Una mirada constitucional al anteproyecto de ley del aborto

bebéComo no es lo mismo ética que derecho, y este es un blog jurídico, quiero abordar en este post el problema del aborto, y más concretamente el texto del reciente Anteproyecto de Ley Orgánica de Protección de la Vida del Concebido y de los Derechos de la Mujer Embarazada, desde un punto de vista exclusivamente jurídico, sin consideraciones éticas, sentimentales, ni religiosas.

La protección del nasciturus en la doctrina constitucional.

El artículo 15 de la Constitución Española establece que “todos tienen derecho a la vida”. Ese derecho a la vida se vio limitado por primera vez, al menos en lo que al nasciturus se refiere, mediante la Ley Orgánica 9/1985, de 5 de julio, que despenalizaba el aborto en tres supuestos: supuesto terapéutico (riesgo grave para la salud física o psíquica de la madre), supuesto criminológico (violación), y supuesto eugenésico (malformación física o psíquica del feto).

La ley de 1985, antes de su publicación, fue objeto de un recurso previo de inconstitucionalidad que concluyó en la importante Sentencia 53/1985, de 11 de abril, del Tribunal Constitucional, en cuya doctrina pretendo apoyar este artículo.

Esta sentencia, tras recordar que el derecho a la vida “constituye el derecho fundamental esencial y troncal en cuanto es el supuesto ontológico sin el que los restantes derechos no tendrían existencia posible”; que “la vida humana es un devenir, un proceso que comienza con la gestación (…) y que termina con la muerte”; y “que la gestación ha generado un tertium existencialmente distinto de la madre, aunque alojado en el seno de ésta”, termina afirmando que “si la Constitución protege la vida (…) no puede desprotegerla en aquella etapa de su proceso que no sólo es condición para la vida independiente del claustro materno, sino que es también un momento del desarrollo de la misma; por lo que ha de concluirse que la vida del nasciturus, en cuanto éste encarna un valor fundamental –la vida humana- garantizado en el art. 15 de la Constitución, constituye un bien jurídico cuya protección encuentra en dicho precepto constitucional”.

De hecho, la sentencia hace un interesante estudio de la tramitación parlamentaria que dio lugar a la redacción final del artículo 15 para concluir que, cuando el texto constitucional utiliza el término “todos” en lugar de “todas las personas”, lo hace “con la finalidad de incluir al nasciturus” en la protección de dicho artículo a pesar de que, como también recuerda la sentencia, al no haber alcanzado aún su personalidad jurídica, el nasciturus no puede ser, jurídicamente hablando, titular de derechos.

Por tanto, el Tribunal Constitucional establece los siguientes puntos de partida:

a)     Que el derecho a la vida es el derecho más esencial de cuantos proclama la Constitución.

b)    Que la vida humana independiente comienza ya en la etapa de la gestación: el nasciturus es un ser humano vivo y distinto.

c)     Que, no obstante, el nasciturus no es titular de derechos porque todavía no ha alcanzado su personalidad jurídica, la cual se adquiere con el nacimiento, según el artículo 29 del Código Civil.

d)    Que, aun así, el nasciturus, por su condición de ser humano vivo y distinto, es un bien jurídico que merece protección, de modo que “la vida del nasciturus (…) es un bien jurídico constitucionalmente protegido por el art. 15 de nuestra norma fundamental”.

Estos cuatro puntos de partida llevan al TC a imponer dos obligaciones al Estado: “la de abstenerse de interrumpir o de obstaculizar el proceso natural de gestación, y la de establecer un sistema legal para la defensa de la vida que suponga una protección efectiva de la misma y que, dado el carácter fundamental de la vida, incluya también, como última garantía, las normas penales”.

Nasciturus, mujer embarazada, y conflicto de derechos

Pero esta protección constitucional no es ilimitada ya que, del mismo modo que el derecho a la vida de un adulto puede colisionar con el derecho a la legítima defensa del otro, la protección del nasciturus, siempre según el Tribunal Constitucional, puede entrar en colisión con otros valores y derechos como la vida y la dignidad de la mujer. Eso sí, advierte la sentencia que “se trata de graves conflictos de características singulares, que no pueden contemplarse tan sólo desde la perspectiva de los derechos de la mujer o desde la protección a la vida del nasciturus. Ni ésta puede prevalecer incondicionalmente frente a aquellos, ni los derechos de la mujer pueden tener primacía absoluta sobre la vida del nasciturus, dado que dicha prevalencia supone la desaparición, en todo caso, de un bien no sólo constitucionalmente protegido, sino que encarna un valor central dentro del orden constitucional”.

