un justiciable en apuros

juezSuelo explicar a mis alumnos del máster de acceso a la abogacía, que en la jurisdicción penal todo acusado tienen una defensa. Por muchas pruebas que haya contra tu cliente, siempre es posible encontrar una estrategia y sacar un conejo de la chistera con el que defenderle. ¿Siempre?

Eso debió pensar el justiciable que protagoniza este post. Érase una vez un denunciado que no acudió al juicio. Como era un juicio de faltas, en el que no es obligatoria la asistencia del denunciado, la vista se celebró en su ausencia y, obviamente, nuestro amigo fue condenado. Así que decidió recurrir la sentencia, y como en el juicio de faltas tampoco se exige la intervención de abogado, redactó personalmente, y a mano, el recurso.

He aquí el tumbativo argumento con el que nuestro protagonista explicó su ausencia en el juicio:

recurso 1Por fortuna para él, el Magistrado al que correspondió resolver el recurso de apelación tenía bastante sentido del humor. No se pierdan el Fundamento de Derecho Primero de la Sentencia:

recurso 2

recurso 3El caso es que ha llegado a mis manos este documento histórico y no he podido resistir la tentación de compartirlo. Espero que mis respetados lectores me perdonen la licencia.

© José María de Pablo Hermida, 2014.

cuatro inútiles y un inocente

carcel

Cuando llamé a Ricardo (nombre ficticio) para comunicarle que la Audiencia Provincial le había absuelto, después de pasar diecisiete años (sí, han leído bien: diecisiete) acusado de un delito que no había cometido, noté, al otro lado del teléfono, que se emocionó. Y decidí contar su historia en este blog. 

Ricardo había presentado su dimisión como administrador único de la empresa GMSA el 3 de octubre de 1995. Ese mismo día, la Junta General aceptó su dimisión, le revocó sus poderes y facultades, nombró un nuevo administrador único que le sustituyera, e inscribió en el Registro el cese. Desde entonces, Ricardo no volvió a tener relación alguna con aquella sociedad.

Dos semanas después, el 20 de octubre de 1995, el nuevo administrador de la sociedad presentó la declaración trimestral del IVA sin declarar una operación que había devengado un IVA de unos 66 millones de pesetas (unos 400.000 euros). Pero Hacienda, que no es tonta, lo descubrió.

A partir de entonces, se sucedieron una serie de negligencias en cadena que convirtieron la vida de Ricardo en un infierno. Porque es un infierno ser inocente y pasar diecisiete años con la amenaza de la cárcel en el horizonte. Pena de banquillo le llaman.

El primer inútil fue el Inspector de Hacienda. En su informe no se le ocurrió otra cosa que mentir alegremente sobre la fecha de cese de Ricardo, de quien dijo que había sido administrador de la empresa, no hasta el 3 de octubre, sino hasta el 3 de noviembre de 1995, lo que le convertía en autor del delito fiscal que GMSA habría cometido en la declaración de IVA del 20 de octubre. Por culpa del error del Inspector de Hacienda, citaron a Ricardo como imputado.

En principio, todo debería haber quedado en un susto: declarar como imputado (que nunca es agradable), aclarar las cosas, demostrar que en la fecha del delito él ya no estaba allí, y olvidarse del tema. Así que Ricardo, el día de su declaración, le llevó al Juez de Instrucción toda la documentación del Registro Mercantil que probaba que cuando se presentó esa declaración de IVA presuntamente fraudulenta él llevaba ya dos semanas fuera de la empresa. Pero dio igual: el segundo inútil fue el Juez de Instrucción. Con la documentación que probaba la inocencia de Ricardo delante de sus narices, mantuvo su imputación durante los casi doce años que duró la instrucción (que esa es otra) y acabó abriendo juicio oral contra él.

El tercer inútil –tercera, más bien- fue la Abogada del Estado quien, en nombre de la Agencia Tributaria a la que representaba, y con la documentación que demostraba la inocencia de Ricardo encima de su mesa, formalizó escrito de acusación contra Ricardo, pidiéndole pena de prisión.

