Causas judiciales secretas: ¿habría que limitar el derecho a la información?

top-secretPublica hoy la prensa que alguien ha reventado la Operación Nelson (ver noticia). La filtración a un medio de comunicación de que la Audiencia Nacional investigaba en una causa secreta a las cúpulas de Manos Limpias y Ausbanc por un supuesto delito de extorsión ha obligado a adelantar las detenciones y los registros, y podría haber permitido la destrucción de pruebas por los investigados, poniendo en grave riesgo el éxito de la operación.

En realidad, no hay que ser muy hábil para deducir de las declaraciones del periodista que recibió la filtración que el filtrador es -como tantas veces- un policía (“paré la publicación de todo esto porque me lo pidió la policía para no entorpecer la investigación” ha dicho).

publicidad del proceso penal

El artículo 120 de la Constitución establece, como regla general, que las actuaciones judiciales serán públicas, con las excepciones que prevean las leyes procesales. Esta regla tiene relación con el derecho constitucional a un proceso público (que forma parte del derecho a la tutela judicial efectiva del art. 24 CE) y el derecho a la información (art. 20 CE). En realidad, como ya expliqué en un anterior post, la publicidad del proceso es una garantía del acusado que permite el necesario control por parte de la sociedad del poder judicial y evita arbitrariedades por parte de los jueces.

Pero hemos visto que el art. 120 de la Constitución prevé que las leyes establezcan excepciones a esa regla general de la publicidad. Las excepciones las encontramos en los artículos 301 y 302 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal.

Primera excepción: la instrucción

El art. 301 establece que “las diligencias del sumario serán reservadas y no tendrán carácter público hasta que se abra el juicio oral”. El carácter reservado del Sumario implica que en un proceso penal lo que es público no es la instrucción, sino el juicio oral y la sentencia.

Esto es lógico porque -aunque lo más morboso y atractivo para los medios de comunicación son las detenciones y las fotos de los investigados saliendo de la Audiencia Nacional-, lo que ocurre en fase de instrucción son solo meras investigaciones, y esos detenidos, cuya fotografía entrando en un vehículo policial luce tan bien en portada, muchas veces terminan absueltos –a veces incluso sin necesidad de juicio- porque se demuestra su inocencia.

Otra cosa es el juicio oral, cuya publicidad permite conocer al público de manera global (y no parcial, como ocurre cuando se informa sobre una instrucción) las pruebas de cargo y de descargo que afectan al acusado. Lo mismo ocurre con la sentencia, cuya publicidad en nada afecta a la presunción de inocencia pues el sujeto ya ha sido juzgado.

Segunda excepción: el secreto de sumario

Por tanto, la instrucción del procedimiento penal es reservada, lo que significa que solo deben tener acceso a su contenido el Juez de Instrucción, el Fiscal, y las partes personadas (acusaciones y defensas). Y nadie más.

Pero el artículo 302 LECRIM establece una segunda excepción que en determinados casos transformará la instrucción de reservada a secreta. Así, establece que el Juez podrá declarar las actuaciones secretas (el secreto del sumario) en dos casos:

  1. para evitar un riesgo grave para la vida, libertad o integridad física de una persona; o
  2. para prevenir una situación que pueda comprometer de forma grave el resultado de la investigación o del proceso.

Una vez decretado el secreto de las actuaciones, solo tendrán acceso al contenido de la causa el Juez y el Fiscal, pero no las demás partes.

Por tanto, el secreto de las actuaciones no es un capricho del Juez para mantener alejados a los abogados y trabajar más cómodo, sino un modo de proteger la integridad física de alguien o –en la mayoría de los casos- de garantizar el éxito de una investigación (evitando, por ejemplo, la destrucción de una prueba que está en manos del investigado).

¿y las filtraciones?

A pesar de lo anterior, las filtraciones a la prensa de diligencias reservadas, o incluso declaradas secretas, se han convertido en un hecho frecuente que, por desgracia, sucede cada día con total naturalidad.

Y si la mera filtración de una diligencia de instrucción (luego reservada) es perniciosa –además de ilegal- porque vulnera el derecho a la presunción de inocencia del investigado, la filtración de una causa declarada secreta es extremadamente grave –y un delito de revelación de secretos-. Recordemos que si el Juez ha decretado el secreto es porque considera que la publicidad de la investigación pondría en peligro, o bien la integridad de una persona, o bien el éxito de la investigación.

