¿Y si motivaran los indultos?

indulto 3 Ya me referí en un post anterior a la historia de los cuatro mossos d´esquadra indultados por el Consejo de Ministros tras haber torturado a un inmigrante rumano. El revuelo que ocasionó ese indulto, por lo visto, no ha servido de nada, y esta semana hemos conocido más datos del particular uso del instituto del indulto que viene haciendo el Gobierno. Por ejemplo, el BOE del pasado 3 de septiembre (ver aquí) publica el Real Decreto 590/2013, de 26 de julio, por el que el Consejo de Ministros indulta a otro mosso d´esquadra condenado por detención ilegal (el angelito se había prevalido de su condición de agente de la autoridad para insultar, agredir y, finalmente, detener, al hombre con el que mantenía una discusión por aparcamiento). En ese mismo BOE se publica el indulto de varios condenados por tráfico de drogas, e incluso de uno por tentativa de homicidio.

Ante estas noticias, surgen algunas preguntas: ¿Cuál es el criterio que determina cuándo un condenado debe ser indultado y cuándo no? ¿No estará el Gobierno abusando de esta prerrogativa? ¿Cómo controlar si un indulto es ajustado a derecho?

La figura del indulto se regula por la todavía vigente Ley de Reglas para el ejercicio de la Gracia de indulto, de 18 de junio de 1870. Una ley de hace 143 años que –como verán- podría haberla firmado cualquiera de los dos últimos gobiernos que venimos sufriendo en este siglo: ante un problema cierto y constatado, se aprueba una ley voluntarista que, en la práctica, no soluciona nada. Veamos.

La exposición de motivos de esta ley empieza muy bien, denunciando los constantes abusos que se venían produciendo a la hora de conceder indultos. Les copio lo que dice porque es muy ilustrativo:

“(…) La naturaleza misma de la prerrogativa de indultar, en cuyo ejercicio el sentimiento se sobrepone fácilmente a la razón, han sido indudablemente las causas más importantes y permanentes que produjeron con frecuencia lamentable la inobservancia de aquellas disposiciones, y dieron margen a la abusiva facilidad con que los delincuentes lograron muchas veces eximirse del cumplimiento de las penas a que se habían hecho acreedores por sus crímenes.

La necesidad cada vez más apremiante de hacer de una vez imposibles para siempre estos abusos, que tanto quebrantan la recta administración de justicia, el prestigio de los Tribunales, y la misma moralidad y orden público, reclamarían este proyecto de ley”

Una intención, la de evitar abusos en la concesión de indultos, ciertamente loable. Pero, para nuestra desgracia, aquel legislador del siglo XIX era tan bienintencionado como ingenuo. Primero, porque en la propia exposición de motivos señala que el motivo de aquellos abusos era la inexistencia de una ley (hasta entonces el indulto estaba regulado mediante meros decretos administrativos) que estableciera los criterios que permiten al gobernante indultar. Segundo, porque pensó que, simplemente con dotar de fuerza de ley a las normas que rigen el indulto sería suficiente. Hoy sabemos que no lo ha sido.

Así, aquella ley fijó, como criterios para conceder indultos, lo que llamaba “razones de justicia, equidad o utilidad pública”. Es decir, que el indulto quedaba reservado para aquellos casos contados en los que la aplicación estricta de la ley penal podría producir injusticias. Un típico ejemplo: el reo que comete un robo empujado por su adicción a las drogas y que, por la lentitud de la justicia, es condenado años después de haber superado su problema con las drogas tras someterse a un tratamiento de deshabituación.

Hasta aquí todo perfecto. Pero a aquel ingenuo legislador se le olvidó lo más importante: crear un sistema para controlar que el gobierno de turno, cuando indulta, lo hace cumpliendo la ley, esto es, ateniéndose a estrictas “razones de justicia, equidad o utilidad pública”. Tan fácil como, por ejemplo, obligar al Consejo de Ministros a motivar cada indulto, incluso establecer un sistema de recursos contra aquellos indultos cuya motivación sea insuficiente o ilógica.

Ese es nuestro problema: cuando el Consejo de Ministros indulta nunca dice por qué indulta. Y mientras esto sea así, los ciudadanos estaremos en nuestro derecho a pensar que cada indulto se debe, exclusivamente, al puro capricho de un ministro.

Veamos a continuación todo lo que nos dice el Consejo de Ministros en el BOE del martes pasado sobre su decisión de indultar al mosso d´esquadra que detuvo ilegalmente a un ciudadano. Lean:

indulto 2

Aparte del capricho del Ministro de Justicia, ¿encuentran ustedes en este Real Decreto las concretas “razones de justicia, equidad o utilidad pública” que han llevado al Consejo de Ministros a dejar impune la detención ilegal cometida por este agente? ¿Será que este Gobierno –y el anterior- considera “razones de justicia, equidad o utilidad pública” transmitir a las fuerzas de seguridad que los delitos cometidos en los sótanos de las comisarías apenas tienen consecuencias?

Quizás, 143 años después, llegó el momento de una nueva Ley Reguladora del Indulto que obligue al Consejo de Ministros a motivar cada indulto, y que permita a la Fiscalía y a las víctimas recurrir esas decisiones.

Otrosí para el debate: ¿debemos considerar “razones de justicia, equidad o utilidad pública” para indultar a un reo, el haber sido condenado por la dictadura cubana en un proceso de dudosas garantías jurídicas?

© José María de Pablo Hermida, 2013.

El toxicómano que querría ser mosso d’esquadra

imageLucian era un inmigrante rumano que llegó a Barcelona hace una década para ganarse la vida. En 2007 las cosas le iban bien: estaba perfectamente integrado en la sociedad española, tenía un trabajo que le daba para vivir y, desde hacía tres meses, esperaba ilusionado el nacimiento de su primer hijo.

