La Sentencia del “Prestige” y las acusaciones politizadas

prestige Una vez leída la sentencia del “Caso Prestige” (y que puede consultarse en este enlace), me gustaría hacer algunas consideraciones.

Como es sabido, la sentencia ha absuelto a los tres acusados (el capitán y el jefe de máquinas del buque, así como el entonces Director de la Marina Mercante) de los principales delitos de los que se les acusaba –fundamentalmente, delitos contra el medio ambiente y daños en espacios naturales protegidos- y ha dejado todo en una condena menor por desobediencia al capitán del barco.

Como ocurre siempre que un juicio mediático se salda con una sentencia absolutoria, la reacción mayoritaria ha sido de frustración, incluso de enfado. Y, como siempre, los destinatarios de las iras de tertulianos mediáticos y portavoces políticos han sido, cómo no, los jueces que han tenido la osadía de absolver a quienes la prensa había condenado sin juicio muchos años antes.

Pero, ¿de verdad el resultado del “Caso Prestige” es culpa de los jueces? Creo que no.

Lo primero que quiero dejar claro es que, como escribí ayer en Twitter, el hecho de que una sentencia aplique la presunción de inocencia siempre es una buena noticia. Más que nada porque si mañana le acusan a usted de un delito que no cometió, querrá que le respeten ese derecho. Y eso es lo que hace la sentencia, que comienza su fundamentación jurídica resumiendo así el resultado de la prueba practicada: “nadie sabe con exactitud cuál ha sido la causa de lo ocurrido, ni cuál debiera haber sido la respuesta apropiada a la situación de emergencia creada por la grave avería del Prestige, dicho sea con independencia de las múltiples y a veces curiosas hipótesis que se han sostenido sobre ambos extremos”. Con ese resultado, al Tribunal tiene la obligación de absolver a los acusados, como así ha hecho.  

Pero entonces, se preguntarán ustedes: ¿para qué once años de juicio? ¿qué les decimos a los afectados que, once años después del desastre, siguen sin cobrar ninguna indemnización? Y la respuesta es la siguiente: estas cosas pasan cuando se ponen los intereses políticos por encima del interés de las víctimas del delito.

Me explico:

El Convenio Internacional sobre Responsabilidad Civil nacida de daños debidos a contaminación por hidrocarburos, 1992, del que España es parte, establece la responsabilidad objetiva de los propietarios de buques, y crea un sistema de seguro obligatorio. Esto significa que en caso de vertido tóxico, el propietario del buque es siempre civilmente responsable de los daños ocasionados, con independencia de cuál sea la causa del vertido, y de quién sea culpable del mismo. Un ejemplo: si cae un meteorito en un petrolero y eso produce un vertido tóxico, es evidente que el propietario del buque no tiene ninguna culpa del accidente, pero aun así, por el principio de responsabilidad objetiva, su seguro deberá hacer frente a las indemnizaciones correspondientes por los daños que cause el vertido.

Por tanto, si los afectados por el hundimiento del Prestige, en lugar de emprender acciones penales, hubiesen utilizado la vía civil, hace ya muchos años que habrían cobrado del seguro sus indemnizaciones (de hecho, recuerda la sentencia, la aseguradora del Prestige consignó en su día importantes cantidades para hacer frente a esas indemnizaciones).

El problema es que sentar en el banquillo al adversario político siempre es jugoso, y tanto el partido político Izquierda Unida, como la plataforma “Nunca Mais”, que se personaron como acusación en este procedimiento, pusieron todo su esfuerzo, no en que las víctimas cobraran sus indemnizaciones, sino en sentar en el banquillo a su adversario político, el entonces Director de la Marina Mercante, para así utilizar políticamente la catástrofe. Por cierto, la sentencia deja en evidencia la actuación de Izquierda Unida en este procedimiento cuando, tras reflejar con asombro que este partido formuló acusación, entre otros delitos, “por un delito que la parte llama de desobediencia del art. 550 del C.Penal” (ese artículo está dedicado al delito de atentado, no al de desobediencia), lamenta que “Izquierda Unida no se dignó comparecer en ninguna de las sesiones del juicio”. El caso es que las verdaderas víctimas del Prestige, arrastradas por estas dos formaciones políticas, se han visto abocadas a un proceso penal que ha terminado en nada.

