el veredicto del caso Asunta se tambalea

los-padres-de-asunta-basterra-declarados-culpables-por-unanimidadNunca he sido partidario del jurado popular. Es cierto que el jurado se limita a establecer los hechos probados, y que luego es el Juez quien aplica la ley a esos hechos, pero mi experiencia es que para establecer de manera adecuada los hechos probados después de un juicio también es necesario contar con conocimientos jurídicos. Lo que hace el jurado popular es valorar pruebas, y la valoración de la prueba exige el respeto a unos principios y mecanismos jurídicos que un jurado lego en Derecho desconoce.

Esto se observa en muchas ocasiones analizando la fundamentación del veredicto. El jurado no se limita a declarar probado o no probado un hecho, sino que debe justificar por escrito el por qué ha llegado a una y no a otra conclusión. Y es allí cuando descubrimos, unas veces, que un jurado se dejó llevar más por su convicción personal acerca de la inocencia o culpabilidad del acusado que por el resultado de las pruebas, y otras veces –la mayoría, en mi experiencia- que el jurado ha alcanzado sus conclusiones vulnerando, por desconocimiento (no son juristas), las reglas esenciales sobre valoración de la prueba.

Pues bien, esto último es lo que, en mi opinión, le ha ocurrido al jurado del caso Asunta al emitir su veredicto.

La culpabilidad de Alfonso Basterra, según el jurado.

En la fundamentación por escrito del veredicto (ver aquí) leemos que el jurado, apoyándose en las conclusiones de la autopsia, establece que la muerte de Asunta se produjo, por asfixia, entre las 18:00 y las 20:00 horas.

Ese dato le permite al jurado considerar probada, sin mucha dificultad, la intervención de Rosario en el asesinato, ya que estaba con su hija en Teo en ese momento: así lo prueban, nos dice el jurado, las grabaciones de las cámaras de seguridad de varios establecimientos, que grabaron a Rosario con Asunta saliendo de Santiago; el cuadrante de la actividad de su teléfono móvil, que le sitúa en el entorno de Teo a esa hora; el registro de la alarma de la casa; así como la propia declaración de la acusada, que reconoció que había llevado a su hija a Teo esa tarde.

Pero el jurado también declaró culpable a Alfonso Basterra, y para ello le situó en el lugar del crimen a la hora del asesinato, con el siguiente razonamiento: “no podemos descartar la presencia de Alfonso en el asiento trasero del vehículo Mercedes en el que Rosario y Asunta se desplazaron a Teo. Iría detrás, de tal modo que no le captaron las cámaras de seguridad porque en ninguna se recogen imágenes de la zona trasera” (apartado 9 del veredicto).

La anterior deducción, (estaba en Teo porque no podemos descartar que fuese con Rosario y Asunta en el coche) vulnera frontalmente el principio in dubio pro reo.

La valoración de la prueba y el principio in dubio pro reo

Mientras que la presunción de inocencia se aplica cuando hay un vacío probatorio (sin prueba de cargo hay que absolver siempre), el principio in dubio pro reo implica que si existe una prueba de cargo, pero su valoración hace dudar al juzgador, el juzgador debe absolver.

Lógicamente, el juzgador –en este caso, el jurado popular- no tiene la obligación de dudar: por muchas dudas que le plantee a una defensa la interpretación de una prueba de cargo, si al juzgador le convence una concreta interpretación, la condena es válida (y el Tribunal Supremo siempre rechaza el recurso de casación cuando la defensa alega que el juzgador debía haber dudado y no lo hizo: quien juzga no está obligado a dudar).

Pero eso sí: cuando el juzgador alberga dudas, está obligado a absolver. Si una prueba ofrece dos interpretaciones, y el tribunal –o el jurado- duda entre las dos, deberá quedarse con aquella que más favorezca al acusado.

