Si yo fuese Ministro de Justicia

ministerio de justicia Esta semana hemos asistido a un cambio en la cartera de Justicia. Nos deja Gallardón, que habría sido el mejor ministro de Justicia de la democracia si se hubiera limitado a cumplir lo que prometía el programa electoral de su partido, y que pasará a la historia como el peor por hacer justo lo contrario. Y viene Rafael Catalá, al que de momento otorgaremos el beneficio de la duda. Así que yo, desde mi condición de humilde jurista-bloguero, me voy a permitir dar algunos consejos al nuevo Ministro –consejos que no leerá, aunque si los leyese poco caso me haría-.

He aquí algunas pinceladas de mi programa en materia de Justicia. A ver que le parece:

1.- Reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial. Eliminaría el actual y politizado sistema de elección de vocales del Consejo General del Poder Judicial y volvería al sistema que idearon quienes redactaron el artículo 122 de la Constitución: de los veinte vocales, doce (y por tanto la mayoría) serían jueces elegidos en sufragio directo por los propios jueces (que no por las asociaciones judiciales). En cuanto a los ocho restantes (los juristas de reconocido prestigio), establecería un sistema para que el Consejo General de la Abogacía y el Consejo Fiscal intervengan en su elección. Por qué lo haría y cómo lo haría está explicado en estos dos posts: (primera parte y segunda parte)

2.- Derogación de la Ley de Tasas Judiciales. Derogaría inmediatamente la actual Ley de Tasas Judiciales, que se ha convertido en el principal enemigo del derecho a la tutela judicial efectiva. Un ejemplo: a día de hoy, si un Juez se equivoca en una sentencia y usted la recurre en apelación, deberá abonar una tasa de al menos 800 euros que no recuperará aunque gane la apelación.

3.- Nueva Ley de Enjuiciamiento Criminal. La actual, de 1881, ha prestado ya suficientes servicios y puede descansar en paz. Salvo que a usted le parezca normal que para perseguir a un hacker informático que practica el phising, el pharming y el hacking, los jueces deban utilizar unos mecanismos legales ideados en el siglo XIX. El objetivo debe ser, sin reducir las garantías, acortar los plazos para que los procedimientos abreviados no duren diecisiete años (como el que les conté en este post) y los juicios rápidos sin conformidad no tarden cinco años en celebrarse. Y no: no le daría la instrucción a los fiscales.

Esta nueva Ley procesal incluiría, entre otras, las siguientes urgentes novedades:

  • Garantizar el derecho de defensa durante la detención. Por supuesto, la nueva Ley de Enjuiciamiento Criminal deberá adaptarse a lo establecido en la Sentencia 199/2003 del Tribunal Constitucional, y la Directiva 2013/48/UE del Parlamento Europeo, de modo que el abogado defensor pueda acceder al contenido del atestado policial y entrevistarse reservadamente con el detenido antes de la toma de declaración en comisaría, para asesorarle sobre la conveniencia o no de prestar declaración y sobre el contenido de esta, como expliqué en este post.
  • Creación de la figura del “investigado” –o el nombre que se le quiera dar-, en lugar de la palabra “imputado”, cuyas connotaciones negativas son conocidas, y a quien la opinión pública suele confundir con culpable.
  • Prohibición de informar sobre el secreto de sumario. A día de hoy, el secreto de sumario implica que las partes conocen las actuaciones, no a través de su procurador, sino a través de la prensa. Tipificaría como delito la publicación de actuaciones que estén declaradas secretas.

4.- Las faltas, fuera del Código Penal. No puede ser que los jueces de instrucción dediquen dos días a la semana a celebrar juicios de faltas por auténticas tonterías, en lugar de instruir procedimientos por delitos serios. Y así, jueces encargados de instruir casos como el Madrid Arena o el accidente de Spanair, no pueden terminar sus investigaciones en un plazo razonable porque dos días a la semana los dedican a pasar juicios de faltas sobre insultos entre vecinos, con una multa de 20 euros en juego, y que irremediablemente terminarán en absolución por existencia de versiones contrapuestas a pesar del esfuerzo de ambos vecinos en llevar testigos falsos. Convirtamos las faltas en infracciones administrativas –como las sanciones de tráfico-; y si está en juego una responsabilidad civil a favor de un perjudicado, que la reclame en la vía civil. Y que el instructor pueda dedicar los cinco días de la semana a instruir.

