Trascendencia penal del asalto de Sánchez Gordillo a Mercadona.

Estos días arden las redes sociales por el polémico asalto de miembros del sindicato SAT, liderados por el diputado andaluz y alcalde de Marinaleda, Sánchez Gordillo, a dos supermercados de Mercadona. Como saben, estos sindicalistas se presentaron en dos supermercados, llenaron varios carritos con diversos productos, y se los llevaron sin pagar, con objeto de repartirlos, según aseguraron, a “personas necesitadas” (ver noticia).

Sin entrar a las razones o sinrazones políticas que rodean el hecho, en este post intentaré aclarar las muchas dudas de carácter procesal penal que circulan por internet al respecto. Así, de paso, pongo a disposición de los lectores del blog (entre los que, me consta, hay mucho estudiante de Derecho) los fundamentos penales de los delitos contra el patrimonio.

1.- ¿Es robo o hurto?

La primera cuestión que se plantea es si la sustracción de los alimentos de Mercadona puede calificarse como robo o como hurto. La diferencia entre el delito de hurto (castigado con prisión de seis a dieciocho meses) y el robo (prisión de uno a cinco años) esta en el uso de fuerza en las cosas, o de violencia o intimidación en las personas.

En principio, sustraer las cosas ajenas contra la voluntad de su dueño es un delito de hurto (artículo 234 del Código Penal). Pero si para ello se utiliza, bien fuerza en las cosas (por ejemplo, rompiendo un escaparate para acceder a una joyería, o forzando una cerradura, etc.), o bien violencia o intimidación en las personas (agrediendo a la víctima o intimidándola de cualquier modo), estaríamos ante un delito de robo (artículo 237 del Código Penal).

Habitualmente, las sustracciones que se producen en los supermercados –normalmente al descuido- son puros hurtos. Pero en este caso, las imágenes de vídeo que han trascendido muestran a los sindicalistas empujando y agrediendo al menos a una trabajadora del supermercado, por lo que es evidente que existe violencia, o al menos intimidación: estamos ante un delito de robo.

2.- Pero, ¿Es delito o es falta?

También se discute si estaríamos ante un delito o falta. En mi opinión esta discusión carece de relevancia, porque acabo de decir que estamos ante un robo, y no existe la falta de robo: el robo siempre es delito.

No obstante, si no se pudiera probar la concurrencia de violencia o intimidación y calificásemos los hechos como un hurto, para saber si estamos ante un delito o una falta habría que estar al valor de los bienes sustraídos. Los hurtos son delito cuando el valor de lo sustraído es mayor de 400 euros, y falta cuando no se alcanza esa cifra. Por tanto, si los productos sustraídos del Mercadona sumaban, como parece a la vista de lo llenos que iban los carros, un valor superior a 400 euros, estaríamos también ante un delito incluso si hablásemos de hurto y no de robo.

3.- ¿Existió ánimo de lucro?

Uno de los mayores errores que se ha propagado por las redes sociales estos días es la afirmación de que, al no existir ánimo de lucro, estos hechos no son delito. Argumentan que los asaltantes del Mercadona no querían los alimentos para sí, sino para entregárselos a terceras personas necesitadas, y por tanto, no existiría ánimo de lucro, que es un elemento del delito de robo.

Es cierto que el Código Penal exige, para castigar a alguien como reo de un delito de robo o de hurto, la existencia de ánimo de lucro. Pero también es cierto que en estos dos asaltos al Mercadona ha existido un clarísimo ánimo de lucro. Y es que el ánimo de lucro no se ciñe a la intención de lucrarse del autor del delito, sino que existe también cuando la intención es el lucro de un tercero.

Según la jurisprudencia, el ánimo de lucro consiste en la intención de obtener una ventaja patrimonial que puede ser propia, pero también ajena. Así lo han establecido numerosas sentencias el Tribunal Supremo y de las audiencias provinciales. Por eso, “robar a los ricos para dárselo a los pobres también es delito” (ver, por ejemplo, sentencia de la Audiencia Provincial de Navarra de 20 de enero de 2004). Los okupas que han recibido estos productos se han lucrado con ellos, y por tanto, existe ánimo de lucro.

4.- ¿Permite el Código Penal este tipo de hechos en según qué circunstancias?

Gaspar Llamazares ha declarado que los asaltos al Mercadona no son punibles porque “el código penal permite estas cosas en situaciones dramáticas” (ver noticia).

