la declaración de la Infanta y las preguntas prohibidas

images33_18Hemos conocido en estos días la transcripción de la declaración prestada por la Infanta Cristina, en calidad de imputada, por el llamado Caso Noos. Y, como suele ser habitual, la práctica totalidad de los medios de comunicación se han puesto de acuerdo en demostrar su ignorancia sobre lo que significa el derecho de defensa, resaltando con grandes titulares el número de respuestas evasivas pronunciadas por la imputada. Como si en una investigación en la que lo decisivo es el grado de conocimiento de la Infanta sobre la procedencia del dinero de sus sociedades familiares, cupiera otra estrategia de defensa diferente a contestar “lo desconozco” a todas las preguntas. En realidad solo había una estrategia –desde el punto de vista estrictamente procesal- más prudente: acogerse al derecho a no declarar. Quizás en previsión de los problemas de imagen que pudiera ocasionar el ejercicio de ese derecho fundamental por quien es la hija del Rey, sus abogados optaron por lo más parecido que existe a no declarar: contestar  “no lo sé” a cualquier pregunta.

La estrategia de defensa de la Infanta no me ha sorprendido en absoluto y estoy convencido de que cualquier abogado con un mínimo de experiencia le habría aconsejado hacer lo que hizo. Sus abogados acertaron.

Por eso quería dedicar este post a lo que sí me ha llamado la atención de esa declaración. Se trata de un aspecto del que sorprendentemente no he oído hablar a nadie estos días: la peculiar forma de interrogar del Juez Castro.

Preguntas prohibidas en un interrogatorio.

Los artículos 389, 439 y 709 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal prohíben expresamente, en los interrogatorios a imputados y testigos, tres tipos de preguntas: las sugestivas, capciosas e impertinentes.

Son preguntas sugestivas las que sugieren al interrogado la respuesta que debe dar. Por ejemplo, sería sugestivo preguntar “¿es verdad que al entrar en el salón encontró el cadáver de la víctima con un cuchillo clavado en la espalda?”: lo correcto sería preguntar ¿qué vio usted al entrar en el salón? A veces, las preguntas sugestivas solo sugieren la poca experiencia o habilidad en el interrogatorio de un abogado novato. Pero otras, pueden ser una estratagema ilícita para arrancar una respuesta que, de otro modo, el testigo nunca nos iba a dar. En realidad, estaríamos ante un modo de coaccionar al que declara. Por eso está prohibido.

Son preguntas capciosas las que, por el modo de preguntar, pueden inducir a error al testigo. Son las preguntas con trampa. Unas veces se trata de preguntas muy largas y subordinadas para que el testigo no entienda lo que se le pregunta, y otras veces son preguntas que contienen a la vez varias preguntas. Por ejemplo, si preguntamos “¿es cierto que se encontró usted a las 7 con la víctima en la calle Serrano y le preguntó si llevaba dinero suelto?”. La pregunta es capciosa porque contiene varias preguntas y el testigo no sabrá por cuál de ellas se le está preguntando.

Por último son preguntas impertinentes las que no guardan relación con el caso, o bien ya las ha contestado el testigo anteriormente. Por ejemplo, si se juzga un fraude fiscal por la declaración de IVA del año 2010, no se puede preguntar al imputado si también ha defraudado a Hacienda en el 2009.

El interrogatorio de la Infanta y las preguntas prohibidas.

Llama la atención la facilidad con la que el juez Castro utilizó este tipo de preguntas prohibidas en su interrogatorio a la Infanta. En mi opinión, ese modo de interrogar del Instructor, y no las evasivas (así lo llama la prensa) de la imputada, es lo verdaderamente relevante de esta declaración.

Por razones de espacio me limitaré a unos pocos ejemplos, pero el interrogatorio da para una tesis doctoral sobre cómo no se debe interrogar en un Estado de Derecho garantista.

Tras informar a la imputada de sus derechos, y un par de preguntas de trámite, el Juez comienza el interrogatorio con una pregunta que es sugestiva y capciosa a la vez: “Usted debe saber que al constituir una sociedad mercantil con su marido, de ahí se desprende, parece desprenderse una voluntad inequívoca de que el dinero que se ingrese en esa sociedad sea de los dos, no?” La pregunta es sugestiva porque el Juez ya le está dando la respuesta. Pero además es capciosa, porque la constitución de una sociedad con su marido no significa necesariamente que exista esa voluntad inequívoca. Las intenciones pueden ser muchas otras. Pero puede inducir a alguien con pocos conocimientos mercantiles a responder afirmativamente a algo que no sabe.