El caso que me ha dado pie a escribir este post es un buen ejemplo. El Juez de la Audiencia Nacional decreta el secreto de las actuaciones para asegurar el buen fin de la operación, pero un policía irresponsable prefiere quedar bien con un periodista, le filtra la existencia de la investigación, y revienta una operación echando por tierra meses de trabajo y de preparación.

medidas contra las filtraciones versus derecho a la información 

El problema es que es prácticamente imposible descubrir al autor de una filtración, porque un periodista debe guardar su secreto profesional y, como garantía de ese secreto, no está obligado a revelar sus fuentes ni siquiera ante un Juez. Pero eso no quita para que estemos hablando de una información sobre una causa secreta que, por un lado, solo ha sido posible porque alguien –la fuente- ha cometido un delito de revelación de secretos-, y por otro lado, pone en grave peligro el éxito de una investigación judicial.

Una manera eficaz de evitar este tipo de filtraciones sería prohibir la información relativa a causas declaradas secretas.

Es cierto que una medida de este tipo supondría una restricción del derecho a la información, pero hay que recordar que ningún derecho es absoluto. A veces, el derecho de una persona choca con el de otra, o incluso con el interés general, y en esos casos habrá que ponderar con cuidado qué derecho debe prevalecer. Por ejemplo, a veces el derecho a la intimidad de un ciudadano entra en conflicto con la seguridad de los aeropuertos, y habrá que restringir ese derecho para que el ciudadano pase sus pertenencias por un escáner.

Así, del mismo modo que el secreto del sumario es una medida restrictiva del derecho de defensa (impide al investigado conocer los hechos que se le imputan y defenderse con todas las garantías) que es sacrificado para salvaguardar el buen fin de la investigación, por el mismo motivo (el buen fin de la investigación) cabría plantear una reforma legal que incluyera la prohibición de informar sobre el contenido de las causas declaradas secretas (imponiendo, por ejemplo, una sanción al medio de comunicación) aunque eso suponga una restricción del derecho a la información.

Es muy frustante defender a un investigado en una causa declarada secreta, sin poder ejercer adecuadamente el derecho de defensa por ese motivo, y a la vez observar como la prensa recibe filtraciones del contenido de esa misma causa.

No solo eso, como las filtraciones de las causas secretas suelen proceder de Fiscalía o de la Policía, lo habitual es que se trate de filtraciones parciales e interesadas que dejarán en indefensión ante la opinión pública al investigado, vulnerando su presunción de inocencia.

La pregunta es: si la necesidad de garantizar el éxito de una investigación es razón suficiente para restringir el derecho de defensa prohibiendo al investigado el acceso a la causa declarada secreta, ¿por qué no lo es para restringir el derecho a la información prohibiendo a los medios publicar acerca del contenido secreto de ese procedimiento?

Para responder a esa pregunta, nada mejor que la sección de comentarios debajo de este post.

© José María de Pablo Hermida, 2016.

Interesante sentencia sobre la exposición pública del detenido

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Portada de La Vanguardia del 31/10/2009, con las imágenes a las que se refiere esta sentencia

Ha llegado a mis manos la interesante Sentencia 290/2015 de la Sección 3ª de la Sala de lo Contencioso Administrativo de la Audiencia Nacional, que califica como un anormal funcionamiento de la Administración de Justicia, susceptible de indemnización por daños morales, la indebida exposición pública de un detenido.

Los hechos.

En 2009, y dentro del marco de la llamada Operación Pretoria, se procedió a la detención, por orden del entonces juez Baltasar Garzón, de una serie de imputados, que fueron trasladados por la Guardia Civil a la Audiencia Nacional.

Según considera probado esta sentencia, «el mismo día de su traslado al órgano judicial para prestar declaración la prensa logró captar determinadas imágenes del demandante antes de entrar en el Juzgado estando esposado y portando una bolsa grande azul con sus pertenencias, cuyas imágenes fueron accesibles a la prensa debido a que no se respetó el protocolo policial que existía para preservar a los detenidos de su exposición pública. Ese mismo día el recurrente apareció en los telediarios en las condiciones que acabamos de referir, en tanto que al día siguiente -31/10/2009- las susodichas imágenes del recurrente fueron reproducidas por diferentes diarios nacionales».