El veredicto del Caso Asunta y el principio in dubio pro reo

En este caso, parece obvio que el jurado popular albergó dudas sobre la presencia de Alfonso Basterra en la casa de Teo. No dice “consideramos probado que Alfonso viajaba en el asiento trasero del vehículo”, sino que dice “no podemos descartar la presencia de Alfonso en el asiento trasero del vehículo”. Y si únicamente no lo pueden descartar, es que entonces tampoco lo pueden afirmar. Han dudado. Y si han dudado sobre este punto, debieron considerar no probada la presencia de Alfonso Basterra en ese vehículo y, por extensión, en Teo.

Por tanto, la condena a Alfonso Basterra, en mi opinión, no está fundamentada, y un buen recurso debería conducir, como mínimo, a la repetición del juicio.

Lo curioso es que el jurado no necesitaba situar a Basterra en Teo para condenarle. Le hubiera bastado con limitarse a declarar probado que se concertó con Rosario para el asesinato, y que colaboró comprando las pastillas que servirían para sedarla. Eso permitiría al Magistrado condenar al padre de Asunta como cooperador necesario del crimen (con la misma pena que el autor) o al menos como cómplice (menor pena, pero condena al fin y al cabo). Pero ese “no podemos descartar” en medio de un punto tan importante del veredicto huele a sentencia nula.

Estamos ante un veredicto que haría las delicias de cualquier abogado defensor especialista en casaciones.

Obviamente, no se puede reprochar a los miembros del jurado este error. Ninguno de ellos estudió Derecho (recordemos que los abogados, fiscales, y otros profesionales del Derecho tenemos prohibida la intervención en los jurados: por extraño que parezca, para ser jurado en España es obligatorio desconocer el Derecho). Así que, lógicamente, no podemos exigir a los miembros del jurado –bastante tienen con haberse visto obligados a dejar sus ocupaciones habituales durante varias semanas- que conozcan el principio in dubio pro reo y demás reglas de valoración de la prueba.

Quien debería recapacitar es el legislador que mantiene en vigor una ley que permite valorar pruebas a quienes no conocen, ni las reglas sobre valoración de la prueba, ni el modo de motivar la inferencia.

© José María de Pablo Hermida, 2015.
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10 estrategias para defender a un culpable

367x3671287160766_abogadoTodo abogado penalista ha tenido que responder alguna vez a la misma pregunta: “¿cómo puedes defender a una persona si sabes que es culpable?”. La respuesta está en el art. 24 de la Constitución Española, que establece que todas las personas -sean inocentes, culpables, o mediopensionistas- tienen el derecho fundamental “a la defensa y a la asistencia de letrado, (…) a utilizar los medios de prueba pertinentes para su defensa, a no declarar contra sí mismos, a no confesarse culpables y a la presunción de inocencia”. Y es el abogado la persona encargada de garantizar que quien se vea sometido a un procedimiento penal pueda ejercer ese derecho fundamental.

De hecho, la grandeza de un Estado de Derecho consiste, entre otras cosas, en saber que cuando se condena a alguien se hace tras un juicio justo con las debidas garantías del derecho de defensa. Sin guantánamos.

Además, en los más de veinte años que llevo defendiendo a todo tipo de acusados en los tribunales he aprendido que dividir a los acusados en “inocentes y culpables” es tan simplista como dividir a las personas en “buenos y malos”: hay una rica escala de grises, también entre los que se sientan en el banquillo de los acusados.

Pero este post no trata de los aspectos éticos de la defensa de un culpable, sino de un problema práctico que también puede plantearse un abogado: ¿cómo defender a un cliente que, no solo es culpable, sino que además cuenta con pruebas de cargo tan rotundas que tiene imposible conseguir la absolución?

Pues bien, he aquí un decálogo de diez posibles estrategias:

Primero, estudiar la prescripción.

La prescripción es siempre lo primero que hay que comprobar (sea o no sea culpable el cliente) al asumir una nueva defensa. Muchas veces, por la complejidad de la investigación, la demora de la víctima en denunciar, o la lentitud del juzgado en cuestión, el tiempo transcurrido desde la comisión del delito hasta que el procedimiento se dirige contra el culpable supera los plazos del artículo 131 del Código Penal, y nos bastará alegar la prescripción para salvar a nuestro cliente de la temida condena.

