Las escuchas con micrófonos ocultos en la investigación penal

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Entre las numerosas filtraciones que ha sufrido esta semana la llamada Operación Lezo, ha llamado especialmente la atención de la prensa –por su carácter tan policiaco como novedoso- la colocación por la UCO de micrófonos ocultos en el despacho profesional del principal investigado (ver noticia).

Esta modalidad de investigación fue introducida en nuestro procedimiento penal por la Ley Orgánica 13/2015, que entró en vigor hace relativamente poco (en diciembre de 2015) y que supuso una modernización importante de nuestro modelo de investigación penal, regulando novedosas técnicas como, por ejemplo, la colocación de micrófonos ocultos, micrófonos direccionales y otros dispositivos de grabación, la utilización de dispositivos de seguimiento y localización, e incluso la instalación de virus troyanos en los ordenadores de los investigados para acceder a sus archivos informáticos.

Ahora bien: ¿Cuándo se pueden instalar micrófonos ocultos para investigar un delito? ¿Ha sido correcta la utilización de este medio de investigación en la Operación Lezo?

Requisitos generales de partida.

En primer lugar, la utilización de estos dispositivos debe cumplir el mismo requisito de partida que el resto de medidas de investigación invasivas del derecho a la intimidad (como los pinchazos telefónicos), que según el art. 588 bis a de la Ley de Enjuiciamiento Criminal consiste en la existencia de una autorización judicial suficientemente motivada, y que respete los principios de especialidad, idoneidad, excepcionalidad, necesidad y proporcionalidad, lo que significa:

-Principio de especialidad: que existan indicios suficientes de la comisión de un delito concreto (no bastan las meras sospechas).

-Principio de idoneidad: que la medida en concreto sea útil para la investigación de ese delito en concreto.

-Principio de excepcionalidad: que no se puedan investigar los mismos hechos mediante otras medidas menos gravosas para la intimidad del investigado.

-Principio de necesidad: que la investigación del delito se vea gravemente dificultada si no se acude a esta medida.

-Principio de proporcionalidad: que el sacrificio del derecho a la intimidad no sea superior, en ese caso concreto, al beneficio que suponga la adopción de la medida.

Requisitos especiales para la instalación de micrófonos.

Además de lo anterior, los artículos 588 quater a y b admiten la instalación de micrófonos tanto en el exterior –direccionales- como en el interior de domicilios y despachos profesionales siempre que se cumplan tres requisitos:

-Uno, que la utilización de los micrófonos esté vinculada –dice textualmente la ley- “a comunicaciones que puedan tener lugar en uno o varios encuentros concretos del investigado con otras personas y sobre cuya previsibilidad haya indicios puestos de manifiesto en su investigación”.

-Dos, que se trate de delitos castigados con penas de al menos tres años de prisión, o cometidos en el seno de una organización criminal, o de terrorismo.

-Y tres, que se pueda prever racionalmente que la utilización de los micrófonos aportará datos esenciales para la investigación.

Hasta aquí la teoría. Veamos su aplicación a lo que aparece hoy en los periódicos.

El caso concreto de la Operación Lezo.

Obviamente no me puedo pronunciar aquí sobre la legalidad de la instalación de micrófonos en el despacho de un investigado en la Operación Lezo porque la causa está declarada secreta y –aunque su contenido ha sido filtrado a la prensa, como es habitual cuando la UCO está por medio- no tengo en mis manos el Auto del Juez que autoriza esa medida ni los indicios en los que se apoya. Por tanto, lo que escribo a continuación es una mera aproximación a la espera de leer ese Auto que a día de hoy es –oficialmente al menos- secreto.

Pero si damos por bueno lo que publica la prensa, y lo que ha ocurrido es que ante la ausencia de resultados de las escuchas telefónicas se decidió instalar esos micrófonos en el despacho de Ignacio González durante una temporada, entonces surgen dos problemas que podrían significar la nulidad de esa prueba.

El primer problema lo tenemos con el principio de proporcionalidad. El despacho profesional donde se han instalado esos micrófonos es un despacho de abogados, lo que significa que casi todo lo que allí se trata está sometido al secreto profesional. ¿Ha grabado la UCO las conversaciones de los abogados de ese despacho con sus clientes? ¿Acaso en ese despacho solo se habla de las corruptelas del Canal de Isabel II? Tengo mis dudas de que la instalación de micrófonos en un despacho de abogados cumpla con el principio de proporcionalidad.

El segundo problema me parece más evidente. Hemos visto que el artículo 588 quater b exige que la medida se dirija “a comunicaciones que puedan tener lugar en uno o varios encuentros concretos del investigado con otras personas y sobre cuya previsibilidad haya indicios puestos de manifiesto en su investigación”. El 588 quater c añade que la autorización judicial de esta medida debe incluir “una mención concreta al lugar o dependencias, así como a los encuentros del investigado que van a ser sometidos a vigilancia”.