Así, la sentencia declara constitucional la despenalización del aborto sólo para el caso de conflicto singular de derechos, un conflicto que considera se produce en los tres supuestos despenalizados: aborto terapéutico, aborto criminológico y aborto eugenésico.

Inconstitucionalidad de la ley de plazos.

Una simple lectura de la sentencia del Constitucional basta para concluir que la Ley Orgánica 2/2010, aprobada por el Gobierno de Zapatero (la llamada “Ley Aído”), y que establece un sistema de plazos según el cual, durante las primeras 14 semanas de embarazo se puede abortar sin ningún requisito (y hasta las 22 semanas en el caso del aborto eugenésico) es claramente inconstitucional.

Difícilmente podrá ser compatible una ley de plazos con la afirmación del Tribunal Constitucional de que “la vida del nasciturus (…) es un bien jurídico constitucionalmente protegido por el art. 15 de nuestra norma fundamental” ni con la exigencia de que “ni los derechos de la mujer pueden tener primacía absoluta sobre la vida del nasciturus, dado que dicha prevalencia supone la desaparición, en todo caso, de un bien no sólo constitucionalmente protegido, sino que encarna un valor central dentro del orden constitucional”.

La ley hasta ahora vigente, no considera bien jurídico protegido al nasciturus de menos de 14 semanas, y confiere a la decisión de la madre una supremacía sobre la protección de la vida del nasciturus que, según la doctrina constitucional, está prohibida.

Una ley de plazos en España exigiría una previa reforma de la Constitución que prive al nasciturus del nivel de protección constitucional que tiene conferido.

Por eso, el nuevo anteproyecto de ley que hemos conocido estos días era una exigencia constitucional. No olvidemos que la Ley Aído era objeto de un recurso de inconstitucionalidad en tramitación. Ante este recurso, el Tribunal Constitucional solo podía hacer dos cosas: o dictar una sentencia contradictoria con su doctrina anterior (lo que, en un órgano cuya misión es interpretar la Constitución, sería disparatado), o declarar inconstitucional la ley de plazos.

El anteproyecto de Gallardón y el mejorable supuesto terapéutico.

El nuevo anteproyecto de ley, que abandona los plazos para volver al sistema de supuestos, no solo subsana la inconstitucionalidad de la legislación anterior sino que, desde un punto de vista meramente técnico, es mejor que la Ley de supuestos de 1985.

El anteproyecto mantiene, prácticamente en los mismos términos que la ley 9/1985, el supuesto criminológico (caso de violación), mejora las garantías –aunque de forma insuficiente, como explicaré- del supuesto terapéutico (peligro para la salud de la madre), y elimina el supuesto eugenésico (malformación) por lógicos motivos que explicaré a continuación.

En cuanto al supuesto de violación, se mantiene como en 1985 con la única exigencia de haber denunciado previamente los hechos. En realidad, se trata de un supuesto marginal, dada la enorme dificultad de que una violación termine en concepción.

Más importante y novedosa es la regulación del aborto terapéutico, que con la ley de 1985 se había convertido en el coladero que utilizaban las clínicas abortistas para practicar abortos que, en realidad, no estaban contemplados por ninguno de los supuestos despenalizados. Son numerosos los testimonios de mujeres que han reconocido que no fueron examinadas por el psiquiatra que certificó el riesgo para su salud psíquica. Para evitar el coladero, el anteproyecto exige que el riesgo para la salud sea certificado por dos médicos distintos que no trabajen en el mismo centro que se va a lucrar con ese aborto. En mi opinión, en la misma línea de evitar corruptelas y conflictos de intereses, sería importante añadir en la tramitación parlamentaria de la ley, por un lado, la exigencia de que esos dos médicos pertenezcan a la Seguridad Social, y por otro, una explicación clara de qué se entiende por riesgo para la salud de la madre que dote de la necesaria seguridad jurídica a la nueva normativa.

Algunos especialistas consideran que un mínimo rigor en la aplicación de este supuesto supondría pasar de nuestra actual tasa de más de cien mil abortos anuales, a cifras inferiores a los diez mil abortos por año, como ocurre en países donde el control de la aplicación de ese supuesto es más rigurosa.