Segundo, pedir la nulidad de las pruebas de cargo.

A veces, esas pruebas que creemos demoledoras contra nuestro cliente han sido obtenidas por medios ilícitos o con vulneración de derechos fundamentales. Como en la lucha contra el delito no todo vale, el artículo 11 de la Ley Orgánica del Poder Judicial establece que “no surtirán efecto las pruebas obtenidas, directa o indirectamente, violentando los derechos o libertades fundamentales”.

Sobre este tipo de nulidades escribí un artículo en El Mundo que puede consultarse en este otro post del blog. Aquel artículo hacía referencia a la investigación de la Operación Galgo sobre presunto dopaje en el atletismo español, en la que intervine como abogado defensor, y que acabó siendo archivada cuando la Audiencia Provincial de Madrid estimó que las escuchas telefónicas y registros practicados eran nulos porque la Guardia Civil había vulnerado derechos fundamentales de los imputados.

Las nulidad de las pruebas se puede pedir en diversos momentos del proceso: al levantarse el secreto de sumario, durante la instrucción, como cuestión previa al comenzar el juicio oral, en el recurso de apelación o casación… Y no hay que desanimarse si la primera vez que se pide se desestima: si de verdad entendemos que existe nulidad, reiterémoslo en cada fase del procedimiento hasta el final.

Tercero, la mediación y la negociación.

A veces el cliente que ha cometido un delito no está imputado todavía, pero acude a nosotros porque ha recibido un burofax de la víctima advirtiéndole de acciones penales.

En estos casos el abogado debe utilizar sus habilidades negociadoras y su capacidad de convicción para evitar al cliente un procedimiento penal. Y doblemente: por un lado, para llegar a un acuerdo justo con la parte contraria (que si de verdad ha sufrido un delito tiene derecho a ser resarcido) que evite la interposición de querella, y por otro, para convencer a nuestro cliente de que –aunque el orgullo le dicte otra cosa- es mejor un buen acuerdo que la posibilidad de terminar en prisión. Defender los intereses del cliente empieza muchas veces por convencer al obcecado cliente de cuáles son de verdad sus intereses.

También se puede acudir a la novedosa mediación penal, de la que existe información en esta página del CGPJ.

Cuarto, ser realistas y no obcecarse con una imposible absolución.

Un vicio típico en abogados principiantes (y a veces no tan principiantes) consiste en perder la perspectiva, dejarse llevar por un excesivo optimismo, y convencer al cliente de que su caso está ganado cuando no es así.

El abogado debe valorar con serenidad el caso que se le encomienda (la prueba de cargo y de descargo, la jurisprudencia aplicable…), y si hay posibilidades objetivas de obtener una absolución, dejarse la piel en ello. Pero cuando es objetivo que la sentencia será condenatoria, no podemos jugar al doble o nada con la libertad de nuestro cliente: habrá que centrarse en conseguir que la condena sea la menor posible.

Algunas fórmulas eficaces para, al menos, reducir notablemente la duración de una inevitable condena, son las estrategias quinta a novena que describo a continuación:

Quinto, la confesión y la colaboración con la Justicia.

Puede ocurrir que nuestro cliente acuda a nosotros antes de su imputación, porque sabe que va a ser imputado próximamente. El cliente ha cometido un delito, la investigación está a punto de alcanzarle, y por los datos que tenemos su condena va a ser inevitable.

En ese caso, puede ser conveniente acudir inmediatamente al Juzgado de Guardia a presentar un escrito confesando el delito. De este modo, nuestro cliente podrá beneficiarse de la atenuante de confesión (art. 21.4. del Código Penal) para reducir la condena.

Pero ojo: la confesión debe prestarse antes de que el procedimiento se dirija contra nuestro cliente, de lo contrario no habrá atenuante. Además, la confesión debe ser completa (si nos guardamos datos y nos descubren, adiós atenuante) y sincera (si nuestro cliente falta a la verdad en algún punto esencial, también perderá la atenuante).