A consecuencia de estos hechos, uno de los detenidos interpuso una reclamación por funcionamiento anormal de la Administración de la Justicia, al amparo del artículo 292 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, que establece que “los daños causados (…) que sean consecuencia del funcionamiento anormal de la Administración de Justicia, darán a todos los perjudicados derecho a una indemnización a cargo del Estado, salvo en los casos de fuerza mayor”.

El Ministerio de Justicia rechazó la reclamación, pero el detenido interpuso un recurso contencioso administrativo que fue estimado parcialmente.

Exposición pública del detenido y funcionamiento anormal de la Administración de Justicia

La Fundamentación Jurídica de la Sentencia empieza recordando un precepto legal del que ya he hablado otras veces en este blog (por ejemplo aquí), el tan maltratado artículo 520 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, que ordena  que la detención y la prisión provisional deberán practicarse en la forma que menos perjudique al detenido o preso en su persona, reputación y patrimonio (¿se enseña este artículo en la academia de Policía?), y añade que el artículo 5.3.b), de la LO 2/1986 de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado establece entre sus principios básicos de actuación el velar por la vida e integridad física de las personas a quienes detuvieren o que se encuentren bajo su custodia y el respeto del honor y la dignidad de las personas.

Según esta sentencia «precisamente para respetar los derechos de los detenidos y observar el principio de actuación a que se acaba de aludir en relación con los mismos existía un protocolo policial cuyas reglas no se observaron, lo que propició la captación de las imágenes del recurrente en las puertas del Juzgado en las condiciones que ya hemos narrado por los medios de comunicación, que las divulgaron ese mismo día en los telediarios y los días sucesivos en la prensa escrita. La inobservancia del referido protocolo permitió a los medios de comunicación captar y difundir las repetidas imágenes del demandante, siendo de advertir que el espectáculo del recurrente y de otros imputados detenidos en las condiciones en que fueron captados por los medios de comunicación fue algo innecesario para la Administración de Justicia y evitable, a lo que se añade que la exposición pública del demandante y de sus compañeros detenidos en las condiciones en que se produjo resulta difícilmente compatible con el escrupuloso respeto de los derechos de los detenidos y de los principios de actuación de las fuerzas policiales».

De lo que concluye la sentencia que estamos ante un caso de funcionamiento anormal de la Administración de Justicia, que se concreta en «la exposición pública del recurrente a las puertas del Juzgado el día de su declaración judicial dadas las condiciones en que dicha exposición se produjo, siendo de notar que dicha exposición sí pudo afectar en el caso concreto a la imagen y la dignidad del demandante, que así puede exhibir un daño moral susceptible de indemnización, cuya indemnización, en consideración de los criterios estandarizados que suele utilizar este Tribunal en bien del principio de igualdad en la aplicación de la ley, puede cifrarse en 4.000 €».

Aunque no comparto la poca estima que para los autores de esta sentencia tiene el derecho al honor y a la propia imagen de los detenidos (solo 4.000 € por unas imágenes deshonrosas y denigrantes que fueron portada de periódicos nacionales y que seguirán colgadas en internet por los siglos de los siglos…), al menos es algo que se reconozca e indemnice como funcionamiento anormal de la Administración de Justicia la vulneración del artículo 520 LECRIM a la que tan acostumbrados nos tienen nuestras fuerzas de seguridad.

© José María de Pablo Hermida, 2015.

Dos importantes enmiendas a la reforma de la LECRIM

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La Comisión de Justicia del Congreso aprobó ayer dos enmiendas transaccionales al proyecto de reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal que me parecen muy importantes: la primera, relativa al control de la duración de las causas penales, y la segunda, en relación con el derecho a la intimidad y a la propia imagen de los detenidos. Dedicaré este post a comentar brevemente cada una de las enmiendas y sus consecuencias.

Sobre el control de la duración de las causas penales.