Otro ejemplo de pregunta capciosa lo encontramos en el folio 27008. La Infanta llevaba tiempo asegurando a Castro que la iniciativa de crear Aizoon era exclusiva de Urdangarín y ella se limita a confiar en su marido. Entonces, el juez enseña a la imputada un email entre Urdangarín y un tal Iñako: “aquí se dice ´Cristina vive como yo mi frustración, una vez más se pone mi camiseta y me anima´ (…)”. Y después de leer el mail, Castro asegura: “Ven claro un nuevo proyecto que era el de Aizoon, es decir, usted también lo veía claro, usted figuradamente se dice, se pone la camiseta de su marido y le ayuda, bueno, conocía este documento?”. En realidad, en ese email no se dice que la Infanta esté ayudando ni impulsando la creación de Aizoon, pues ese apoyo se podía deber a mil cosas diferentes. Pero el Juez fuerza la interpretación del correo y trata de llevar a engaño a la Infanta para que reconozca una intervención que ella estaba negando. Lo correcto habría sido leer el email y, sin interpretarlo, preguntar neutralmente “¿a qué se refiere su marido cuando dice que usted se pone su camiseta y le apoya?”. Y punto.

En el folio 27011 volvemos a toparnos con el paradigma de pregunta sugestiva y capciosa a la vez. El Juez pregunta a la Infanta por un correo de 2003 que ella niega recordar (algo lógico después de once años, por cierto) y por un proyecto con Nissan que ella tampoco recuerda. Y le pregunta “¿aunque usted no recuerde Nissan, sobre la base de que este documento no lo ha falseado nadie, parece que se deduce, aunque usted no lo recuerde, que su marido le consultó a usted un proyecto, salvo que usted me diga que eso es falso, pero lo que se desprende es que su marido le consulta un proyecto de Nissan que va a hacer Noos?”. Tratar de convencer al interrogado sobre lo que se deduce de un documento para que haga suya esa deducción es capcioso. Castro podría haber leído el email y, por ejemplo, preguntar: “Si usted ha declarado que su marido no le consultaba los proyectos, ¿qué explicación da del contenido de este email?”. Y que la imputada, entonces, reconozca que se le consultó ese proyecto, o niegue haber recibido el email, o se limite a reiterar que no lo recuerda.

Podría seguir aburriendo al lector mientras enumero las preguntas capciosas y sugestivas que he detectado en ese interrogatorio. Se cuentan por docenas. Pero creo que con lo que he escrito doy pistas suficientes para que el lector relea el interrogatorio, descubra más preguntas capciosas y sugestivas, y aprenda algo sobre cómo no se debe interrogar.

No puedo afirmar que haya también preguntas impertinentes en este interrogatorio porque para eso debería conocer el contenido completo de la causa. Pero tampoco sería la primera vez. En la misma sala en la que declaró la Infanta, presencié hace un año como el Juez Castro preguntaba a un político al que se imputaba el supuesto amaño de un contrato público si es cierto que solía llevar a sus hijos al colegio en coche oficial: una pregunta impertinente que nada tenía que ver con la investigación, carecía de utilidad para esclarecer los hechos, y solo podía servir para que los medios de comunicación pudieran abrir el día siguiente con un buen titular. Así estamos.

© José María de Pablo Hermida, 2014.

trascendencia penal de los “papeles de Bárcenas”

2013020878peritaje-intHace unos días, el ex tesorero del Partido Popular, Luis Bárcenas, reveló ante el juez Pablo Ruz, que instruye una de las ramificaciones del Caso Gürtel, la existencia de una supuesta contabilidad B en el Partido Popular. Y para documentar sus afirmaciones, entregó al magistrado una serie de carpetas con documentos y anotaciones que, según Bárcenas, reflejan aquella contabilidad B. En los llamados “papeles de Bárcenas” se contienen anotaciones contables que reflejarían, por un lado, presuntas entregas de dinero al PP por parte de empresarios adjudicatarios de contratos con la administración pública, y por otro, el reparto de esas cantidades en metálico entre miembros de la cúpula dirigente del partido a modo de sobresueldo.

