Interesante sentencia sobre la exposición pública del detenido

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Portada de La Vanguardia del 31/10/2009, con las imágenes a las que se refiere esta sentencia

Ha llegado a mis manos la interesante Sentencia 290/2015 de la Sección 3ª de la Sala de lo Contencioso Administrativo de la Audiencia Nacional, que califica como un anormal funcionamiento de la Administración de Justicia, susceptible de indemnización por daños morales, la indebida exposición pública de un detenido.

Los hechos.

En 2009, y dentro del marco de la llamada Operación Pretoria, se procedió a la detención, por orden del entonces juez Baltasar Garzón, de una serie de imputados, que fueron trasladados por la Guardia Civil a la Audiencia Nacional.

Según considera probado esta sentencia, «el mismo día de su traslado al órgano judicial para prestar declaración la prensa logró captar determinadas imágenes del demandante antes de entrar en el Juzgado estando esposado y portando una bolsa grande azul con sus pertenencias, cuyas imágenes fueron accesibles a la prensa debido a que no se respetó el protocolo policial que existía para preservar a los detenidos de su exposición pública. Ese mismo día el recurrente apareció en los telediarios en las condiciones que acabamos de referir, en tanto que al día siguiente -31/10/2009- las susodichas imágenes del recurrente fueron reproducidas por diferentes diarios nacionales».

A consecuencia de estos hechos, uno de los detenidos interpuso una reclamación por funcionamiento anormal de la Administración de la Justicia, al amparo del artículo 292 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, que establece que “los daños causados (…) que sean consecuencia del funcionamiento anormal de la Administración de Justicia, darán a todos los perjudicados derecho a una indemnización a cargo del Estado, salvo en los casos de fuerza mayor”.

El Ministerio de Justicia rechazó la reclamación, pero el detenido interpuso un recurso contencioso administrativo que fue estimado parcialmente.

Exposición pública del detenido y funcionamiento anormal de la Administración de Justicia

La Fundamentación Jurídica de la Sentencia empieza recordando un precepto legal del que ya he hablado otras veces en este blog (por ejemplo aquí), el tan maltratado artículo 520 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, que ordena  que la detención y la prisión provisional deberán practicarse en la forma que menos perjudique al detenido o preso en su persona, reputación y patrimonio (¿se enseña este artículo en la academia de Policía?), y añade que el artículo 5.3.b), de la LO 2/1986 de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado establece entre sus principios básicos de actuación el velar por la vida e integridad física de las personas a quienes detuvieren o que se encuentren bajo su custodia y el respeto del honor y la dignidad de las personas.

Según esta sentencia «precisamente para respetar los derechos de los detenidos y observar el principio de actuación a que se acaba de aludir en relación con los mismos existía un protocolo policial cuyas reglas no se observaron, lo que propició la captación de las imágenes del recurrente en las puertas del Juzgado en las condiciones que ya hemos narrado por los medios de comunicación, que las divulgaron ese mismo día en los telediarios y los días sucesivos en la prensa escrita. La inobservancia del referido protocolo permitió a los medios de comunicación captar y difundir las repetidas imágenes del demandante, siendo de advertir que el espectáculo del recurrente y de otros imputados detenidos en las condiciones en que fueron captados por los medios de comunicación fue algo innecesario para la Administración de Justicia y evitable, a lo que se añade que la exposición pública del demandante y de sus compañeros detenidos en las condiciones en que se produjo resulta difícilmente compatible con el escrupuloso respeto de los derechos de los detenidos y de los principios de actuación de las fuerzas policiales».

De lo que concluye la sentencia que estamos ante un caso de funcionamiento anormal de la Administración de Justicia, que se concreta en «la exposición pública del recurrente a las puertas del Juzgado el día de su declaración judicial dadas las condiciones en que dicha exposición se produjo, siendo de notar que dicha exposición sí pudo afectar en el caso concreto a la imagen y la dignidad del demandante, que así puede exhibir un daño moral susceptible de indemnización, cuya indemnización, en consideración de los criterios estandarizados que suele utilizar este Tribunal en bien del principio de igualdad en la aplicación de la ley, puede cifrarse en 4.000 €».

