Interesante sentencia sobre la exposición pública del detenido

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Portada de La Vanguardia del 31/10/2009, con las imágenes a las que se refiere esta sentencia

Ha llegado a mis manos la interesante Sentencia 290/2015 de la Sección 3ª de la Sala de lo Contencioso Administrativo de la Audiencia Nacional, que califica como un anormal funcionamiento de la Administración de Justicia, susceptible de indemnización por daños morales, la indebida exposición pública de un detenido.

Los hechos.

En 2009, y dentro del marco de la llamada Operación Pretoria, se procedió a la detención, por orden del entonces juez Baltasar Garzón, de una serie de imputados, que fueron trasladados por la Guardia Civil a la Audiencia Nacional.

Según considera probado esta sentencia, «el mismo día de su traslado al órgano judicial para prestar declaración la prensa logró captar determinadas imágenes del demandante antes de entrar en el Juzgado estando esposado y portando una bolsa grande azul con sus pertenencias, cuyas imágenes fueron accesibles a la prensa debido a que no se respetó el protocolo policial que existía para preservar a los detenidos de su exposición pública. Ese mismo día el recurrente apareció en los telediarios en las condiciones que acabamos de referir, en tanto que al día siguiente -31/10/2009- las susodichas imágenes del recurrente fueron reproducidas por diferentes diarios nacionales».

A consecuencia de estos hechos, uno de los detenidos interpuso una reclamación por funcionamiento anormal de la Administración de la Justicia, al amparo del artículo 292 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, que establece que “los daños causados (…) que sean consecuencia del funcionamiento anormal de la Administración de Justicia, darán a todos los perjudicados derecho a una indemnización a cargo del Estado, salvo en los casos de fuerza mayor”.

El Ministerio de Justicia rechazó la reclamación, pero el detenido interpuso un recurso contencioso administrativo que fue estimado parcialmente.

Exposición pública del detenido y funcionamiento anormal de la Administración de Justicia

La Fundamentación Jurídica de la Sentencia empieza recordando un precepto legal del que ya he hablado otras veces en este blog (por ejemplo aquí), el tan maltratado artículo 520 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, que ordena  que la detención y la prisión provisional deberán practicarse en la forma que menos perjudique al detenido o preso en su persona, reputación y patrimonio (¿se enseña este artículo en la academia de Policía?), y añade que el artículo 5.3.b), de la LO 2/1986 de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado establece entre sus principios básicos de actuación el velar por la vida e integridad física de las personas a quienes detuvieren o que se encuentren bajo su custodia y el respeto del honor y la dignidad de las personas.

Según esta sentencia «precisamente para respetar los derechos de los detenidos y observar el principio de actuación a que se acaba de aludir en relación con los mismos existía un protocolo policial cuyas reglas no se observaron, lo que propició la captación de las imágenes del recurrente en las puertas del Juzgado en las condiciones que ya hemos narrado por los medios de comunicación, que las divulgaron ese mismo día en los telediarios y los días sucesivos en la prensa escrita. La inobservancia del referido protocolo permitió a los medios de comunicación captar y difundir las repetidas imágenes del demandante, siendo de advertir que el espectáculo del recurrente y de otros imputados detenidos en las condiciones en que fueron captados por los medios de comunicación fue algo innecesario para la Administración de Justicia y evitable, a lo que se añade que la exposición pública del demandante y de sus compañeros detenidos en las condiciones en que se produjo resulta difícilmente compatible con el escrupuloso respeto de los derechos de los detenidos y de los principios de actuación de las fuerzas policiales».

De lo que concluye la sentencia que estamos ante un caso de funcionamiento anormal de la Administración de Justicia, que se concreta en «la exposición pública del recurrente a las puertas del Juzgado el día de su declaración judicial dadas las condiciones en que dicha exposición se produjo, siendo de notar que dicha exposición sí pudo afectar en el caso concreto a la imagen y la dignidad del demandante, que así puede exhibir un daño moral susceptible de indemnización, cuya indemnización, en consideración de los criterios estandarizados que suele utilizar este Tribunal en bien del principio de igualdad en la aplicación de la ley, puede cifrarse en 4.000 €».

Aunque no comparto la poca estima que para los autores de esta sentencia tiene el derecho al honor y a la propia imagen de los detenidos (solo 4.000 € por unas imágenes deshonrosas y denigrantes que fueron portada de periódicos nacionales y que seguirán colgadas en internet por los siglos de los siglos…), al menos es algo que se reconozca e indemnice como funcionamiento anormal de la Administración de Justicia la vulneración del artículo 520 LECRIM a la que tan acostumbrados nos tienen nuestras fuerzas de seguridad.

© José María de Pablo Hermida, 2015.
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Los delitos económicos en la reforma del Código Penal

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La semana pasada tuve la ocasión de impartir una sesión en el Colegio de Abogados de Ciudad Real sobre las novedades de la reforma del Código Penal (LO 1/2015) en materia de delitos económicos.

