Causas judiciales secretas: ¿habría que limitar el derecho a la información?

top-secretPublica hoy la prensa que alguien ha reventado la Operación Nelson (ver noticia). La filtración a un medio de comunicación de que la Audiencia Nacional investigaba en una causa secreta a las cúpulas de Manos Limpias y Ausbanc por un supuesto delito de extorsión ha obligado a adelantar las detenciones y los registros, y podría haber permitido la destrucción de pruebas por los investigados, poniendo en grave riesgo el éxito de la operación.

En realidad, no hay que ser muy hábil para deducir de las declaraciones del periodista que recibió la filtración que el filtrador es -como tantas veces- un policía (“paré la publicación de todo esto porque me lo pidió la policía para no entorpecer la investigación” ha dicho).

publicidad del proceso penal

El artículo 120 de la Constitución establece, como regla general, que las actuaciones judiciales serán públicas, con las excepciones que prevean las leyes procesales. Esta regla tiene relación con el derecho constitucional a un proceso público (que forma parte del derecho a la tutela judicial efectiva del art. 24 CE) y el derecho a la información (art. 20 CE). En realidad, como ya expliqué en un anterior post, la publicidad del proceso es una garantía del acusado que permite el necesario control por parte de la sociedad del poder judicial y evita arbitrariedades por parte de los jueces.

Pero hemos visto que el art. 120 de la Constitución prevé que las leyes establezcan excepciones a esa regla general de la publicidad. Las excepciones las encontramos en los artículos 301 y 302 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal.

Primera excepción: la instrucción

El art. 301 establece que “las diligencias del sumario serán reservadas y no tendrán carácter público hasta que se abra el juicio oral”. El carácter reservado del Sumario implica que en un proceso penal lo que es público no es la instrucción, sino el juicio oral y la sentencia.

Esto es lógico porque -aunque lo más morboso y atractivo para los medios de comunicación son las detenciones y las fotos de los investigados saliendo de la Audiencia Nacional-, lo que ocurre en fase de instrucción son solo meras investigaciones, y esos detenidos, cuya fotografía entrando en un vehículo policial luce tan bien en portada, muchas veces terminan absueltos –a veces incluso sin necesidad de juicio- porque se demuestra su inocencia.

Otra cosa es el juicio oral, cuya publicidad permite conocer al público de manera global (y no parcial, como ocurre cuando se informa sobre una instrucción) las pruebas de cargo y de descargo que afectan al acusado. Lo mismo ocurre con la sentencia, cuya publicidad en nada afecta a la presunción de inocencia pues el sujeto ya ha sido juzgado.

Segunda excepción: el secreto de sumario

Por tanto, la instrucción del procedimiento penal es reservada, lo que significa que solo deben tener acceso a su contenido el Juez de Instrucción, el Fiscal, y las partes personadas (acusaciones y defensas). Y nadie más.

Pero el artículo 302 LECRIM establece una segunda excepción que en determinados casos transformará la instrucción de reservada a secreta. Así, establece que el Juez podrá declarar las actuaciones secretas (el secreto del sumario) en dos casos:

  1. para evitar un riesgo grave para la vida, libertad o integridad física de una persona; o
  2. para prevenir una situación que pueda comprometer de forma grave el resultado de la investigación o del proceso.

Una vez decretado el secreto de las actuaciones, solo tendrán acceso al contenido de la causa el Juez y el Fiscal, pero no las demás partes.

Por tanto, el secreto de las actuaciones no es un capricho del Juez para mantener alejados a los abogados y trabajar más cómodo, sino un modo de proteger la integridad física de alguien o –en la mayoría de los casos- de garantizar el éxito de una investigación (evitando, por ejemplo, la destrucción de una prueba que está en manos del investigado).

¿y las filtraciones?

A pesar de lo anterior, las filtraciones a la prensa de diligencias reservadas, o incluso declaradas secretas, se han convertido en un hecho frecuente que, por desgracia, sucede cada día con total naturalidad.

Y si la mera filtración de una diligencia de instrucción (luego reservada) es perniciosa –además de ilegal- porque vulnera el derecho a la presunción de inocencia del investigado, la filtración de una causa declarada secreta es extremadamente grave –y un delito de revelación de secretos-. Recordemos que si el Juez ha decretado el secreto es porque considera que la publicidad de la investigación pondría en peligro, o bien la integridad de una persona, o bien el éxito de la investigación.