Y el cuarto inútil fue el Fiscal. Tampoco prestó atención a la documentación que demostraba que Ricardo era inocente (a saber si la leyó…), hizo un copia y pega del escrito de acusación de la Agencia Tributaria, y pidió idéntica pena de prisión.      

Tan lento avanzaba el procedimiento (hasta finales de 2012 no hubo juicio) que Ricardo tuvo que sufrir durante diecisiete años la falta de rigor de esos cuatro inútiles. Diecisiete años pensando al acostarte cada noche que tienes pendiente un juicio y que el Fiscal y la Abogada del Estado piden meterte en la cárcel. Pónganse en su pellejo. El caso es que cuando un procedimiento judicial dura tantos años -diecisiete-, ocurre a veces que tu abogado defensor, entre medias, se jubila. O se muere. Y te quedas sin abogado. Eso le pasó a Ricardo, que me contrató el año pasado para sustituir a su anterior letrado y defenderle en el juicio.

Y por fin llegó el juicio. Indignado, expliqué al tribunal que desde 1995 había en el sumario pruebas de la inocencia de Ricardo, sin que nadie, en estos diecisiete años, hubiera hecho caso de tres sencillas certificaciones registrales. A la Abogada del Estado le dio tanta vergüenza la situación (o le entró tanto miedo a una condena en costas, que también es posible), que acabó retirando la acusación en sus conclusiones definitivas. No así el Fiscal que, impasible, siguió acusando hasta el final, argumentando (¡¡¡atención!!!) que mantenía la acusación porque, aunque es cierto que Ricardo había cesado en la empresa el 3 de octubre, y el IVA se presentó el 20, el acusado podía haber presentado el IVA justo antes de cesar (el 1 o el 2 de octubre, por ejemplo), para evitar así que su sucesor, al presentar el IVA el 20 de octubre, pudiera cometer un delito. Les prometo que dijo eso. Y se quedó tan ancho. Y nadie le ha sancionado. Y duerme por las noches (bueno, eso no lo sé, pero lo supongo).   

La sentencia, ya lo saben, fue absolutoria. Y en ella el tribunal demostró haberse indignado casi más que yo con la situación. Copio a continuación, dos párrafos de la sentencia:

sentenciaIVA1 sentenciaIVA2

Una consideración final. La reforma del procedimiento penal que está tramitando el Gobierno habla de sustituir el término “imputado” por el de “encausado” para evitar las connotaciones negativas que tiene aquella palabra. Me parece bien. ¿Pero no habría también que establecer mecanismos para evitar que cuatro inútiles al servicio de la administración de Justicia mantengan imputado a un inocente durante 17 años, cuando desde el principio existían pruebas de su inocencia? Porque el Inspector de Hacienda, el Juez Instructor, la Abogada del Estado, y el Fiscal, después de aquel estropicio, se fueron a comer tranquilamente sin que nadie, hasta hoy, les haya sancionado…

© José María de Pablo Hermida, 2013.
 

El toxicómano que querría ser mosso d’esquadra

imageLucian era un inmigrante rumano que llegó a Barcelona hace una década para ganarse la vida. En 2007 las cosas le iban bien: estaba perfectamente integrado en la sociedad española, tenía un trabajo que le daba para vivir y, desde hacía tres meses, esperaba ilusionado el nacimiento de su primer hijo.

Hasta que un buen día la suerte le cambió. Cuatro mossos d´esquadra le confundieron por error con un ladrón y le esperaron a la salida de su casa. Vestidos de paisano y sin identificarse como policías, los agentes asaltaron a Lucien en plena calle, le hicieron la zancadilla, le tiraron al suelo, le inmovilizaron, y comenzaron a golpearle por todo el cuerpo mientras le pisaban la cabeza y le sujetaban del cuello. Lucien, asustado y en el suelo, no comprendía el motivo de la tremenda paliza que, entre insultos y amenazas de muerte, estaba recibiendo. Tan violenta era la escena que algunos viandantes, al ver lo ocurrido, se acercaron a recriminar a los mossos su actuación, hasta que uno de los agentes, enseñando con ademán amenazante su pistola, ordenó a los peatones que les dejaran en paz porque solo “estaban haciendo su trabajo“.