Esto significa que la ley prohíbe la instalación de micrófonos para escuchar de manera general –prospectiva- conversaciones indeterminadas que puedan tener lugar durante un periodo de tiempo en un lugar. En otras palabras, no se puede instalar un micro en casa o en el despacho de alguien “para ver de qué habla el investigado” sin más.

La autorización judicial debe indicar qué reunión en concreto quiere espiar. Y debe explicar qué indicios tiene de que esa reunión en concreto va a tener lugar, del tema que se va a tratar, y de su relevancia para la investigación.

Por tanto, si la autorización judicial refleja que existen indicios de que va a tener lugar una reunión en concreto entre dos personas en concreto (o tres, o las que sean) para tratar un tema concreto relevante para la investigación, y se ponen los micrófonos con el fin de cubrir esa reunión, no habrá problema.

Pero si nos encontrásemos con una autorización judicial que se limite a instalar los micrófonos para ver con quién se reúne esa persona y de qué va a hablar, sin concretar qué reuniones en concreto se quieren cubrir, estaríamos –en mi opinión- ante una nulidad de actuaciones que la defensa podría utilizar a su favor.

En otras palabras, para instalar micrófonos no son suficientes los requisitos y finalidades que permitirían una intervención telefónica: la redacción del art. 588 quater b parece exigir un plus de motivación que obliga a concretar qué reuniones y entre qué personas se quiere escuchar.

Pero repito que este post es una mera aproximación a la espera de poder leer la autorización judicial cuando se levante el secreto: hasta entonces, no me hagan mucho caso

© José María de Pablo Hermida, 2017.

lo que contaron los tedax del 11M

(artículo publicado en el diario El Mundo, el 09/03/2014)
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Los subinspectores tedax con carnet profesional 54568 y 65255 recogen piezas de convicción en el cráter de una de las explosiones del tren de El Pozo (foto incluida en el Folio 53835 del Tomo 145 del Sumario del 11-M).

Manda el protocolo que cuando se produce un atentado terrorista con explosivos, los tedax sean los encargados de buscar y recoger en el escenario del crimen las “piezas de convicción”, es decir, las distintas pruebas halladas en el lugar de los hechos que permitirán investigar el primer peldaño de toda investigación: el arma del crimen, que en estos casos es el tipo de explosivo empleado.

Para ello, los tedax suelen recoger aquellos restos de la explosión que, una vez analizados, permitirán determinar los componentes del explosivo utilizado: tierras del cráter originado por la explosión, restos de chapa, telas, y otros objetos que, por efecto de la explosión, han quedado impregnados de restos del explosivo. Los tedax también frotan algodones impregnados con agua y con acetona para obtener muestras de aquellas superficies que han estado en contacto con el explosivo. Estas pruebas son etiquetadas, clasificadas, e introducidas cada una en su bolsita transparente. Desde el momento en que se recogen –por su carácter de piezas de convicción- deben quedar a disposición de la autoridad judicial, de modo que solo el juez puede autorizar su destrucción.

Hecha esta introducción, pasemos al relato de la recogida de muestras de los trenes del 11-M, tal y como se lo escuché contar a las decenas de tedax que prestaron declaración en el juicio del 11-M y en el “Caso Sánchez Manzano”.

Recogida de piezas de convicción en la mañana del 11 de marzo

El 11 de marzo de 2004, a los pocos minutos de estallar las bombas en los trenes, el Inspector Jefe Cáceres Vadillo, en su condición de Jefe del Grupo tedax de la Brigada Provincial de Madrid, se puso al mando de la operación de recogida de muestras, y repartió a los agentes de su grupo entre los cuatro escenarios del atentado (Atocha, Téllez, El Pozo y Santa Eugenia). El propio Cáceres Vadillo estuvo recogiendo muestras personalmente en la estación de Atocha junto con algunos de sus hombres, como los Subinspectores con carnet profesional 66618 y 27600. Mientras, los agentes 64501, 35690, y 55227 hacían lo mismo en la calle Téllez; los tedax 54868, 64338 y 65255 en la estación de El Pozo; y los artificieros 70626 y 76109 en Santa Eugenia.

Todos ellos declararon después que recordaban haber recogido algodones con agua y con acetona en cada uno de los focos de explosión: dos por foco en Atocha, y uno por foco en los demás escenarios, es decir, dieciséis algodones con agua y otros dieciséis con acetona; También recogieron una bolsa con tierra y piedras del cráter por cada foco (doce bolsas de tierra del cráter, por tanto). Además, recordaban haber recogido, entre otras piezas de convicción, diversos trozos de chapa, un jersey, componentes electrónicos, trozos metálicos, varios clavos, y por último, polvo de extintor de un foco de El Pozo. Solo de la estación de Atocha, los tedax calcularon unas ochenta piezas de convicción, cada una en su correspondiente bolsa de plástico transparente debidamente etiquetada.