En concreto, y ya que estamos hablando de conflicto de derechos, habría que controlar la existencia de proporcionalidad entre el riesgo para la salud que se trata de evitar, y la muerte del nasciturus. Nadie duda, por ejemplo, de la constitucionalidad (reitero que hablo de derecho, no de ética) de un aborto cuando una complicación exija elegir entre la supervivencia de la madre o la del nasciturus. Pero, en cambio, es muy discutible que podamos hablar de proporcionalidad en el caso de peligro, no para la salud física, sino para la salud psíquica de la madre, pues cualquier problema psicológico que pudiera derivarse de una maternidad no deseada tiene una solución mucho menos traumática y más acorde con la protección del nasciturus que el aborto: la entrega en adopción.

El problema del aborto eugenésico.

Otra cuestión es el supuesto de malformación (es decir, discapacidad) del feto, cuya despenalización avaló la sentencia del Constitucional que hemos analizado. Y es que aquí sí ha habido un cambio normativo importante que la Sentencia de 1985 no pudo tener en cuenta.

El 30 de marzo de 2007, España firmó la Convención sobre los derechos de las personas con discapacidad, de 13 de diciembre de 2006, tal como figura en el BOE de 21 de abril de 2008. Desde ese mismo momento, y en virtud de lo que establecen los artículos 93 a 96 de la Constitución, este Tratado Internacional pasó a formar parte de nuestro ordenamiento jurídico y es, por tanto, de obligado cumplimiento.

El artículo 10 del Tratado establece que “los Estados partes reafirman el derecho inherente a la vida de todos los seres humanos y adoptarán todas las medidas necesarias para garantizar el goce efectivo de ese derecho por las personas con discapacidad en igualdad de condiciones con las demás”, de modo que, desde el año 2008, nuestro ordenamiento jurídico exige que las personas con discapacidad no se vean discriminadas en el disfrute de su derecho a la vida. En aplicación de este Tratado, el Comité de la ONU sobre los derechos de las personas con discapacidad exigió a España en septiembre de 2011 que suprimiese el plazo para abortar por malformación del feto que incluía la Ley Aído, y dio a España de plazo hasta diciembre de 2015 para suprimir esta discriminación (ver aquí el documento de la ONU).

Por tanto, tarde o temprano (y siempre antes de diciembre de 2015) había que suprimir, por discriminatorio, el aborto eugenésico. Sería hipócrita invocar la obligación de cumplir los tratados internacionales a la hora de excarcelar a los presos afectados por la doctrina Parot, pero negarse a la vez a cumplir otro tratado que prohíbe discriminar por razón de discapacidad en la regulación del aborto.

No obstante, el anteproyecto sí contempla el caso de graves malformaciones incompatibles con la vida y otros casos extremos. Lo que ya no se contempla es, por ejemplo, el caso de los afectados por Síndrome de Down que, no nos engañemos, constituían la inmensa mayoría de los abortos eugenésicos practicados en España.

Legislar en positivo. Las alternativas.

Dicho lo anterior, y aunque considero que este anteproyecto es un gran avance a la hora de adaptar la regulación del aborto a la doctrina constitucional, he echado de menos, y esperemos que se solucione durante la tramitación de la ley, el acompañamiento a esta norma con otras medidas políticas en positivo que ayuden a las mujeres embarazadas en dificultad a encontrar una alternativa al aborto. Es un error quedarnos en la norma penal, en la mera prohibición. ¿No es el momento de agilizar el proceso de entrega en adopción? ¿No merecen más ayudas económicas las familias de niños discapacitados?

Aclaración final.

Como he dicho, he querido que este artículo sea puramente jurídico. Pero el que una norma sea más o menos constitucional no impide que mis convicciones sean las que son. Nunca he ocultado mi postura acerca del aborto: la biología –no solo el TC- nos dice que el nasciturus, desde el momento de su concepción, es un ser vivo de la especie humana, con una carga genética (un ADN) propia e independiente de la de sus progenitores. Y no creo que un ser humano tenga autoridad para decidir la muerte de otro ser humano. Aclarado queda.

© José María de Pablo Hermida, 2013.

La falta de independencia del poder judicial (II): De cómo los políticos asaltaron el poder judicial.

En mi anterior post analizaba la situación actual de politización de nuestro poder judicial, y advertía de los problemas de un ¿Estado de Derecho? en el que los jueces, a la hora de dictar sus sentencias, en lugar de aplicar la ley, aplican aquello que más conviene a los intereses del partido político que los nombró. Pero esto no siempre fue así.