Sobre este asunto ya escribí hace meses en un post en el que hablé del hurto famélico (ver post “El Hurto Famélico”). Efectivamente, el artículo 20.5. del Código Penal contempla la eximente de estado de necesidad. Pero conviene recordar que uno de los requisitos para la aplicación de esta eximente es la llamada “necesidad abstracta” o “inevitabilidad” (ver Sentencia del Tribunal Supremo de 28 de diciembre de 2000), que exige que no exista otra solución o alternativa distinta del delito para superar esa necesidad.

Y es evidente que existen variadísimas soluciones y alternativas legales para solventar las necesidades de los okupas a los que iban destinados los bienes robados, por ejemplo, que los asaltantes hubiesen donado a los okupas esos alimentos pero después de comprarlos y abonar su precio. Los sindicalistas (especialmente Sánchez Gordillo, que tiene un buen sueldo de Alcalde) tenían suficientes medios económicos como para haber pagado el precio de esos productos, lo que excluye la eximente de estado de necesidad. Además, la mera existencia de comedores de Caritas y otras ONG en España, que atienden las necesidades alimentarias de los más desfavorecidos, hace realmente complicado aplicar una eximente de estado de necesidad al robo de unos alimentos.

 5.- ¿Qué pena podría corresponder a los autores?

Como he dicho, el uso de violencia contra alguna de las cajeras convierte los hechos en un delito de robo. El robo con violencia está castigado con un mínimo de dos años de prisión. No obstante, el artículo 242.2. del Código Penal establece que si el robo con violencia se comete en local abierto a público, se impondrá una pena de tres años y seis meses a cinco años. Los robos se cometieron en horario comercial, cuando ambos locales de Mercadona se encontraban abiertos al público, por lo que debe aplicarse este tipo agravado: la pena oscilará entre un mínimo de tres años y medio, y un máximo de cinco años de prisión.

Pero ojo: algunos sindicalistas han afirmado que los dos asaltos se decidieron en asamblea, lo que nos hace pensar en un plan preconcebido por todos los autores para robar, no en uno, sino en dos supermercados. Esto convierte los hechos en un delito continuado, lo que exigiría aplicar la pena en su mitad superior, esto es, que la pena oscilará entonces entre los cuatro años y tres meses, y los cinco años de prisión.

Además, a los autores se les deberá condenar a indemnizar a Mercadona pagando el importe total de los bienes sustraídos.

 6.- ¿Es autor de los hechos Sánchez Gordillo?

Ha declarado en su descargo Sánchez Gordillo que él no intervino en el robo de los alimentos, sino que se limitó a llevar a cabo lo que él llamó “maniobras de distracción” (ver noticia).

No ha elegido el diputado, en mi opinión, una buena estrategia de defensa, porque si realizó maniobras de distracción se convirtió entonces en cooperador necesario del robo, o como mínimo, en un cómplice. La cooperación necesaria se castiga con la misma pena que la autoría, y al cómplice simplemente se le rebaja la pena en un grado.

7.- ¿Se puede detener al aforado Sánchez Gordillo?

El artículo 101 del Estatuto de Andalucía establece que los diputados autonómicos están aforados y no podrán ser detenidos sino en caso de flagrante delito. De hecho, mientras ya se ha detenido a algunos de los autores de los asaltos, ha trascendido que el diputado andaluz Sánchez Gordillo no será detenido, sino que recibirá una citación judicial.

En mi opinión, los policías que observaron los hechos (aún me pregunto por qué no actuaron –hay otro delito que se llama omisión del deber de impedir delitos- pero eso es otra cuestión) podían haberle detenido, porque se estaba cometiendo un flagrante delito.

En cualquier caso, entiendo que la detención solo debe emplearse cuando es necesaria, y yo, en este caso, en el que los autores están plenamente identificados, entiendo que no procede ninguna detención. Lo lógico sería citar a todos a declarar. Y al que no acuda voluntariamente a prestar declaración, entonces sí, detenerle. Pero al no existir riesgo de fuga, y tener todos domicilio conocido, detenerles no me parece correcto.

8.- ¿Y qué pasa con los okupas que recibieron esos alimentos?

La ONG Banco de Alimentos ha rechazado recibir esos alimentos porque proceden de un robo. Una comunidad de okupas, en cambio, los ha aceptado.

Pues parece que el Banco de Alimentos ha hecho lo correcto, porque el artículo 298 del Código Penal castiga a penas de hasta dos años de prisión, como autor de un delito de receptación, al que con conocimiento de la comisión de un delito contra el patrimonio, reciba los efectos sustraídos. De modo que esos okupas se pueden haber metido en un buen lío al aceptar esos productos robados.

© José María de Pablo Hermida, 2012.