¿Puede Arnaldo Otegui ser candidato a Lehendakari?

oteguiMe sorprende mucho la falsa polémica que se ha creado en torno a la posibilidad de que Arnaldo Otegui sea candidato a lehendakari en las próximas elecciones autonómicas del País Vasco. Aunque algunos medios de comunicación hablan de “debate” y de distintas “interpretaciones jurídicas” sobre la condena de inhabilitación que se le impuso (por ejemplo, aquí y aquí), lo cierto es que ese pretendido debate no es tal y la condena de Otegui no debería suscitar dudas.

La Sentencia de primera instancia.

Todo empieza en la Sentencia de 16 de septiembre de 2011 de la Audiencia Nacional (cuyo texto en pdf puede consultarse en este enlace), dictada en el “Caso Bateragune”, que condenó a Arnaldo Otegui, como autor de un delito de pertenencia a organización terrorista, en grado de dirigente, y cuyo fallo dice:

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Por tanto, la Audiencia Nacional impuso a Arnaldo Otegui tres penas distintas:

  • diez años de prisión.
  • diez años de inhabilitación especial para el ejercicio del derecho de sufragio pasivo.
  • diez años de inhabilitación especial para empleo o cargo público.

La Sentencia del Tribunal Supremo.

Esa Sentencia de la Audiencia Nacional fue recurrida en Casación, y el Tribunal Supremo dictó una nueva Sentencia (cuyo texto íntegro puede consultarse en este enlace) que estimó parcialmente el recurso, manteniendo la condena por pertenencia a organización terrorista, pero sin el grado de dirigente, y reduciendo la duración de las tres penas, que pasarían a ser de seis años y seis meses:

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De modo que las condenas impuestas definitivamente a Otegui son estas tres:

  • seis años y seis meses de prisión.
  • seis años y seis meses de inhabilitación especial para el ejercicio del derecho de sufragio pasivo.
  • seis años y seis meses de inhabilitación especial para empleo o cargo público.

La liquidación de condena.

La Sentencia del Tribunal Supremo es firme y, para ejecutarla, la Audiencia Nacional practicó mediante Providencia de 15 de enero de 2013 la correspondiente liquidación de condena (en la que el Juzgado establece las fechas de inicio y finalización de cada pena).

La Sala estableció como fecha de comienzo de las penas de inhabilitación especial para el ejercicio del derecho de sufragio pasivo y para empleo o cargo público el 4 de septiembre de 2014 (pues hasta esa fecha Otegui debía cumplir una inhabilitación absoluta por una condena anterior, que no puede cumplirse simultáneamente a otras inhabilitaciones especiales), y como fecha de cumplimiento de la pena el 28 de febrero de 2021. Esa liquidación de condena no fue recurrida por la defensa y es firme.

Así lo explica un Auto posterior de la Audiencia (que puede consultarse en este enlace):

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La pena privativa de derecho de sufragio pasivo.

Por tanto, a día de hoy Otegui está cumpliendo una pena de inhabilitación especial para el ejercicio del derecho de sufragio pasivo, que no quedará extinguida hasta el 28 de febrero de 2021.

El artículo 44 del Código Penal establece que “la inhabilitación especial para el ejercicio del derecho de sufragio pasivo priva al penado, durante el tiempo de la condena, del derecho a ser elegido para cargos públicos”.

De modo que en aplicación de este artículo 44, Arnaldo Otegui no puede ser elegido para cargos púbicos hasta el 28 de febrero de 2021, y tiene vetada cualquier posibilidad de ser candidato a Lehendakari en las elecciones autonómicas del próximo 25 de septiembre.

Polémica artificial sobre la inhabilitación especial para empleo o cargo público.

A pesar de lo anterior, desde la propia defensa de Otegui -y desde algún medio de comunicación- se ha creado una artificial polémica sobre la tercera de las penas impuestas a Otegui: la inhabilitación especial para empleo o cargo público. La polémica nace porque la Audiencia no llegó a concretar a qué cargos o empleos públicos se refiere la inhabilitación, lo que –según un sector de la doctrina, porque en este punto no existe unanimidad- podría suponer que esta condena quedase sin contenido.

Pero los que alimentan esta duda olvidan un dato esencial: que además de la inhabilitación para empleo o cargo público cuyo alcance podría ser discutible, Otegui también fue condenado a inhabilitación para el ejercicio del derecho de sufragio pasivo, y que esta última pena –que estará vigente hasta 2021- impide cualquier posibilidad de que Otegui se presente a unas elecciones.

