Cómo evitarle a una pyme el pago de tasas judiciales

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Ayer entró en vigor el Real Decreto Ley 1/2015 que, entre otras cosas, incluye en su artículo 11 la exención de pago de tasas judiciales para las personas físicas. Una buena noticia, sí, pero con un pero. Se acaba con esa injusta barrera que impedía a muchas personas físicas acudir a los tribunales en defensa de sus derechos, pero la exención no se hace extensiva a las personas jurídicas, ni siquiera a las pymes. De modo que una parte de los ciudadanos –como aquellos que hacen sus negocios a través de pequeñas empresas- deberán seguir pagando gravosas tasas judiciales cada vez que necesiten pleitear.

Pero como dice el refrán, “hecha la ley, hecha la trampa”. Y aquí vengo yo, solo dos días después de hecha la ley, para hacer la trampa y ponerla a disposición de los amables lectores de este blog.

He aquí el modo de eludir el pago de las tasas judiciales en el caso de las pymes.

Pongamos que usted es abogado de “Transportes López, S.L.”, una pyme que vive de transportar mercancía en su camión. Son tiempos de crisis y la empresa va muy justa –como bien sabe usted a juzgar por lo complicado de cobrarle puntualmente sus minutas-. Así que su cliente le encarga demandar a “Frutas Sánchez, S.A.”, que dejó sin pagar un transporte de melones hace algunos meses. Pero para ello su cliente tendrá que pasar primero por ventanilla y abonar unas elevadas tasas judiciales cuyo importe, si al final resultare que el deudor es insolvente –cuestión que habitualmente no se descubre hasta la fase de ejecución de sentencia-, no recuperará nunca.

La trampa que aquí propongo se llama transmisión del crédito, y nos la ofrecen cordialmente los artículos 1112, 1203.3º y concordantes del Código Civil. El 1112 establece que “todos los derechos adquiridos en virtud de una obligación son transmisibles con sujeción a las leyes, si no se hubiese pactado lo contrario”, y el 1203.3º que “las obligaciones pueden modificarse subrogando a un tercero en los derechos del acreedor”. Así que ya sabe usted por donde voy: transmitamos el derecho de crédito que tenía la pyme a favor, por ejemplo, de uno de sus socios, una persona física que se subrogará en la posición de la persona jurídica.

La transmisión del crédito deberá realizarse de acuerdo con lo establecido en los artículos 1526 y siguientes del Código Civil, en documento público (más barato en cualquier caso que las tasas judiciales) para que surta efectos frente a tercero (art. 1218 del Código Civil), y se notificará de modo fehaciente al deudor.

Hecho lo cual, el nuevo acreedor podrá demandar al deudor ante los tribunales y reclamarle el precio de aquel transporte de melones sin necesidad de abonar las cargantes tasas judiciales de las que, como persona física, ha quedado exento por el Real Decreto de ayer.

Obviamente, la cuestión no es tan sencilla. El buen criterio del abogado que redacte el contrato de cesión de crédito deberá poner cuidado en la elección de su clausulado para que esta cesión no acabe perjudicando económicamente ni al cedente ni el cesionario (por ejemplo, estableciendo un precio igual al crédito, a pagar por el cesionario al cedente una vez cobrado el mismo, el compromiso del cedente de hacerse cargo de los costes de la reclamación judicial, etc: habrá que estar al caso concreto y a la relación que una a la persona jurídica cedente con la persona física cesionaria). En el modo de articular el contrato de cesión está la emoción.

¿Estaríamos ante un torticero fraude de ley o ante una hábil estrategia en defensa de los derechos del justiciable? ¿Cómo garantizar que ni el cedente ni el cesionario resulten perjudicados por esta operación? Hala, comentad, comentad…

*ACTUALIZACIÓN: La estrategia que planteo en este artículo tiene un problema: si la cesión de crédito exige -para poder demandar después- documento público, habrá que pagar el Impuesto de Transmisiones y Actos Jurídicos Documentados, además de la minuta del Notario, lo que significa que, en muchas ocasiones, esta estrategia podría resultar más cara que el pago de las tasas. Por tanto, una vez más, habrá que estar al caso concreto. Lo cual no quita que, a partir de este idea, podáis perfeccionarla para evitar este inconveniente.

© José María de Pablo Hermida, 2015.

No son las tasas, no.

300x300_noalastasas2Uno de los argumentos más utilizados por nuestro ministro de Justicia para justificar la nueva ley de tasas judiciales es la necesidad de poner coto a la excesiva litigiosidad de los españoles, que redunda en el atasco de los tribunales y, por tanto, en un cada vez mayor retraso en la resolución de los pleitos.

Pues no, señor ministro. Los verdaderos culpables del atasco de nuestros tribunales y del retraso en la resolución de los juicios, son algunas personas al servicio de la administración de Justicia que realizan su trabajo con una lentitud y parsimonia insoportable para el ciudadano. La prueba es que muchos juzgados despachan los trámites de manera aceptable mientras otros, con iguales medios materiales e igual número de asuntos entrantes, se eternizan.

A continuación os dejo el texto de la queja que he interpuesto ante la Fiscalía General del Estado para que veáis como una sola persona –en este caso un fiscal-, solo con su pachorra y dejadez, es capaz  de impedir a un ciudadano el normal ejercicio de su derecho a la tutela judicial efectiva.

Leed el texto de la queja, y después, los que seáis abogados, me respondéis a esta pregunta: ¿y si fuera el abogado el que tardase siete meses en cumplimentar un plazo de cinco días? ¿le esperaría el juez como se espera siempre al fiscal?

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Recuerdo la pregunta: ¿y si hubiese sido yo, como abogado de una parte, y no el fiscal, el que tardase siete meses en cumplimentar un plazo de cinco días? ¿me esperaría el juez?

© José María de Pablo Hermida, 2013.