Hasta que un buen día la suerte le cambió. Cuatro mossos d´esquadra le confundieron por error con un ladrón y le esperaron a la salida de su casa. Vestidos de paisano y sin identificarse como policías, los agentes asaltaron a Lucien en plena calle, le hicieron la zancadilla, le tiraron al suelo, le inmovilizaron, y comenzaron a golpearle por todo el cuerpo mientras le pisaban la cabeza y le sujetaban del cuello. Lucien, asustado y en el suelo, no comprendía el motivo de la tremenda paliza que, entre insultos y amenazas de muerte, estaba recibiendo. Tan violenta era la escena que algunos viandantes, al ver lo ocurrido, se acercaron a recriminar a los mossos su actuación, hasta que uno de los agentes, enseñando con ademán amenazante su pistola, ordenó a los peatones que les dejaran en paz porque solo “estaban haciendo su trabajo“.

Los agentes introdujeron a Lucien esposado en un vehículo y le trasladaron a Comisaría. Por el camino, uno de los mossos introducía su pistola en la boca de Lucien y le amenazaba con matarle y tirarle por un barranco si no reconocía los hechos que le imputaban mientras otros de los agentes le golpeaba.

Una vez en el aparcamiento de la comisaría de Les Corts, mientras Lucien lloraba y explicaba a los agentes que era hemofílico y aquella paliza podía causarle la muerte, los agentes continuaron pegando al detenido hasta que alguien les aconsejó que parasen porque había cámaras de videovigilancia.

Poco después, dos mossos se apresurarían a detener también a la novia de Lucien, que estaba embarazada de tres meses. La sujetaron por ambos brazos, la agarraron con fuerza por el pelo, y la engañaron diciéndole que su pareja era proxeneta para forzarla a responder lo que ellos querían. Con sus amenazas lograron que la novia de Lucien les permitiese registrar la vivienda a pesar de que no existía orden judicial que lo autorizase.

La sentencia de la Audiencia Provincial de Barcelona calificó el trató de los mossos a ambos detenidos de “cruel en exceso, brutal y salvaje” e “impropio de una policía formada en un estado de Derecho“, y condenó a los mossos a una pena de seis años de prisión como autores de sendos delitos de torturas y lesiones.

Algunos meses después de la paliza de los mossos a Lucien, en otra parte de España, David, un toxicómano adicto a la heroína era detenido en Vigo por pasar unas papelinas (no más de 0,4 gramos de heroína) para pagarse su adicción. Era su segunda detención por motivo de las drogas, así que recapacitó y decidió someterse a un programa de desintoxicación. Con fuerza de voluntad consiguió dejar la adicción a las drogas y se rehabilitó.

Ya estaba rehabilitado cuando le juzgaron y la Audiencia le condenó a tres años y medio de prisión, que sumados a otros tantos que tenía suspendidos por su anterior detención, sumaron una condena de siete años. Siete años de prisión para un ex toxicómano que hacía dos años había dejado las drogas y estaba rehabilitado.

Tanto los mossos condenados por torturas como el ex yonqui de las papelinas recurrieron sin éxito sus condenas ante el Tribunal Supremo, que ratificó ambas sentencias. Solo les quedaba un último resquicio para evitar la cárcel: el indulto.

El Consejo de Ministros ha resuelto ambas peticiones de indulto el mes pasado. Con suerte dispar. Indultó a los Mossos, evitándoles la prisión, pero le negó la misma gracia al ex toxicómano, que a fecha de hoy ya ha ingresado en la prisión de A Lama. En otras palabras: el Gobierno libró de la cárcel a los policías que habían torturado con saña a un inocente el mismo mes que enviaba a prisión a un ex toxicómano ya rehabilitado y reinsertado.

La medida de indulto, por la que el Consejo de Ministros puede librar a un ciudadano del cumplimiento de una condena firme, tiene el sentido de corregir aquellas situaciones en las que la aplicación estricta de la ley penal puede ser injusta o desproporcionada para un caso concreto, siendo más positivo para la sociedad en esos casos el indulto del condenado que el cumplimiento de la pena. Esto es: el indulto no se concibió como una liberalidad que pudieran utilizar los gobiernos a su capricho, indultando a amigos y allegados de todo tipo, sino como un mecanismo de política penitenciaria para corregir los excesos puntuales  que pudiera ocasionar la aplicación de la ley a algunos casos extremos concretos.

Y estoy seguro de una cosa: si usted ha llegado hasta aquí en su lectura ahora mismo estará, y con razón, entre sorprendido y enfadado por la decisión del Gobierno. ¿Qué desproporción existe en la condena de unos agentes de policía que han torturado a un detenido? ¿No sería más lógico ser especialmente severo cuando son los encargados de defender el Estado de Derecho -las fuerzas policiales- los que cometen delitos graves? ¿Es mas grave pasar una papelina que torturar a un detenido? Y a la vez ¿no es precisamente el caso de un toxicómano que delinquió condicionado por su adicción, pero que se ha rehabilitado y ha dejado las drogas, el típico ejemplo de reo que debería ser indultado?

Ojalá me equivoque, pero no debería extrañarnos que a partir de ahora, tras el indulto a estos mossos, los cuerpos policiales se sientan más impunes y aumenten los casos de torturas a detenidos. Y mientras, David, condenado a vivir siete años en uno de los ambientes donde la tentación de las drogas es mayor -la prisión- volverá a caer en la drogadicción, de la que quizás nunca más vuelva a curarse.

Y el ministro de Justicia, tan contento.

© José María de Pablo Hermida, 2012.