© José María de Pablo Hermida, 2016.

lo que contaron los tedax del 11M

(artículo publicado en el diario El Mundo, el 09/03/2014)
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Los subinspectores tedax con carnet profesional 54568 y 65255 recogen piezas de convicción en el cráter de una de las explosiones del tren de El Pozo (foto incluida en el Folio 53835 del Tomo 145 del Sumario del 11-M).

Manda el protocolo que cuando se produce un atentado terrorista con explosivos, los tedax sean los encargados de buscar y recoger en el escenario del crimen las “piezas de convicción”, es decir, las distintas pruebas halladas en el lugar de los hechos que permitirán investigar el primer peldaño de toda investigación: el arma del crimen, que en estos casos es el tipo de explosivo empleado.

Para ello, los tedax suelen recoger aquellos restos de la explosión que, una vez analizados, permitirán determinar los componentes del explosivo utilizado: tierras del cráter originado por la explosión, restos de chapa, telas, y otros objetos que, por efecto de la explosión, han quedado impregnados de restos del explosivo. Los tedax también frotan algodones impregnados con agua y con acetona para obtener muestras de aquellas superficies que han estado en contacto con el explosivo. Estas pruebas son etiquetadas, clasificadas, e introducidas cada una en su bolsita transparente. Desde el momento en que se recogen –por su carácter de piezas de convicción- deben quedar a disposición de la autoridad judicial, de modo que solo el juez puede autorizar su destrucción.

Hecha esta introducción, pasemos al relato de la recogida de muestras de los trenes del 11-M, tal y como se lo escuché contar a las decenas de tedax que prestaron declaración en el juicio del 11-M y en el “Caso Sánchez Manzano”.

Recogida de piezas de convicción en la mañana del 11 de marzo

El 11 de marzo de 2004, a los pocos minutos de estallar las bombas en los trenes, el Inspector Jefe Cáceres Vadillo, en su condición de Jefe del Grupo tedax de la Brigada Provincial de Madrid, se puso al mando de la operación de recogida de muestras, y repartió a los agentes de su grupo entre los cuatro escenarios del atentado (Atocha, Téllez, El Pozo y Santa Eugenia). El propio Cáceres Vadillo estuvo recogiendo muestras personalmente en la estación de Atocha junto con algunos de sus hombres, como los Subinspectores con carnet profesional 66618 y 27600. Mientras, los agentes 64501, 35690, y 55227 hacían lo mismo en la calle Téllez; los tedax 54868, 64338 y 65255 en la estación de El Pozo; y los artificieros 70626 y 76109 en Santa Eugenia.

Todos ellos declararon después que recordaban haber recogido algodones con agua y con acetona en cada uno de los focos de explosión: dos por foco en Atocha, y uno por foco en los demás escenarios, es decir, dieciséis algodones con agua y otros dieciséis con acetona; También recogieron una bolsa con tierra y piedras del cráter por cada foco (doce bolsas de tierra del cráter, por tanto). Además, recordaban haber recogido, entre otras piezas de convicción, diversos trozos de chapa, un jersey, componentes electrónicos, trozos metálicos, varios clavos, y por último, polvo de extintor de un foco de El Pozo. Solo de la estación de Atocha, los tedax calcularon unas ochenta piezas de convicción, cada una en su correspondiente bolsa de plástico transparente debidamente etiquetada.

Lo que dice el protocolo es que, una vez recogidas, etiquetadas e introducidas en sus respectivas bolsas de prueba, las piezas de convicción deben ser trasladadas primero a la sede del grupo provincial competente (en este caso el de la Brigada Provincial de Madrid) donde se hace una relación de las muestras recogidas, se fotografían, y se realiza el correspondiente acta. Finalmente, el propio grupo trasladará las pruebas a las instalaciones de la Unidad Central, que es el depósito judicial de estas piezas de convicción.

Pero en el 11-M se actuó de otra manera.

“Aquí mando yo”

A mitad de la mañana, irrumpió en la estación de Atocha el Comisario Sánchez Manzano, por entonces Jefe de la Unidad Central TEDAX, quien se atribuyó el mando de la operación, y colocó en cada escenario del atentado un superior de su unidad que tuviera mayor rango que los tedax desplazados del grupo de Madrid. De este modo, por primera y única vez en la historia de la lucha antiterrorista en España, la Unidad Central (que no tiene funciones operativas, sino de apoyo a los grupos provinciales) asumió el mando de una incidencia relegando al grupo provincial competente. Es así como Sánchez Manzano, que carecía por completo de experiencia en la recogida de restos de explosivos –ni siquiera había hecho el curso de especialidad tedax- se hizo con el mando de la operación en detrimento del Inspector Jefe Cáceres Vadillo, que posiblemente sea el tedax con más experiencia en la investigación de atentados terroristas.