No voy a analizar aquí ni el alcance político, ni la trascendencia ética de estos hechos porque excedería del cometido de este blog. Voy a limitarme a aclarar algunos conceptos jurídico-penales que ayuden a comprender hasta qué punto, lo declarado por Luis Bárcenas al juez, unido a los documentos entregados, puede tener o no eficacia en el procedimiento penal. Es decir, si la aparición de estos papeles puede suponer una condena por delito ante los tribunales.

Validez probatoria de los papeles de Bárcenas.

Luis Bárcenas no es testigo: es imputado. Y la diferencia es importante, porque mientras la declaración de un solo testigo es suficiente para –si el juez le concede credibilidad- enervar la presunción de inocencia y dictar una sentencia condenatoria, la declaración del coimputado o coacusado no siempre es válida para obtener la condena de quien comparta el banquillo con él. No olvidemos que Luis Bárcenas, al declarar como imputado, no tenía obligación de decir la verdad: tenía derecho a mentir. Por ese motivo, el Tribunal Constitucional (ver, por ejemplo, Sentencia 55/2005, de 14 de marzo) establece que la declaración de un imputado que incrimina a otra persona carece de valor como prueba de cargo, salvo que resulte corroborada, en sus aspectos principales, por otras pruebas.

Por tanto, cualquier acusación de Luis Bárcenas contra otro dirigente popular que no se vea corroborada por otras pruebas distintas, carecerá de eficacia en el proceso penal. Por el contrario, aquellas manifestaciones del ex tesorero del PP que se vean confirmadas mediante otras pruebas objetivas (por ejemplo, la existencia de un apunte contable en los papeles de Bárcenas –si se determina su autenticidad-, una entrada o salida de dinero en una cuenta corriente –sea del PP, sea de quien entrega o recibe el dinero- la existencia de un recibí firmado, un testigo de la entrega del dinero, etc.) podrían ser suficientes para que un tribunal considere como probado lo declarado por Bárcenas.

Evidentemente, el dato objetivo que mejor podría servir para corroborar lo declarado por el ex tesorero y convertirlo en prueba de cargo es el contenido de los papeles de Bárcenas. Pero cabe hacernos otra pregunta: ¿constituyen estos documentos prueba de cargo suficiente de aquellas entregas de dinero? No olvidemos que son documentos unilaterales elaborados por la misma persona que los presenta, lo que permite dudar de su validez, pues cualquiera puede elaborar un documento con anotaciones propias y entregarlo al juez al día siguiente, sin que eso signifique que las anotaciones responden a movimientos reales de dinero.

Para descartar que estemos ante una prueba artificialmente preconstituida por Bárcenas será decisivo el resultado del informe pericial caligráfico ordenado por el juez. Ese informe deberá determinar, no solo la autoría de la letra (reconocida por el ex tesorero), sino el momento de su redacción. Un perito calígrafo puede, analizando la evolución de la letra, averiguar si estamos ante un documento redactado de un tirón, o si se trata de anotaciones efectuadas a lo largo de los años, como parecen reflejar estos documentos: si se determina que las anotaciones venían siendo redactadas a lo largo de los años, será muy difícil para las defensas combatir la autenticidad de esos papeles. De hecho, aún a falta de ese informe pericial, los papeles cuentan ya con algunos indicios de validez, como la existencia de algunos recibos -firmados por terceros- que documentan alguna de las anotaciones, o el reconocimiento por parte de algún dirigente popular de la recepción de esas cantidades.

Pues bien, supongamos que con las anteriores premisas, el tribunal correspondiente considera probadas las entregas de dinero que documentan los papeles de Bárcenas. ¿Estaríamos ante algún tipo de delito?

Financiación ilegal del PP.

Lo primero que hemos de recordar es que la financiación ilegal de un partido político es inmoral y antidemocrática… pero no es delito. Sorprendentemente (o no tanto: legisla quien legisla, ya lo saben ustedes), nuestro Código Penal no castiga como delito la financiación ilegal de un partido político. Por tanto, la existencia de donaciones anónimas que en realidad no eran sino comisiones, incluso a veces fraccionadas para burlar la ley, podrá ser sancionada en vía administrativa, pero carece de trascendencia penal.