Se atribuye a Montesquieu, la formulación de la teoría de la separación de poderes -aceptada hoy en la mayoría de las democracias occidentales-, según la cual, cada uno de los tres poderes del Estado (legislativo, ejecutivo y judicial) debe gozar de la necesaria independencia que permita el control de los unos por los otros. Como nadie es buen juez en causa propia, solo un poder judicial plenamente independiente del poder político podría, por ejemplo, defender al ciudadano de las arbitrariedades del gobernante.

Esta teoría de la separación de poderes fue asumida por nuestra Constitución Española de 1978 que, entre otras cosas, proclama en su artículo 117 la independencia del poder judicial. Además, para garantizar esa independencia, la propia Constitución, en su artículo 122, establece la creación de un órgano de autogobierno interno del poder judicial, llamado Consejo General del Poder Judicial, y que estará formado por el Presidente del Tribunal Supremo y veinte vocales (doce jueces y ocho juristas de reconocido prestigio). En cuanto a la elección de los vocales, el artículo 122 prevé que de los ocho juristas, cuatro serán elegidos por el Congreso y cuatro por el Senado. En cambio, nada dice la Constitución del sistema de nombramiento de los doce jueces vocales.

El hecho de que el legislador constituyente, que establece el nombramiento por Congreso y Senado de los ocho vocales juristas, no diga lo mismo de los doce vocales jueces, demuestra que el espíritu de la Constitución era sustraer el nombramiento de esos doce jueces de cualquier interferencia política, precisamente, para salvaguardar así la independencia del poder judicial en su autogobierno. La intención de los padres de la Constitución era que esos doce vocales jueces fuesen elegidos por los propios jueces (de lo contrario, la Carta Magna habría concretado el sistema de elección de esos doce vocales por los órganos legislativos, como sí concretó el mecanismo de elección de los otros ocho miembros juristas del CGPJ). De este modo, mediante la elección independiente de la mayor parte de los vocales del Consejo quedaba garantizada la independencia del poder judicial que proclamaba la Constitución.

Así se interpretó desde un primer momento. La primera Ley Orgánica del Poder Judicial de la etapa constitucional, aprobada en 1980 (consultar aquí), establecía en sus artículos 12 y 13, que «los Vocales del Consejo General de procedencia judicial serán elegidos por todos los Jueces y Magistrados que se encuentren en servicio activo (…) mediante voto personal, igual, directo y secreto». Quedaba así garantizada, mediante ley orgánica, la independencia del poder judicial que proclamaba la Constitución, pues la mayoría de los miembros de su órgano de autogobierno –los doce vocales jueces- iban a ser nombrados sin intervención de un solo político. Además, esa independencia se transmitiría, en cascada, a todos los órganos judiciales, desde el Tribunal Supremo hasta el último Juzgado de Instrucción del último rincón de España, pues todos sus jueces iban a ser nombrados por unos vocales del CGPJ que no dependieran de ningún partido político. Primaban los criterios técnicos, jurídicos y profesionales a la hora de elegir a los jueces: un auténtico Estado de Derecho.

Pero ese oasis democrático, ese puro Estado de Derecho, no duró más de cinco años. El afán totalitario de nuestros políticos les hacía insoportable la existencia de un poder judicial independiente. Y comenzó el asalto de los partidos al poder judicial.

El golpe ¿de Estado? al Estado de Derecho lo dieron los políticos en 1985, mediante la primera reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial (consultar aquí). El artículo 112 de la nueva LOPJ eliminaba de un plumazo la independencia del CGPJ, y establecía un nuevo sistema para la elección de los doce vocales jueces: seis serían nombrados por el Congreso y seis por el senado. De este modo, desde la entrada en vigor de la LOPJ de 1985, la mitad de los vocales del CGPJ, diez, los nombra el Congreso, y la otra mitad, los otros diez, son nombrados por el Senado.