Lo primero que ordenó Sánchez Manzano fue que los tedax de la BPI de Madrid entregasen a los de la Unidad Central las muestras recogidas hasta entonces, impidiéndoles incluso terminar de etiquetarlas y clasificarlas. Cáceres Vadillo se indignó al ver que Sánchez Manzano estaba mezclando todas las muestras recogidas, sin ni siquiera clasificarlas previamente según el foco de recogida, y le advirtió de que al hacerlo así se rompería la cadena de custodia. Pero Sánchez Manzano zanjó el asunto gritando que “¡Aquí mando yo!”, hizo caso omiso a Cáceres Vadillo, y terminó mezclando todas las evidencias.

Según aseguran los testigos, las pruebas recogidas en Atocha, mezcladas, sin inventario, y sin clasificar, se las llevó en un vehículo el Inspector Rogelio Campos, cuya actuación aquel día es un misterio: hasta tres testigos presenciales distintos han declarado haber visto al Inspector Campos acompañando y asesorando a Sánchez Manzano en Atocha toda la mañana, y llevándose las muestras recogidas en un Nissan Patrol a primera hora de la tarde; en cambio, Campos negó al Juez bajo juramento haber pisado Atocha aquella mañana y haberse llevado las muestras. Después del 11-M, Rogelio Campos fue premiado con un cargo directivo en Repsol.

Algo parecido ocurrió en los otros tres escenarios del atentado, donde los mandos enviados por Sánchez Manzano también arrebataron las muestras a los tedax de la BPI de Madrid y se las llevaron sin etiquetar ni inventariar en sus vehículos. El Inspector Miró se llevó las muestras de la calle Téllez, y el Inspector Larios las de Santa Eugenia. La investigación judicial no ha podido averiguar quién se llevó las piezas de convicción recogidas en El Pozo.

Las Normas Provisionales de Actuación del Servicio de Desactivación de Explosivos, vigentes en el momento de los hechos, establecen que es competencia de la Unidad Central TEDAX la custodia y depósito de los restos de las explosiones a disposición de la autoridad judicial. No es necesario recordar que la Ley de Enjuiciamiento Criminal prohíbe destruir piezas de convicción sin la previa autorización del Juez. Por tanto, era responsabilidad de Sánchez Manzano, como Jefe de la Unidad Central, custodiar todas las piezas de convicción recogidas por los TEDAX en los distintos focos de los atentados del 11-M, para entregárselas al Juez cuando éste las reclamase.

Las piezas de convicción que llegaron al juicio

En enero de 2007, días antes de la celebración del juicio, el Tribunal presidido por el Juez Gómez Bermúdez, a petición de algunas partes (la AAV11M a la que yo representaba entre ellas) tomó la decisión de practicar, como prueba anticipada, un análisis científico de las piezas de convicción recogidas en los focos de explosión. Para ello, reclamó a la Unidad Central todas las muestras recogidas por los tedax en el 11-M. Como respuesta, la Unidad Central, remitió solo veintitrés muestras (concretamente clavos que, además, habían sido lavados con agua y acetona por lo que difícilmente iban a ofrecer resultados concluyentes). Aquel día se descubrió que la Policía solo conservaba veintitrés muestras de doce focos: menos de dos muestras por foco.

Si comparamos las muestras que los tedax aseguran haber recogido, con las que Sánchez Manzano entregó al Tribunal del 11-M, comprobamos que, por ejemplo, han desaparecido los dieciocho algodones con agua, los dieciocho algodones con acetona, así como las doce muestras de tierras de los cráteres. Estas muestras (los algodones y las tierras de los crateres) son, según aseguraron los técnicos ante el Juez, las más valiosas para la investigación, o lo que es lo mismo, las más aptas para obtener resultados positivos en un análisis químico. Eran 42 bolsas de valiosísimas pruebas, etiquetadas y clasificadas, que han desaparecido sin que lo autorizase ningún juez. También han desaparecido el jersey recogido en Atocha, diversos cables y componentes electrónicos, algunos trozos metálicos, una papelera. De uno de los focos de la calle Téllez habían desaparecido la totalidad de las muestras recogidas.

piezas de convicción y delito de encubrimiento

Los artículos 334 al 367 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal establecen que las piezas de convicción (llamamos así a los objetos, huellas y vestigios que puedan servir de prueba de la culpabilidad de alguna persona en relación con el delito perpetrado), al ser una clase de cuerpo de delito, deben recogerse y conservarse de forma que garantice su integridad a disposición de la autoridad judicial, siendo el Juez el único que –previa audiencia al Fiscal- puede autorizar su destrucción. Por su parte, el artículo 451 del Código Penal considera delito de encubrimiento la ocultación o destrucción de piezas de convicción sin autorización judicial. El Tribunal Supremo (por ejemplo en la Sentencia 543/1997) ha considerado que la ocultación de piezas de convicción por funcionarios de Policía es también un delito de omisión de perseguir de delitos del artículo 408 del Código Penal.