5.- Reducir las competencias de la Audiencia Nacional (penal) a lo imprescindible. Y lo imprescindible es terrorismo, extradiciones, y delitos cometidos en el extranjero. Y punto. La Audiencia Nacional es un órgano con una jurisprudencia y unos criterios que habitualmente se separan de la jurisprudencia y criterios comunes en el conjunto de la jurisdicción penal. El hecho de que los recursos –salvo los de casación- no salgan de la propia Audiencia Nacional contribuye a esta anomalía. Todos los delitos económicos que se juzgan en la Audiencia Nacional pueden instruirse sin problema alguno en las Audiencias Provinciales. El principio de ubicuidad adoptado por el Pleno no jurisdiccional de la Sala Segunda del Tribunal Supremo de 3 de febrero de 2005 soluciona el problema de la competencia territorial en los delitos cometidos en distintos puntos de la geografía nacional.

6.- Reforma de ciertos artículos de la Ley de Enjuiciamiento Civil que se han demostrado nocivos para el procedimiento. Por ejemplo, habría que suprimir los casos en los que el Secretario Judicial dicta resoluciones contra las que solo cabe recurso ante el propio Secretario, ni siquiera ante el Juez.

7.- Más juzgados, más jueces y más medios. Este punto es una obviedad, aunque supongo que si me nombran Ministro de Justicia me tocaría pelear duramente con Montoro para aplicarlo.

8.- Derogar la ley de plazos. Ya expliqué en este post que la ley del aborto vigente en España vulnera la doctrina del Tribunal Constitucional (Sentencia 53/85) y la Convención sobre los derechos de las personas con discapacidad. Habría que dejarse de eufemismos y proteger al más débil, que es el concebido no nacido, cuyo derecho a la vida es un bien jurídico digno de protección. Aquí sería necesaria la colaboración de otros ministerios, pues la tipificación del delito de aborto deberá ir acompañada de medidas de protección y apoyo a la mujer embarazada y a la familia, y de un sistema que facilite la entrega en adopción de los hijos no deseados. No creo que exista en España nadie que esté dispuesto a acabar con la vida de su hijo si sabe que existe la alternativa de la entrega en adopción. Se trata de salvar vidas.

Obviamente, esta lista es incompleta. Aquí he puesto las medidas que se me han ocurrido ahora a vuelapluma. A usted seguro que se le ocurren muchas más. Y que no está de acuerdo con alguna de las que propongo. Pues adelante: para eso están los comentarios.

© José María de Pablo Hermida, 2014.
 

No son las tasas, no.

300x300_noalastasas2Uno de los argumentos más utilizados por nuestro ministro de Justicia para justificar la nueva ley de tasas judiciales es la necesidad de poner coto a la excesiva litigiosidad de los españoles, que redunda en el atasco de los tribunales y, por tanto, en un cada vez mayor retraso en la resolución de los pleitos.

Pues no, señor ministro. Los verdaderos culpables del atasco de nuestros tribunales y del retraso en la resolución de los juicios, son algunas personas al servicio de la administración de Justicia que realizan su trabajo con una lentitud y parsimonia insoportable para el ciudadano. La prueba es que muchos juzgados despachan los trámites de manera aceptable mientras otros, con iguales medios materiales e igual número de asuntos entrantes, se eternizan.

A continuación os dejo el texto de la queja que he interpuesto ante la Fiscalía General del Estado para que veáis como una sola persona –en este caso un fiscal-, solo con su pachorra y dejadez, es capaz  de impedir a un ciudadano el normal ejercicio de su derecho a la tutela judicial efectiva.