El caso que me ha dado pie a escribir este post es un buen ejemplo. El Juez de la Audiencia Nacional decreta el secreto de las actuaciones para asegurar el buen fin de la operación, pero un policía irresponsable prefiere quedar bien con un periodista, le filtra la existencia de la investigación, y revienta una operación echando por tierra meses de trabajo y de preparación.

medidas contra las filtraciones versus derecho a la información 

El problema es que es prácticamente imposible descubrir al autor de una filtración, porque un periodista debe guardar su secreto profesional y, como garantía de ese secreto, no está obligado a revelar sus fuentes ni siquiera ante un Juez. Pero eso no quita para que estemos hablando de una información sobre una causa secreta que, por un lado, solo ha sido posible porque alguien –la fuente- ha cometido un delito de revelación de secretos-, y por otro lado, pone en grave peligro el éxito de una investigación judicial.

Una manera eficaz de evitar este tipo de filtraciones sería prohibir la información relativa a causas declaradas secretas.

Es cierto que una medida de este tipo supondría una restricción del derecho a la información, pero hay que recordar que ningún derecho es absoluto. A veces, el derecho de una persona choca con el de otra, o incluso con el interés general, y en esos casos habrá que ponderar con cuidado qué derecho debe prevalecer. Por ejemplo, a veces el derecho a la intimidad de un ciudadano entra en conflicto con la seguridad de los aeropuertos, y habrá que restringir ese derecho para que el ciudadano pase sus pertenencias por un escáner.

Así, del mismo modo que el secreto del sumario es una medida restrictiva del derecho de defensa (impide al investigado conocer los hechos que se le imputan y defenderse con todas las garantías) que es sacrificado para salvaguardar el buen fin de la investigación, por el mismo motivo (el buen fin de la investigación) cabría plantear una reforma legal que incluyera la prohibición de informar sobre el contenido de las causas declaradas secretas (imponiendo, por ejemplo, una sanción al medio de comunicación) aunque eso suponga una restricción del derecho a la información.

Es muy frustante defender a un investigado en una causa declarada secreta, sin poder ejercer adecuadamente el derecho de defensa por ese motivo, y a la vez observar como la prensa recibe filtraciones del contenido de esa misma causa.

No solo eso, como las filtraciones de las causas secretas suelen proceder de Fiscalía o de la Policía, lo habitual es que se trate de filtraciones parciales e interesadas que dejarán en indefensión ante la opinión pública al investigado, vulnerando su presunción de inocencia.

La pregunta es: si la necesidad de garantizar el éxito de una investigación es razón suficiente para restringir el derecho de defensa prohibiendo al investigado el acceso a la causa declarada secreta, ¿por qué no lo es para restringir el derecho a la información prohibiendo a los medios publicar acerca del contenido secreto de ese procedimiento?

Para responder a esa pregunta, nada mejor que la sección de comentarios debajo de este post.

© José María de Pablo Hermida, 2016.

Dos importantes enmiendas a la reforma de la LECRIM

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La Comisión de Justicia del Congreso aprobó ayer dos enmiendas transaccionales al proyecto de reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal que me parecen muy importantes: la primera, relativa al control de la duración de las causas penales, y la segunda, en relación con el derecho a la intimidad y a la propia imagen de los detenidos. Dedicaré este post a comentar brevemente cada una de las enmiendas y sus consecuencias.

Sobre el control de la duración de las causas penales.

Ya critiqué duramente en este post la ocurrencia (no es otra cosa) del Gobierno de imponer un límite temporal (de 6 o 18 meses según la complejidad) a la instrucción de las causas penales. Dije entonces que lo más disparatado de este nuevo límite temporal era el papel que se atribuía en exclusiva al fiscal: según el proyecto, solo el fiscal podía solicitar que el límite temporal se amplíe de los seis a los dieciocho meses, y solo el fiscal podía pedir nuevas prorrogas por otros dieciocho meses. Este papel que se otorgaba al fiscal demuestra el profundo desconocimiento del día a día de una instrucción penal que padece quien ha redactado ese proyecto de ley.