Lo que dice el protocolo es que, una vez recogidas, etiquetadas e introducidas en sus respectivas bolsas de prueba, las piezas de convicción deben ser trasladadas primero a la sede del grupo provincial competente (en este caso el de la Brigada Provincial de Madrid) donde se hace una relación de las muestras recogidas, se fotografían, y se realiza el correspondiente acta. Finalmente, el propio grupo trasladará las pruebas a las instalaciones de la Unidad Central, que es el depósito judicial de estas piezas de convicción.

Pero en el 11-M se actuó de otra manera.

“Aquí mando yo”

A mitad de la mañana, irrumpió en la estación de Atocha el Comisario Sánchez Manzano, por entonces Jefe de la Unidad Central TEDAX, quien se atribuyó el mando de la operación, y colocó en cada escenario del atentado un superior de su unidad que tuviera mayor rango que los tedax desplazados del grupo de Madrid. De este modo, por primera y única vez en la historia de la lucha antiterrorista en España, la Unidad Central (que no tiene funciones operativas, sino de apoyo a los grupos provinciales) asumió el mando de una incidencia relegando al grupo provincial competente. Es así como Sánchez Manzano, que carecía por completo de experiencia en la recogida de restos de explosivos –ni siquiera había hecho el curso de especialidad tedax- se hizo con el mando de la operación en detrimento del Inspector Jefe Cáceres Vadillo, que posiblemente sea el tedax con más experiencia en la investigación de atentados terroristas.

Lo primero que ordenó Sánchez Manzano fue que los tedax de la BPI de Madrid entregasen a los de la Unidad Central las muestras recogidas hasta entonces, impidiéndoles incluso terminar de etiquetarlas y clasificarlas. Cáceres Vadillo se indignó al ver que Sánchez Manzano estaba mezclando todas las muestras recogidas, sin ni siquiera clasificarlas previamente según el foco de recogida, y le advirtió de que al hacerlo así se rompería la cadena de custodia. Pero Sánchez Manzano zanjó el asunto gritando que “¡Aquí mando yo!”, hizo caso omiso a Cáceres Vadillo, y terminó mezclando todas las evidencias.

Según aseguran los testigos, las pruebas recogidas en Atocha, mezcladas, sin inventario, y sin clasificar, se las llevó en un vehículo el Inspector Rogelio Campos, cuya actuación aquel día es un misterio: hasta tres testigos presenciales distintos han declarado haber visto al Inspector Campos acompañando y asesorando a Sánchez Manzano en Atocha toda la mañana, y llevándose las muestras recogidas en un Nissan Patrol a primera hora de la tarde; en cambio, Campos negó al Juez bajo juramento haber pisado Atocha aquella mañana y haberse llevado las muestras. Después del 11-M, Rogelio Campos fue premiado con un cargo directivo en Repsol.

Algo parecido ocurrió en los otros tres escenarios del atentado, donde los mandos enviados por Sánchez Manzano también arrebataron las muestras a los tedax de la BPI de Madrid y se las llevaron sin etiquetar ni inventariar en sus vehículos. El Inspector Miró se llevó las muestras de la calle Téllez, y el Inspector Larios las de Santa Eugenia. La investigación judicial no ha podido averiguar quién se llevó las piezas de convicción recogidas en El Pozo.

Las Normas Provisionales de Actuación del Servicio de Desactivación de Explosivos, vigentes en el momento de los hechos, establecen que es competencia de la Unidad Central TEDAX la custodia y depósito de los restos de las explosiones a disposición de la autoridad judicial. No es necesario recordar que la Ley de Enjuiciamiento Criminal prohíbe destruir piezas de convicción sin la previa autorización del Juez. Por tanto, era responsabilidad de Sánchez Manzano, como Jefe de la Unidad Central, custodiar todas las piezas de convicción recogidas por los TEDAX en los distintos focos de los atentados del 11-M, para entregárselas al Juez cuando éste las reclamase.

Las piezas de convicción que llegaron al juicio

En enero de 2007, días antes de la celebración del juicio, el Tribunal presidido por el Juez Gómez Bermúdez, a petición de algunas partes (la AAV11M a la que yo representaba entre ellas) tomó la decisión de practicar, como prueba anticipada, un análisis científico de las piezas de convicción recogidas en los focos de explosión. Para ello, reclamó a la Unidad Central todas las muestras recogidas por los tedax en el 11-M. Como respuesta, la Unidad Central, remitió solo veintitrés muestras (concretamente clavos que, además, habían sido lavados con agua y acetona por lo que difícilmente iban a ofrecer resultados concluyentes). Aquel día se descubrió que la Policía solo conservaba veintitrés muestras de doce focos: menos de dos muestras por foco.