Es algo parecido a lo que está ocurriendo en el Caso Bankia, en el que numerosos preferentistas, que habrían recuperado ya su dinero o estarían cerca de hacerlo si hubieran acudido al arbitraje o a una reclamación civil, han sido arrastrados a la vía penal por otro partido político -en este caso UPyD- y se encuentran ahora atrapadas en un proceso penal en la Audiencia Nacional que durará tantos años o más que el del Prestige, y cuya sentencia tiene todos los visos de resultar igualmente absolutoria.

Antes de iniciar acciones judiciales hay que decidir la estrategia jurídica (por ejemplo, si se acude a la vía penal o a la vía civil) pensando siempre en el interés del cliente. Y lo normal es que, como en Bankia o en el Prestige, los intereses de las víctimas no coincidan con los de los partidos políticos.

Por eso no me parece mal la intención del gobierno de prohibir a los partidos políticos el ejercicio de la acción popular. 

© José María de Pablo Hermida, 2013.

El derecho al honor de los imputados

Esta semana me invitaron a hablar en el “Foro Jurídico IESE” sobre “La afectación del derecho al honor en los casos de imputación penal”. Como creo que es un tema interesante y de actualidad, copio a continuación un resumen de mi ponencia.   

Hablar de la afectación del derecho al honor en los casos de imputación penal es hablar de un conflicto de derechos. Pero no un conflicto de derechos al uso, en el que entre en conflicto el derecho de una persona con el derecho de otra. Aquí nos encontramos con un hecho muy peculiar, y es que entran en conflicto, en realidad, dos derechos de la misma persona. Me refiero al conflicto entre el derecho a un proceso público y el derecho al honor. En este caso, y por extraño que parezca, el titular de ambos derechos es el mismo: el imputado.

La publicidad del proceso penal, que reconoce como derecho fundamental del reo el artículo 24 de la Constitución (y proclama como un principio jurídico el artículo 120 de la norma fundamental) tiene como razón de ser el necesario control por parte de la sociedad del poder judicial. Es decir, es un modo de evitar arbitrariedades por parte de los jueces. Por decirlo de un modo gráfico, en España no podría un juez torturar personalmente a un acusado para arrancarle una confesión, entre otras cosas, porque lo vería el público. Así lo establece el Tribunal Constitucional (Sentencia 96/1987) cuando señala que la publicidad del proceso protege a las partes de las posibles arbitrariedades “de una justicia sustraída al control del público”.

De hecho, la experiencia nos dice que es en esa fase prejudicial sustraída al público (la fase policial) donde, al amparo del secreto de los sótanos de las comisarías, con relativa frecuencia se producen vulneraciones de derechos fundamentales (los abogados que hayan hecho guardias de asistencia a detenidos y lean esto, saben bien de lo que estoy hablando).

Por tanto, el derecho a un proceso público, tal y como lo establece la Constitución, no es un derecho de los medios de comunicación ni del público en general: es un derecho del propio justiciable, que no puede ser juzgado en secreto. De este modo, el escrutinio del público, que puede acercarse a una sala de vistas, ver un extracto de un juicio en el telediario, incluso últimamente leer las sentencias que los medios publican íntegras en internet, es un incentivo para que el juez haga bien su trabajo y respete los derechos del justiciable.

De todos modos, también entra en juego aquí el derecho a comunicar o recibir información veraz (artículo 20 de la Constitución) que asiste a los medios de comunicación y a la sociedad en su conjunto. Es evidente que muchos procedimientos judiciales son de interés general, de modo que su tratamiento como noticia estaría amparado por el derecho a la información (hay sentencias que reconocen que el seguimiento de los juicios por los medios de comunicación completa el derecho a un proceso público, hasta el punto de que admiten la retransmisión de un juicio por televisión –Caso Camps, Caso Garzón, Juicio del 11-M…- aunque con ello se ponga en peligro la incomunicación de los testigos, que en teoría no pueden conocer el desarrollo del juicio hasta que son llamados a declarar).

Pero la experiencia nos dice que cuando el reo disfruta de su derecho a un proceso público, a la vez pone en peligro su derecho al honor, pues para la población en general la figura de la imputación tiene una connotación negativa.