Si además de confesar prestamos una útil colaboración con la investigación (aportando documentación, etc) podríamos conseguir que la confesión se considere como atenuante muy cualificada, o incluso que se aprecie una nueva atenuante analógica (art. 21.7. del Código Penal).

Sexto, la reparación del daño.

Otro medio sencillo para rebajar la pena con un atenuante es proceder a la reparación del daño, esto es: indemnizar a la víctima antes del juicio (art. 21.5. del Código Penal).

En realidad, esta estrategia es válida para casi todos los casos, incluidos aquellos en que vemos accesible una libre absolución. Con frecuencia –cuando es posible hacerlo- aconsejo a los clientes consignar el importe de la indemnización en la cuenta del Juzgado, indicando que es para la reparación del daño. Si felizmente absuelven a nuestro cliente, el Juzgado le devolverá el dinero; si le condenan, será para la víctima, pero nuestro cliente verá reducida la duración de su condena gracias a este atenuante.

Queda muy bien, en trámite de conclusiones, explicar al Juez lo honrado que es nuestro cliente que, a pesar de estar convencido de su inocencia, consigna el importe de la posible indemnización para no dejar desamparada a la víctima en caso de que el Juzgado entienda que ha cometido un delito.

Séptimo, las dilaciones indebidas.

Cada vez es más extraño encontrar un procedimiento penal que finalice en un plazo razonable, así que la norma habitual debe ser pedir la aplicación de esta atenuante (art. 21.6 del Código Penal).

Octavo, la conformidad.

En muchos casos será conveniente acordar con el Fiscal (y en su caso, con la acusación) un acuerdo de conformidad y aceptar una pena menor a la que pensamos que podría recaer en caso de celebrarse el juicio.

Dos consejos. Uno, es preferible quedar con el Fiscal días antes a la fecha del juicio para negociar y cerrar el acuerdo: mi experiencia es que se obtienen acuerdos más favorables así que negociando en la misma sala de vistas minutos antes del juicio (y con el Juez escuchando la negociación!!!). Dos, no hay motivo para esperar a la fase de juicio oral para llegar a una conformidad: habitualmente será más ventajosa para nuestro cliente la conformidad en fase de instrucción (art. 801 LECRIM) que explico a continuación.

Noveno, el art. 801 LECRIM.

El artículo 801 LECRIM prevé para una gran cantidad de supuestos (en términos generales, delitos con penas inferiores a los tres años), la posibilidad de que el imputado reconozca los hechos ante el Juzgado de Instrucción, solicite la transformación en juicio rápido, y llegue a un acuerdo de conformidad con las partes acusadores en ese juicio rápido.

Todo son ventajas: se acorta la duración del procedimiento (evitamos al cliente la intranquilidad de estar años esperando su juicio), se alcanza un acuerdo de conformidad y, lo más importante, el juez “impondrá la pena solicitada reducida en un tercio, aun cuando suponga la imposición de un pena inferior al límite mínimo previsto en el Código Penal”.

Estamos ante el descuento por pronto pago de las multas de tráfico aplicado a los delitos penales, que permite reducir la pena en un tercio de su extensión.

Décimo, un ejemplo práctico de estrategia de defensa.

Nuestro cliente se ha enterado de que va a ser denunciado por una persona a la que agredió en la discoteca causándole una lesión que requirió tratamiento médico para su curación (delito de lesiones del art. 147.1 del Código Penal, castigado con penas de tres meses a tres años de prisión). Además, sabemos que existen informes médicos que acreditan el alcance de la lesión, y una grabación en vídeo que demuestra la existencia de la agresión y la autoría de nuestro cliente: la condena es prácticamente segura.

Pues bien, daremos los siguientes pasos:

1º.- Acompañaremos a nuestro cliente al Juzgado de Guardia para presentar un escrito confesando los hechos.

