condena, es sometido a un estudio individualizado que decidirá su clasificación en un grado o en otro. Durante el cumplimiento de la condena, la evolución del interno determinará la revisión de su grado, pudiendo avanzar o retroceder en grado según las circunstancias.

No perdamos de vista, además, que a la hora de calificar en grado a los internos, prima la finalidad de reinserción, de modo que “en ningún caso se mantendrá a un interno en un grado inferior cuando por la evolución de su tratamiento se haga merecedor a su progresión” (art. 72.4. LOGP). Al que pueda ser calificado en tercer grado no se le puede mantener en el segundo, ni el que pueda ser calificado en segundo grado podrá estarlo en el primero.

Existen cuatro grados penitenciarios. El más duro es el primer grado o “régimen cerrado”, un régimen durísimo que roza la inconstitucionalidad y que en la práctica supone una cuasi tortura de la que, posiblemente, hablaré otro día en este blog. El siguiente escalón es el segundo grado, que es el régimen ordinario de cumplimiento, en el que los presos hacen vida “normal” en prisión. El tercer grado o “semilibertad” supone la posibilidad de salir de prisión para trabajar, así como permisos de fin de semana. El cuarto grado es la libertad condicional.

Y ahora respondemos a la segunda pregunta: ¿Va a dejar el Gobierno –o quien sea- a Carromero en libertad? De ninguna manera. Lo que está estudiando la Junta de Tratamiento es la concesión del tercer grado penitenciario, que no equivale a concesión de libertad. Si finalmente se le concede este tercer grado, Carromero podrá salir de prisión para acudir a su trabajo cada día, pero por la noche deberá estar de vuelta para dormir en el centro penitenciario (salvo que acepte someterse a control telemático mediante la correspondiente pulsera, en cuyo caso podría pernoctar en su domicilio). Podrá salir también los fines de semana, pero bajo el correspondiente permiso.

No olvidemos que el tercer grado no es un beneficio penitenciario –ni mucho menos un indulto- sino una modalidad ordinaria de cumplimiento de condena. No es un enchufe, sino un derecho.

Y ahora es cuando vamos con la cuestión más importante: ¿procede la concesión de tercer grado a Carromero?

El art. 72 de la LOGP establece que, siempre que un preso reúna las condiciones para ello, podrá ser situado inicialmente en un grado superior sin tener que pasar necesariamente por los inferiores, y que no debe retrasarse la progresión de grado, cuando por la evolución de su tratamiento sea merecedor de ello. En resumen: que a todo preso que cumpla los requisitos para el tercer grado, hay que concedérselo.

Como recuerda la Instrucción 9/2007 de Instituciones Penitenciarias, deben ser calificados en tercer grado todos los internos que, por su pronóstico de reinserción y demás circunstancias estén capacitados para cumplir su condena en régimen de semilibertad. En concreto, según la Instrucción 9/2007 y la LOGP deben ser calificados en tercer grado desde el primer día aquellos internos cuya condena sea inferior a cinco años de prisión (el art. 36 del Código Penal excluye del tercer grado a los condenados a penas superiores a cinco años que no hayan cumplido la mitad de su condena), que hayan satisfecho la indemnización por responsabilidad civil, y que presenten un pronóstico de reincidencia de bajo a muy bajo.

En el caso de Carromero, la condena impuesta por la justicia cubana es inferior a cinco años, y no tiene pendiente satisfacer indemnización alguna, por lo que todo depende de su pronóstico de reincidencia, que todo apunta a que será calificado como de muy bajo (el delito por el que ha sido condenado es un delito imprudente, tiene trabajo, arraigo social, etc).

Por tanto, me atrevo a decir que si finalmente se le concede el tercer grado, no se tratará de ningún enchufe ni privilegio, sino de la estricta aplicación de la ley penitenciaria.

Además, todo lo sea una ayuda a la reinserción de un condenado (y la concesión de un tercer grado lo es) siempre será una buena noticia para el Estado de Derecho, con independencia de la proyección pública o no del preso.

© José María de Pablo Hermida, 2013.
 

¿se debe excarcelar al secuestrador de Ortega Lara?

Desde la izquierda abertzale se viene exigiendo estos días la excarcelación del etarra Jesús María Uribetxeberría Bolinaga, que cumple condena –entre otros delitos- por el secuestro de Ortega Lara, y que padece cáncer. El propio terrorista ha iniciado una huelga de hambre a la que se han sumado varias decenas de presos de ETA.

Quiero dejar claro que me considero un defensor convencido de los derechos de los presos y de la reinserción. Los delincuentes siguen siendo personas y, por graves que sean sus delitos, se deben respetar sus derechos fundamentales. Es ahí donde radica la superioridad moral del Estado de Derecho, en que se garanticen los derechos del reo antes, durante, y después del juicio, también incluso durante la condena.

En ese marco garantista se encuadra la concesión de la libertad condicional por motivos humanitarios para los enfermos terminales. Pero esa libertad condicional ni es automática ni es gratuita (de hecho, la jurisprudencia establece que no es estrictamente un derecho, sino una gracia que se concede al reo): para alcanzarla se deben cumplir una serie de requisitos tasados por ley (entre otras cosas por pura justicia, pues hay otros derechos en juego, como el resarcimiento de las víctimas del delito, que deben protegerse).

Así las cosas, la pregunta que trato de responder en este post es: ¿permite la ley el excarcelamiento del etarra Jesús María Uribetxeberría?