Si comparamos las muestras que los tedax aseguran haber recogido, con las que Sánchez Manzano entregó al Tribunal del 11-M, comprobamos que, por ejemplo, han desaparecido los dieciocho algodones con agua, los dieciocho algodones con acetona, así como las doce muestras de tierras de los cráteres. Estas muestras (los algodones y las tierras de los crateres) son, según aseguraron los técnicos ante el Juez, las más valiosas para la investigación, o lo que es lo mismo, las más aptas para obtener resultados positivos en un análisis químico. Eran 42 bolsas de valiosísimas pruebas, etiquetadas y clasificadas, que han desaparecido sin que lo autorizase ningún juez. También han desaparecido el jersey recogido en Atocha, diversos cables y componentes electrónicos, algunos trozos metálicos, una papelera. De uno de los focos de la calle Téllez habían desaparecido la totalidad de las muestras recogidas.

piezas de convicción y delito de encubrimiento

Los artículos 334 al 367 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal establecen que las piezas de convicción (llamamos así a los objetos, huellas y vestigios que puedan servir de prueba de la culpabilidad de alguna persona en relación con el delito perpetrado), al ser una clase de cuerpo de delito, deben recogerse y conservarse de forma que garantice su integridad a disposición de la autoridad judicial, siendo el Juez el único que –previa audiencia al Fiscal- puede autorizar su destrucción. Por su parte, el artículo 451 del Código Penal considera delito de encubrimiento la ocultación o destrucción de piezas de convicción sin autorización judicial. El Tribunal Supremo (por ejemplo en la Sentencia 543/1997) ha considerado que la ocultación de piezas de convicción por funcionarios de Policía es también un delito de omisión de perseguir de delitos del artículo 408 del Código Penal.

La Asociación de Ayuda a las Víctimas del 11-M interpuso una querella contra Sánchez Manzano por estos hechos. La querella fue instruida por el Juzgado de Instrucción nº 43 de Madrid, hasta que la Audiencia Provincial determinó que la competencia era del Juzgado nº 6, que ya había archivado una querella anterior contra Sánchez Manzano. Acatando el criterio de la Audiencia Provincial y del Tribunal Supremo, y tras haberlo sugerido la propia Audiencia en su resolución, la AAV11M se ha personado ya como perjudicada y acusación particular en la causa del Juzgado nº 6, al que ha aportado las declaraciones de los tedax y el resto de documentación, ha recurrido el Auto de archivo, y ha solicitado la reapertura de la investigación hasta averiguar el destino de las piezas de convicción desaparecidas. En este momento, el Juzgado nº 6 ha reclamado ya la causa que instruía el nº 43 para hacerse cargo de esta investigación.

© José María de Pablo Hermida, 2014.

El auto de prisión de Blesa y el fraude de las piezas separadas

Blesa

Ya denunció hace algunos meses Álvaro Delgado Truyols, en un post publicado en el blog “¿HayDerecho?”, la cada vez más frecuente utilización fraudulenta de las piezas separadas por parte de los llamados jueces-estrella… y los que pretenden serlo. El Auto dictado en la tarde de hoy por el Juez Elpidio Silva, acordando la prisión sin fianza de Blesa, es un claro ejemplo de que Delgado Truyols tenía razón.

Qué son las piezas separadas.

Establece el artículo 300 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal que “cada delito de que conozca la Autoridad judicial será objeto de un sumario. Los delitos conexos se comprenderán, sin embargo, en un solo proceso”. Esto significa que cada delito que se investiga es sometido primero a las normas de reparto para, de acuerdo con dichas normas, ser turnado a un juzgado de instrucción que se hará cargo de investigarlo en un sumario o causa independiente. Si ese delito es conexo de otro que ya investiga un juzgado, no serán de aplicación las normas de reparto y se acumulará al mismo sumario para que ambos delitos se investiguen conjuntamente.

No obstante, el Juez tiene la capacidad de dividir el procedimiento en piezas separadas para ordenarlo mejor y facilitar su tramitación. Por ejemplo, es habitual formar piezas separadas para tramitar las medidas cautelares o la situación personal del reo. También a veces, cuando un sumario es muy voluminoso, se puede dividir cada tipo de documentación en una pieza separada que facilite su manejo. Incluso, si se investigan varios delitos conexos en un solo proceso (ojo: deben ser conexos para poder compartir sumario) la LECRIM permite separar en piezas separadas lo referente a cada delito conexo si eso ayuda a simplificar la tramitación. Para el que no esté habituado al trabajo de los juzgados, conviene saber que cada causa se forma uniendo mediante grapas cada nuevo documento (cada folio del sumario) a la causa, formando los tomos que sean necesarios: si cierta documentación poco relevante para la decisión de la causa –como la tramitación de una medida cautelar- se grapa aparte, en un tomo llamado pieza separada, se facilitará y agilizará su tramitación. 