2º.- Indicaremos a nuestro cliente que consigne en la cuenta del Juzgado el importe correspondiente a aplicar el baremo de indemnizaciones a las lesiones ocasionadas.

3º.- En su declaración como imputado, nuestro cliente reconocerá los hechos. Una vez terminada su declaración, solicitaremos la transformación en diligencias urgentes de juicio rápido del art. 801 LECRIM.

4º- Quedaremos con el Fiscal y negociaremos un acuerdo. El Fiscal no pondrá reparos para apreciar las atenuantes de confesión y de reparación del daño. Si además es razonable, podremos convencerle para apreciar otra atenuante más por haber actuado en estado de embriaguez, ya que los hechos ocurrieron de madrugada en una discoteca (esto último, que sin pruebas objetivas nos costaría mucho acreditar en un juicio, es más factible pactarlo con el Fiscal).

Tenemos, por tanto, tres atenuantes, lo que permitiría reducir la pena en uno o dos grados (art. 66.1.2º del Código Penal). Lo que era una pena de entre tres meses y tres años de prisión, reducida en dos grados queda en una pena de entre 23 y 45 días de prisión: podríamos acordar con el Fiscal 30 días de prisión, que se sustituirían por 60 días de multa (art. 71 del Código Penal).

5º.- El Juez, al aplicar el art. 801 LECRIM reducirá en un tercio la multa de 60 días acordada, dejándola en 40 días. A una cantidad de 5 euros / día, estaríamos ante una multa de 200 euros.

De este modo, lo que amenazaba con terminar en una pena de hasta tres años de prisión para nuestro cliente, se habrá quedado en una multa de 200 euros.

© José María de Pablo Hermida, 2015.
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Interesante sentencia sobre la exposición pública del detenido

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Portada de La Vanguardia del 31/10/2009, con las imágenes a las que se refiere esta sentencia

Ha llegado a mis manos la interesante Sentencia 290/2015 de la Sección 3ª de la Sala de lo Contencioso Administrativo de la Audiencia Nacional, que califica como un anormal funcionamiento de la Administración de Justicia, susceptible de indemnización por daños morales, la indebida exposición pública de un detenido.

Los hechos.

En 2009, y dentro del marco de la llamada Operación Pretoria, se procedió a la detención, por orden del entonces juez Baltasar Garzón, de una serie de imputados, que fueron trasladados por la Guardia Civil a la Audiencia Nacional.

Según considera probado esta sentencia, «el mismo día de su traslado al órgano judicial para prestar declaración la prensa logró captar determinadas imágenes del demandante antes de entrar en el Juzgado estando esposado y portando una bolsa grande azul con sus pertenencias, cuyas imágenes fueron accesibles a la prensa debido a que no se respetó el protocolo policial que existía para preservar a los detenidos de su exposición pública. Ese mismo día el recurrente apareció en los telediarios en las condiciones que acabamos de referir, en tanto que al día siguiente -31/10/2009- las susodichas imágenes del recurrente fueron reproducidas por diferentes diarios nacionales».

A consecuencia de estos hechos, uno de los detenidos interpuso una reclamación por funcionamiento anormal de la Administración de la Justicia, al amparo del artículo 292 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, que establece que “los daños causados (…) que sean consecuencia del funcionamiento anormal de la Administración de Justicia, darán a todos los perjudicados derecho a una indemnización a cargo del Estado, salvo en los casos de fuerza mayor”.

El Ministerio de Justicia rechazó la reclamación, pero el detenido interpuso un recurso contencioso administrativo que fue estimado parcialmente.

Exposición pública del detenido y funcionamiento anormal de la Administración de Justicia

La Fundamentación Jurídica de la Sentencia empieza recordando un precepto legal del que ya he hablado otras veces en este blog (por ejemplo aquí), el tan maltratado artículo 520 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, que ordena  que la detención y la prisión provisional deberán practicarse en la forma que menos perjudique al detenido o preso en su persona, reputación y patrimonio (¿se enseña este artículo en la academia de Policía?), y añade que el artículo 5.3.b), de la LO 2/1986 de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado establece entre sus principios básicos de actuación el velar por la vida e integridad física de las personas a quienes detuvieren o que se encuentren bajo su custodia y el respeto del honor y la dignidad de las personas.