La Asociación de Ayuda a las Víctimas del 11-M interpuso una querella contra Sánchez Manzano por estos hechos. La querella fue instruida por el Juzgado de Instrucción nº 43 de Madrid, hasta que la Audiencia Provincial determinó que la competencia era del Juzgado nº 6, que ya había archivado una querella anterior contra Sánchez Manzano. Acatando el criterio de la Audiencia Provincial y del Tribunal Supremo, y tras haberlo sugerido la propia Audiencia en su resolución, la AAV11M se ha personado ya como perjudicada y acusación particular en la causa del Juzgado nº 6, al que ha aportado las declaraciones de los tedax y el resto de documentación, ha recurrido el Auto de archivo, y ha solicitado la reapertura de la investigación hasta averiguar el destino de las piezas de convicción desaparecidas. En este momento, el Juzgado nº 6 ha reclamado ya la causa que instruía el nº 43 para hacerse cargo de esta investigación.

© José María de Pablo Hermida, 2014.

La sentencia del Caso Faisán, y lo que dice el Tribunal Supremo

Caso-Faisan1La Audiencia Nacional ha dado hoy a conocer la sentencia del “Caso Faisán”, por la que se condena a los policías Enrique Pamiés y José María Ballesteros, como autores de un delito de descubrimiento de secretos, a la vez que se les absuelve del delito de colaboración con grupo terrorista del que también se les acusaba. Puede consultar la sentencia aquí.

Pero, ¿acierta la Audiencia Nacional al decir que el chivatazo a ETA juzgado en el Caso Faisán no es constitutivo de colaboración con grupo terrorista? En este post, trataré de responder a esa pregunta a la luz de la doctrina del Tribunal Supremo.

La sentencia de la Audiencia Nacional declara probado que el 4 de mayo de 2006, en pleno proceso de negociación entre el gobierno de Zapatero y la banda terrorista ETA, los policías Pamiés y Ballesteros avisaron al responsable del aparato de extorsión de ETA Joseba Elosúa de la existencia de un dispositivo policial que iba a proceder a su detención y la de otros miembros del aparato. Por culpa de este chivatazo, Elosúa y sus cómplices eludieron el operativo policial, lo que retrasó su detención el tiempo suficiente para que lograran destruir diversas pruebas y documentos.

Según la Fiscalía y las acusaciones personadas, estos hechos son constitutivos de un delito de colaboración con grupo terrorista. Según la Sentencia de la Audiencia Nacional, no.

La explicación que da la Audiencia para absolver a los policías de este delito se apoya, exclusivamente, en el fin perseguido por los mismos. Según la Sentencia, la finalidad buscada por los policías no era favorecer la actividad de ETA (en este caso, de su aparato de extorsión), sino evitar que la operación perjudicase el proceso de negociación iniciado por el Gobierno. Así, dice la Sentencia que “no estamos ante una acción directa de los acusados para favorecer una actuación puntual de ETA o la actividad de la banda terrorista, sino que iba encaminada en un sentido distinto (…), que no se pudiera entorpecer el proceso que estaba en marcha para lograr el cese de la actividad de ETA”. Es decir, que el móvil no era terrorista sino político. Y por eso, la Audiencia absuelve de este delito a los acusados.

Bien, ¿y qué dice el Tribunal Supremo? Toda su doctrina sobre los distintos delitos relacionados con el terrorismo está resumida, de una manera completísima, en la importante Sentencia 480/2009, de 22 mayo, dictada en el Caso Ekin.

En esa sentencia, nuestro Alto Tribunal se refiere, precisamente, a los requisitos del delito de colaboración con banda terrorista, del que dice que consiste en poner a disposición de la misma, conociendo sus métodos, determinadas informaciones, medios económicos o de transporte, infraestructura o servicios de cualquier tipo, que la organización obtendría más difícilmente -o en ocasiones le sería imposible obtener-, sin dicha ayuda externa, prestada precisamente por quiénes, sin pertenecer a ella, le proporcionan su voluntaria aportación.”