En mi opinión, esta afectación al derecho al honor de los imputados se produce porque nos hemos acostumbrado a extender el principio de la publicidad del proceso no solo al juicio oral, sino también a la fase de instrucción. Y es en la fase de instrucción donde se produce un daño al derecho al honor del imputado que, quizás, se podría evitar.

Una cosa es que, llegado al juicio oral, el ciudadano tenga acceso, bien asistiendo al juicio, bien siguiéndolo por la prensa, a lo que allí ocurre. En ese caso no hay tanto problema porque durante el juicio oral la información sobre una prueba de cargo que perjudique al acusado se verá contrarrestada por las pruebas de descargo, las alegaciones del letrado defensor, incluso el derecho a la última palabra del acusado. Además, a los pocos días del juicio habrá una sentencia: si el acusado es absuelto, quedará restituido su honor; y si es condenado, podemos decir que fue él, al delinquir, quien puso en riesgo su honor.

Pero cosa distinta es la filtración de un sumario a la prensa en fase de instrucción. Allí está el verdadero problema. Esas filtraciones, además de ser ilegales (el artículo 301 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal excluye a la fase de instrucción de la publicidad del proceso) dejan indefenso al reo por muchos motivos:

1. Porque las filtraciones suelen ser parciales: quien filtra un sumario (casi siempre la Fiscalía, la Policía, o la acusación particular, porque es raro que lo haga la defensa) filtrará solo la parte del sumario que le interesa, es decir, lo que perjudica al imputado.

2. Por la tendencia del público en general a condenar en su fuero interno, sin análisis crítico alguno, a todo imputado por el mero hecho de serlo.

3. Porque el público desconoce el significado de la palabra imputado. Que una persona esté imputada solo significa que se le está investigando, nada más, y es muy posible que sea inocente (ejemplo: en el juicio del 11-M hubo más de 120 imputados, de los que un centenar no llegaron siquiera a sentarse en el banquillo). Por eso, es bueno recordar que la imputación en realidad es una garantía, cuya finalidad es que la persona investigada disfrute, como imputado, de unos derechos (a nombrar abogado, a no declarar contra sí mismo, a no confesarse culpable, etc) de los que carecería si no tuviera esa cualidad. En el fondo, cuando un juez convierte a una persona en imputado no le está juzgando: sólo le está dando la posibilidad de defenderse. Pero eso, el que no es jurista, el telespectador de Sálvame, no lo sabe.

4. Porque muchas veces el sumario que se filtra está declarado secreto, de modo que el imputado y su defensa aún no conocen su contenido (salvo lo que filtra la prensa): difícilmente podrá entonces el imputado hacer declaraciones en su defensa, o desmentir informaciones, pues al no conocer el contenido exacto del sumario, no conoce hasta que punto esas filtraciones responden a la realidad, no conoce que pruebas de descargo hay, y sobre todo, no ha podido escoger una estrategia de defensa. Muchas veces no queda otro remedio que guardar silencio ante lo que publica la prensa, lo que supone renunciar a defenderse ante la opinión pública con tal de no perjudicar la posterior defensa ante el Juez.

5. Porque a veces se filtran pruebas del sumario que se han obtenido ilegalmente (por ejemplo, escuchas telefónicas acordadas sin los requisitos necesarios): esas pruebas acabarán siendo declaradas nulas porque se obtuvieron vulnerando derechos fundamentales, pero antes habrán servido para que la prensa hunda la reputación del imputado.

Otras veces el problema surge en el modo en que la Policía lleva a cabo algunas diligencias, como las detenciones o los registros. Los artículos 520 y 522 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal disponen que las detenciones y los registros se practiquen del modo que menos perjudiquen la reputación de los detenidos. Pero por desgracia estamos acostumbrados a que ciertos jueces de instrucción, incluso ciertas unidades de la Policía o de la Guardia Civil, avisen a la prensa antes de practicar estas diligencias.

Ante este problema, y de cara a la anunciada reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, se podrían tomar algunas medidas para garantizar el derecho al honor de los imputados.