Según esta sentencia «precisamente para respetar los derechos de los detenidos y observar el principio de actuación a que se acaba de aludir en relación con los mismos existía un protocolo policial cuyas reglas no se observaron, lo que propició la captación de las imágenes del recurrente en las puertas del Juzgado en las condiciones que ya hemos narrado por los medios de comunicación, que las divulgaron ese mismo día en los telediarios y los días sucesivos en la prensa escrita. La inobservancia del referido protocolo permitió a los medios de comunicación captar y difundir las repetidas imágenes del demandante, siendo de advertir que el espectáculo del recurrente y de otros imputados detenidos en las condiciones en que fueron captados por los medios de comunicación fue algo innecesario para la Administración de Justicia y evitable, a lo que se añade que la exposición pública del demandante y de sus compañeros detenidos en las condiciones en que se produjo resulta difícilmente compatible con el escrupuloso respeto de los derechos de los detenidos y de los principios de actuación de las fuerzas policiales».

De lo que concluye la sentencia que estamos ante un caso de funcionamiento anormal de la Administración de Justicia, que se concreta en «la exposición pública del recurrente a las puertas del Juzgado el día de su declaración judicial dadas las condiciones en que dicha exposición se produjo, siendo de notar que dicha exposición sí pudo afectar en el caso concreto a la imagen y la dignidad del demandante, que así puede exhibir un daño moral susceptible de indemnización, cuya indemnización, en consideración de los criterios estandarizados que suele utilizar este Tribunal en bien del principio de igualdad en la aplicación de la ley, puede cifrarse en 4.000 €».

Aunque no comparto la poca estima que para los autores de esta sentencia tiene el derecho al honor y a la propia imagen de los detenidos (solo 4.000 € por unas imágenes deshonrosas y denigrantes que fueron portada de periódicos nacionales y que seguirán colgadas en internet por los siglos de los siglos…), al menos es algo que se reconozca e indemnice como funcionamiento anormal de la Administración de Justicia la vulneración del artículo 520 LECRIM a la que tan acostumbrados nos tienen nuestras fuerzas de seguridad.

© José María de Pablo Hermida, 2015.
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Los delitos económicos en la reforma del Código Penal

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La semana pasada tuve la ocasión de impartir una sesión en el Colegio de Abogados de Ciudad Real sobre las novedades de la reforma del Código Penal (LO 1/2015) en materia de delitos económicos.

La reforma introduce cambios significativos, como el nuevo delito de administración desleal, que deja de ser un delito societario para incluirse entre las defraudaciones.

Por su interés, y porque alguno de los asistentes me lo pidió, comparto con los lectores de este blog un archivo pdf en el que explico las principales novedades que introduce la reforma del Código Penal en este tipo de delitos.

Podéis descargar el pdf en este enlace.

© José María de Pablo Hermida, 2015.
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Dos importantes enmiendas a la reforma de la LECRIM

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La Comisión de Justicia del Congreso aprobó ayer dos enmiendas transaccionales al proyecto de reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal que me parecen muy importantes: la primera, relativa al control de la duración de las causas penales, y la segunda, en relación con el derecho a la intimidad y a la propia imagen de los detenidos. Dedicaré este post a comentar brevemente cada una de las enmiendas y sus consecuencias.

Sobre el control de la duración de las causas penales.

Ya critiqué duramente en este post la ocurrencia (no es otra cosa) del Gobierno de imponer un límite temporal (de 6 o 18 meses según la complejidad) a la instrucción de las causas penales. Dije entonces que lo más disparatado de este nuevo límite temporal era el papel que se atribuía en exclusiva al fiscal: según el proyecto, solo el fiscal podía solicitar que el límite temporal se amplíe de los seis a los dieciocho meses, y solo el fiscal podía pedir nuevas prorrogas por otros dieciocho meses. Este papel que se otorgaba al fiscal demuestra el profundo desconocimiento del día a día de una instrucción penal que padece quien ha redactado ese proyecto de ley.