Leed el texto de la queja, y después, los que seáis abogados, me respondéis a esta pregunta: ¿y si fuera el abogado el que tardase siete meses en cumplimentar un plazo de cinco días? ¿le esperaría el juez como se espera siempre al fiscal?

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Recuerdo la pregunta: ¿y si hubiese sido yo, como abogado de una parte, y no el fiscal, el que tardase siete meses en cumplimentar un plazo de cinco días? ¿me esperaría el juez?

© José María de Pablo Hermida, 2013.
 

Corrupción y justicia. ¿Si los jueces no vigilan a los políticos, quién lo hará?

descargaEl jueves pasado estuve en la tertulia política del programa “De Hoy a Mañana”, en 13TV, en el que abordamos las últimas revelaciones sobre el Caso Bárcenas y la presunta financiación ilegal del Partido Popular. Y al moderador no se le ocurrió otra cosa que preguntarme sobre la capacidad de la administración de justicia para dar respuesta a este y a los demás casos de corrupción. Los que siguen este blog ya saben mi opinión al respecto: mientras el poder judicial no sea independiente y permanezca secuestrado por el poder político, no podemos esperar una resolución razonable de los procesos que afectan a políticos. Ya lo expliqué en anteriores post (aquíaquí). ¿Puede juzgar con garantías la corrupción del Partido Popular (Casos Gürtel, Bárcenas, Brugal…) un juez nombrado por el Partido Popular? ¿puede juzgar con garantías la corrupción del Partido Socialista (Casos Campeón, ERES, Mulas…) un juez nombrado por el Partido Socialista? El actual Ministro de Justicia prometió, en las últimas elecciones, devolver la independencia al poder judicial garantizando a los jueces la elección de 12 de los 20 miembros del Consejo General del Poder Judicial. Como en tantas otras promesas, ya se ha arrepentido, y su proyecto de LOPJ no contempla esa reforma. Al revés, estudia atribuir la instrucción de los procedimientos penales (hasta ahora encomendada a los jueces de instrucción) al Fiscal, cuya dependencia del poder político es mayor si cabe que la de los jueces. No quiero ser mal pensado pero… esa complicidad que mantienen gobierno y oposición a la hora de garantizar el control del poder judicial por los partidos políticos, ¿no guardará relación con el número de casos de corrupción que están aflorando a derecha e izquierda? ¿no estarán tratando de impedir que una justicia independiente acabe con todos ellos en la cárcel? Aquí os dejo un extracto de mi intervención en 13TV, cuando relacioné la corrupción política con la falta de independencia del poder judicial:

© José María de Pablo Hermida, 2013.

Frente al asalto político al poder judicial, una propuesta de elección del CGPJ

Hoy he publicado una colaboración en el blog jurídico “Hay Derecho” sobre la pérdida de independencia del poder judicial, con una propuesta de composición del Consejo del Poder Judicial. Es un problema que ya denuncié en dos posts anteriores (primera parte y segunda parte). Ahora propongo una posible solución, para dotar al Consejo General del Poder Judicial de absoluta independencia respecto al legislativo y al ejecutivo.

Dejo aquí un enlace al artículo completo: Hayderecho.com: Frente al asalto político al poder judicial, una propuesta de elección del CGPJ

© José María de Pablo Hermida, 2012.     

La falta de independencia del poder judicial (II): De cómo los políticos asaltaron el poder judicial.

En mi anterior post analizaba la situación actual de politización de nuestro poder judicial, y advertía de los problemas de un ¿Estado de Derecho? en el que los jueces, a la hora de dictar sus sentencias, en lugar de aplicar la ley, aplican aquello que más conviene a los intereses del partido político que los nombró. Pero esto no siempre fue así.

Se atribuye a Montesquieu, la formulación de la teoría de la separación de poderes -aceptada hoy en la mayoría de las democracias occidentales-, según la cual, cada uno de los tres poderes del Estado (legislativo, ejecutivo y judicial) debe gozar de la necesaria independencia que permita el control de los unos por los otros. Como nadie es buen juez en causa propia, solo un poder judicial plenamente independiente del poder político podría, por ejemplo, defender al ciudadano de las arbitrariedades del gobernante.