Terminé aquel post con un consejo a los grupos parlamentarios y, como veo que los diputados me han leído y me han hecho caso, copio aquí lo que dije en aquel post:

«Así que me permito dar un consejo –o hacer un ruego más bien- a los grupos parlamentarios para que puedan mejorar la norma mediante las oportunas enmiendas.

Si les pido duplicar la plantilla de jueces y fiscales no me van a hacer caso, así que al menos sugeriré una mejora en las garantías procesales de esta reforma: eliminar el papel exclusivo del fiscal a la hora de solicitar tanto la calificación de la instrucción como “compleja” como la prórroga de dieciocho meses.

Ya que el procedimiento penal está dirigido –no lo olvidemos- a salvaguardar los derechos de los imputados/investigados y de las víctimas del delito, creo que tanto unos (las defensas) como otros (la acusación particular) deberían tener legitimidad para solicitar la calificación de la instrucción como compleja y para pedir la prórroga de los dieciocho meses. Dejar esta posibilidad a la exclusiva voluntad de la Fiscalía supone un inaceptable recorte de los derechos procesales de las partes. Y ya puestos, debería permitirse al Instructor acordarlo de oficio.»

Pues bien, parece que me han hecho caso, y ayer se aprobó una enmienda transaccional (ver noticia) que amplía al resto de personados en el procedimiento la posibilidad de pedir una ampliación del plazo de duración de la instrucción: tanto las acusaciones populares o particulares, como las defensas, podrán solicitar al juez la ampliación del plazo de duración de la instrucción.

Así que si esta enmienda, como parece –cuenta con los votos de PP y CiU- sobrevive al trámite parlamentario, se habrá paliado (que no solucionado, porque lo del límite temporal me sigue pareciendo una ocurrencia sin ninguno sentido) uno de los principales defectos de este proyecto de ley.

Sobre el derecho a la intimidad de los detenidos.

La otra enmienda aprobada introduce un párrafo nuevo en el artículo 520 LECRIM que establece que en el trato a los detenidos “se deberán adoptar las medidas necesarias para asegurar el respeto a sus derechos constitucionales al honor, intimidad e imagen en el momento de practicarse así como en los traslados ulteriores” (ver noticia).

ratoEn otras palabras, se pretende evitar que los detenidos sean sometidos al escarnio público al que nos tienen acostumbrados los medios de comunicación, y que alcanzó su punto álgido con la retransmisión en directo de la detención de Rodrigo Rato hace pocas semanas.

En realidad, no debería hacer falta introducir este párrafo en la ley, pues el actual artículo 520 ya ordena que “la detención y la provisión provisional deberán practicarse en la forma que menos perjudique al detenido o preso en su persona, reputación o patrimonio”, aunque es cierto que estamos ante un precepto que se viene incumpliendo a diario. Y precisamente porque se viene incumpliendo a diario, se añade ahora otro párrafo que concreta más esta obligación, aunque en mi opinión sigue siendo ambiguo: ¿significará este nuevo párrafo –ojalá- que estará prohibido obtener imágenes de los detenidos durante su traslado a los Juzgados?

Leo que algunos medios de comunicación han criticado esta enmienda porque limita el derecho a la información. A mí, en cambio, me parece que se queda corta: detenidos e imputados tienen derecho a la presunción de inocencia, un derecho fundamental incompatible con el linchamiento al imputado que practican los medios de comunicación con demasiada frecuencia.

Si esta enmienda consigue acabar con las sensacionalistas fotos de imputados entrando al Juzgado que ilustran la portada del mismo periódico que -meses después- no dedicará ni una pequeña esquina escondida a informar de que aquel imputado al que linchó ha sido declarado inocente por el Juez, bienvenida sea.

© José María de Pablo Hermida, 2015.

comentarios al proyecto de reforma de la LECRIM (II): el nuevo proceso por aceptación de decreto

chiste20forges20funcionarios4Cuando hablé en mi post anterior del nuevo límite temporal de la instrucción que introduce el proyecto de reforma de la LECRIM, me quejé de la ausencia de mecanismos procesales que faciliten esa agilización de los procesos.