Esa reforma de la LOPJ fue objeto de un recurso de inconstitucionalidad (que interpuso, curiosamente, José María Ruiz Gallardón, padre del actual Ministro de Justicia) resuelto por el Tribunal Constitucional mediante una discutible sentencia interpretativa (la Sentencia 108/1986, que puede consultarse aquí), en la que el TC salvaba la nueva ley, pero imponía –como condición de constitucionalidad- una serie de requisitos que debían respetar los partidos políticos al nombrar vocales para el CGPJ. Aquella sentencia señalaba textualmente que con el nuevo sistema de nombramiento de los vocales «se corre el riesgo de frustrar la finalidad señalada de la Norma constitucional si  las Cámaras, a la hora de efectuar sus propuestas, olvidan el objetivo perseguido y, actuando con criterios admisibles en otros terrenos, pero no en éste, atiendan sólo a la división de fuerzas existente en su propio seno y distribuyen los puestos a cubrir entre los distintos partidos, en proporción a  la fuerza parlamentaria de éstos. La lógica del Estado de partidos empuja a actuaciones de este género, pero esa misma lógica obliga a mantener al margen de  la lucha de partidos ciertos ámbitos de poder y entre ellos, y señaladamente, el Poder Judicial». Lo que –con preocupante simpleza- concluyó el TC es que este sistema de nombramientos sería constitucional sólo a condición de que Congreso y Senado nombrasen a los vocales sin atender a su adscripción política. Así declaraba constitucional la reforma de la LOPJ, pero advertía a la vez que un uso partidista de ésta, donde los partidos se repartiesen los vocales del CGPJ reproduciendo en este órgano la aritmética parlamentaria sí sería inconstitucional. Y, como si no conociese a los políticos, el TC convalidó la nueva ley confiando en que los partidos haría caso de sus consideraciones y no la utilizarían para politizar el Consejo. Ilusos.

Como era de esperar, los políticos hicieron caso omiso de las recomendaciones de aquella sentencia desde el primer momento. Desde entonces –a la hemeroteca me remito- los partidos se han repartido el pastel del poder judicial de manera impúdica mediante una sectaria política de nombramientos, y los vocales, en consecuencia, han venido actuando como meros ejecutores de la política del partido que los nombró. Un ejemplo. Días antes del Pleno del CGPJ en el que se votó la elección de Carlos Dívar como Presidente del Consejo, el entonces Presidente del Gobierno anunciaba que el elegido por él para ese cargo era Dívar: sin ningún pudor, el Gobierno reconocía que ya había ordenado a “sus” vocales en el CGPJ lo que debían votar en aquel Pleno en el que se elegía a su nuevo Presidente. ¿Dónde está la independencia del poder judicial?

Años después de la reforma de 1985, y ante las inevitables críticas al sistema de nombramientos, los políticos hicieron una especie de paripé para disimular su invasión del poder judicial. Así, en una nueva reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial, esta del año 2003 (consultar aquí), reforma que sigue vigente a día de hoy, se establecía un nuevo sistema para la elección de los doce vocales jueces: las asociaciones profesionales de jueces presentarían a un máximo de 36 candidatos, de entre los cuales el Congreso y Senado elegirían a los 12 vocales. Esto es, se permita ahora una puntual y simbólica intervención de las ya de por sí politizadas asociaciones de jueces, pero seguían -siguen- siendo Congreso y Senado quienes eligen a los vocales. Si además tenemos en cuenta que el PP y el PSOE pactan, respectivamente, con la Asociación Profesional de la Magistratura y con Jueces para la Democracia, a qué vocales propone cada asociación para su posterior elección por los partidos políticos, podemos hacernos una idea del nivel de independencia de nuestro poder judicial.

Y no olvidemos que ese vocal que ostenta un cargo en el CGPJ gracias a un partido político, es quién deberá votar el nombramiento de los magistrados y jueces del Tribunal Supremo, las Audiencias Provinciales, los Juzgados de Instrucción… de modo que no exista un solo juez en España que no le deba su cargo, directa o indirectamente, a un partido político determinado.

Por eso, cuando vea usted que los medios de comunicación hacen cábalas sobre el sentido de una futura sentencia, no atendiendo a lo ajustado a la ley de lo que se discute, sino al color político de los jueces que van a dictar la sentencia (de hecho, ahora se divide a los jueces en conservadores y progresistas), no se escandalice: nuestro poder judicial es así.

© José María de Pablo Hermida, 2012.     

La falta de independencia del poder judicial (I): el problema más grave de la justicia en España.

Inicio hoy una serie de dos artículos sobre lo que considero que es el principal problema de nuestro Estado de Derecho: la total ausencia de independencia del poder judicial.

Los nuevos nombramientos de magistrados para el Tribunal Constitucional (ver noticia) han vuelto a poner de manifiesto el elevado y preocupante nivel de politización y, por ende, falta de independencia, del Poder Judicial. ¿Es normal que sean los partidos políticos quienes pacten a quién se nombra para el Constitucional o el Consejo General del Poder Judicial? ¿y que el pacto incluya el nombramiento, a petición del PP, de alguien que ha sido 17 años diputado de ese partido, y a petición del PSOE, alguien que obstaculizó la investigación sobre los atentados de los GAL?