Delito fiscal.

El Código Penal castiga con penas de hasta cinco años a quien defraude a la Hacienda Pública en una cantidad superior a los 120.000 euros. Este límite de 120.000 euros se refiere a cada año natural, de modo que si alguien defrauda, por ejemplo, 80.000 euros en un ejercicio, y 60.000 en otro, ambas cantidades no pueden sumarse: estaríamos ante dos infracciones administrativas, pero no ante un delito. Además, el delito no lo cometería el partido político, sino el dirigente concreto que recibe el sobresueldo y no lo declara a Hacienda. Otra cuestión a tener en cuenta es que este delito prescribe a los cinco años, de modo que las entregas de dinero anteriores al año 2007 no pueden ser ya objeto de investigación penal.

En resumen: para hablar de delito fiscal habría que encontrar a un dirigente del partido que haya recibido sin declararlo, en un mismo ejercicio posterior a 2007, sobresueldos en B cuya cuantía sea tan elevada que le obligase a pagar a Hacienda al menos 120.000 euros. De lo contrario, tan solo estaríamos, de nuevo, ante infracciones administrativas a resolver mediante la correspondiente declaración paralela con la consiguiente sanción administrativa.

Cohecho.

Más recorrido, en cambio, podría tener la investigación de posibles delitos de cohecho. El Código Penal castiga a la autoridad o funcionario público que recibiere una dádiva, favor o retribución de cualquier tipo para realizar un acto propio de su cargo.

En este caso, habría que determinar si las entregas de dinero supuestamente efectuadas por distintos empresarios al Partido Popular y que reflejan los papeles de Bárcenas, lo fueron a cambio de algún tipo de favor (recalificaciones, contrataciones públicas, etc) por parte de administraciones gobernadas por el Partido Popular.

Es conocido que muchos de los empresarios implicados en esas anotaciones contrataban con la administración pública. Pero la pregunta es: ¿esos contratos públicos se les otorgaron a causa de esas donaciones? Dicho de otro modo: ¿existe nexo causal (relación causa-efecto) entre esos pagos en B y los contratos adjudicados? Es más, para condenar por cohecho habría que relacionar una entrega concreta de dinero con un contrato público concreto, y después demostrar la relación de causalidad entre la dádiva y el contrato. Porque si los contratos se concedieron en concursos públicos celebrados con todas las garantías, de modo que sin la existencia de esas entregas de dinero se hubieran adjudicado igualmente, tampoco existiría cohecho.

© José María de Pablo Hermida, 2013.

sobre fenómenos “poltergeist” en dependencias judiciales y policiales

La noticia que publica hoy el diario El Mundo sobre el robo del disco duro con la parte secreta del sumario del Caso Faisán, ha traído a mi memoria, inmediatamente, un episodio del juicio del 11-M, en el que intervine como acusación en representación de una asociación de víctimas del atentado. Allí, también ocurrieron fenómenos extraños. El episodio lo narré en un capítulo de mi libro “La Cuarta Trama”. A continuación, por su interés, y por su evidente parecido con el robo de una parte del sumario del Faisán, reproduzco una síntesis del capítulo de La Cuarta Trama en el que cuento algunos fenómenos extraños, aquella vez ocurridos en la sede de la Comisaría General de Policía Científica:

«Vamos a hablar ahora de lo que sucedió en la macropericia sobre los explosivos del 11-M que realizaron ocho peritos por orden del Tribunal.  Pero, antes de hacerlo, quiero aclarar brevemente —para que el lector no se me pierda— que los ocho peritos recibieron dos tipos de muestras para analizar. Por un lado, recibieron los 23 vestigios procedentes de los focos de explosión de los trenes. A esos 23 vestigios les llamaremos en adelante “vestigios de los focos”. Y por otro lado, los peritos recibieron también diversas muestras de explosivo entero, no explosionado, procedente de distintos escenarios relacionados con el 11-M, pero distintos de los trenes, como la mochila de Vallecas, la Renault Kangoo, el artefacto de Mocejón o el piso de Leganés. A estas muestras de explosivos sin explosionar les llamaremos, siguiendo la terminología de los propios peritos, “muestras de explosivo intacto”.