En realidad, el proyecto de reforma sí introduce –o eso pretende- un mecanismo para agilizar los juzgados de instrucción, pero lo hace mediante una ocurrencia que está abocada al fracaso y, si no se mejora en el trámite parlamentario, nadie la utilizará.

Me refiero al nuevo “proceso por aceptación de decreto” regulado en los futuros artículos “803 bis a” al “803 bis j” (tan parcheada está nuestra sufrida LECRIM de 1882 que se abandona el sistema de añadir artículos bis, ter, quater, etc., y se recurre al bis a, bis b, bis c… hasta el bis j).

En qué consiste

Este nuevo proceso será aplicable exclusivamente a los delitos castigados con pena de multa o de prisión sustituible por multa (esto es, prisión hasta un año –o dos años en ciertos casos-), con o sin privación del permiso de conducir, en los que no esté personada acusación particular o popular.

En estos supuestos, el fiscal podrá dictar un decreto de propuesta de imposición de pena (que solo podrá ser de multa y/o privación de permiso de conducir, nunca de prisión). El juez de instrucción, tras comprobar que el decreto del fiscal cumple los requisitos legales, citará al encausado para una comparecencia en la que, asistido de su letrado, podrá aceptar la propuesta del fiscal, en cuyo caso esa propuesta se convertirá en sentencia definitiva. Si el encausado no acepta la propuesta del fiscal, ésta quedará sin efecto, y se procederá a continuar la instrucción por el procedimiento normal.

En resumen, estamos ante un nuevo modelo de conformidad en fase de instrucción pensado para aquellos delitos menores que no conlleven pena de prisión.

Hasta aquí todo parece muy bien, pero…

Por qué está abocado al fracaso

El problema es que el autor del proyecto de reforma no ha caído en la cuenta de que la LECRIM actual ya tiene establecido un procedimiento para la conformidad en fase de instrucción –el juicio rápido con conformidad del vigente artículo 801 LECRIM- mucho más atractivo para las defensas que el nuevo procedimiento de aceptación por decreto.

El actual artículo 801 permite, en caso de delitos castigados con penas de hasta tres años de prisión, multa, o cualquier otra pena menor de diez años (aplicable por tanto a todos los delitos a los que está destinado el nuevo proceso por aceptación de decreto), que el imputado reconozca los hechos y alcance un acuerdo de conformidad en fase de instrucción con el fiscal (y con las acusaciones si las hay), en cuyo caso el juez dictará sentencia reduciendo la pena solicitada en un tercio.

Las tres ventajas del ya existente procedimiento del art. 801 sobre las del nuevo de aceptación por decreto saltan a la vista: el art. 801 es aplicable a más delitos que la aceptación por decreto; es aplicable también a los casos en que existe acusación particular personada; y sobre todo implica la reducción de la pena en un tercio.

Veámoslo con un ejemplo:

A nuestro cliente, que dio positivo en un control de alcoholemia, le acusan de un delito contra la seguridad vial (art. 379 del Código Penal) castigado con multa de seis a doce meses y privación del derecho a conducir vehículos entre uno cuatro años. Luego le es aplicable tanto el procedimiento del actual art. 801 como el del nuevo 803 bis a.

Si utilizamos el procedimiento de aceptación por decreto, el fiscal podría pedir una pena mínima de seis meses de multa y un año de privación de permiso de conducir, que si aceptamos se convertiría en sentencia firme.

En cambio, si utilizamos el procedimiento del actual art. 801, podríamos llegar a una conformidad por esa misma pena de seis meses de multa y un año de privación de permiso de conducir, con la diferencia de que el Instructor, al dictar sentencia, tendría que reducir la pena en un tercio (art. 801.2. LECRIM) hasta dejarla en cuatro meses de multa y ocho meses de privación de permiso de conducir. Obviamente, un resultado más beneficioso para los intereses de nuestro cliente que el del nuevo proceso de aceptación de decreto.

Así que no es difícil imaginar lo que ocurrirá si se aprueba el proyecto de reforma tal como está y a algún fiscal se le ocurre utilizarlo. Cuando nos citen para la comparecencia del nuevo 803 bis h nos negaremos a aceptar el decreto. Al día siguiente, presentaremos un escrito diciendo que reconocemos los hechos y pedimos la transformación en juicio rápido del 801, y allí alcanzaremos una conformidad con el fiscal por las mismas penas que él había pedido en su decreto. De este modo, conseguiremos la preceptiva reducción de un tercio en las penas, y lo que mediante la aceptación por decreto iba a ser una pena de un año, mediante el actual art. 801 LECRIM quedará reducido a una pena de solo ocho meses.