Pero a continuación, y aquí viene lo importante, el Tribunal Supremo establece que ese delito se comete prescindiendo de la coincidencia de fines, pues lo que aquí se sanciona no es la adhesión ideológica ni la prosecución de determinados objetivos políticos o ideológicos, sino el poner a disposición de la banda armada determinadas aportaciones, conociendo que los medios y métodos empleados por la organización consisten en hacer uso de la violencia, es decir, del terror y de la muerte, cuando en un Estado Social y Democrático de Derecho, como el nuestro, existen cauces pacíficos y democráticos para la prosecución de cualquier finalidad política”. Y añade el Tribunal Supremo: “Para la comisión de este delito, basta, por tanto, la conciencia de que el acto o la conducta de que se trate sirva o favorezca a la banda u organización terrorista, y la voluntad de llevarla a cabo, sin necesidad de ningún otro requisito.”

Por tanto, según el Tribunal Supremo (y a día de hoy esta doctrina no ha variado), para cometer el delito de colaboración con grupo terrorista, la única intencionalidad que se requiere es la de llevar a cabo la acción con conocimiento de que ello puede servir o favorecer la acción del grupo terrorista.

Según la sentencia del Caso Ekin, la posible coincidencia o discrepancia ideológica del acusado con el grupo terrorista es indiferente a la hora de valorar este delito, como es indiferente el objetivo político o ideológico buscado por el acusado, y su coincidencia o no con los objetivos del grupo terrorista al que presta su colaboración.

Un ejemplo muy sencillo. Quien oculta a un comando etarra en su casa a cambio de una recompensa económica, si sabe que está ocultando a terroristas, comete un delito de colaboración con grupo terrorista, por mucho que no comulgue para nada con los postulados de ETA y que su objetivo sea exclusivamente el cobro de esa recompensa económica.

Mi opinión, por tanto, es que si se declara probada la existencia del chivatazo, estamos ante un delito de colaboración, con independencia de la finalidad perseguida.

© José María de Pablo Hermida, 2013.

Qué es la “doctrina Parot”

Henri Parrot, en la Audiencia Nacional
Henri Parot, en la Audiencia Nacional

Esta semana tuvo lugar la vista del recurso interpuesto por España ante la Gran Sala del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, contra la reciente resolución de Estrasburgo que condenaba al Estado Español por considerar que la doctrina Parot es contraria al Convenio Europeo de Derechos Humanos (ver noticia). En este post trataré de explicar qué es la doctrina Parot, por qué surgió, qué problemas jurídicos suscita, y qué consecuencias podría tener la futura sentencia de Estrasburgo.

 El Código de 1973 y los beneficios penitenciarios.

Dice el artículo 25 de la Constitución que las penas estarán orientadas hacia la reinserción social del condenado. Pero esa idea de la pena, concebida más como un remedio para curar al reo y devolverle a la sociedad, que como un puro castigo, ya estaba vigente en la legislación penitenciaria heredada de la etapa franquista. Así, el último Código Penal anterior a la democracia, el aprobado en 1973, y que estuvo vigente hasta principios de 1996, creía decididamente en el valor de la reinserción.

Para favorecer la reinserción de los condenados, aquel Código contemplaba varias medidas, de las que nos interesan, ahora, dos. Por un lado, el artículo 70 establecía como límite máximo de cumplimiento los 30 años de prisión. Esto significaba que una persona condenada, por ejemplo, a 200 años de prisión, no estaría entre rejas por el resto de su vida: saldría en libertad a los 30 años. Por otro lado, el artículo 100 ofrecía a los presos la posibilidad de redimir penas mediante el trabajo, en concreto, por cada dos días de trabajo en prisión, el reo reducía su pena en un día. Así, un condenado a diez años de prisión que hubiera estado trabajando durante cuatro años, habría visto reducida su condena en dos años, y solo tendría que cumplir ocho.

 El problema de los delincuentes en serie.

 Estas medidas, orientadas a la reinserción de los reos, funcionaban correctamente en los años 70, cuando –salvo casos muy contados- la delincuencia en serie no era un problema en España. En cambio, en los años 80, el recrudecimiento de la violencia terrorista de ETA dejó obsoleto enseguida aquel blando Código Penal. Surgieron casos como el del terrorista Henri Parot, detenido en 1990 y juzgado nada menos que por 82 asesinatos, lo que supuso una condena a más de 4.800 años de prisión.

En aplicación del art. 70 del antiguo Código Penal, de esos 4.800 años de cárcel, Henri Parot solo debía cumplir 30: hasta el año 2020. Pero Parot consiguió trabajo en la cárcel y empezó a beneficiarse de la redención de penas, de modo que solicitó restar de esos 30 años de cumplimiento, los casi diez años que redimió. Esto habría supuesto que un asesino en serie como Henri Parot, con 82 asesinatos a sus espaldas, y una condena de 4.800 años de prisión, acabaría cumpliendo poco más de 20 años de cárcel aproximadamente. Un auténtico agravio para las víctimas.