Lo cierto es que, desgraciadamente, nos hemos acostumbrado a leer noticias con el siguiente enunciado: “el TC legaliza Sortu con el voto a favor de los magistrados progresistas propuestos por el PSOE y el voto en contra de los magistrados conservadores nombrados por el PP” (un ejemplo, aquí). Pero vamos a ver: ¿cómo puede ser que estemos hablando de magistrados progresistas y conservadores? ¿Son jueces o son diputados? ¿Cuál es la función de los jueces, aplicar la ley o aplicar el programa de un partido político?

Desgraciadamente, cada vez comprobamos con mayor frecuencia cómo los órganos esenciales del Poder Judicial (el Consejo General del Poder Judicial, el Tribunal Constitucional, el Tribunal Supremo, o los distintos Tribunales Superiores de Justicia) se han convertido en una especie de hemiciclos que reproducen el arco parlamentario y el equilibrio de fuerzas del Congreso de los Diputados. Y además, no lo disimulan.

Así, la labor del Juez, que debería consistir esencialmente en comparar los hechos probados en un juicio con el texto de la ley, para decidir si esos hechos concretos son conformes o no a lo que manda la ley, ha mutado, de modo que ahora los jueces se dedican a comparar los hechos probados en un juicio con el programa del partido político que nombró a ese juez, para decidir si esos hechos concretos son convenientes o no a los intereses de ese partido o no.

Un ejemplo reciente. El Tribunal Supremo declaró probado que Bildu es una herramienta de ETA y decretó su ilegalización (ver noticia). Bildu recurrió esa sentencia ante el Tribunal Constitucional, que tiene mayoría de magistrados de los denominados progresistas. Como nuestro ordenamiento jurídico prohíbe expresamente al Constitucional modificar los hechos que haya declarado probados el Supremo (el TC carece de competencia para revisar la valoración de la prueba que hiciera el TS), era imposible –desde el punto de vista de la estricta aplicación de la ley- que ese recurso prosperase. Pues bien, como al partido político que nombró a la mayoría de magistrados del Constitucional le interesaba la legalización de Bildu, esos magistrados hicieron lo que tienen prohibido, esto es, modificaron los hechos declarados probados por el Supremo (algo para lo que no tenían competencia), votaron una sentencia que establecía que Bildu no era instrumento de ETA y legalizaron aquella coalición (ver noticia).

Y es así como llegamos a lo que -con cierta ironía- publiqué con otras palabras en Twitter hace unos días, cuando se hizo pública una nueva sentencia política del Constitucional, como fue la legalización de Sortu: Puestos a recortar de los presupuestos del Estado, ¿porqué no suprimir el CGPJ, el Constitucional y el Supremo, y que sean los propios diputados los que voten en el Congreso las sentencias que se deben dictar? Ahorraríamos mucho dinero y el resultado sería el mismo, ya que los órganos judiciales tienden a ser una reproducción fiel del arco parlamentario.

No niego, por supuesto, el derecho natural de cada juez a tener sus propias ideas políticas. Pero una cosa es tener unas ideas políticas, y otra depender de un partido: ¿O acaso es imparcial un juez que le debe su sillón a un partido político? ¿Sería imparcial un juez nombrado por el PSOE que juzgue el Caso Gürtel, en el que están imputados varios políticos del PP? ¿Sería imparcial un Juez nombrado por el PP que juzgue el caso de los falsos ERES en Andalucía, en el que se encuentran imputados diversos políticos del PSOE?

Otro ejemplo. Hoy empieza a debatir el pleno del Constitucional el recurso de inconstitucionalidad que interpuso el PP contra ley de matrimonio homosexual aprobada por el anterior Gobierno del PSOE: ¿son imparciales los magistrados nombrados por el PSOE que van a valorar la constitucionalidad de una ley aprobada por el PSOE? ¿Son imparciales los magistrados nombrados por el PP que van a valorar un recurso de inconstitucionalidad interpuesto por el PP? El artículo 219 de la Ley Orgánica del Poder Judicial establece que son causas de abstención “la amistad íntima o enemistad manifiesta con cualquiera de las partes”: ¿no deberían abstenerse entonces de valorar la constitucionalidad de esa ley todos los magistrados del TC, los unos por amistad manifiesta con el partido que aprobó esa ley, y los otros por amistad manifiesta con el partido que interpuso el recurso?

Hasta aquí el planteamiento del problema. En un próximo artículo explicaré cómo en pocos años los políticos acabaron con la independencia del poder judicial.

© José María de Pablo Hermida, 2012.