Cómo mejorar el proyecto

A pesar de lo dicho, el nuevo procedimiento por aceptación de decreto tiene una –solo una- ventaja sobre el artículo 801, que es la simplicidad de la instrucción: decreto, comparecencia, y punto.

Así que –si me lee algún grupo parlamentario- la manera de mejorar este punto del proyecto en el trámite parlamentario sería aprobar una enmienda que introduzca en los procesos por aceptación de decreto la preceptiva reducción de la pena en un tercio. Eso permitiría que a las defensas les interese aceptar los decretos del fiscal. De lo contrario, mucho me temo que este procedimiento morirá por falta de uso.

© José María de Pablo Hermida, 2015.

comentarios al proyecto de reforma de la LECRIM (I): el nuevo límite temporal de la instrucción.

Bhtm-j7CcAAm3ZPEl Consejo de Ministros del pasado viernes aprobó dos proyectos paralelos (uno de ley, otro de ley orgánica) de reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal. Esto significa que una legislatura más (y van…) se opta por parchear nuestra agotada ley procesal de 1882 en lugar de hacer, por fin, un nuevo código procesal penal acorde con los tiempos que corren.

El texto íntegro de los dos proyectos puede consultarse aquí:

Con el de hoy comienzo una serie de artículos en los que pretendo repasar los aspectos –los parches– que más me han llamado la atención de esta enésima reforma. Pero no desde el punto de vista superficial que lo han tratado tantos medios de comunicación, sino desde el punto de vista práctico del abogado (o el juez, o el fiscal…) que la utilizará a diario.

Regulación del nuevo límite temporal de la instrucción.

Ya el título del proyecto de ley sugiere una posible contradicción cuando habla de “agilización de la justicia penal” y “fortalecimiento de las garantías procesales”: dos fines legítimos pero muchas veces incompatibles. Es bueno agilizar la justicia penal, pero si no se hace con cuidado se corre en riesgo de hacerlo a costa de las garantías procesales, o lo que es lo mismo, del Estado de Derecho. Mucho me temo que eso es lo que ocurre con el límite temporal que se introduce ahora para los procedimientos penales.

La reforma introduce un nuevo art. 324 LECRIM que establece dos plazos máximos de duración para la instrucción penal: un plazo general de seis meses, y otro excepcional de dieciocho meses (prorrogable a otros dieciocho) para las causas que se declaren “complejas”. Y se incluye una relación de circunstancias que permiten calificar a una instrucción como “compleja” (grupos criminales organizados, numerosos hechos punibles, gran cantidad de investigados o víctimas, necesidad de pericias complicadas, actuaciones en el extranjero, revisión de la gestión de personas jurídicas, y delitos de terrorismo).

La intención es buena (que levante la mano quien esté en contra de que las instrucciones penales duren menos) pero utópica, porque cualquiera que haya pisado una vez un Juzgado de Instrucción sabe que, a día de hoy, no existen los medios necesarios para lograr ese objetivo. Digamos que el Gobierno pretende construir la casa por el tejado: en lugar de dotar a la administración de justicia de los mecanismos necesarios para agilizar los procesos –más jueces, más fiscales, un sistema informático de este siglo, una legislación procesal más moderna, etc.- , se les impone por ley ser más rápidos y punto. Como si los jueces (y los fiscales, y los abogados…) se pasaran el día jugando a Candy Crush

Lo cierto es que a día de hoy, a excepción de los juicios rápidos con conformidad (en los que apenas hay que instruir, y que ya duraban menos de seis meses sin necesidad de un límite temporal legal), no es posible terminar una instrucción en menos de seis meses.

El nuevo y decisivo papel del Fiscal

En mi opinión, lo más disparatado de esta reforma es el papel que se atribuye en exclusiva al fiscal, y que demuestra el profundo desconocimiento del día a día de una instrucción penal que padece quien ha redactado este proyecto.