Ya critiqué duramente en este post la ocurrencia (no es otra cosa) del Gobierno de imponer un límite temporal (de 6 o 18 meses según la complejidad) a la instrucción de las causas penales. Dije entonces que lo más disparatado de este nuevo límite temporal era el papel que se atribuía en exclusiva al fiscal: según el proyecto, solo el fiscal podía solicitar que el límite temporal se amplíe de los seis a los dieciocho meses, y solo el fiscal podía pedir nuevas prorrogas por otros dieciocho meses. Este papel que se otorgaba al fiscal demuestra el profundo desconocimiento del día a día de una instrucción penal que padece quien ha redactado ese proyecto de ley.

Terminé aquel post con un consejo a los grupos parlamentarios y, como veo que los diputados me han leído y me han hecho caso, copio aquí lo que dije en aquel post:

«Así que me permito dar un consejo –o hacer un ruego más bien- a los grupos parlamentarios para que puedan mejorar la norma mediante las oportunas enmiendas.

Si les pido duplicar la plantilla de jueces y fiscales no me van a hacer caso, así que al menos sugeriré una mejora en las garantías procesales de esta reforma: eliminar el papel exclusivo del fiscal a la hora de solicitar tanto la calificación de la instrucción como “compleja” como la prórroga de dieciocho meses.

Ya que el procedimiento penal está dirigido –no lo olvidemos- a salvaguardar los derechos de los imputados/investigados y de las víctimas del delito, creo que tanto unos (las defensas) como otros (la acusación particular) deberían tener legitimidad para solicitar la calificación de la instrucción como compleja y para pedir la prórroga de los dieciocho meses. Dejar esta posibilidad a la exclusiva voluntad de la Fiscalía supone un inaceptable recorte de los derechos procesales de las partes. Y ya puestos, debería permitirse al Instructor acordarlo de oficio.»

Pues bien, parece que me han hecho caso, y ayer se aprobó una enmienda transaccional (ver noticia) que amplía al resto de personados en el procedimiento la posibilidad de pedir una ampliación del plazo de duración de la instrucción: tanto las acusaciones populares o particulares, como las defensas, podrán solicitar al juez la ampliación del plazo de duración de la instrucción.

Así que si esta enmienda, como parece –cuenta con los votos de PP y CiU- sobrevive al trámite parlamentario, se habrá paliado (que no solucionado, porque lo del límite temporal me sigue pareciendo una ocurrencia sin ninguno sentido) uno de los principales defectos de este proyecto de ley.

Sobre el derecho a la intimidad de los detenidos.

La otra enmienda aprobada introduce un párrafo nuevo en el artículo 520 LECRIM que establece que en el trato a los detenidos “se deberán adoptar las medidas necesarias para asegurar el respeto a sus derechos constitucionales al honor, intimidad e imagen en el momento de practicarse así como en los traslados ulteriores” (ver noticia).

ratoEn otras palabras, se pretende evitar que los detenidos sean sometidos al escarnio público al que nos tienen acostumbrados los medios de comunicación, y que alcanzó su punto álgido con la retransmisión en directo de la detención de Rodrigo Rato hace pocas semanas.

En realidad, no debería hacer falta introducir este párrafo en la ley, pues el actual artículo 520 ya ordena que “la detención y la provisión provisional deberán practicarse en la forma que menos perjudique al detenido o preso en su persona, reputación o patrimonio”, aunque es cierto que estamos ante un precepto que se viene incumpliendo a diario. Y precisamente porque se viene incumpliendo a diario, se añade ahora otro párrafo que concreta más esta obligación, aunque en mi opinión sigue siendo ambiguo: ¿significará este nuevo párrafo –ojalá- que estará prohibido obtener imágenes de los detenidos durante su traslado a los Juzgados?

Leo que algunos medios de comunicación han criticado esta enmienda porque limita el derecho a la información. A mí, en cambio, me parece que se queda corta: detenidos e imputados tienen derecho a la presunción de inocencia, un derecho fundamental incompatible con el linchamiento al imputado que practican los medios de comunicación con demasiada frecuencia.

Si esta enmienda consigue acabar con las sensacionalistas fotos de imputados entrando al Juzgado que ilustran la portada del mismo periódico que -meses después- no dedicará ni una pequeña esquina escondida a informar de que aquel imputado al que linchó ha sido declarado inocente por el Juez, bienvenida sea.