Podemos decir, en fin, que las piezas separadas son, simplemente, un modo de ordenar el procedimiento, cuando ordenarlo cronológicamente (que es lo habitual) dificultaría su manejo. Pero por muchas piezas que tenga, el sumario sigue siendo único.

El uso fraudulento de las piezas separadas.

Alertaba Delgado Truyols de la proliferación de jueces estrella que utilizan las piezas separadas, no para ordenar los sumarios, sino para atribuirse la investigación de aquellos delitos golosos para los que no tienen competencia, pero cuyo interés mediático les hace apetecibles.

Por ejemplo, mencionaba el caso de los sumarios con aforados, cuya presencia exige la inhibición a favor del Tribunal Superior de Justicia o del Supremo. Algunos instructores forman piezas separadas con los delitos imputados a aforados, para no perder la competencia sobre el resto de imputados y mantener así en su poder apetitosos sumarios mediáticos.

En otras ocasiones los instructores, durante la investigación de un delito de su competencia -por ejemplo, mediante intervenciones telefónicas- encuentran indicios de otro delito que no es conexo con el que investigaban, pero cuya trascendencia mediática es una tentación para el juez estrella. Entonces, para no enviarlo a reparto, hay jueces que prefieren abrir una pieza separada y quedarse con el sumario.

El caso Blesa.

Al parecer, el juez Elpidio Silva se ha sumado a esta práctica. Mientras investigaba la presunta concesión fraudulenta de préstamos por Caja Madrid a favor de Díaz Ferrán, encontró indicios de un posible delito en la compra por Caja Madrid del City National Bank de Florida. Las normas procesales le obligaban, en principio, a enviar estos nuevos indicios a reparto para que, por el Juzgado al que corresponda, se investigase este nuevo delito. El juez, en cambio, dividió el proceso en dos piezas separadas, una para los préstamos a Díaz Ferrán, y otra para la compra del banco. Y se quedó con ambas investigaciones. Pero hay más.

Posteriormente, la defensa de Blesa recusó al juez alegando enemistad manifiesta. Esa recusación se está tramitando todavía. Y el artículo 61 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal establece que el juez recusado debe abstenerse de intervenir en el proceso hasta que finalice la tramitación de la recusación. Lo que significa que el juez, con la ley en la mano, ni podría citar y recibir declaración hoy a Blesa, ni mucho menos enviarle a prisión.

Pues bien, para evitar este inconveniente, lo que ha hecho el juez es alegar que la recusación se interpuso en una pieza separada, mientras que la declaración y el auto de prisión de hoy pertenecen a la otra pieza, en la que no está recusado.

En mi opinión estamos, como mínimo, ante un fraude de ley que determinará la nulidad, tanto de la declaración de hoy, como del auto de prisión… y quién sabe si algo más. Por dos motivos. Primero, porque las piezas separadas forman parte de un único sumario, de modo que una recusación afectará, siempre, al sumario en su totalidad: tratar a cada pieza separada como si fuese una causa independiente sería contravenir lo ordenado por el artículo 300 LECRIM. Y segundo, pura lógica, porque si la recusación es por enemistad manifiesta, es obvio que en caso de existir esa enemistad en una pieza, se dará también en la otra, lo que hace aconsejable abstenerse de intervenir en ambas piezas mientras la recusación esté pendiente. Es más: lo ocurrido hoy en ese juzgado hace pensar que esa enemistad manifiesta alegada por la defensa, tiene visos de ser cierta.

© José María de Pablo Hermida, 2013.
 

sobre fenómenos “poltergeist” en dependencias judiciales y policiales

La noticia que publica hoy el diario El Mundo sobre el robo del disco duro con la parte secreta del sumario del Caso Faisán, ha traído a mi memoria, inmediatamente, un episodio del juicio del 11-M, en el que intervine como acusación en representación de una asociación de víctimas del atentado. Allí, también ocurrieron fenómenos extraños. El episodio lo narré en un capítulo de mi libro “La Cuarta Trama”. A continuación, por su interés, y por su evidente parecido con el robo de una parte del sumario del Faisán, reproduzco una síntesis del capítulo de La Cuarta Trama en el que cuento algunos fenómenos extraños, aquella vez ocurridos en la sede de la Comisaría General de Policía Científica:

«Vamos a hablar ahora de lo que sucedió en la macropericia sobre los explosivos del 11-M que realizaron ocho peritos por orden del Tribunal.  Pero, antes de hacerlo, quiero aclarar brevemente —para que el lector no se me pierda— que los ocho peritos recibieron dos tipos de muestras para analizar. Por un lado, recibieron los 23 vestigios procedentes de los focos de explosión de los trenes. A esos 23 vestigios les llamaremos en adelante “vestigios de los focos”. Y por otro lado, los peritos recibieron también diversas muestras de explosivo entero, no explosionado, procedente de distintos escenarios relacionados con el 11-M, pero distintos de los trenes, como la mochila de Vallecas, la Renault Kangoo, el artefacto de Mocejón o el piso de Leganés. A estas muestras de explosivos sin explosionar les llamaremos, siguiendo la terminología de los propios peritos, “muestras de explosivo intacto”.