Terminé aquel post con un consejo a los grupos parlamentarios y, como veo que los diputados me han leído y me han hecho caso, copio aquí lo que dije en aquel post:

«Así que me permito dar un consejo –o hacer un ruego más bien- a los grupos parlamentarios para que puedan mejorar la norma mediante las oportunas enmiendas.

Si les pido duplicar la plantilla de jueces y fiscales no me van a hacer caso, así que al menos sugeriré una mejora en las garantías procesales de esta reforma: eliminar el papel exclusivo del fiscal a la hora de solicitar tanto la calificación de la instrucción como “compleja” como la prórroga de dieciocho meses.

Ya que el procedimiento penal está dirigido –no lo olvidemos- a salvaguardar los derechos de los imputados/investigados y de las víctimas del delito, creo que tanto unos (las defensas) como otros (la acusación particular) deberían tener legitimidad para solicitar la calificación de la instrucción como compleja y para pedir la prórroga de los dieciocho meses. Dejar esta posibilidad a la exclusiva voluntad de la Fiscalía supone un inaceptable recorte de los derechos procesales de las partes. Y ya puestos, debería permitirse al Instructor acordarlo de oficio.»

Pues bien, parece que me han hecho caso, y ayer se aprobó una enmienda transaccional (ver noticia) que amplía al resto de personados en el procedimiento la posibilidad de pedir una ampliación del plazo de duración de la instrucción: tanto las acusaciones populares o particulares, como las defensas, podrán solicitar al juez la ampliación del plazo de duración de la instrucción.

Así que si esta enmienda, como parece –cuenta con los votos de PP y CiU- sobrevive al trámite parlamentario, se habrá paliado (que no solucionado, porque lo del límite temporal me sigue pareciendo una ocurrencia sin ninguno sentido) uno de los principales defectos de este proyecto de ley.

Sobre el derecho a la intimidad de los detenidos.

La otra enmienda aprobada introduce un párrafo nuevo en el artículo 520 LECRIM que establece que en el trato a los detenidos “se deberán adoptar las medidas necesarias para asegurar el respeto a sus derechos constitucionales al honor, intimidad e imagen en el momento de practicarse así como en los traslados ulteriores” (ver noticia).

ratoEn otras palabras, se pretende evitar que los detenidos sean sometidos al escarnio público al que nos tienen acostumbrados los medios de comunicación, y que alcanzó su punto álgido con la retransmisión en directo de la detención de Rodrigo Rato hace pocas semanas.

En realidad, no debería hacer falta introducir este párrafo en la ley, pues el actual artículo 520 ya ordena que “la detención y la provisión provisional deberán practicarse en la forma que menos perjudique al detenido o preso en su persona, reputación o patrimonio”, aunque es cierto que estamos ante un precepto que se viene incumpliendo a diario. Y precisamente porque se viene incumpliendo a diario, se añade ahora otro párrafo que concreta más esta obligación, aunque en mi opinión sigue siendo ambiguo: ¿significará este nuevo párrafo –ojalá- que estará prohibido obtener imágenes de los detenidos durante su traslado a los Juzgados?

Leo que algunos medios de comunicación han criticado esta enmienda porque limita el derecho a la información. A mí, en cambio, me parece que se queda corta: detenidos e imputados tienen derecho a la presunción de inocencia, un derecho fundamental incompatible con el linchamiento al imputado que practican los medios de comunicación con demasiada frecuencia.

Si esta enmienda consigue acabar con las sensacionalistas fotos de imputados entrando al Juzgado que ilustran la portada del mismo periódico que -meses después- no dedicará ni una pequeña esquina escondida a informar de que aquel imputado al que linchó ha sido declarado inocente por el Juez, bienvenida sea.

© José María de Pablo Hermida, 2015.
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