La libertad condicional por motivos humanitarios, aplicable a los presos mayores de setenta años de edad, así como a los afectados por enfermedades graves incurables, está regulada en el artículo 92 del Código Penal, según el cual, aquellos presos que padezcan enfermedades graves e incurables podrán obtener la libertad condicional cuando reúnan todos los requisitos establecidos para la libertad condicional en general, excepto el del cumplimiento de las tres cuartas partes de la condena impuesta.

Lo traduciré a un lenguaje más sencillo. Existe, por un lado, la libertad condicional a secas, y por otro, la libertad condicional por motivos humanitarios. A la libertad condicional a secas puede aspirar cualquier preso que cumpla tres requisitos (art. 90 C. Penal): uno, haber cumplido ya tres cuartas partes de la condena; dos, estar en tercer grado; y tres, haber observado buena conducta y gozar de un pronóstico favorable de reinserción. Y a la libertad condicional por motivos humanitarios (art. 92 C. Penal) pueden aspirar aquellos presos mayores de 70 años o enfermos incurables que cumplan los requisitos de la libertad condicional a secas excepto el de haber cumplido tres cuartas partes de la condena.

Por tanto, partiendo de la premisa (aunque habría que ver primero los informes médicos, ojo) de que el secuestrador de Ortega Lara padezca un cáncer grave e incurable, se le podrá conceder la condicional si cumple dos requisitos: haber observado buena conducta y gozar de un pronóstico favorable de reinserción.

La solución sería más sencilla si este terrorista hubiera cometido sus delitos en fechas más recientes, pues entonces se le podrían aplicar las reformas del Código Penal de 2003 (LO 7/2003 de 30 de junio) y 2010 (LO 5/2010 de 22 de junio). La reforma de 2003 estableció que no se entenderá cumplido el requisito de buena conducta si el preso no hubiere satisfecho las indemnizaciones a las que haya sido condenado, y la de 2012 añadió que en caso de terroristas solo se entenderá que existe pronóstico favorable de reinserción si el preso ha abandonado los medios y los fines de su actividad terrorista, ha colaborado activamente con las autoridades, y se ha desvinculado de la banda terrorista. Es evidente que el etarra en cuestión no cumple estos requisitos, pues ni ha indemnizado a sus víctimas, ni se ha desvinculado de la banda. Pero las leyes penales no tienen carácter retroactivo.

Esto significa que la excarcelación de Uribetxebarría Bolinaga  dependerá, en exclusiva, de lo que el Juez de Vigilancia Penitenciaria considere que significan buena conducta y pronóstico favorable de reinserción.

Desconozco los detalles del expediente penitenciario de este preso, y por tanto, ignoro si cumple el requisito de la buena conducta. Pero basta con centrarnos en el requisito del pronóstico de reinserción para descartar su libertad condicional.

Y es que, si repasamos la jurisprudencia, vemos que el pronóstico favorable de reinserción es incompatible, entre otras cosas, con la falta de arrepentimiento, o con el peligro de reiteración delictiva. Por ejemplo, la Sentencia 10083/2010 de la sección 1 de la Audiencia de Guadalajara denegó la condicional a un enfermo incurable por el peligro de reincidencia delictiva, pues el preso seguía amenazando a sus víctimas desde prisión; mientras que la Sentencia 720/2000 de la Sección 5ª de la Audiencia de Madrid denegó la condicional a un enfermo de SIDA, ya que “el Tribunal no tiene nada claro que el penado no torne a delinquir con grave riesgo para bienes como la vida de los demás” entre otras cosas, porque no estaba dispuesto a someterse a un tratamiento de deshabituación a la droga.

Pues bien, en nuestro caso, estamos ante un preso condenado, entre otras cosas, por pertenencia a ETA. Y vemos que sigue perteneciendo a ETA o, al menos, compartiendo sus consignas, como lo demuestra un hecho tan gráfico como que esté compartiendo huelga de hambre con varias docenas de presos de ETA. A ello hay que añadir que ni ha pedido perdón, ni ha reparado el daño causado, ni ha dado la menor señal de haberse desvinculado del grupo terrorista.

Por tanto, en mi opinión, las preguntas que debe hacerse el Juez son dos: ¿se puede hablar de buena conducta en un terrorista que no ha indemnizado a sus víctimas ni les ha pedido perdón? ¿Se puede hablar de pronóstico favorable de reinserción en un etarra que no se ha desvinculado de la banda terrorista, que sigue sus consignas, y que de hecho está participando en una huelga de hambre conjunta con varias decenas de terroristas de ETA?

En otras palabras: no era necesario (aunque evidentemente es útil) que la reforma de 2010 especificase que el pronóstico favorable de reinserción exige, en caso de terroristas, la desvinculación de la banda, pues es algo evidente. ¿Está reinsertado un terrorista que sigue perteneciendo a una banda terrorista? Evidentemente, no.

La libertad condicional no es una consecuencia matemática de la enfermedad grave e incurable de un preso. Y el hecho de que Uribetxebarría Bolinaga no se haya desvinculado de ETA ni haya pedido perdón a sus víctimas, impide cualquier pronóstico favorable de reinserción, condición necesaria para alcanzar la condicional. La propia huelga de hambre llevada a cabo con él por varios presos de ETA es la demostración clara de su actual vinculación con la banda y, realmente, se me hace difícil pensar en un pronóstico favorable de reinserción para alguien que, por muy enfermo que esté, sigue perteneciendo a ETA, lo que significa que, como mínimo, está decidido a seguir cometiendo al menos un delito: la pertenencia a grupo terrorista. Y eso es incompatible con la reinserción.

© José María de Pablo Hermida, 2012.