Los agentes introdujeron a Lucien esposado en un vehículo y le trasladaron a Comisaría. Por el camino, uno de los mossos introducía su pistola en la boca de Lucien y le amenazaba con matarle y tirarle por un barranco si no reconocía los hechos que le imputaban mientras otros de los agentes le golpeaba.

Una vez en el aparcamiento de la comisaría de Les Corts, mientras Lucien lloraba y explicaba a los agentes que era hemofílico y aquella paliza podía causarle la muerte, los agentes continuaron pegando al detenido hasta que alguien les aconsejó que parasen porque había cámaras de videovigilancia.

Poco después, dos mossos se apresurarían a detener también a la novia de Lucien, que estaba embarazada de tres meses. La sujetaron por ambos brazos, la agarraron con fuerza por el pelo, y la engañaron diciéndole que su pareja era proxeneta para forzarla a responder lo que ellos querían. Con sus amenazas lograron que la novia de Lucien les permitiese registrar la vivienda a pesar de que no existía orden judicial que lo autorizase.

La sentencia de la Audiencia Provincial de Barcelona calificó el trató de los mossos a ambos detenidos de “cruel en exceso, brutal y salvaje” e “impropio de una policía formada en un estado de Derecho“, y condenó a los mossos a una pena de seis años de prisión como autores de sendos delitos de torturas y lesiones.

Algunos meses después de la paliza de los mossos a Lucien, en otra parte de España, David, un toxicómano adicto a la heroína era detenido en Vigo por pasar unas papelinas (no más de 0,4 gramos de heroína) para pagarse su adicción. Era su segunda detención por motivo de las drogas, así que recapacitó y decidió someterse a un programa de desintoxicación. Con fuerza de voluntad consiguió dejar la adicción a las drogas y se rehabilitó.

Ya estaba rehabilitado cuando le juzgaron y la Audiencia le condenó a tres años y medio de prisión, que sumados a otros tantos que tenía suspendidos por su anterior detención, sumaron una condena de siete años. Siete años de prisión para un ex toxicómano que hacía dos años había dejado las drogas y estaba rehabilitado.

Tanto los mossos condenados por torturas como el ex yonqui de las papelinas recurrieron sin éxito sus condenas ante el Tribunal Supremo, que ratificó ambas sentencias. Solo les quedaba un último resquicio para evitar la cárcel: el indulto.

El Consejo de Ministros ha resuelto ambas peticiones de indulto el mes pasado. Con suerte dispar. Indultó a los Mossos, evitándoles la prisión, pero le negó la misma gracia al ex toxicómano, que a fecha de hoy ya ha ingresado en la prisión de A Lama. En otras palabras: el Gobierno libró de la cárcel a los policías que habían torturado con saña a un inocente el mismo mes que enviaba a prisión a un ex toxicómano ya rehabilitado y reinsertado.

La medida de indulto, por la que el Consejo de Ministros puede librar a un ciudadano del cumplimiento de una condena firme, tiene el sentido de corregir aquellas situaciones en las que la aplicación estricta de la ley penal puede ser injusta o desproporcionada para un caso concreto, siendo más positivo para la sociedad en esos casos el indulto del condenado que el cumplimiento de la pena. Esto es: el indulto no se concibió como una liberalidad que pudieran utilizar los gobiernos a su capricho, indultando a amigos y allegados de todo tipo, sino como un mecanismo de política penitenciaria para corregir los excesos puntuales  que pudiera ocasionar la aplicación de la ley a algunos casos extremos concretos.

Y estoy seguro de una cosa: si usted ha llegado hasta aquí en su lectura ahora mismo estará, y con razón, entre sorprendido y enfadado por la decisión del Gobierno. ¿Qué desproporción existe en la condena de unos agentes de policía que han torturado a un detenido? ¿No sería más lógico ser especialmente severo cuando son los encargados de defender el Estado de Derecho -las fuerzas policiales- los que cometen delitos graves? ¿Es mas grave pasar una papelina que torturar a un detenido? Y a la vez ¿no es precisamente el caso de un toxicómano que delinquió condicionado por su adicción, pero que se ha rehabilitado y ha dejado las drogas, el típico ejemplo de reo que debería ser indultado?