Se me ocurren, a bote pronto, tres posibles medidas:

1. Eliminar la palabra “imputado” sustituyéndola por otra que tenga menos connotaciones, como por ejemplo, “investigado”. O quizás, dejar la imputación para la fase intermedia del proceso –cuando ya existen indicios suficientes contra una persona- y crear otra figura previa para que quien está siendo investigado disfrute de los derechos de los que ahora goza el imputado, pero sin que se le llame imputado. En Portugal, por ejemplo, existe la figura del arguido, que es previa a la de imputado.

2. Prohibir la publicación de partes del Sumario declaradas secretas. Cuando un medio publica un sumario secreto (algo tan frecuente que ya nos parece normal) siempre hay alguien que, al filtrarlo, ha cometido un delito. Pero ese alguien nunca responderá de su delito gracias al derecho de los periodistas a no revelar sus fuentes. Pues bien, quizás, dado que esa información siempre procede de la comisión de un delito, se podría prohibir explícitamente la publicación de datos de sumarios declarados secretos en los medios de comunicación.

3. En Francia está prohibido fotografiar a una persona detenida que llega esposada al Juzgado. Quizás no es necesario ser tan restrictivos, pero ¿por qué no tomar alguna medida intermedia que evite la sobrexposición de los imputados a los medios de comunicación?

Seguro que al lector de este artículo se le ocurren muchas más posibles medidas.

En lo que a los abogados respecta, el problema fundamental es que cuando nos toca defender a alguna persona de relevancia mediática, se nos multiplica el trabajo por dos: acabamos defendiendo al cliente en dos juicios: en el juicio procesal que tiene lugar en el Juzgado (que es lo que aprendimos a hacer en la facultad) y en el juicio mediático (el llamado “juicio paralelo”), pues el cliente acaba confiándonos, no solo su posible absolución en la sentencia, sino también, la protección de su derecho al honor ante los medios de comunicación. Y no es fácil.

© José María de Pablo Hermida, 2012.     

La sanción a Contador: derecho deportivo versus derechos fundamentales

La reciente sanción por dopaje al ciclista Alberto Contador (ver noticia) es una clara muestra de que el derecho sancionador deportivo, tal y como está concebido en la actualidad, constituye un verdadero anacronismo: en una época como la nuestra, en la que todos los sistemas jurídicos occidentales se construyen –o se pretenden construir- sobre la base de la garantía y protección de los derechos fundamentales, el derecho deportivo sancionador se sigue apoyando en principios jurídicos más propios de un régimen totalitario que de una democracia avanzada.

El laudo del TAS que sanciona a Contador (ver laudo del TAS en pdf) se apoya en el principio anglosajón del balance de posibilidades, según el cual, no es necesaria la existencia de pruebas de cargo para condenar a una persona, sino que es suficiente con que el Tribunal crea más probable la culpabilidad que la inocencia de una persona: pero en términos de probabilidad, no de prueba. Este principio está prohibido por el derecho sancionador (tanto penal como administrativo) de todos los sistemas jurídicos modernos (incluido España), que exigen no una mera probabilidad de culpabilidad, sino una verdadera prueba de cargo.

Así, el controvertido laudo del TAS reconoce que no tiene ninguna prueba de que Contador se haya dopado nunca, y que no puede saber cual es la procedencia de los 50 picogramos de clembuterol detectados en el organismo del deportista. Pero, a pesar de ello, afirma el TAS que de las posibles procedencias de ese clembuterol, la que le parece más probable al tribunal es el consumo de un suplemento alimenticio contaminado, lo que le lleva a sancionar. Estas son las palabras textuales de la traducción al español del laudo: “el escenario de los suplementos contaminados no solo es posible, sino que es el más probable”, eso sí, “más allá de la duda razonable, este tribunal no está convencido de que se haya producido una contaminación por ingestión de suplementos contaminados”.

Es decir, el argumento del TAS (y del artículo 21 del Código Mundial Antidopaje, en base al cual aplica la sanción) es que si en el organismo de un deportista aparece una sustancia prohibida, por ínfima que sea, lo más probable es que el deportista se haya dopado y, por tanto, debe ser sancionado salvo que el deportista logre probar que la presencia de esa sustancia no se deba a un acto de dopaje. Es lo que se llama una inversión de la carga de la prueba: según el TAS, no es la Agencia Mundial Antidopaje la que debe probar que un atleta se ha dopado, sino que es el atleta quien tiene que probar que no se ha dopado. Y como Alberto Contador no ha conseguido probar que el origen de esos 50 picogramos de clembuterol sea otro, se le ha sancionado a pesar de que no existían pruebas de que la causa de la presencia de esa sustancia en su organismo se deba a un acto de dopaje.