Aunque no comparto la poca estima que para los autores de esta sentencia tiene el derecho al honor y a la propia imagen de los detenidos (solo 4.000 € por unas imágenes deshonrosas y denigrantes que fueron portada de periódicos nacionales y que seguirán colgadas en internet por los siglos de los siglos…), al menos es algo que se reconozca e indemnice como funcionamiento anormal de la Administración de Justicia la vulneración del artículo 520 LECRIM a la que tan acostumbrados nos tienen nuestras fuerzas de seguridad.

© José María de Pablo Hermida, 2015.

¿declarar en comisaría? guía de supervivencia para detenidos… y abogados

ENF-MENORES-5-8/10/1998Créanme: las cárceles españolas están llenas de imprudentes que tuvieron la fatal ocurrencia de declarar en comisaría. Inocentes unos, culpables otros… pero condenados por la misma mezcla explosiva: un detenido locuaz y despreocupado que acepta declarar en comisaría, y un abogado tímido, o novato, o las dos cosas, que no hizo nada por evitarlo.

El derecho a no declarar.

Establece el artículo 520.2. de la Ley de Enjuiciamiento Criminal que al detenido, antes de practicar ninguna diligencia, se le informará de sus derechos, entre los que se encuentra el derecho a guardar silencio, a no declarar si no quiere, a no contestar alguna o algunas preguntas de la que se le formulen, o a manifestar que solo declarará ante el juez.

Y ejercer el derecho a guardar silencio puede ser decisivo para su suerte. Sea usted culpable, inocente o, como suele ocurrir, ninguna de las dos cosas. Tenga en cuenta que cuando la Policía toma declaración al detenido, éste aún no ha podido entrevistarse con su abogado, y su abogado tampoco ha tenido acceso a la causa. Por tanto, en ese momento ni el detenido ni su abogado, que desconocen las pruebas e indicios en que se basa la imputación, están en condiciones de escoger la mejor estrategia de defensa. Y una vez que se declara y se da una versión de los hechos, cambiar de estrategia no será sencillo.

Así que ya sabe. Por muy inocente que sea usted, y por mucho que confíe en su versión de los hechos, guárdesela y niéguese a declarar. Su declaración nunca le va a beneficiar y, en cambio, si incurre en contradicciones con otras pruebas, puede perjudicarle fatalmente.

La intervención del abogado y el art. 520.6. LECRIM.

Si usted es abogado seguro que esto le resulta familiar. Acude a comisaría para asistir al detenido. Le pasan a la sala de declaraciones. Aparece el detenido y, según se sienta, el abogado le da el mejor consejo posible: “di que no quieres declarar”. En ese preciso momento, el policía se levanta enfurecido, abronca al abogado -“¿Es que usted no sabe que tiene prohibido dirigirse al detenido hasta después de la declaración?”- y le amenaza con una queja en el Colegio de Abogados.

De hecho, hemos conocido recientemente que la Brigada Provincial de Información de Madrid ha puesto una queja en el Colegio de Abogados contra tres letrados que aconsejaron a sus clientes negarse a declarar.

Pero entonces, ¿puede o no puede el abogado aconsejar a su cliente que no declare? Respuesta: no solo puede, sino que debe hacerlo. Veamos:

El artículo 520.6. de la Ley de Enjuiciamiento Criminal dice que el detenido podrá entrevistarse reservadamente con su abogado después de la declaración. La policía interpreta esto como la prohibición de que el abogado aconseje a su cliente en ningún sentido hasta después de la declaración. Pero esa interpretación policial del art. 520.6. es malintencionada: nada más fácil para arrancar una confesión a un detenido asustado que hacerle declarar en comisaría sin el previo asesoramiento de su abogado. De ahí que se enfaden tanto los agentes cuando el abogado “incumple la ley” y echa por tierra una posible confesión aconsejando callar a su cliente. Puro teatro: el artículo 520.6. sitúa la entrevista reservada en el momento posterior a la declaración, cierto, pero no prohíbe al abogado dirigirse antes a su cliente de manera no reservada.