© José María de Pablo Hermida, 2015.

Declaración de la Infanta y estrategia de defensa: el punto de vista del abogado defensor.

Ayer me hicieron una entrevista en el programa “Al Día” de 13TV sobre la declaración de la Infanta Cristina como imputada en el Caso Noos. Habitualmente, este tipo de entrevistas, rodeado de tertulianos, no tienen mucho interés jurídico. Pero la de ayer creo que fue interesante. Además de hablar del recorrido procesal que le espera a esta imputación (del que ya escribí en mi post anterior), me pidieron que explicara cómo se prepara la declaración de un cliente en este tipo de procedimientos, qué estrategias de defensa conviene escoger, etc. Por si es de vuestro interés, aquí os dejo el vídeo. La entrevista comienza en el minuto 14:40.

© José María de Pablo Hermida, 2014.

del imputado al encausado

(Artículo publicado en el número de este mes de la revista El Notario del siglo XXI, del Colegio Notarial de Madrid)

esposas-delincuenciaEl comienzo de la Exposición de Motivos del proyecto de nuevo Código Procesal Penal que ha preparado el Gobierno no puede ser más explícito: “tan obvia resulta la obsolescencia de la Ley de Enjuiciamiento Criminal de 1882” –dice- “que el clamor unánime en favor de su sustitución por un nuevo texto legal haría vana una detallada exposición de los argumentos justificativos de la decisión de emprender la reforma”. Así es: que la ley que regula nuestro proceso penal date de 1882 significa, por ejemplo, que cuando la justicia se dispone a investigar, pongamos, a un hacker informático, tenga que hacerlo mediante mecanismos jurídicos ideados en el siglo XIX.

Un nuevo nombre para el imputado

Una de las instituciones que se han visto especialmente afectadas por la obsolescencia de nuestra ley adjetiva penal es, precisamente, la figura del imputado, que empezó siendo una garantía procesal para terminar transformándose –especialmente en aquellos casos de relevancia mediática- en un arma de doble filo. La frivolidad de tantos tertulianos televisivos a la hora de opinar sobre los procedimientos judiciales en curso tiene gran parte de la culpa.

Hasta ahora, el imputado venía disfrutando de una serie de derechos y garantías de los que otros intervinientes en el proceso (o terceros ajenos al mismo) carecían, y que le permitían ejercer su derecho de defensa: derecho a no declarar, derecho a la asistencia letrada, etc. Pero al mismo tiempo, el imputado se veía afectado por el lógico desasosiego que supone estar sometido a la acción de la justicia, un desasosiego que alcanza especial intensidad cuando el imputado se sabe inocente, o cuando se encuentra ante su primer problema con la justicia. No es difícil hacerse a la idea de lo que pasa por la cabeza de un imputado primerizo cuando se sienta frente al Juez y escucha, entre otras advertencias, que el juicio no podrá celebrarse en su ausencia si la pena solicitada por las acusaciones es superior a dos años de prisión. Si además estamos en un procedimiento con algún tipo de trascendencia mediática, la persona que ha sido imputada tendrá que soportar la llamada pena de telediario, pues en España, hoy en día, el público general confunde la figura del imputado con la del culpable. De ahí la frustración general que se aprecia en la opinión pública cuando una sentencia absolutoria echa por tierra meses, incluso años, de linchamiento mediático al imputado de turno, imputado que, para colmo, y por mor de esa simplista identificación entre imputado y culpable, tendrá que soportar que se interprete su sentencia absolutoria, no como la confirmación de su inocencia, sino con el lugar común de que “la justicia no es igual para todos”.

El nuevo Código Procesal Penal reconoce la existencia de un injusto estigma social inherente a la condición de imputado, pero pretende resolverlo mediante un simple cambio de denominación que, a buen seguro, se demostrará ineficaz. La exposición de motivos del proyecto lo explica con estas palabras: “La persona física o jurídica, o ente sin personalidad al que se le atribuye el hecho punible se denomina encausado. Con dicha denominación el Código pretende evitar el estigma social que acompaña al término imputado, mediante la utilización de una expresión de mayor neutralidad, pero suficientemente significativa de la posición del sujeto pasivo dentro del proceso, dirigido contra él, una cualidad esencial definitoria del status de parte pasivamente legitimada de la que nace, entre otros, el derecho fundamental a la defensa”. Sorprende que el legislador confíe la solución del tradicional estigma social del imputado a un mero cambio en su denominación. ¿Empezarán los tertulianos a respetar la presunción de inocencia de los imputados, solo porque ahora se les llame encausados? ¿Cuánto tardará la opinión pública en identificar, de nuevo, encausado con culpable?