Como suele ocurrir en el derecho deportivo, se produce una cadena de vulneraciones de derechos fundamentales del deportista:

Primero, se produce una vulneración en toda regla del derecho a la presunción de inocencia, pues el tribunal reconoce que no existen pruebas de que Contador sea culpable, pero como el ciclista no ha probado que sea inocente, le sanciona.

También se vulnera el principio in dubio pro reo, pues el TAS reconoce que “más allá de la duda razonable, este tribunal no está convencido de que se haya producido una contaminación por ingestión de suplementos contaminados” pero, ante la duda, en lugar de absolver, condena.

Se pisotean las más elementales normas de la carga de la prueba, pues se obliga al deportista a probar un hecho negativo (lo que en derecho procesal llamamos probatio diabolica), lo cual es imposible (en cualquier Estado de Derecho, la obligación de probar es de quien afirma un hecho, no de quien lo niega). 

Y ello se une a la vulneración sistemática del derecho a la intimidad y del derecho a la libre deambulación que supone la obligación de estos deportistas de comunicar siempre su paradero por si a la Agencia Antidopaje le apetece hacer un control sorpresa a las cuatro de la madrugada en la vivienda familiar del afectado.

O la vulneración del derecho al juez ordinario predeterminado por la ley que suponen los castigos establecidos para los deportistas que acuden a la justicia ordinaria (véase, por ejemplo, el reciente acoso de la UEFA al Sion C.F. por el grave delito de haber recurrido una sanción ante la justicia suiza), y la consiguiente obligación de ser juzgados por un pseudo tribunal (el TAS) que aplica normativas y principios jurídicos prohibidos en la mayoría de los países civilizados.  

Si la legitimidad moral de un sistema jurídico estriba en el respeto y protección que dispensa a los derechos fundamentales de la persona, es evidente que hemos de replantearnos la configuración del derecho deportivo sancionador.

Está bien luchar contra la lacra del dopaje. Pero siempre con respeto a los derechos del deportista: el fin no justifica los medios.

© José María de Pablo Hermida, 2012.     

La Sentencia "Marta del Castillo" y la presunción de inocencia

A continuación reproduzco el artículo que publiqué en la edición de ayer del diario El Mundo. En él analizo la Sentencia del caso “Marta del Castillo”. Es un tema polémico, pero creo que no está de más recordar de vez en cuando que el hecho de que un Tribunal aplique el principio de presunción de inocencia a la hora de dictar sentencia no es una señal de debilidad de la administración de justicia -como se está escuchando estos días- sino, muy al contrario, una señal de salud del Estado de Derecho.

Ante sucesos tan repugnantes como el que acabó con la vida de Marta del Castillo, ninguna sentencia de ningún tribunal puede hacer justicia. En casos como este, la única justicia (en el más estricto sentido del término) consistiría en devolverle la vida a la víctima, y eso ningún juez puede hacerlo. Aun así, la sentencia de la Audiencia Provincial de Sevilla, que condena a “solo” 20 años de prisión a Miguel Carcaño, y absuelve al resto de los acusados, ha causado cierta indignación, en una opinión pública ávida de justicia.

Esa indignación es comprensible, pero un análisis desapasionado, y exclusivamente jurídico de la sentencia permite comprender la decisión de un Tribunal que, en mi opinión, se ha limitado a respetar el derecho de los acusados a la presunción de inocencia: los jueces saben que el estado de ánimo de la opinión pública no es prueba de la culpabilidad del reo.

Es significativo que la sentencia haya comenzado su fundamentación jurídica citando unas palabras de Tomás y Valiente sobre la presunción de inocencia, un derecho que prohíbe la condena formulada por un Juez que no tenga la certeza de la culpabilidad del acusado, y que solo puede destruirse mediante verdaderas pruebas de cargo, nunca por impresiones, apariencias, o estados de ánimo.