 La doctrina Parot.

 Para evitar este problema surgió la llamada doctrina Parot (que tomó el nombre del primer delincuente al que se aplicó). El Tribunal Supremo, en la Sentencia 197/2006, de 28 de febrero, estableció que los días de redención de penas por el trabajo conseguidos por el etarra debían descontarse de la pena total (los 4.800 años de carcel), y no de los 30 años de límite de cumplimiento. El motivo era evidente: esos 30 años son el límite de cumplimiento, no la pena, y el Código hablaba de descontar los días redimidos de la pena. En palabras del Tribunal Supremo: «una interpretación conjunta de las reglas  primera y segunda del mencionado art. 70 del Código Penal, texto refundido de 1973, nos lleva a considerar que el límite de treinta años no se convierte en una nueva pena, distinta de las sucesivamente impuestas al reo, ni por consiguiente, en otra resultante de todas las anteriores, sino que tal límite representa el máximo de cumplimiento del penado en un centro penitenciario».

A partir de esta Sentencia, la doctrina Parot comenzó a aplicarse a todos los delincuentes en serie. Por ejemplo, la doctrina Parot impidió que Miquel Ricart, condenado por la violación y asesinato de las niñas de Alcasser a 186 años de prisión, que redimió 10 años trabajando, saliera de prisión a los 20 años: los 10 redimidos se le descontaron del total de 186 años, que quedaron en 176, por lo que tendrá que seguir en prisión hasta cumplir el total de 30 años.

El problema: la irretroactividad de las leyes penales desfavorables.

Pues bien, el problema estriba en que, hasta la Sentencia 197/2006, los años de redención de penas se habían descontado desde el máximo de cumplimiento, no desde el total de la pena. Por tanto, aplicar la doctrina Parot a aquellos delitos cometidos antes de 2006 podría suponer la aplicación retroactiva de una ley penal, algo que prohíben tanto nuestra Constitución como el propio Convenio Europeo de Derechos Humanos. Eso es lo que alega en Estrasburgo la defensa de la etarra Inés del Río, otra asesina que estaría ya en la calle de no ser por la doctrina Parot.

El problema jurídico es complejo. Es cierto que el principio de seguridad jurídica prohíbe aplicar retroactivamente una ley penal desfavorable. Pero también es cierto que, como señaló el Abogado del Estado en la vista de la semana pasada, la aplicación de la doctrina Parot a un condenado no supone alargar su pena o incrementar su condena (algo que el principio de seguridad jurídica prohíbe hacer retroactivamente), sino interpretar de un modo concreto el modo de contabilizar su cumplimiento, pues la redención de penas por el trabajo, en realidad, no afecta al cómputo de la pena, sino solo a su cumplimiento, es decir, la redención de pena es un modo de adelantar la salida de prisión, pero no de reducir la pena.

En cualquier caso, a nadie se le escapa que el problema de la compatibilidad de la doctrina Parot con el principio de seguridad jurídica no es un tema pacífico, y que habrá que esperar a lo que dictamine la Gran Sala.

¿Y si Estrasburgo condena a España?

Se ha discutido también la incidencia que tendría una resolución de la Gran Sala desfavorable a España. En principio, el Tribunal de Estrasburgo no es un órgano jurisdiccional de rango superior al Tribunal Supremo y, por tanto, ni su jurisprudencia es de obligado cumplimiento por los tribunales españoles ni, por tanto, es capaz por sí solo de derogar la doctrina Parot. La resolución de Estrasburgo, exclusivamente, afectaría a Inés del Río, que debería ser puesta en libertad e indemnizada (aunque la indemnización no llegará a su poder, pues se le descontará de las numerosas indemnizaciones que aún debe a sus víctimas).

Pero se crearía un precedente, y España debería optar entre dejar inmediatamente en libertad a los numerosos delincuentes a los que la doctrina Parot mantiene presos ahora mismo, o por el contrario, resignarse a ser demandado por todos ellos ante el Tribunal de Estrasburgo, y sufrir una sucesión de condenas seguras en Europa con lo que ello supone.

¿De quién es la culpa?

Una última reflexión. Si la Gran Sala condenase la doctrina Parot, ¿quién tendrá la culpa de que cientos de criminales se beneficien y queden prematuramente en libertad? ¿Sería culpa de Franco por hacer un Código Penal tan blando? ¿Del Tribunal de Estrasburgo por ser excesivamente garantista? ¿De los abogados de Inés del Río?