Por un lado, para que una instrucción sea declarada “compleja” y el límite temporal se amplíe de los seis a los dieciocho meses, deberá solicitarlo el Ministerio Fiscal, y sólo el Ministerio Fiscal. Ni lo podrán pedir las demás partes, ni lo podrá acordar el Juez de oficio. Del mismo modo, la posible prorroga por otros dieciocho meses que contempla la reforma, tampoco puede solicitarla nadie más que el fiscal.

Los fiscales deben estar temblando.

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Díganle a este pobre que los termine en menos de seis meses…

La realidad de los Juzgados de instrucción es que los fiscales solo hacen un seguimiento activo de la tramitación de la instrucción en aquellos casos de relevancia mediática (a excepción de la Fiscalía Anticorrupción que, según mi experiencia, sí acude habitualmente a las diligencias de investigación y controla la instrucción). De ordinario, los fiscales apenas pisan los juzgados de instrucción, y su intervención suele limitarse a emitir informes cuando se lo pide expresamente el Juzgado: unas veces porque es preceptivo su informe (alegaciones sobre los recursos de las partes, medidas cautelares, etc); y otras porque el Instructor, para ahorrarse trabajo, pregunta directamente al fiscal lo que procede resolver sobre una cuestión –“visto el estado del procedimiento, dese traslado al fiscal para informe” significa, la mayor parte de las veces, “pásese el marrón al fiscal para que se estudie él la causa y me diga lo que tengo que resolver, que yo voy muy pillado”-.

Pero lo que nunca hacen los fiscales (a excepción, repito, de algunas Fiscalías especiales como Anticorrupción) es un seguimiento del estado de tramitación de cada procedimiento, más que nada porque -al menos en Madrid capital- cada Juzgado de Instrucción tiene asignados dos únicos fiscales para seguir la tramitación de todos los procedimientos de ese Juzgado, y eso, materialmente, es imposible.

Desde esta reforma, y con los medios actuales, caben tres posibilidades. Una, que los Instructores tomen la iniciativa de dar traslado mecánicamente al fiscal cada vez que se acerca un límite temporal: “dese traslado al fiscal para que manifieste si solicita la calificación de la presente instrucción como compleja / para que manifieste si solicita la prórroga de la presente instrucción por otros dieciocho meses”. Dos, que los fiscales se vayan acostumbrando a pasar mañanas enteras en el juzgado repasando causas. Tres, que nos resignemos a llevar a juicio instrucciones incompletas porque se agotó el plazo de seis meses sin que el fiscal apenas supiera de su existencia.

Consejos a los abogados para sobrevivir a la reforma

Ante este nuevo panorama, los abogados tendremos que servirnos del nuevo apartado 7 del futuro artículo 324 LECRIM, según el cual “las diligencias de investigación acordadas antes del transcurso de los plazos legales serán válidas, sin perjuicio de su recepción tras la expiración de los mismos” (por cierto, para oficios, exhortos y similares este artículo es claro, pero, ¿afecta a testificales?, es decir ¿se puede acordar una testifical dentro del nuevo plazo legal, pero señalarla para después de los seis meses en base a este apartado 7?).

A partir de ahora tendremos que tener clara nuestra estrategia procesal desde el primer momento y solicitar sin demora todas las diligencias de instrucción que nos interesen, para que sean acordadas antes del plazo de los seis meses con independencia de lo que tarden después en practicarse. Una vez acordadas, el nuevo apartado 7 impedirá que el Juzgado nos cierre la instrucción hasta que no se lleven a cabo .

Obviamente, esto plantea un grave problema para las defensas. Casi siempre la estrategia más inteligente, cuando se está en el lado de la defensa, es la de don Tancredo: quedarnos quietos -al abrigo de la presunción de inocencia y la carga de la prueba- a la espera de lo que consiguen probar las acusaciones, y dependiendo del resultado de las diligencias interesadas por éstas, contraatacar después –o no- con nuestras diligencias de descargo. Por ejemplo, es prudente esperar a conocer el resultado de las periciales acordadas de oficio o pedidas por las acusaciones antes de encargar nuestra contrapericia. Con la nueva reforma, en cambio, habrá que tener mucho cuidado, pues a veces la cercanía del límite temporal de la instrucción podría obligarnos a solicitar diligencias de defensa antes de conocer el resultado de las de la acusación.