De hecho, lo que no dicen esos mismos policías es que, muchas veces, son ellos los que han incumplido la ley interrogando al detenido antes de que llegue su abogado, y conminándole a declarar con falsas promesas del tipo “no te preocupes, cuando venga el abogado tú declaras y te soltamos. Eso sí, como no declares, a lo mejor tenemos que dejarte otra noche en el calabozo…” ¿existe algún detenido que no haya escuchado nunca esa frase?

El Tribunal Constitucional y el Parlamento Europeo zanjan la discusión.

Pero sobre todo, lo que ignora –o finge ignorar- la Policía es la Sentencia 199/2003 del Tribunal Constitucional, que zanja el problema con estas palabras:

el derecho del detenido a la asistencia letrada en las diligencias policiales y judiciales, reconocido en el art. 17.3 CE, adquiere relevancia constitucional como una de las garantías del derecho a la libertad protegido en el apartado primero del propio artículo. En este sentido su función consiste en asegurar que los derechos constitucionales de quien está en situación de detención sean respetados, que no sufra coacción o trato incompatible con su dignidad y libertad de declaración y que tendrá el debido asesoramiento técnico sobre la conducta a observar en los interrogatorios, incluida la de guardar silencio

Por tanto, según el Tribunal Constitucional, el abogado tiene, no solo la facultad, sino el deber de asesorar al cliente sobre la conveniencia de guardar silencio.

Va siendo hora de que en las academias de policía se enseñe el contenido de esta sentencia.

No solo eso: la propia Unión Europea aprobó el pasado mes de octubre la Directiva 2013/48/UE del Parlamento Europeo, cuyo artículo 3.2.a. ordena a los países miembros garantizar que los detenidos tengan acceso a la asistencia letrada antes de prestar declaración en comisaría. Por este motivo, el proyecto de nueva Ley Procesal Penal que prepara el ministerio de Justicia modifica el antiguo 520.6 LECRIM y sitúa la entrevista reservada entre abogado y detenido antes de la declaración.

Moraleja:

Si en el futuro le detiene a usted la policía, no declare nunca en comisaría. Es su derecho.

Si es usted abogado, recuerde que tiene el deber constitucional de aconsejar a su cliente que se acoja a su derecho a no declarar. Y si al hacerlo, un policía se enfada, recuérdele el contenido de la STC 199/2003. Y si le ponen una queja en el Colegio de Abogados, póngale usted otra al policía en el Ministerio del Interior por restringir el derecho de defensa.

Por último, si es usted policía, deje que los abogados hagan su trabajo: en eso consiste el Estado de Derecho.

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Editado 21/03/2014: Días después de publicar este post, el Colegio de Abogados de Madrid ha dictado un importante acuerdo amparando a los letrados que fueron denunciados por la Brigada Provincial de Información, y reconociendo el derecho/deber de los abogados de asesorar a los detenidos y recomendarles que se nieguen a declarar. Puede consultarse el acuerdo en este link.

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Editado 14/12/2015: Con la entrada en vigor de la LO 13/2015, de 5 de octubre (entró en vigor el 01/11/2015) el nuevo art. 520 LECRIM reconoce el derecho del detenido a entrevistarse reservadamente con su Letrado antes del momento de prestar declaración, con lo que desaparece buena parte de la problemática abordada en este post.

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© José María de Pablo Hermida, 2014.

El toxicómano que querría ser mosso d’esquadra

imageLucian era un inmigrante rumano que llegó a Barcelona hace una década para ganarse la vida. En 2007 las cosas le iban bien: estaba perfectamente integrado en la sociedad española, tenía un trabajo que le daba para vivir y, desde hacía tres meses, esperaba ilusionado el nacimiento de su primer hijo.