Esta teoría de la separación de poderes fue asumida por nuestra Constitución Española de 1978 que, entre otras cosas, proclama en su artículo 117 la independencia del poder judicial. Además, para garantizar esa independencia, la propia Constitución, en su artículo 122, establece la creación de un órgano de autogobierno interno del poder judicial, llamado Consejo General del Poder Judicial, y que estará formado por el Presidente del Tribunal Supremo y veinte vocales (doce jueces y ocho juristas de reconocido prestigio). En cuanto a la elección de los vocales, el artículo 122 prevé que de los ocho juristas, cuatro serán elegidos por el Congreso y cuatro por el Senado. En cambio, nada dice la Constitución del sistema de nombramiento de los doce jueces vocales.

El hecho de que el legislador constituyente, que establece el nombramiento por Congreso y Senado de los ocho vocales juristas, no diga lo mismo de los doce vocales jueces, demuestra que el espíritu de la Constitución era sustraer el nombramiento de esos doce jueces de cualquier interferencia política, precisamente, para salvaguardar así la independencia del poder judicial en su autogobierno. La intención de los padres de la Constitución era que esos doce vocales jueces fuesen elegidos por los propios jueces (de lo contrario, la Carta Magna habría concretado el sistema de elección de esos doce vocales por los órganos legislativos, como sí concretó el mecanismo de elección de los otros ocho miembros juristas del CGPJ). De este modo, mediante la elección independiente de la mayor parte de los vocales del Consejo quedaba garantizada la independencia del poder judicial que proclamaba la Constitución.

Así se interpretó desde un primer momento. La primera Ley Orgánica del Poder Judicial de la etapa constitucional, aprobada en 1980 (consultar aquí), establecía en sus artículos 12 y 13, que «los Vocales del Consejo General de procedencia judicial serán elegidos por todos los Jueces y Magistrados que se encuentren en servicio activo (…) mediante voto personal, igual, directo y secreto». Quedaba así garantizada, mediante ley orgánica, la independencia del poder judicial que proclamaba la Constitución, pues la mayoría de los miembros de su órgano de autogobierno –los doce vocales jueces- iban a ser nombrados sin intervención de un solo político. Además, esa independencia se transmitiría, en cascada, a todos los órganos judiciales, desde el Tribunal Supremo hasta el último Juzgado de Instrucción del último rincón de España, pues todos sus jueces iban a ser nombrados por unos vocales del CGPJ que no dependieran de ningún partido político. Primaban los criterios técnicos, jurídicos y profesionales a la hora de elegir a los jueces: un auténtico Estado de Derecho.

Pero ese oasis democrático, ese puro Estado de Derecho, no duró más de cinco años. El afán totalitario de nuestros políticos les hacía insoportable la existencia de un poder judicial independiente. Y comenzó el asalto de los partidos al poder judicial.

El golpe ¿de Estado? al Estado de Derecho lo dieron los políticos en 1985, mediante la primera reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial (consultar aquí). El artículo 112 de la nueva LOPJ eliminaba de un plumazo la independencia del CGPJ, y establecía un nuevo sistema para la elección de los doce vocales jueces: seis serían nombrados por el Congreso y seis por el senado. De este modo, desde la entrada en vigor de la LOPJ de 1985, la mitad de los vocales del CGPJ, diez, los nombra el Congreso, y la otra mitad, los otros diez, son nombrados por el Senado.