En realidad, no tenía mucho sentido volver a analizar las muestras de explosivo intacto, pues eran muestras que no despertaban ninguna duda en cuanto a su composición. De hecho, eran las muestras que los TEDAX sí habían remitido años antes a la Policía Científica para su análisis. Y nadie puso en duda nunca que el explosivo hallado en la mochila de Vallecas, el que apareció bajo el asiento del copiloto de la Renault Kangoo, el del artefacto de Mocejón, y el que apareció en el piso de Leganés, eran, todos ellos, dinamita Goma 2 ECO. Así lo había determinado la policía Científica cuando los analizó tres años antes e identificó en ellos todos y cada uno de los componentes de la Goma 2 ECO. Las dudas sobre el tipo de explosivo nunca se refirieron a esas muestras, sino a los vestigios de los focos, los de dentro de los trenes, que son los que los TEDAX habían retenido en lugar de enviarlos a la Policía Científica. Pero el Tribunal quiso que junto a los vestigios de los focos, fuesen analizadas también las muestras de explosivo intacto cuya composición todos conocíamos de antemano. Por cierto, como curiosidad, los peritos también recibieron una muestra que nada tenía que ver con los explosivos. Se trataba de un poco de cocaína que había aparecido durante el desescombro del piso de Leganés.

Así que el trabajo de los ocho peritos se dividiría en dos fases: por un lado, analizar las muestras de los focos de los trenes, y por otro, analizar las muestras de explosivo intacto recogidas en escenarios distintos de los trenes.

Con el juicio a punto de comenzar, los peritos se encerraron en el laboratorio y se pusieron manos a la obra. Comenzaron por lo más importante, lo que de verdad interesaba para la investigación: las 23 muestras procedentes de los trenes, los vestigios de los focos que estuvieron en contacto con las explosiones del 11-M y que nos podrían decir qué utilizaron los terroristas para volar los trenes.

Pero rápidamente surgió la sorpresa, y con la sorpresa, los dolores de cabeza para los defensores de la versión oficial (la versión del “¡ha sido Goma 2 ECO y ya vale!”). En la mañana del 6 de febrero de 2007, dos peritos —uno de la Guardia Civil y otro independiente— analizaron la muestra M-6-12 (procedente de uno de los focos de explosión del tren de El Pozo) y encontraron restos de un componente explosivo que es ajeno a la Goma 2 ECO: el dinitrotolueno o DNT. A continuación de este hallazgo, los peritos encontraron ese mismo componente en todos y cada uno de los focos de explosión de los cuatro trenes siniestrados. La conclusión era tan clara como novedosa: el explosivo utilizado por los terroristas para atentar contra los trenes del 11-M era un explosivo que contenía en su composición DNT. O lo que es lo mismo, lo que había explotado en los trenes no era Goma 2 ECO. Un palo de los buenos para la versión oficial.

Uno de los ocho peritos, el policía-perito Alfonso Vega, que ejercía de director de la pericia, se mostró visiblemente contrariado ante el hallazgo del DNT. No aceptó el resultado y ordenó repetir el análisis: no podía ser que la aparición de DNT echara abajo la versión oficial. ¿Qué iban a decir ahora sus jefes? Se repitieron las pruebas, pero la ciencia es tozuda. Para enfado de Alfonso Vega, y de sus jefes Santano y Rubalcaba, el contraanálisis confirmó la noticia: había DNT en todos los vestigios de los focos. Si tenemos en cuenta que el DNT no solo es incompatible con la Goma 2 ECO, sino que, sobre todo, es compatible con el Titadyn habitualmente utilizado por ETA, podremos hacernos cargo de la relevancia del hallazgo del DNT. El mosqueo del policía-perito Alfonso Vega fue monumental y sus gritos e insultos a los TEDAX quedaron grabados por la cámara de vídeo que, por orden de Gómez Bermúdez, rodaba la macropericia.

La noticia de la aparición del DNT saltó rápidamente a los medios de comunicación, y esos días (el juicio ya había comenzado) cundió el pánico (doy fe) en la Fiscalía. La versión oficial estaba gravemente herida. Sí, herida. Pero no muerta. Veamos cómo esquivó la muerte en aquella ocasión.