Como siempre, en materia de estrategia hay que decidir en cada caso concreto, pero a bote pronto se me ocurren dos soluciones válidas a este problema. Una –poco ortodoxa- será pedir al Juzgado, antes de que transcurra el límite temporal, que acuerde mediante Providencia la realización de una contrapericial por nuestro propio perito, y esperar a que se aporte la pericial de la acusación para realizar y aportar la nuestra: aunque la presentemos fuera del límite temporal, estaríamos salvados por el apartado 7 del nuevo artículo. Otra opción será olvidarnos de defender nuestra posición durante la instrucción, y aportar –cuando esto sea posible- todas nuestras pruebas de descargo como cuestión previa al comienzo del juicio oral (lo que tendrá el inconveniente de tener que renunciar a un posible sobreseimiento que evite a nuestro cliente la pena de banquillo).

En cualquier caso, siempre que sea posible, seguirá siendo aconsejable –cuando estemos en la defensa- tratar de evitar aportar nuestras diligencias de descargo hasta que no conozcamos el resultado de las de cargo. La posesión del balón hay que dársela a la acusación, que toquen y toquen mientras esperamos con paciencia el momento de lanzar el contraataque.

Y otro consejo a los partidos políticos (para el trámite parlamentario).

Pero no todo está perdido. Este proyecto de ley no deja de ser un proyecto que será sometido al trámite parlamentario. Así que me permito dar un consejo –o hacer un ruego más bien- a los grupos parlamentarios para que puedan mejorar la norma mediante las oportunas enmiendas.

Si les pido duplicar la plantilla de jueces y fiscales no me van a hacer caso, así que al menos sugeriré una mejora en las garantías procesales de esta reforma: eliminar el papel exclusivo del fiscal a la hora de solicitar tanto la calificación de la instrucción como “compleja” como la prórroga de dieciocho meses.

Ya que el procedimiento penal está dirigido –no lo olvidemos- a salvaguardar los derechos de los imputados/investigados y de las víctimas del delito, creo que tanto unos (las defensas) como otros (la acusación particular) deberían tener legitimidad para solicitar la calificación de la instrucción como compleja y para pedir la prórroga de los dieciocho meses. Dejar esta posibilidad a la exclusiva voluntad de la Fiscalía supone un inaceptable recorte de los derechos procesales de las partes. Y ya puestos, debería permitirse al Instructor acordarlo de oficio.

Ahí queda la sugerencia.

Resumen.

Esta ley es bienintencionada pero voluntarista e irreal. El Gobierno, en lugar de proporcionarle un bólido más potente y con mejor aerodinámica, ha decidido que para que Fernando Alonso vuelva a ganar carreras lo mejor es obligarle a ello por ley.

Es cierto que dotar de medios a la Justicia cuesta dinero. Pero al menos nos podrían dotar de una legislación procesal penal más moderna, que simplifique la instrucción y facilite la celeridad de la tramitación. Al contrario, esta reforma, lejos de simplificar la instrucción, la complica introduciendo la preceptiva petición del fiscal y posterior audiencia a las partes cada vez que se modifique el límite temporal.

© José María de Pablo Hermida, 2015.

El “partícipe a título lucrativo” y otros modos de beneficiarse de un delito.

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Hoy hemos conocido el nuevo auto dictado por el Juez Pablo Ruz (enlace aquí), por el que se acuerda el final de la fase de instrucción de una de las piezas separadas del “Caso Gürtel” y ordena su transformación en Procedimiento Abreviado.

La parte más mediática del auto, a la vista de los primeros titulares que encontramos en la prensa digital, es la consideración de la ministra de Sanidad Ana Mato como partícipe a título lucrativo. Y anda media España confundida (al menos aquellos que tienen cuenta en Twitter) haciéndose la misma pregunta: ¿qué es un partícipe a título lucrativo? ¿Significa esto que Ana Mato está imputada por el Gürtel? ¿Acaba de sentar Ruz a la ministra en el banquillo? ¿Ingresará en prisión?

El concepto de partícipe a título lucrativo es una figura de nuestro procedimiento penal tan desconocida y poco utilizada, como importante y práctica para las acusaciones, especialmente en el ámbito de los delitos económicos.