Creo que hubiera sido mejor solución -más audaz, sí, pero también más razonable- la creación de una figura previa a la fase de imputado o encausado, similar a la del argüido del derecho portugués. Una figura, llámesele “investigado”, “denunciado”, “sospechoso”, o como mejor parezca, en la que se disponga de todos los derechos y garantías de los que hasta ahora gozaba el imputado para su derecho de defensa, sin que ello suponga la existencia de una acusación formal, de modo que solo tras la existencia de un Auto equivalente al actual de procesamiento pase a denominarse imputado o encausado. De este modo, por ejemplo, tantas personas obligadas a hacer el incómodo paseíllo ante el Juzgado, bien para responder de una denuncia o querella falsa y sin fundamento interpuesta por motivos espurios o por mero afán de notoriedad del denunciante, bien para aclarar meras sospechas de los investigadores, lograrían el archivo de su causa sin llegar a sufrir el estigma de la imputación.

Otros cambios en el tratamiento del encausado

Pero el cambio de denominación, si bien es lo más llamativo, no es la única modificación a la figura del imputado que incluye el proyecto de nuevo Código Procesal Penal.

Como era obligado, se adecua la norma procesal a la responsabilidad penal de las personas jurídicas que introdujo en nuestro ordenamiento la reforma del Código Penal operada por la LO 5/2010 de 23 de junio. Y así, el artículo 46 del proyecto considera encausadas también a las personas jurídicas (incluyendo expresamente a masas patrimoniales, patrimonios separados, entidades o grupos) a las que puedan ser impuestas penas, medidas de seguridad o consecuencias accesorias de la pena. Y concreta que en nombre de la persona jurídica encausada comparecerá “la persona física específicamente designada por su máximo órgano de gobierno o administración como director del sistema del control interno de la entidad, quien habrá de estar directa e inmediatamente bajo la autoridad de dicho órgano y ostentar poder especial al efecto”. Esto es novedoso, pues hasta ahora, cuando se imputaba a una persona jurídica, comparecía a declarar cualquier persona con poderes suficientes, y ahora se pretende la conexión directa de quien comparece con el órgano de control interno de la encausada.

Otra novedad que beneficiará al encausado y a su seguridad jurídica, aunque de difícil cumplimiento con los medios actuales -no cantemos victoria hasta que no veamos cómo se pone en práctica-, es la limitación temporal de la fase de investigación (la antigua fase de instrucción que a partir de ahora queda en manos, no del Juez Instructor, sino del Ministerio Fiscal). El nuevo artículo 127 otorga al Fiscal un plazo de seis meses para practicar todas sus diligencias de investigación, si bien con una serie de excepciones que, mucho me temo, serán empleadas como excusa para mantener la tradicionalmente desorbitada duración de los procesos penales. Si se considera que la investigación es compleja (para lo que bastará, por ejemplo, argumentar que una prueba pericial a practicar es de complicado análisis) el Ministerio Fiscal dispondrá de dieciocho meses para la investigación, que podrán ser prorrogables. En este punto, revestirá especial importancia el control que la nueva ley otorga al recién creado Tribunal de Garantías sobre la duración de la investigación del Fiscal. En sus manos quedará que el nuevo código procesal permita, de una vez por todas, la garantía del derecho del encausado a un proceso sin dilaciones indebidas.

Mejora también el tratamiento del derecho del encausado al conocimiento de las actuaciones judiciales, pues se limita la duración del secreto de las actuaciones a tres meses, prorrogables hasta seis meses, o un año en el caso de investigaciones sobre organizaciones criminales o grupos organizados.