Pues no. En mi opinión, una vez más, la culpa es de los políticos. En concreto de los políticos que durante todos los años 80 y hasta 1995 no fueron conscientes del problema que generaba el antiguo Código Penal. Como ya se ha dicho en otro foro, el Gobierno de Felipe González prefirió crear los GAL y hacer la guerra sucia contra ETA al margen de la ley, en lugar de reformar el Código Penal para garantizar el cumplimiento íntegro de las penas. Y aquí ocurre como en los casos de las escuchas ilegales de las que hablé en un post anterior: cuando se persigue el crimen al margen de la ley, el beneficiado acaba siendo el delincuente.

© José María de Pablo Hermida, 2013.

sobre fenómenos “poltergeist” en dependencias judiciales y policiales

La noticia que publica hoy el diario El Mundo sobre el robo del disco duro con la parte secreta del sumario del Caso Faisán, ha traído a mi memoria, inmediatamente, un episodio del juicio del 11-M, en el que intervine como acusación en representación de una asociación de víctimas del atentado. Allí, también ocurrieron fenómenos extraños. El episodio lo narré en un capítulo de mi libro “La Cuarta Trama”. A continuación, por su interés, y por su evidente parecido con el robo de una parte del sumario del Faisán, reproduzco una síntesis del capítulo de La Cuarta Trama en el que cuento algunos fenómenos extraños, aquella vez ocurridos en la sede de la Comisaría General de Policía Científica:

«Vamos a hablar ahora de lo que sucedió en la macropericia sobre los explosivos del 11-M que realizaron ocho peritos por orden del Tribunal.  Pero, antes de hacerlo, quiero aclarar brevemente —para que el lector no se me pierda— que los ocho peritos recibieron dos tipos de muestras para analizar. Por un lado, recibieron los 23 vestigios procedentes de los focos de explosión de los trenes. A esos 23 vestigios les llamaremos en adelante “vestigios de los focos”. Y por otro lado, los peritos recibieron también diversas muestras de explosivo entero, no explosionado, procedente de distintos escenarios relacionados con el 11-M, pero distintos de los trenes, como la mochila de Vallecas, la Renault Kangoo, el artefacto de Mocejón o el piso de Leganés. A estas muestras de explosivos sin explosionar les llamaremos, siguiendo la terminología de los propios peritos, “muestras de explosivo intacto”.

En realidad, no tenía mucho sentido volver a analizar las muestras de explosivo intacto, pues eran muestras que no despertaban ninguna duda en cuanto a su composición. De hecho, eran las muestras que los TEDAX sí habían remitido años antes a la Policía Científica para su análisis. Y nadie puso en duda nunca que el explosivo hallado en la mochila de Vallecas, el que apareció bajo el asiento del copiloto de la Renault Kangoo, el del artefacto de Mocejón, y el que apareció en el piso de Leganés, eran, todos ellos, dinamita Goma 2 ECO. Así lo había determinado la policía Científica cuando los analizó tres años antes e identificó en ellos todos y cada uno de los componentes de la Goma 2 ECO. Las dudas sobre el tipo de explosivo nunca se refirieron a esas muestras, sino a los vestigios de los focos, los de dentro de los trenes, que son los que los TEDAX habían retenido en lugar de enviarlos a la Policía Científica. Pero el Tribunal quiso que junto a los vestigios de los focos, fuesen analizadas también las muestras de explosivo intacto cuya composición todos conocíamos de antemano. Por cierto, como curiosidad, los peritos también recibieron una muestra que nada tenía que ver con los explosivos. Se trataba de un poco de cocaína que había aparecido durante el desescombro del piso de Leganés.

Así que el trabajo de los ocho peritos se dividiría en dos fases: por un lado, analizar las muestras de los focos de los trenes, y por otro, analizar las muestras de explosivo intacto recogidas en escenarios distintos de los trenes.

Con el juicio a punto de comenzar, los peritos se encerraron en el laboratorio y se pusieron manos a la obra. Comenzaron por lo más importante, lo que de verdad interesaba para la investigación: las 23 muestras procedentes de los trenes, los vestigios de los focos que estuvieron en contacto con las explosiones del 11-M y que nos podrían decir qué utilizaron los terroristas para volar los trenes.

Pero rápidamente surgió la sorpresa, y con la sorpresa, los dolores de cabeza para los defensores de la versión oficial (la versión del “¡ha sido Goma 2 ECO y ya vale!”). En la mañana del 6 de febrero de 2007, dos peritos —uno de la Guardia Civil y otro independiente— analizaron la muestra M-6-12 (procedente de uno de los focos de explosión del tren de El Pozo) y encontraron restos de un componente explosivo que es ajeno a la Goma 2 ECO: el dinitrotolueno o DNT. A continuación de este hallazgo, los peritos encontraron ese mismo componente en todos y cada uno de los focos de explosión de los cuatro trenes siniestrados. La conclusión era tan clara como novedosa: el explosivo utilizado por los terroristas para atentar contra los trenes del 11-M era un explosivo que contenía en su composición DNT. O lo que es lo mismo, lo que había explotado en los trenes no era Goma 2 ECO. Un palo de los buenos para la versión oficial.