Esa reforma de la LOPJ fue objeto de un recurso de inconstitucionalidad (que interpuso, curiosamente, José María Ruiz Gallardón, padre del actual Ministro de Justicia) resuelto por el Tribunal Constitucional mediante una discutible sentencia interpretativa (la Sentencia 108/1986, que puede consultarse aquí), en la que el TC salvaba la nueva ley, pero imponía –como condición de constitucionalidad- una serie de requisitos que debían respetar los partidos políticos al nombrar vocales para el CGPJ. Aquella sentencia señalaba textualmente que con el nuevo sistema de nombramiento de los vocales «se corre el riesgo de frustrar la finalidad señalada de la Norma constitucional si  las Cámaras, a la hora de efectuar sus propuestas, olvidan el objetivo perseguido y, actuando con criterios admisibles en otros terrenos, pero no en éste, atiendan sólo a la división de fuerzas existente en su propio seno y distribuyen los puestos a cubrir entre los distintos partidos, en proporción a  la fuerza parlamentaria de éstos. La lógica del Estado de partidos empuja a actuaciones de este género, pero esa misma lógica obliga a mantener al margen de  la lucha de partidos ciertos ámbitos de poder y entre ellos, y señaladamente, el Poder Judicial». Lo que –con preocupante simpleza- concluyó el TC es que este sistema de nombramientos sería constitucional sólo a condición de que Congreso y Senado nombrasen a los vocales sin atender a su adscripción política. Así declaraba constitucional la reforma de la LOPJ, pero advertía a la vez que un uso partidista de ésta, donde los partidos se repartiesen los vocales del CGPJ reproduciendo en este órgano la aritmética parlamentaria sí sería inconstitucional. Y, como si no conociese a los políticos, el TC convalidó la nueva ley confiando en que los partidos haría caso de sus consideraciones y no la utilizarían para politizar el Consejo. Ilusos.

Como era de esperar, los políticos hicieron caso omiso de las recomendaciones de aquella sentencia desde el primer momento. Desde entonces –a la hemeroteca me remito- los partidos se han repartido el pastel del poder judicial de manera impúdica mediante una sectaria política de nombramientos, y los vocales, en consecuencia, han venido actuando como meros ejecutores de la política del partido que los nombró. Un ejemplo. Días antes del Pleno del CGPJ en el que se votó la elección de Carlos Dívar como Presidente del Consejo, el entonces Presidente del Gobierno anunciaba que el elegido por él para ese cargo era Dívar: sin ningún pudor, el Gobierno reconocía que ya había ordenado a “sus” vocales en el CGPJ lo que debían votar en aquel Pleno en el que se elegía a su nuevo Presidente. ¿Dónde está la independencia del poder judicial?

Años después de la reforma de 1985, y ante las inevitables críticas al sistema de nombramientos, los políticos hicieron una especie de paripé para disimular su invasión del poder judicial. Así, en una nueva reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial, esta del año 2003 (consultar aquí), reforma que sigue vigente a día de hoy, se establecía un nuevo sistema para la elección de los doce vocales jueces: las asociaciones profesionales de jueces presentarían a un máximo de 36 candidatos, de entre los cuales el Congreso y Senado elegirían a los 12 vocales. Esto es, se permita ahora una puntual y simbólica intervención de las ya de por sí politizadas asociaciones de jueces, pero seguían -siguen- siendo Congreso y Senado quienes eligen a los vocales. Si además tenemos en cuenta que el PP y el PSOE pactan, respectivamente, con la Asociación Profesional de la Magistratura y con Jueces para la Democracia, a qué vocales propone cada asociación para su posterior elección por los partidos políticos, podemos hacernos una idea del nivel de independencia de nuestro poder judicial.

Y no olvidemos que ese vocal que ostenta un cargo en el CGPJ gracias a un partido político, es quién deberá votar el nombramiento de los magistrados y jueces del Tribunal Supremo, las Audiencias Provinciales, los Juzgados de Instrucción… de modo que no exista un solo juez en España que no le deba su cargo, directa o indirectamente, a un partido político determinado.

Por eso, cuando vea usted que los medios de comunicación hacen cábalas sobre el sentido de una futura sentencia, no atendiendo a lo ajustado a la ley de lo que se discute, sino al color político de los jueces que van a dictar la sentencia (de hecho, ahora se divide a los jueces en conservadores y progresistas), no se escandalice: nuestro poder judicial es así.

© José María de Pablo Hermida, 2012.