Hasta que un buen día la suerte le cambió. Cuatro mossos d´esquadra le confundieron por error con un ladrón y le esperaron a la salida de su casa. Vestidos de paisano y sin identificarse como policías, los agentes asaltaron a Lucien en plena calle, le hicieron la zancadilla, le tiraron al suelo, le inmovilizaron, y comenzaron a golpearle por todo el cuerpo mientras le pisaban la cabeza y le sujetaban del cuello. Lucien, asustado y en el suelo, no comprendía el motivo de la tremenda paliza que, entre insultos y amenazas de muerte, estaba recibiendo. Tan violenta era la escena que algunos viandantes, al ver lo ocurrido, se acercaron a recriminar a los mossos su actuación, hasta que uno de los agentes, enseñando con ademán amenazante su pistola, ordenó a los peatones que les dejaran en paz porque solo “estaban haciendo su trabajo“.

Los agentes introdujeron a Lucien esposado en un vehículo y le trasladaron a Comisaría. Por el camino, uno de los mossos introducía su pistola en la boca de Lucien y le amenazaba con matarle y tirarle por un barranco si no reconocía los hechos que le imputaban mientras otros de los agentes le golpeaba.

Una vez en el aparcamiento de la comisaría de Les Corts, mientras Lucien lloraba y explicaba a los agentes que era hemofílico y aquella paliza podía causarle la muerte, los agentes continuaron pegando al detenido hasta que alguien les aconsejó que parasen porque había cámaras de videovigilancia.

Poco después, dos mossos se apresurarían a detener también a la novia de Lucien, que estaba embarazada de tres meses. La sujetaron por ambos brazos, la agarraron con fuerza por el pelo, y la engañaron diciéndole que su pareja era proxeneta para forzarla a responder lo que ellos querían. Con sus amenazas lograron que la novia de Lucien les permitiese registrar la vivienda a pesar de que no existía orden judicial que lo autorizase.

La sentencia de la Audiencia Provincial de Barcelona calificó el trató de los mossos a ambos detenidos de “cruel en exceso, brutal y salvaje” e “impropio de una policía formada en un estado de Derecho“, y condenó a los mossos a una pena de seis años de prisión como autores de sendos delitos de torturas y lesiones.

Algunos meses después de la paliza de los mossos a Lucien, en otra parte de España, David, un toxicómano adicto a la heroína era detenido en Vigo por pasar unas papelinas (no más de 0,4 gramos de heroína) para pagarse su adicción. Era su segunda detención por motivo de las drogas, así que recapacitó y decidió someterse a un programa de desintoxicación. Con fuerza de voluntad consiguió dejar la adicción a las drogas y se rehabilitó.

Ya estaba rehabilitado cuando le juzgaron y la Audiencia le condenó a tres años y medio de prisión, que sumados a otros tantos que tenía suspendidos por su anterior detención, sumaron una condena de siete años. Siete años de prisión para un ex toxicómano que hacía dos años había dejado las drogas y estaba rehabilitado.

Tanto los mossos condenados por torturas como el ex yonqui de las papelinas recurrieron sin éxito sus condenas ante el Tribunal Supremo, que ratificó ambas sentencias. Solo les quedaba un último resquicio para evitar la cárcel: el indulto.

El Consejo de Ministros ha resuelto ambas peticiones de indulto el mes pasado. Con suerte dispar. Indultó a los Mossos, evitándoles la prisión, pero le negó la misma gracia al ex toxicómano, que a fecha de hoy ya ha ingresado en la prisión de A Lama. En otras palabras: el Gobierno libró de la cárcel a los policías que habían torturado con saña a un inocente el mismo mes que enviaba a prisión a un ex toxicómano ya rehabilitado y reinsertado.

La medida de indulto, por la que el Consejo de Ministros puede librar a un ciudadano del cumplimiento de una condena firme, tiene el sentido de corregir aquellas situaciones en las que la aplicación estricta de la ley penal puede ser injusta o desproporcionada para un caso concreto, siendo más positivo para la sociedad en esos casos el indulto del condenado que el cumplimiento de la pena. Esto es: el indulto no se concibió como una liberalidad que pudieran utilizar los gobiernos a su capricho, indultando a amigos y allegados de todo tipo, sino como un mecanismo de política penitenciaria para corregir los excesos puntuales  que pudiera ocasionar la aplicación de la ley a algunos casos extremos concretos.