Ocurrió que (por mera casualidad, no sea usted mal pensado) la aparición de restos de DNT en los vestigios procedentes de las explosiones coincidió en el tiempo con el comienzo de una serie de curiosos acontecimientos que empezaron a producirse dentro del laboratorio de la Policía Científica, y a los que vamos a llamar fenómenos extraños, paranormales, o poltergeist.

El primer poltergeist hizo su aparición (por mera casualidad, repito) justo al día siguiente de la aparición del DNT en los vestigios de los focos de explosión. A las 20.00 horas del 6 de febrero de 2007, sin causa conocida, el Laboratorio de la Policía Científica sufría un ¿fortuito? apagón de luz, a consecuencia del cual, la cámara de Gómez Bermúdez dejó de grabar durante varias horas. Durante el apagón, con los peritos independientes en su casa, y la cámara de Gómez Bermúdez apagada, no sabemos qué ocurrió, pero si el lector sigue leyendo podrá imaginárselo sin mucha dificultad.

Arreglado el apagón, la cámara de Gómez Bermúdez volvió a grabar y los peritos reanudaron sus trabajos. Y en concreto, comenzaron a analizar, una por una, las muestras de explosivo intacto, es decir, las de fuera de los trenes (mochila de Vallecas, Kangoo, etc). Y descubrieron algo asombroso: aquellas muestras habían mutado de composición. Un poltergeist andaba suelto por el Laboratorio.

Recordemos que las muestras de explosivo intacto ya las había analizado la Policía Científica en 2004 (los TEDAX habían impedido a la Policía Científica el acceso a los vestigios de los focos, pero no a las muestras de explosivo intacto ajenas a los trenes, que sí habían entregado). Ya entonces la Policía Científica había determinado que las muestras de explosivo intacto ajenas a los trenes eran Goma 2 ECO, entre otras cosas, porque al analizarlas no se había detectado la presencia de DNT. Pues bien, después del apagón, los peritos analizan de nuevo esas muestras y ¡oh, casualidad! las muestras de explosivo intacto tienen ahora un componente más: el DNT.

La aparición de DNT en estas muestras de explosivo intacto era absurda. Primero, porque en los análisis previos al apagón no había aparecido ese componente. Y segundo, porque se trataba de muestras intactas de Goma 2 ECO, y la Goma 2 ECO no contiene DNT. Es más, la cocaína tampoco tiene DNT, pero tras el apagón, la muestra M-10-3 (cocaína encontrada en el desescombro de Leganés) también contenía ahora DNT. Se ve que al poltergeist de turno se le fue la mano.

Lo que sí sé es que la extraña mutación de las muestras de explosivo intacto durante el apagón hizo posible el nacimiento de las llamadas teorías de la contaminación, mediante las que la policía intentó convencernos de que la aparición de DNT en los focos de explosión no era suficiente para descartar el uso de Goma 2 ECO en los trenes.»

© José María de Pablo Hermida, 2012.     

El “Caso Bretón” y el “Caso 11-M”: analogías y diferencias

José Bretón acaba de ser imputado por el doble asesinato de sus hijos después de que un perito privado haya podido determinar que los restos óseos hallados en una hoguera de la finca de su familia pertenecieron a humanos de entre dos y seis años de edad. De este modo, y aunque con un año de retraso, se ha podido corregir el error de la Policía Científica, que en un primer análisis concluyó que se trataba de huesos de animales.

La vida real no es CSI. Aunque los peritos y forenses de la Policía, en general, son rigurosos profesionales –la Policía Científica española es merecidamente una de las más prestigiosas del mundo-, también son humanos que a veces se equivocan. Por eso, el sistema prevé mecanismos para corregir esos errores, por ejemplo, la posibilidad de emitir nuevos informes periciales complementarios o ampliatorios, bien de la misma Policía, bien de algún perito privado contratado por alguna de las partes. En el “Caso Bretón” hay que felicitar al abogado de la acusación, que es quien propuso y aportó las nuevas pericias que han determinado que aquellos huesos son humanos. Pero también hay que agradecerlo en parte al Juez y a la propia Policía, pues para que un error de la Policía Científica en el análisis de una prueba pueda corregirse en un futuro es imprescindible que tanto el Juez como la Policía respeten los protocolos de custodia de piezas de convicción.