Uno de los ocho peritos, el policía-perito Alfonso Vega, que ejercía de director de la pericia, se mostró visiblemente contrariado ante el hallazgo del DNT. No aceptó el resultado y ordenó repetir el análisis: no podía ser que la aparición de DNT echara abajo la versión oficial. ¿Qué iban a decir ahora sus jefes? Se repitieron las pruebas, pero la ciencia es tozuda. Para enfado de Alfonso Vega, y de sus jefes Santano y Rubalcaba, el contraanálisis confirmó la noticia: había DNT en todos los vestigios de los focos. Si tenemos en cuenta que el DNT no solo es incompatible con la Goma 2 ECO, sino que, sobre todo, es compatible con el Titadyn habitualmente utilizado por ETA, podremos hacernos cargo de la relevancia del hallazgo del DNT. El mosqueo del policía-perito Alfonso Vega fue monumental y sus gritos e insultos a los TEDAX quedaron grabados por la cámara de vídeo que, por orden de Gómez Bermúdez, rodaba la macropericia.

La noticia de la aparición del DNT saltó rápidamente a los medios de comunicación, y esos días (el juicio ya había comenzado) cundió el pánico (doy fe) en la Fiscalía. La versión oficial estaba gravemente herida. Sí, herida. Pero no muerta. Veamos cómo esquivó la muerte en aquella ocasión.

Ocurrió que (por mera casualidad, no sea usted mal pensado) la aparición de restos de DNT en los vestigios procedentes de las explosiones coincidió en el tiempo con el comienzo de una serie de curiosos acontecimientos que empezaron a producirse dentro del laboratorio de la Policía Científica, y a los que vamos a llamar fenómenos extraños, paranormales, o poltergeist.

El primer poltergeist hizo su aparición (por mera casualidad, repito) justo al día siguiente de la aparición del DNT en los vestigios de los focos de explosión. A las 20.00 horas del 6 de febrero de 2007, sin causa conocida, el Laboratorio de la Policía Científica sufría un ¿fortuito? apagón de luz, a consecuencia del cual, la cámara de Gómez Bermúdez dejó de grabar durante varias horas. Durante el apagón, con los peritos independientes en su casa, y la cámara de Gómez Bermúdez apagada, no sabemos qué ocurrió, pero si el lector sigue leyendo podrá imaginárselo sin mucha dificultad.

Arreglado el apagón, la cámara de Gómez Bermúdez volvió a grabar y los peritos reanudaron sus trabajos. Y en concreto, comenzaron a analizar, una por una, las muestras de explosivo intacto, es decir, las de fuera de los trenes (mochila de Vallecas, Kangoo, etc). Y descubrieron algo asombroso: aquellas muestras habían mutado de composición. Un poltergeist andaba suelto por el Laboratorio.

Recordemos que las muestras de explosivo intacto ya las había analizado la Policía Científica en 2004 (los TEDAX habían impedido a la Policía Científica el acceso a los vestigios de los focos, pero no a las muestras de explosivo intacto ajenas a los trenes, que sí habían entregado). Ya entonces la Policía Científica había determinado que las muestras de explosivo intacto ajenas a los trenes eran Goma 2 ECO, entre otras cosas, porque al analizarlas no se había detectado la presencia de DNT. Pues bien, después del apagón, los peritos analizan de nuevo esas muestras y ¡oh, casualidad! las muestras de explosivo intacto tienen ahora un componente más: el DNT.

La aparición de DNT en estas muestras de explosivo intacto era absurda. Primero, porque en los análisis previos al apagón no había aparecido ese componente. Y segundo, porque se trataba de muestras intactas de Goma 2 ECO, y la Goma 2 ECO no contiene DNT. Es más, la cocaína tampoco tiene DNT, pero tras el apagón, la muestra M-10-3 (cocaína encontrada en el desescombro de Leganés) también contenía ahora DNT. Se ve que al poltergeist de turno se le fue la mano.

Lo que sí sé es que la extraña mutación de las muestras de explosivo intacto durante el apagón hizo posible el nacimiento de las llamadas teorías de la contaminación, mediante las que la policía intentó convencernos de que la aparición de DNT en los focos de explosión no era suficiente para descartar el uso de Goma 2 ECO en los trenes.»

© José María de Pablo Hermida, 2012.