Y estoy seguro de una cosa: si usted ha llegado hasta aquí en su lectura ahora mismo estará, y con razón, entre sorprendido y enfadado por la decisión del Gobierno. ¿Qué desproporción existe en la condena de unos agentes de policía que han torturado a un detenido? ¿No sería más lógico ser especialmente severo cuando son los encargados de defender el Estado de Derecho -las fuerzas policiales- los que cometen delitos graves? ¿Es mas grave pasar una papelina que torturar a un detenido? Y a la vez ¿no es precisamente el caso de un toxicómano que delinquió condicionado por su adicción, pero que se ha rehabilitado y ha dejado las drogas, el típico ejemplo de reo que debería ser indultado?

Ojalá me equivoque, pero no debería extrañarnos que a partir de ahora, tras el indulto a estos mossos, los cuerpos policiales se sientan más impunes y aumenten los casos de torturas a detenidos. Y mientras, David, condenado a vivir siete años en uno de los ambientes donde la tentación de las drogas es mayor -la prisión- volverá a caer en la drogadicción, de la que quizás nunca más vuelva a curarse.

Y el ministro de Justicia, tan contento.

© José María de Pablo Hermida, 2012.

La Audiencia Provincial tumba la Operación Galgo

 El rumor, el chismorreo o la habladuría no pueden considerarse como indicios de delito“. 

Esa es la frase más gráfica del Auto de la Audiencia Provincial de Madrid (ver Auto de la Audiencia) que conocíamos ayer y que ha acordado la nulidad de prácticamente todas las pruebas de la Operación Galgo.

Este Auto no solo es una buena noticia para los imputados (entre ellos, dos clientes míos) y -todo hay que decirlo- para los abogados defensores que, tras año y medio de duro trabajo, hemos conseguido una nulidad que con toda seguridad va a suponer el archivo del procedimiento y la absolución de nuestros clientes.

Este Auto es, sobre todo, y a pesar de los tertulianos radiofónicos que sin haberlo leído lo han criticado (ay, de la Morena…), una buena noticia para nuestro Estado de Derecho.

Como ya dije, precisamente, en el post que, hace un año, inauguraba este blog (post “Estado de Derecho y Estado Delincuente”), y que reproducía el artículo “Estado de Derecho y Estado Delincuente” que publiqué en el diario El Mundo, las escuchas practicadas a los deportistas de la Operación Galgo vulneraron sus derechos fundamentales.

Para pinchar un teléfono (que es limitar derechos fundamentales como el derecho a la intimidad, o al secreto de las comunicaciones) es necesario que existan indicios fundados de delito. Y este Auto de la audiencia nos da la razón a los abogados que llevábamos un año y medio advirtiendo de que los supuestos indicios de delito que sirvieron para acordar esas escuchas (comentarios anónimos de un foro de atletismo, por ejemplo) no eran indicios de delito sino, como los califica ahora la Audiencia Provincial, meros rumores, chismorreos o habladurías. 

Y ahora, el garzoniano Juez de Instrucción que acordó esas escuchas, y los guardias civiles que esperaron a que estuviera él de guardia para pedírselo, han comprobado cuales son las consecuencias de hacer trampas: mientras las pruebas obtenidas ilegalmente son anuladas (se han anulado las escuchas telefónicas, pero también los seguimientos, registros, e interrogatorios derivados de ellas), los únicos que van a seguir imputados en la Operación Galgo son cuatro guardias civiles: dos acusados de manipular un frasco intervenido a Marta Domínguez para que aparezca una sustancia dopante donde no la había, y otros dos acusados de detener ilegalmente a una de mis clientes y falsificar el atestado policial. La próxima vez, investigarán limpiamente.