Se denomina piezas de convicción a los objetos, huellas y vestigios que –como los huesos del Caso Bretón- pueden servir de prueba de la culpabilidad o inocencia de alguna persona en relación con el delito perpetrado. Las piezas de convicción son una clase de cuerpo del delito, y su protocolo de recogida, custodia y conservación está regulado principalmente en los artículos 334 a 367 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal.

En concreto, el artículo 334 ordena que el Juez Instructor, por medio de la policía, procurará recoger en los primeros momentos las armas, instrumentos o efectos de cualquier clase (las piezas de convicción) que puedan tener relación con  el delito y que se encuentren en el escenario del crimen o en cualquier otro lugar, y extenderá una diligencia expresiva del lugar, tiempo y ocasión en que se encontraren, con la descripción de cada pieza de convicción recogida. El artículo 338 añade que se recogerán de tal forma que se garantice su integridad, y se acordará su retención, conservación o envío al organismo adecuado para su depósito. Por último, el actual artículo 367 ter (hasta la última reforma lo hacía el 338) exige la previa autorización judicial y el preceptivo informe del fiscal, para proceder a la destrucción de cualquier pieza de convicción (esto es habitual, por ejemplo, cuando se incautan grandes alijos de droga: se guarda una cantidad suficiente y se autoriza la destrucción del resto,  aunque ojo, siempre se suele conservar parte de la droga para posibles nuevos análisis y contranálisis).

El correcto cumplimiento, tanto por el Juez como por la Policía, de este protocolo, es lo que ha permitido corregir ahora el error de los primeros análisis del Caso Bretón. La correcta recogida, clasificación y etiquetado por la policía de aquellos restos óseos, así como su custodia y conservación ha permitido que meses después la acusación particular pudiera realizar nuevos análisis sobre esas pruebas y esclarecer su origen.

Todo lo contrario ocurrió en la investigación del 11-M, en cuyo complejo proceso intervine en mi condición de abogado de un colectivo de víctimas de aquellos atentados.

En el 11-M, la investigación del arma del delito (fundamental para el esclarecimiento de cualquier delito violento), esto es, del explosivo utilizado para volar los trenes, fracasó rotundamente, como reconoce la propia sentencia de la Audiencia Nacional, en su Fundamento Jurídico III.5: “no se sabe con absoluta certeza la marca de la dinamita que explotó en los trenes”.

Como ya narré en un capítulo de “La Cuarta Trama”, en aquella investigación no es que la Policía Científica se equivocase en el análisis de los restos de los explosivos, es que ni siquiera los llegó a analizar por la sencilla razón de que no se le enviaron: no había informe de la Policía Científica, una omisión que no pudimos conocer los abogados hasta dos años después de los atentados, cuando el Juez Del Olmo levantó el secreto de sumario.

En principio, aquello tampoco debía representar un gran problema, pues se podría solucionar como se ha hecho con el Caso Bretón: encargando un nuevo análisis para un nuevo informe. Pero cuando algunos abogados pedimos ese nuevo informe, y el Tribunal presidido por el Juez Gómez Bermúdez accedió a ello, los peritos nombrados se encontraron con dos hechos insólitos: los vagones de los trenes donde habían explosionado las bombas ya no existían (habían sido desguazados, sin autorización judicial, a los pocos días del atentado), y para colmo, la inmensa mayoría de las piezas de convicción que los TEDAX habían recogido en esos vagones antes de ser desguazados, y que contenían restos del explosivo, habían desaparecido de las dependencias de la Policía. Solo quedaban unos cuantos tornillos sin apenas interés para la investigación. En concreto, las piezas de convicción más valiosas para la investigación, como son los algodones de agua y acetona (que los tedax impregnan de restos de explosivo frotándolos en las superficies donde se observa la presencia de esos restos) y las piedras y tierras de los cráteres de las explosiones (que siempre quedan impregnadas de explosivo tras cualquier explosión) habían desaparecido por completo.