El Tribunal sabía que muchos tertulianos radiofónicos, comentaristas, y público en general habían condenado en su fuero interno a Carcaño y sus amigos por esas impresiones y apariencias no contrastadas de las que previene Tomás y Valiente. Pero sin pruebas de cargo definitivas, o lo que es lo mismo, sin certeza jurídica de culpabilidad, la obligación del Juez es absolver. En palabras de la Audiencia Provincial de Sevilla, “la primera tarea de un tribunal penal es determinar si conforme a las pruebas practicadas puede afirmarse sin ningún género de duda razonable que los que se dicen cometidos por los acusados lo fueron realmente, de forma que su derecho fundamental a la presunción de inocencia quede del todo destruido o enervado”.

El Tribunal tenía ante sí una difícil tarea: al no haber testigos presenciales de los hechos, solo contaba con la confesión de Miguel Carcaño, pero éste había proporcionado hasta seis versiones de los hechos distintas e incompatibles entre sí: ¿con qué versión quedarse? En estos casos, la función de los jueces es contrastar cada versión con el resto de pruebas objetivas de que dispone, para descartar las versiones que sean incompatibles con las pruebas objetivas.

En este caso, el Tribunal contaba fundamentalmente con dos pruebas objetivas: los restos de ADN encontrados en el lugar de los hechos, y las llamadas y posicionamientos de los teléfonos móviles de los acusados. Esa técnica es la que ha conducido al Tribunal a dudar de las versiones en las que Carcaño implicaba al resto de acusados: por eso les ha absuelto.

Por ejemplo, es un dato objetivo que junto a los restos de ADN de Carcaño, Marta y el Cuco localizados en el escenario del crimen, no existe rastro del ADN de Benítez, lo que pone en duda las versiones en las que Carcaño decía que Benítez le ayudó a deshacerse del cadáver. Eso se suma a que, si bien en las versiones en las que involucró a Benítez, Carcaño afirmaba haberle llamado entre las 21:00 y las 21:30 para que le ayudase a eliminar las pruebas, lo cierto es que en esa media hora la única llamada que recibió el móvil de Benítez se la hizo el Cuco desde una cabina situada a más de un kilómetro del lugar de los hechos. Además, según los datos de posicionamiento BTS, el móvil de Benítez no estuvo en el lugar de los hechos aquella noche. El ADN, el tráfico de llamadas y el posicionamiento de los teléfonos móviles también corroboran la coartada de los otros dos acusados absueltos: Javier Delgado y María García.

Y aunque a mitad de juicio apareció un taxista afirmando haber llevado a Javier al lugar de los hechos antes de la desaparición del cadáver, es normal que la audiencia prive a este testigo de credibilidad, primero por lo extraño de que tarde dos años y ocho meses en acudir a denunciar unos hechos tan graves, pero sobre todo porque afirmó haber reconocido Javier por su voz en un reportaje de televisión: ¿puede reconocer un taxista la voz de un cliente al que trasladó una vez 32 meses antes?

Lo que si me parece más discutible es la calificación de los hechos como asesinato, y no de homicidio, por la concurrencia de alevosía. Tengo mis dudas de que una agresión con un cenicero (que es la causa de la muerte que se declara probada), por sorpresiva que pueda ser, pueda encuadrarse en el concepto de alevosía. Este será, sin duda, uno de los puntos más relevantes que tendrá que solventar el Tribunal Supremo cuando resuelva los recursos de casación. Lo que no comparto es la calificación menor, como simple homicidio imprudente, que hace la defensa: en la descripción de los hechos que hace la sentencia, no veo imprudencia, veo dolo.

También es discutible la cuantía de la pena. El delito de asesinato conlleva una pena de entre 15 o 20 años, y la audiencia provincial, sin que concurran circunstancias agravantes, ha aplicado a Carcaño la máxima pena, 20 años de prisión, atendiendo a la gravedad de los hechos. Pero basa esa gravedad en dos hechos que son posteriores al asesinato: la negativa a desvelar el paradero del cadáver, y el hecho de haber acusado al resto de coimputados siendo estos inocentes. Pero, en mi opinión, la negativa a desvelar el paradero del cadáver estaría amparada por el derecho a no declarar contra sí mismo que garantiza la Constitución, mientras que la incriminación de los otros acusados inocentes, siendo reprochable, en nada afecta a la gravedad del hecho por el que se le juzga. Esto no significa, ni mucho menos, que la pena adecuada sea la mínima de 15 años, pues en mi opinión concurren otros elementos objetivos, que aunque la sentencia no los mencione, dotan de un plus de gravedad a este crimen, como la minoría de edad de la víctima (lo que aumenta el injusto sufrimiento de sus padres y hermanas), o la relación de amistad, precedida de un noviazgo, entre el agresor y su víctima.