Mientras tanto, y para disfrutar del momento, les invito a releer el primer artículo que publiqué en este blog, “Estado de Derecho y Estado Delincuente”. Lo que allí escribí, lo ha proclamado ahora, un año después, la Audiencia Provincial.   
© José María de Pablo Hermida, 2012.     

El profe de mates, a Chirona

Gerardo (nombre ficticio) es un joven profesor de Educación Primaria que enseña en un colegio concertado del extrarradio de Madrid. Todas las semanas, de lunes a viernes, se emplea a fondo para educar a su variopinto grupo de alumnos (el uno hiperactivo, el otro consentido, aquel despistado, este empollón… y todos revoltosos, como manda la edad). No es fácil mantener el orden en su clase. Así que, muy a su pesar, algún día tiene que alternar sus explicaciones con alguna que otra bronca al alumno que no para de molestar.

Hasta que un día se le ocurrió regañar al alumno equivocado en el momento equivocado. O más bien, al hijo equivocado de la madre equivocada. Porque a la madre de Daniel (nombre ficticio), no le sentó nada bien que a su angelito, con lo bueno que es, el profesor le haya levantado la voz. Que aprenda de ella, que nunca, nunca, regaña a su hijo, al contrario, le consiente todo y, siempre, siempre, le da la razón al chavalín (y así ha salido el niño, claro, ¡pobre Daniel, menudo futuro!).

El caso es que Rita (nombre ficticio), ni corta ni perezosa, se plantó un jueves por la mañana en el Puesto de la Guardia Civil del pueblo, aprovechando que  -gracias a que trabaja en Protección Civil- tiene buenos amigos en el cuartelillo. Y denunció a Gerardo, el profe de su hijo. El delito: “que el profesor de su hijo chilla constantemente a los alumnos” (textual en la denuncia).

Pues agárrense. Al día siguiente, viernes, a las 5 de la tarde (el momento de la salida de clase, cuando más alumnos y padres se acumulan en la puerta del colegio) se presenta delante del centro escolar un todoterreno de la Guardia Civil, con las señales luminosas en acción, y se apean dos agentes de la Benemérita, debidamente uniformados, que entran en el colegio, identifican a Gerardo, le leen sus derechos, y se lo llevan detenido ante la mirada, entre curiosa y asustada, de toda la comunidad escolar, incluidos alumnos, padres y profesores.

Esa tarde, como es fácil imaginar, la centralita del colegio estaba saturada de llamadas de los padres que pedían una explicación:

– ¿por qué han detenido a don Gerardo? ¿Es un caso de pederastia?

Dos horas después, con Gerardo esperando en el calabozo, me sonó el móvil. Me había designado como abogado y tenía que presentarme en el cuartel de la Guardia Civil para asistir a su declaración, garantizar sus derechos, y tratar de ponerle en libertad.

A la entrada del cuartel me esperaba el director del colegio (al que había informado ya la Guardia Civil de los motivos de la detención). Él fue quien me puso en antecedentes.

–Es imposible que le hayan detenido por chillar en clase –recuerdo que, iluso de mí, le dije. –Habrá algo más, un parte de lesiones, una agresión sexual, algo. La Guardia Civil no detiene por tonterías…

Pues sí. Sí detiene por tonterías. Al menos, ese día, lo hizo.

Hablé con un par de agentes, y de su trato, sus comentarios despectivos hacia mi nuevo cliente, y las explicaciones que me dieron, saqué una primera conclusión que compartí enseguida con el director del colegio:

–Habrá que investigarlo, pero me juego lo que quieras a que la madre que ha denunciado tiene algún pariente o algún amigo en este cuartel. Esto me huele muy mal…

Siempre aconsejo a los detenidos que en el momento de la detención se acojan a su derecho a no declarar (en ese momento los abogados aún no hemos podido estudiar el atestado ni idear la estrategia procesal ¡cuantos condenados por haber declarado en comisaría, antes de estudiar la estrategia con su abogado!). Pero ese día lo tenía más claro aún: la Guardia Civil no jugaba limpio y, por tanto, no podíamos hacer concesiones. Así que cuando sacaron a mi cliente del calabozo y mientras lo conducían a la oficina de declaraciones, le di el mejor consejo que un abogado puede dar a su cliente en ese momento:

–Niégate a declarar. Tú di que prefieres declarar ante el Juez y punto.