La reforma introduce cambios significativos, como el nuevo delito de administración desleal, que deja de ser un delito societario para incluirse entre las defraudaciones.

Por su interés, y porque alguno de los asistentes me lo pidió, comparto con los lectores de este blog un archivo pdf en el que explico las principales novedades que introduce la reforma del Código Penal en este tipo de delitos.

Podéis descargar el pdf en este enlace.

© José María de Pablo Hermida, 2015.
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Dos importantes enmiendas a la reforma de la LECRIM

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La Comisión de Justicia del Congreso aprobó ayer dos enmiendas transaccionales al proyecto de reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal que me parecen muy importantes: la primera, relativa al control de la duración de las causas penales, y la segunda, en relación con el derecho a la intimidad y a la propia imagen de los detenidos. Dedicaré este post a comentar brevemente cada una de las enmiendas y sus consecuencias.

Sobre el control de la duración de las causas penales.

Ya critiqué duramente en este post la ocurrencia (no es otra cosa) del Gobierno de imponer un límite temporal (de 6 o 18 meses según la complejidad) a la instrucción de las causas penales. Dije entonces que lo más disparatado de este nuevo límite temporal era el papel que se atribuía en exclusiva al fiscal: según el proyecto, solo el fiscal podía solicitar que el límite temporal se amplíe de los seis a los dieciocho meses, y solo el fiscal podía pedir nuevas prorrogas por otros dieciocho meses. Este papel que se otorgaba al fiscal demuestra el profundo desconocimiento del día a día de una instrucción penal que padece quien ha redactado ese proyecto de ley.

Terminé aquel post con un consejo a los grupos parlamentarios y, como veo que los diputados me han leído y me han hecho caso, copio aquí lo que dije en aquel post:

«Así que me permito dar un consejo –o hacer un ruego más bien- a los grupos parlamentarios para que puedan mejorar la norma mediante las oportunas enmiendas.

Si les pido duplicar la plantilla de jueces y fiscales no me van a hacer caso, así que al menos sugeriré una mejora en las garantías procesales de esta reforma: eliminar el papel exclusivo del fiscal a la hora de solicitar tanto la calificación de la instrucción como “compleja” como la prórroga de dieciocho meses.

Ya que el procedimiento penal está dirigido –no lo olvidemos- a salvaguardar los derechos de los imputados/investigados y de las víctimas del delito, creo que tanto unos (las defensas) como otros (la acusación particular) deberían tener legitimidad para solicitar la calificación de la instrucción como compleja y para pedir la prórroga de los dieciocho meses. Dejar esta posibilidad a la exclusiva voluntad de la Fiscalía supone un inaceptable recorte de los derechos procesales de las partes. Y ya puestos, debería permitirse al Instructor acordarlo de oficio.»

Pues bien, parece que me han hecho caso, y ayer se aprobó una enmienda transaccional (ver noticia) que amplía al resto de personados en el procedimiento la posibilidad de pedir una ampliación del plazo de duración de la instrucción: tanto las acusaciones populares o particulares, como las defensas, podrán solicitar al juez la ampliación del plazo de duración de la instrucción.

Así que si esta enmienda, como parece –cuenta con los votos de PP y CiU- sobrevive al trámite parlamentario, se habrá paliado (que no solucionado, porque lo del límite temporal me sigue pareciendo una ocurrencia sin ninguno sentido) uno de los principales defectos de este proyecto de ley.

Sobre el derecho a la intimidad de los detenidos.

La otra enmienda aprobada introduce un párrafo nuevo en el artículo 520 LECRIM que establece que en el trato a los detenidos “se deberán adoptar las medidas necesarias para asegurar el respeto a sus derechos constitucionales al honor, intimidad e imagen en el momento de practicarse así como en los traslados ulteriores” (ver noticia).

ratoEn otras palabras, se pretende evitar que los detenidos sean sometidos al escarnio público al que nos tienen acostumbrados los medios de comunicación, y que alcanzó su punto álgido con la retransmisión en directo de la detención de Rodrigo Rato hace pocas semanas.

En realidad, no debería hacer falta introducir este párrafo en la ley, pues el actual artículo 520 ya ordena que “la detención y la provisión provisional deberán practicarse en la forma que menos perjudique al detenido o preso en su persona, reputación o patrimonio”, aunque es cierto que estamos ante un precepto que se viene incumpliendo a diario. Y precisamente porque se viene incumpliendo a diario, se añade ahora otro párrafo que concreta más esta obligación, aunque en mi opinión sigue siendo ambiguo: ¿significará este nuevo párrafo –ojalá- que estará prohibido obtener imágenes de los detenidos durante su traslado a los Juzgados?

Leo que algunos medios de comunicación han criticado esta enmienda porque limita el derecho a la información. A mí, en cambio, me parece que se queda corta: detenidos e imputados tienen derecho a la presunción de inocencia, un derecho fundamental incompatible con el linchamiento al imputado que practican los medios de comunicación con demasiada frecuencia.