Esta figura está regulada en el artículo 122 del Código Penal, que establece que “el que por título lucrativo hubiere participado de los efectos de un delito o falta, está obligado a la restitución de la cosa o al resarcimiento del daño hasta la cuantía de su participación”.

Por tanto, el partícipe a título lucrativo es aquel que no ha intervenido en la comisión del delito investigado (no es autor, ni cooperador necesario, ni cómplice), pero se ha beneficiado sin saberlo de los efectos del mismo. La consecuencia de esto es que al partícipe a título lucrativo no se le acusa de ningún delito –no se le sienta en el banquillo-, ni se le puede imponer ninguna pena (ni cárcel, ni multa, ni inhabilitación, etc), pero en cambio se le reclama que restituya los efectos del delito de los que se ha beneficiado.

Aplicándolo al caso Gürtel, la lectura correcta del auto notificado en el día de hoy es que Pablo Ruz considera que Ana Mato no ha participado en el delito presuntamente cometido por su ex marido, pero se ha beneficiado –sin saberlo- de los efectos de ese delito. Por ejemplo, en la página 73 y siguientes del auto, al describir los regalos percibidos por Jesús Sepúlveda de la red Gürtel, Ruz hace referencia a “la percepción de regalos en forma de servicios turísticos, entre los años 2000-2004, por importe total de 50.331,82 euros (…) de los que fueron beneficiarios Jesús Sepúlveda y/o distintos miembros de su círculo familiar o doméstico (tales como su mujer Ana Mato Adrover y los hijos de ambos, así como otras personas vinculadas a la unidad familiar)”. Ruz entiende que Ana Mato se benefició de esos servicios turísticos sin conocer su procedencia ilícita y por eso ni la imputa ni la acusa de ningún delito. Pero en cambio, debe devolver esas cantidades: eso es un partícipe a título lucrativo.

Acudiendo a otro ejemplo conocido, la Fiscalía Anticorrupción ha manifestado en alguna ocasión su intención de considerar a la Infanta Cristina partícipe a título lucrativo en el Caso Noos, ya que considera que la Infanta se benefició del dinero obtenido por Urdangarín en las actividades del Instituto Noos, pero desconociendo su origen ilícito.

Luego en esta figura la clave es, por tanto, el desconocimiento del origen ilícito del dinero o efectos percibidos.

Y ese desconocimiento marca la frontera entre la responsabilidad únicamente civil que corresponde al partícipe a título lucrativo, y la responsabilidad penal por delitos como el de receptación o blanqueo de capitales.

Así, el artículo 298 del Código Penal castiga como autor de un delito de receptación al que “con conocimiento de la comisión de un delito contra el patrimonio o el orden socioeconómico, en el que no haya intervenido ni como autor ni como cómplice, ayude a los responsables a aprovecharse de los efectos del mismo, o reciba, adquiera u oculte tales efectos”, mientras que el artículo 301 castiga como reo de blanqueo de capitales a quien “adquiera, posea, utilice, convierta, o transmita bienes, sabiendo que éstos tienen su origen en una actividad delictiva, cometida por él o por cualquiera tercera persona, o realice cualquier otro acto para ocultar o encubrir su origen ilícito, o para ayudar a la persona que haya participado en la infracción o infracciones a eludir las consecuencias legales de sus actos”.

Recapitulando: beneficiarse de los efectos del delito conociendo el origen delictivo de los mismos sería constitutivo de un delito de receptación, o bien de blanqueo de capitales. Hacerlo sin conocimiento de su origen ilícito se traduce en la figura de partícipe a título lucrativo.

En resumen, ni está imputada Ana Mato, ni se la va a sentar en el banquillo, pero si se prueba en el juicio oral que se benefició de esos delitos, se le condenará como responsable civil a devolver esas cantidades. Por eso, tendrá derecho a que su abogado esté presente e intervenga en el juicio oral (una intervención similar a la de las compañías de seguros que son citadas a juicios penales como responsables civiles de los delitos cometidos por sus asegurados). En cuanto a ella –Ana Mato-, lo normal será que su intervención personal en el juicio oral se limite a declarar en calidad de testigo.

© José María de Pablo Hermida, 2014.