En realidad, no tenía mucho sentido volver a analizar las muestras de explosivo intacto, pues eran muestras que no despertaban ninguna duda en cuanto a su composición. De hecho, eran las muestras que los TEDAX sí habían remitido años antes a la Policía Científica para su análisis. Y nadie puso en duda nunca que el explosivo hallado en la mochila de Vallecas, el que apareció bajo el asiento del copiloto de la Renault Kangoo, el del artefacto de Mocejón, y el que apareció en el piso de Leganés, eran, todos ellos, dinamita Goma 2 ECO. Así lo había determinado la policía Científica cuando los analizó tres años antes e identificó en ellos todos y cada uno de los componentes de la Goma 2 ECO. Las dudas sobre el tipo de explosivo nunca se refirieron a esas muestras, sino a los vestigios de los focos, los de dentro de los trenes, que son los que los TEDAX habían retenido en lugar de enviarlos a la Policía Científica. Pero el Tribunal quiso que junto a los vestigios de los focos, fuesen analizadas también las muestras de explosivo intacto cuya composición todos conocíamos de antemano. Por cierto, como curiosidad, los peritos también recibieron una muestra que nada tenía que ver con los explosivos. Se trataba de un poco de cocaína que había aparecido durante el desescombro del piso de Leganés.

Así que el trabajo de los ocho peritos se dividiría en dos fases: por un lado, analizar las muestras de los focos de los trenes, y por otro, analizar las muestras de explosivo intacto recogidas en escenarios distintos de los trenes.

Con el juicio a punto de comenzar, los peritos se encerraron en el laboratorio y se pusieron manos a la obra. Comenzaron por lo más importante, lo que de verdad interesaba para la investigación: las 23 muestras procedentes de los trenes, los vestigios de los focos que estuvieron en contacto con las explosiones del 11-M y que nos podrían decir qué utilizaron los terroristas para volar los trenes.

Pero rápidamente surgió la sorpresa, y con la sorpresa, los dolores de cabeza para los defensores de la versión oficial (la versión del “¡ha sido Goma 2 ECO y ya vale!”). En la mañana del 6 de febrero de 2007, dos peritos —uno de la Guardia Civil y otro independiente— analizaron la muestra M-6-12 (procedente de uno de los focos de explosión del tren de El Pozo) y encontraron restos de un componente explosivo que es ajeno a la Goma 2 ECO: el dinitrotolueno o DNT. A continuación de este hallazgo, los peritos encontraron ese mismo componente en todos y cada uno de los focos de explosión de los cuatro trenes siniestrados. La conclusión era tan clara como novedosa: el explosivo utilizado por los terroristas para atentar contra los trenes del 11-M era un explosivo que contenía en su composición DNT. O lo que es lo mismo, lo que había explotado en los trenes no era Goma 2 ECO. Un palo de los buenos para la versión oficial.

Uno de los ocho peritos, el policía-perito Alfonso Vega, que ejercía de director de la pericia, se mostró visiblemente contrariado ante el hallazgo del DNT. No aceptó el resultado y ordenó repetir el análisis: no podía ser que la aparición de DNT echara abajo la versión oficial. ¿Qué iban a decir ahora sus jefes? Se repitieron las pruebas, pero la ciencia es tozuda. Para enfado de Alfonso Vega, y de sus jefes Santano y Rubalcaba, el contraanálisis confirmó la noticia: había DNT en todos los vestigios de los focos. Si tenemos en cuenta que el DNT no solo es incompatible con la Goma 2 ECO, sino que, sobre todo, es compatible con el Titadyn habitualmente utilizado por ETA, podremos hacernos cargo de la relevancia del hallazgo del DNT. El mosqueo del policía-perito Alfonso Vega fue monumental y sus gritos e insultos a los TEDAX quedaron grabados por la cámara de vídeo que, por orden de Gómez Bermúdez, rodaba la macropericia.

La noticia de la aparición del DNT saltó rápidamente a los medios de comunicación, y esos días (el juicio ya había comenzado) cundió el pánico (doy fe) en la Fiscalía. La versión oficial estaba gravemente herida. Sí, herida. Pero no muerta. Veamos cómo esquivó la muerte en aquella ocasión.

Ocurrió que (por mera casualidad, no sea usted mal pensado) la aparición de restos de DNT en los vestigios procedentes de las explosiones coincidió en el tiempo con el comienzo de una serie de curiosos acontecimientos que empezaron a producirse dentro del laboratorio de la Policía Científica, y a los que vamos a llamar fenómenos extraños, paranormales, o poltergeist.