Igualmente novedosa –y polémica- es la solución que ofrece el proyecto al conocido conflicto entre el secreto de las actuaciones judiciales y el derecho al honor del encausado, frente al derecho a la información. Se intenta poner coto a las filtraciones interesadas de actuaciones judiciales previendo la posibilidad de requerir a las partes para que se abstengan de revelar el contenido de las diligencias que se practiquen. Ahora bien, el cumplimiento de este requerimiento dependerá de la buena fe de las partes, habida cuenta del derecho de los medios de comunicación a no revelar las fuentes de su información, que forma parte de su secreto profesional y que ha sido reconocido en numerosas ocasiones por el Tribunal Supremo. Es seguro que los medios seguirán informando sobre el contenido de las diligencias judiciales practicadas a puerta cerrada como si el reportero hubiera estado presente en ellas. Esta circunstancia deja en indefensión al encausado, pues las filtraciones, siempre sesgadas, suelen proceder de las acusaciones y tienden casi siempre a alimentar el linchamiento mediático del imputado. Para evitarlo, el proyecto de ley dota al Tribunal de la posibilidad de acordar el cese de la difusión de información sobre un proceso cuando fuere necesario para garantizar los derechos del encausado y/o de los demás afectados. Una decisión sin duda polémica, pues otorga a los tribunales una especie de poder de censura frente a los medios de comunicación, dudosamente compatible con el derecho a la información.

Mayores garantías para el encausado detenido

Pero, sin duda, uno de los avances más garantistas del nuevo Código Procesal Penal hace referencia a la asistencia letrada del encausado detenido. El proyecto da respuesta, por fin, a una vieja reivindicación de los abogados que asistimos a detenidos. Hasta ahora, la policía informaba al detenido de sus derechos, incluido el derecho a guardar silencio y no declarar contra sí mismo, pero no le permitía ser asesorado por su abogado sobre el alcance de esos derechos antes de decidir ejercerlos o renunciar a ellos. De hecho, no es infrecuente que la Policía aproveche esta circunstancia para forzar a los detenidos a renunciar a su derecho al silencio, por ejemplo, prometiéndoles que serán puestos inmediatamente en libertad si acceden a declarar. La nueva ley procesal rompe con esta práctica y establece que el detenido podrá entrevistarse reservadamente con su abogado, no solo después de declarar –como hasta ahora- sino también antes de la declaración, lo que permite por fin un verdadero y efectivo ejercicio del derecho a guardar silencio y a no declarar contra sí mismo.

No solo eso. El nuevo Código Procesal Penal en proyecto también garantiza, por primera vez, el derecho del encausado detenido “al conocimiento de las actuaciones mediante petición realizada al Fiscal, salvo que se declare el secreto”. Hasta ahora, la asistencia al detenido se venía practicando a ciegas, no solo por la prohibición de entrevistarse con el detenido antes de su declaración, sino por la ausencia de cualquier tipo de información sobre el contenido de las actuaciones judiciales, a las que no tenía acceso el abogado defensor hasta el momento –en ciertos Juzgados, incluso más tarde- de la puesta a disposición judicial. El conocimiento previo de las actuaciones –habrá que ver, en la práctica, cómo se cumple-, y la entrevista reservada con el abogado previa a la declaración policial, supone un gran avance en la protección garantista del derecho de defensa del encausado detenido.

Otra buena noticia es la desaparición del antiguo artículo 520.5 que permitía al imputado detenido por delito contra la seguridad vial renunciar a la asistencia de letrado. No olvidemos que un alto porcentaje de detenidos por este delito están ebrios, y por tanto, sin plenitud de facultades volitivas e intelectivas: ¿alguien cree que un detenido en grave estado de embriaguez que renuncia a la asistencia letrada lo hace libremente y consciente de las consecuencias de su decisión? El nuevo código corrige esta anomalía.

En resumen, el nuevo proyecto de Código Procesal Penal nace mucho más garantista que la Ley de Enjuiciamiento Criminal de 1881, y supone un paso adelante en la protección del derecho de defensa del imputado –a partir de ahora encausado-, especialmente en el momento de la detención, pero se queda a medio camino a la hora de solucionar algunos de los problemas cuya existencia el propio proyecto reconoce, como es el estigma social que viene acompañando cada imputación, y que no creo que la nueva denominación de encausado sea suficiente para solucionar.

© José María de Pablo Hermida, 2013.