En cualquier caso, es de agradecer el esfuerzo de los autores de esta sentencia por sustraerse a las presiones de la opinión pública y dictar una sentencia sobre bases puramente jurídicas y, sobre todo, respetando la presunción de inocencia. Algunos seguimos pensando que merece la pena correr el riesgo de absolver a cien delincuentes, con tal de evitar la eventual condena de un inocente. 

© José María de Pablo Hermida, 2012.     

La Operación Galgo, la presunción de inocencia, y Marta Domínguez

Ahora que la Juez ha exculpado a Marta Domínguez de la principal de las imputaciones que pesaban sobre ella en la Operación Galgo (ver noticia), muchos nos preguntamos quién y cómo va a reparar el daño que se ha hecho a la imagen de la atleta con las numerosas noticias de tantos medios de comunicación que durante meses la han tachado de traficante de sustancias dopantes.

Pero, por duro que parezca, no estaría de más recordar que todos estos injustos ataques al honor de Marta Domínguez tienen un origen: la propia Guardia Civil.  

De hecho, me sorprende que nadie haya reparado hasta ahora en la llamativa doble vara de medir y de actuar del Instituto Armado en dos hechos coincidentes en el tiempo (ambos ocurridos el pasado mes de diciembre): la operación galgo, y el secuestro de una menor en un pueblo de Badajoz.

Como recordarán, una menor, que había sido secuestrada por una banda de rumanos, y obligada a prostituirse en la localidad pacense de Arroyo de San Serván (ver noticia), fue liberada el pasado mes de diciembre por un policía local de aquella localidad. La actuación del audaz policía, que en cuanto tuvo conocimiento de la situación de la menor no dudó en liberarla y detener a sus secuestradores, impidió a la Guardia Civil –que tras una ardua investigación estaba a punto, también, de encontrar y liberar a la menor- hacerse la foto y apuntarse el éxito de la operación. La venganza de la Guardia Civil no tardó en llegar. El día 24 de diciembre, agentes de la Benemérita entraban en la casa del policía local, procedían a su detención y le obligaban a pasar la Nochebuena en un calabozo. ¿El delito? Haber revelado a un periodista la edad de la menor liberada, lo que, según la Guardia Civil, constituía un grave delito de relevación de secretos.

En la Operación Galgo, la actuación de la Guardia Civil ha sido la contraria. A pesar de que las actuaciones estaban bajo secreto de sumario, el mismo día que se procedió a detener a varios atletas, el Instituto Armado difundió a los cuatro vientos, primero en una nota de prensa que a día de hoy continúa colgada en internet (ver la nota de prensa de la Guardia Civil), y luego mediante sucesivas filtraciones a los medios, todos los detalles de la operación galgo, que en esa fecha estaba declarada, repito, secreto de sumario.

Esto es: la Guardia Civil que detiene a un policía por revelar a un medio de comunicación la edad (y solo la edad) de la víctima de un delito, es la misma que dos semanas antes había difundido una nota de prensa proporcionando numerosos datos sobre una operación que estaba bajo secreto de sumario.

El hecho es que tanto la Guardia Civil como los medios que difundieron esas filtraciones volvieron a olvidar uno de los fundamentos del Estado de Derecho: la presunción de inocencia, un principio cuyo respeto no solo incumbe a los jueces, sino también a los medios de comunicación y, por supuesto, a la Guardia Civil.

Porque si no, pasa lo que ha ocurrido ahora: que aquella atleta a la que toda España llevaba llamando delincuente los últimos cuatro meses, en realidad era inocente. 

Ahí dejo la pregunta: ¿hasta que punto es lícito difundir filtraciones sobre las imputaciones contra una persona antes de que los jueces se pronuncien?
© José María de Pablo Hermida, 2011.     
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