El primer poltergeist hizo su aparición (por mera casualidad, repito) justo al día siguiente de la aparición del DNT en los vestigios de los focos de explosión. A las 20.00 horas del 6 de febrero de 2007, sin causa conocida, el Laboratorio de la Policía Científica sufría un ¿fortuito? apagón de luz, a consecuencia del cual, la cámara de Gómez Bermúdez dejó de grabar durante varias horas. Durante el apagón, con los peritos independientes en su casa, y la cámara de Gómez Bermúdez apagada, no sabemos qué ocurrió, pero si el lector sigue leyendo podrá imaginárselo sin mucha dificultad.

Arreglado el apagón, la cámara de Gómez Bermúdez volvió a grabar y los peritos reanudaron sus trabajos. Y en concreto, comenzaron a analizar, una por una, las muestras de explosivo intacto, es decir, las de fuera de los trenes (mochila de Vallecas, Kangoo, etc). Y descubrieron algo asombroso: aquellas muestras habían mutado de composición. Un poltergeist andaba suelto por el Laboratorio.

Recordemos que las muestras de explosivo intacto ya las había analizado la Policía Científica en 2004 (los TEDAX habían impedido a la Policía Científica el acceso a los vestigios de los focos, pero no a las muestras de explosivo intacto ajenas a los trenes, que sí habían entregado). Ya entonces la Policía Científica había determinado que las muestras de explosivo intacto ajenas a los trenes eran Goma 2 ECO, entre otras cosas, porque al analizarlas no se había detectado la presencia de DNT. Pues bien, después del apagón, los peritos analizan de nuevo esas muestras y ¡oh, casualidad! las muestras de explosivo intacto tienen ahora un componente más: el DNT.

La aparición de DNT en estas muestras de explosivo intacto era absurda. Primero, porque en los análisis previos al apagón no había aparecido ese componente. Y segundo, porque se trataba de muestras intactas de Goma 2 ECO, y la Goma 2 ECO no contiene DNT. Es más, la cocaína tampoco tiene DNT, pero tras el apagón, la muestra M-10-3 (cocaína encontrada en el desescombro de Leganés) también contenía ahora DNT. Se ve que al poltergeist de turno se le fue la mano.

Lo que sí sé es que la extraña mutación de las muestras de explosivo intacto durante el apagón hizo posible el nacimiento de las llamadas teorías de la contaminación, mediante las que la policía intentó convencernos de que la aparición de DNT en los focos de explosión no era suficiente para descartar el uso de Goma 2 ECO en los trenes.»

© José María de Pablo Hermida, 2012.     

El “Caso Bretón” y el “Caso 11-M”: analogías y diferencias

José Bretón acaba de ser imputado por el doble asesinato de sus hijos después de que un perito privado haya podido determinar que los restos óseos hallados en una hoguera de la finca de su familia pertenecieron a humanos de entre dos y seis años de edad. De este modo, y aunque con un año de retraso, se ha podido corregir el error de la Policía Científica, que en un primer análisis concluyó que se trataba de huesos de animales.

La vida real no es CSI. Aunque los peritos y forenses de la Policía, en general, son rigurosos profesionales –la Policía Científica española es merecidamente una de las más prestigiosas del mundo-, también son humanos que a veces se equivocan. Por eso, el sistema prevé mecanismos para corregir esos errores, por ejemplo, la posibilidad de emitir nuevos informes periciales complementarios o ampliatorios, bien de la misma Policía, bien de algún perito privado contratado por alguna de las partes. En el “Caso Bretón” hay que felicitar al abogado de la acusación, que es quien propuso y aportó las nuevas pericias que han determinado que aquellos huesos son humanos. Pero también hay que agradecerlo en parte al Juez y a la propia Policía, pues para que un error de la Policía Científica en el análisis de una prueba pueda corregirse en un futuro es imprescindible que tanto el Juez como la Policía respeten los protocolos de custodia de piezas de convicción.

Se denomina piezas de convicción a los objetos, huellas y vestigios que –como los huesos del Caso Bretón- pueden servir de prueba de la culpabilidad o inocencia de alguna persona en relación con el delito perpetrado. Las piezas de convicción son una clase de cuerpo del delito, y su protocolo de recogida, custodia y conservación está regulado principalmente en los artículos 334 a 367 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal.