Ojalá me equivoque, pero no debería extrañarnos que a partir de ahora, tras el indulto a estos mossos, los cuerpos policiales se sientan más impunes y aumenten los casos de torturas a detenidos. Y mientras, David, condenado a vivir siete años en uno de los ambientes donde la tentación de las drogas es mayor -la prisión- volverá a caer en la drogadicción, de la que quizás nunca más vuelva a curarse.

Y el ministro de Justicia, tan contento.

© José María de Pablo Hermida, 2012.

El abogado que defendió al ladrón que asaltó su chalet

Años 80. Eliseo Izquierdo era un viejo conocido de la policía. A causa de sus problemas de drogadicción, contaba con numerosos antecedentes penales por diversos delitos contra la propiedad (ajena, por supuesto). Hasta que un buen día, una de sus fechorías le cambió la vida. Ese día, Eliseo asaltó un chalet en Reus, pero no un chalet cualquiera. Se trataba del chalet de Antonio Pedrol Rius, Decano del Colegio de Abogados de Madrid y Presidente del Consejo General de la Abogacía.

La víctima se interesó por las circunstancias y por el pasado del ladrón, comprobó que se trataba de un drogadicto con problemas mentales, y tomó una decisión que podría resultar sorprendente: se hizo cargo de su defensa. Sorprendente desde el punto de vista de quien ha sido víctima de un robo. Pero no tan sorprendente si se mira desde la óptica de un abogado que cree en el derecho de defensa de los ciudadanos.

La importante cuantía de lo robado, el agravante de casa habitada, y la reincidencia del acusado, le auguraban un oscuro horizonte penal. El Fiscal le pedía once años y medio de prisión.

Fue una defensa memorable. El abogado consiguió probar, mediante una prueba pericial psiquiátrica, que Eliseo padecía desde pequeño una afección cerebral ocasionada por una poliomielitis y que afectaba a sus capacidades de querer y conocer. Una eximente incompleta por trastorno mental que el tribunal aplicó como muy cualificada. Además, hizo revisar la tasación de lo robado, demostrando que ascendía a unas 60.000 pesetas, lejos de las 400.000 pesetas en que lo había valorado la acusación.

Al final, los once años y medio que pedía el Fiscal quedaron en una leve condena de solo cuatro meses de arresto mayor.

Decía Calmandrei que “Los buenos abogados deben descubrir en todos los delitos, aún en los más abyectos, aquellos elementos de la piedad humana que mejor compaginan con su índole, y que quedarían ocultos al público si ellos no fueran sus generosos descubridores”.

© José María de Pablo Hermida, 2012.     

el atracador de bancos que recurrió una multa

Mis dos anteriores artículos, sobre la trascendencia penal de los asaltos de Sánchez Gordillo a Mercadona y la posible excarcelación del etarra Bolinaga han levantado bastante polémica (y han batido el record de visitas del bog). Así que, para rebajar la tensión y hacer más llevadero el final de las vacaciones estivales, vamos hoy con algo divertido.

Todo imputado tiene derecho a no reconocerse culpable y a no declarar contra sí mismo… pero algunos meten la pata. A continuación reproduzco cómo un recluso de la prisión de Logroño recurrió una multa de aparcamiento sin consultarlo antes con su abogado. Como se verá, el preso tenía toda la razón del mundo en su recurso, pero quizás no tuvo en cuenta que más vale pagar una multa de tráfico, que no reconocerse autor de un atraco. No sé si el Ayuntamiento de Logroño le quitó la multa, pero seguro que al Fiscal le vino fenomenal este recurso a la hora de acusar al preso por el atraco al banco.

Pero ojo. Una pregunta para los lectores del blog: ¿la confesión que contiene este recurso, realizada sin la presencia de un abogado, es una prueba de cargo válida para condenar? Mientras lo piensan, no se pierdan el texto del recurso, porque no tiene desperdicio.

© José María de Pablo Hermida, 2012.