La agente que ejercía de instructora del atestado demostró su interés directo en el caso lanzándome una mirada asesina:

–Abogado, cállese. Sabe que no puede hablar con su cliente ni aconsejarle nada hasta después de la declaración. –Me advirtió, como si no estuviera acostumbrada a ver abogados saltándose esa inconstitucional norma por el bien de sus clientes.

–Perdón, lo había olvidado, agente. –Mentí.

Mi cliente siguió mi consejo y se negó a declarar. Pero allí no acabó todo:

–Agente, ¿la denuncia es sólo por chillar en clase, o hay algo más, no sé, pederastia o algo así? –Pregunté inocentemente, mientras imprimíamos y firmábamos las actas de la lectura de derechos, de la no declaración, y de la puesta en libertad.

–No, letrado. –Contestó. –No hay denuncia de pederastia ni nada por el estilo.

– ¡Ah! Es que como han montado todo este espectáculo de detención, delante de todos los alumnos y de sus padres, en lugar de citarle a declarar por las buenas, pensé que estaríamos ante un delito grave…

–Mire, es que como hay huelga de abogados de oficio, y solo acuden a las declaraciones en caso de detención, he preferido detenerle para garantizar su derecho de defensa. Si me limito a citarle, los del turno de oficio no me mandan a nadie. –Soltó sin rubor alguno.

Yo, sin salir de mi asombro ante la barbaridad que acababa de escuchar, hice uso de la ironía:

–Pues, vaya. A lo mejor en la carrera no me lo enseñaron bien. Pero desconozco qué artículo de la Ley de Enjuiciamiento Criminal establece como supuesto que autoriza la detención de una persona la huelga de abogados de oficio… –Y añadí: –Todo ello sin contar que, como sabe, yo no soy del turno de oficio, me ha designado mi cliente como abogado particular…

–Bueno, bueno, señor letrado. No voy a discutir con usted. Si procedía o no la detención ya lo determinará el Juez.

–En eso estoy de acuerdo. –Concluí. –No será la primera vez que pongo una querella por detención ilegal.  

Epílogo. La Guardia Civil dejó en libertad con cargos a Gerardo y envió el atestado al Juzgado de Instrucción. La Juez, como era de esperar, nada más recibir el atestado dictó un Auto recordando que chillar en clase a los alumnos que se portan mal no está tipificado como delito, ni siquiera como falta, en nuestro Código Penal y archivó el asunto directamente. Yo puse una queja ante el Coronel Jefe de la Comandancia de la Guardia Civil de cuya tramitación, tres meses después, aún no he tenido noticias. Pero Gerardo ha tenido que volver al trabajo: ¿cómo le mirarán ahora sus alumnos, semanas después de ver cómo la Guardia Civil se lo llevó detenido? ¿Quién repara el daño causado?

Va siendo hora de aplicar (no solo por los jueces, también por las fuerzas del orden) el principio de intervención mínima del derecho penal. No podemos criminalizar cualquier conflicto de la vida diaria: el derecho penal está para los hechos graves.

Y volviendo al tema de mi anterior post sobre el derecho al honor de los imputados: el artículo 520 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal ordena que “la detención y la prisión provisional deberán practicarse en la forma que menos perjudique al detenido o preso en su persona, reputación y patrimonio”. ¿De verdad que este artículo se enseña en las academias de la Policía y de la Guardia Civil?

P.D. Me ha venido a la memoria la historia de Gerardo este fin de semana, al leer que la  Guardia Civil ha detenido en Úbeda a un señor acusado de castigar a su hija de 16 años sin salir el fin de semana (ver noticia). Estos son insaciables.

© José María de Pablo Hermida, 2012.