En concreto, el artículo 334 ordena que el Juez Instructor, por medio de la policía, procurará recoger en los primeros momentos las armas, instrumentos o efectos de cualquier clase (las piezas de convicción) que puedan tener relación con  el delito y que se encuentren en el escenario del crimen o en cualquier otro lugar, y extenderá una diligencia expresiva del lugar, tiempo y ocasión en que se encontraren, con la descripción de cada pieza de convicción recogida. El artículo 338 añade que se recogerán de tal forma que se garantice su integridad, y se acordará su retención, conservación o envío al organismo adecuado para su depósito. Por último, el actual artículo 367 ter (hasta la última reforma lo hacía el 338) exige la previa autorización judicial y el preceptivo informe del fiscal, para proceder a la destrucción de cualquier pieza de convicción (esto es habitual, por ejemplo, cuando se incautan grandes alijos de droga: se guarda una cantidad suficiente y se autoriza la destrucción del resto,  aunque ojo, siempre se suele conservar parte de la droga para posibles nuevos análisis y contranálisis).

El correcto cumplimiento, tanto por el Juez como por la Policía, de este protocolo, es lo que ha permitido corregir ahora el error de los primeros análisis del Caso Bretón. La correcta recogida, clasificación y etiquetado por la policía de aquellos restos óseos, así como su custodia y conservación ha permitido que meses después la acusación particular pudiera realizar nuevos análisis sobre esas pruebas y esclarecer su origen.

Todo lo contrario ocurrió en la investigación del 11-M, en cuyo complejo proceso intervine en mi condición de abogado de un colectivo de víctimas de aquellos atentados.

En el 11-M, la investigación del arma del delito (fundamental para el esclarecimiento de cualquier delito violento), esto es, del explosivo utilizado para volar los trenes, fracasó rotundamente, como reconoce la propia sentencia de la Audiencia Nacional, en su Fundamento Jurídico III.5: “no se sabe con absoluta certeza la marca de la dinamita que explotó en los trenes”.

Como ya narré en un capítulo de “La Cuarta Trama”, en aquella investigación no es que la Policía Científica se equivocase en el análisis de los restos de los explosivos, es que ni siquiera los llegó a analizar por la sencilla razón de que no se le enviaron: no había informe de la Policía Científica, una omisión que no pudimos conocer los abogados hasta dos años después de los atentados, cuando el Juez Del Olmo levantó el secreto de sumario.

En principio, aquello tampoco debía representar un gran problema, pues se podría solucionar como se ha hecho con el Caso Bretón: encargando un nuevo análisis para un nuevo informe. Pero cuando algunos abogados pedimos ese nuevo informe, y el Tribunal presidido por el Juez Gómez Bermúdez accedió a ello, los peritos nombrados se encontraron con dos hechos insólitos: los vagones de los trenes donde habían explosionado las bombas ya no existían (habían sido desguazados, sin autorización judicial, a los pocos días del atentado), y para colmo, la inmensa mayoría de las piezas de convicción que los TEDAX habían recogido en esos vagones antes de ser desguazados, y que contenían restos del explosivo, habían desaparecido de las dependencias de la Policía. Solo quedaban unos cuantos tornillos sin apenas interés para la investigación. En concreto, las piezas de convicción más valiosas para la investigación, como son los algodones de agua y acetona (que los tedax impregnan de restos de explosivo frotándolos en las superficies donde se observa la presencia de esos restos) y las piedras y tierras de los cráteres de las explosiones (que siempre quedan impregnadas de explosivo tras cualquier explosión) habían desaparecido por completo.

El desguace de los trenes del 11-M sin autorización judicial (por asombroso que parezca, en el sumario del 11-M no existe rastro alguno de esa autorización) es uno de los mayores escándalos de la historia judicial española. De hecho, el propio Tribunal Supremo, en la sentencia que resolvía los recursos de casación del 11-M, dijo de manera diplomática que le parecía sorprendente una tan apresurada destrucción, que impidió un estudio posterior más reposado y en profundidad, e incluso su reiteración de haber sido necesaria, de aspectos que pudieran haber resultado de interés para la investigación”. Pero si escandaloso fue el desguace de los trenes, no menos vergonzosa fue la simultánea y misteriosa desaparición de las numerosas (hablamos de centenares) piezas de convicción recogidas por los tedax dentro de los vagones tras el atentado. De hecho, a día de hoy, el Tribunal Supremo tiene pendiente la decisión sobre la continuación del procedimiento abierto contra dos mandos policiales imputados de un delito de encubrimiento por su presunta responsabilidad en la destrucción de estas pruebas. Se sabe que los centenares de piezas de convicción que los especialistas tedax recogieron en los trenes del 11-M fueron llevadas a la sede de la Unidad Central de TEDAX-NRBQ en el madrileño barrio de Canillas. Pero una vez allí, se perdió su rastro. ¿Qué fue de ellas?

Si la correcta conservación de las pruebas aparecidas en la finca de José Bretón ha permitido un nuevo análisis de gran ayuda para resolver este crimen, la incomprensible destrucción y desaparición de casi todas las pruebas recogidas en los trenes del 11-M ha hecho que, a fecha de hoy, el mayor atentado terrorista de la historia de Europa siga siendo un delito aún lejos de esclarecer.

© José María de Pablo Hermida, 2012.