El desguace de los trenes del 11-M sin autorización judicial (por asombroso que parezca, en el sumario del 11-M no existe rastro alguno de esa autorización) es uno de los mayores escándalos de la historia judicial española. De hecho, el propio Tribunal Supremo, en la sentencia que resolvía los recursos de casación del 11-M, dijo de manera diplomática que le parecía sorprendente una tan apresurada destrucción, que impidió un estudio posterior más reposado y en profundidad, e incluso su reiteración de haber sido necesaria, de aspectos que pudieran haber resultado de interés para la investigación”. Pero si escandaloso fue el desguace de los trenes, no menos vergonzosa fue la simultánea y misteriosa desaparición de las numerosas (hablamos de centenares) piezas de convicción recogidas por los tedax dentro de los vagones tras el atentado. De hecho, a día de hoy, el Tribunal Supremo tiene pendiente la decisión sobre la continuación del procedimiento abierto contra dos mandos policiales imputados de un delito de encubrimiento por su presunta responsabilidad en la destrucción de estas pruebas. Se sabe que los centenares de piezas de convicción que los especialistas tedax recogieron en los trenes del 11-M fueron llevadas a la sede de la Unidad Central de TEDAX-NRBQ en el madrileño barrio de Canillas. Pero una vez allí, se perdió su rastro. ¿Qué fue de ellas?

Si la correcta conservación de las pruebas aparecidas en la finca de José Bretón ha permitido un nuevo análisis de gran ayuda para resolver este crimen, la incomprensible destrucción y desaparición de casi todas las pruebas recogidas en los trenes del 11-M ha hecho que, a fecha de hoy, el mayor atentado terrorista de la historia de Europa siga siendo un delito aún lejos de esclarecer.

© José María de Pablo Hermida, 2012.     

La Audiencia Provincial tumba la Operación Galgo

 El rumor, el chismorreo o la habladuría no pueden considerarse como indicios de delito“. 

Esa es la frase más gráfica del Auto de la Audiencia Provincial de Madrid (ver Auto de la Audiencia) que conocíamos ayer y que ha acordado la nulidad de prácticamente todas las pruebas de la Operación Galgo.

Este Auto no solo es una buena noticia para los imputados (entre ellos, dos clientes míos) y -todo hay que decirlo- para los abogados defensores que, tras año y medio de duro trabajo, hemos conseguido una nulidad que con toda seguridad va a suponer el archivo del procedimiento y la absolución de nuestros clientes.

Este Auto es, sobre todo, y a pesar de los tertulianos radiofónicos que sin haberlo leído lo han criticado (ay, de la Morena…), una buena noticia para nuestro Estado de Derecho.

Como ya dije, precisamente, en el post que, hace un año, inauguraba este blog (post “Estado de Derecho y Estado Delincuente”), y que reproducía el artículo “Estado de Derecho y Estado Delincuente” que publiqué en el diario El Mundo, las escuchas practicadas a los deportistas de la Operación Galgo vulneraron sus derechos fundamentales.

Para pinchar un teléfono (que es limitar derechos fundamentales como el derecho a la intimidad, o al secreto de las comunicaciones) es necesario que existan indicios fundados de delito. Y este Auto de la audiencia nos da la razón a los abogados que llevábamos un año y medio advirtiendo de que los supuestos indicios de delito que sirvieron para acordar esas escuchas (comentarios anónimos de un foro de atletismo, por ejemplo) no eran indicios de delito sino, como los califica ahora la Audiencia Provincial, meros rumores, chismorreos o habladurías. 

Y ahora, el garzoniano Juez de Instrucción que acordó esas escuchas, y los guardias civiles que esperaron a que estuviera él de guardia para pedírselo, han comprobado cuales son las consecuencias de hacer trampas: mientras las pruebas obtenidas ilegalmente son anuladas (se han anulado las escuchas telefónicas, pero también los seguimientos, registros, e interrogatorios derivados de ellas), los únicos que van a seguir imputados en la Operación Galgo son cuatro guardias civiles: dos acusados de manipular un frasco intervenido a Marta Domínguez para que aparezca una sustancia dopante donde no la había, y otros dos acusados de detener ilegalmente a una de mis clientes y falsificar el atestado policial. La próxima vez, investigarán limpiamente.

Mientras tanto, y para disfrutar del momento, les invito a releer el primer artículo que publiqué en este blog, “Estado de Derecho y Estado Delincuente”. Lo que allí escribí, lo ha proclamado ahora, un año después, la Audiencia Provincial.   
© José María de Pablo Hermida, 2012.