Si esta enmienda consigue acabar con las sensacionalistas fotos de imputados entrando al Juzgado que ilustran la portada del mismo periódico que -meses después- no dedicará ni una pequeña esquina escondida a informar de que aquel imputado al que linchó ha sido declarado inocente por el Juez, bienvenida sea.

© José María de Pablo Hermida, 2015.
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De cómo el nuevo Código Penal podría salvar del banquillo a Esperanza Aguirre

ESPERANZA-AGUIRRE-POLICIA-620x350Hemos conocido esta semana que la Audiencia Provincial de Madrid ha ordenado que Esperanza Aguirre sea juzgada por una falta de desobediencia leve, presuntamente cometida en su famoso incidente con varios agentes de movilidad. ǀ LINK AL AUTO DE LA AUDIENCIA 

La Audiencia Provincial entiende que la candidata del PP a la alcaldía de Madrid podría haber cometido una falta del artículo 634 del Código Penal, que establece que “los que faltaren al respeto y consideración debida a la autoridad o sus agentes, o los desobedecieren levemente, cuando ejerzan sus funciones, serán castigados con la pena de multa de diez a sesenta días”.

Destacan los comentaristas políticos que el juicio se celebrará, aunque después de las elecciones municipales.

Pues bien. Yo digo que ese juicio no se celebrará. A continuación explico por qué.

Como es sabido, el próximo 1 de julio entra en vigor la Ley Orgánica 1/2015, de 30 de marzo, por la que se modifica la Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal, una reforma que hace desaparecer las faltas de nuestro Código Penal, convirtiendo algunas en lo que pasa a denominarse delitos leves, y suprimiendo directamente otras.

En el caso de la falta que se imputa a Esperanza Aguirre, la nueva LO 1/2015 es muy clara. En su exposición de motivos advierte de que “los supuestos de desobediencia leve dejan de estar sancionados penalmente y serán corregidos administrativamente”. Efectivamente, la Disposición Derogatoria Única de la nueva ley declara “derogado el Libro III de la Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal”, que es el relativo a las faltas, incluida la de desobediencia leve. Y al contrario de lo que ocurre con otras faltas, que son añadidas a otros artículos como delitos leves, la desobediencia leve desaparece por completo del nuevo articulado del Código Penal.

esperanza-aguiirre-al-volante ¿Y qué hacemos entonces con la falta de desobediencia leve que la Audiencia viene imputando a Aguirre? Encontramos la respuesta en las disposiciones transitorias de la reforma.

La Transitoria Primera proclama que “se aplicará esta Ley, una vez que entre en vigor, si las disposiciones de la misma son más favorables para el reo” (y evidentemente esta ley, que despenaliza la desobediencia leve, es más favorable a Aguirre que la anterior).

Y la Transitoria Cuarta, titulada “juicios de faltas en tramitación”, tras aclarar que los juicios de faltas por hechos ahora tipificados como delitos leves continuarán su tramitación como juicio de faltas, añade que “la tramitación de los procesos por falta iniciados antes de la entrada en vigor de esta Ley por hechos que resultan por ella despenalizados o sometidos al régimen de denuncia previa, y que lleven aparejada una posible responsabilidad civil, continuarán hasta su normal terminación” si bien “el juez limitará el contenido del fallo al pronunciamiento sobre responsabilidades civiles y costas”.

De la Transitoria Cuarta se deduce que los procesos sobre faltas despenalizadas que no llevan aparejada responsabilidad civil (como por ejemplo, la desobediencia leve) deben archivarse sin celebración de juicio.

Visto el Auto de la Audiencia y el contenido de la reforma del Código Penal, lo más probable es que nos quedemos sin juicio por la fuga de Esperanza Aguirre… salvo que el Juzgado de Instrucción señale la vista para antes de la entrada en vigor de la reforma (el próximo 1 de julio), lo cual parece difícil (de hecho, lo lógico es que los juzgados de instrucción no señalen más juicios por faltas despenalizadas y esperen al 2 de julio para archivarlos y quitarse volumen de trabajo).

Otro resquicio sería calificar los hechos como un delito leve del nuevo art. 556.2. Código Penal, que castigará a “los que faltaren al respeto y consideración debida a la autoridad, en el ejercicio de sus funciones” con multa de uno a tres meses. Pero entiendo que no es aplicable este nuevo artículo, primero, porque la exposición de motivos menciona expresamente la voluntad del legislador de despenalizar la desobediencia leve, que es de lo que se acusa a Aguirre, y segundo, porque el nuevo 556.2. se refiere a “la autoridad”, y los agentes de movilidad no son autoridad, sino agentes de la autoridad (véase que en otros casos -como el antiguo art. 634- el Código Penal habla de “la autoridad o sus agentes” pero aquí se queda en “la autoridad”).

© José María de Pablo Hermida, 2015.
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diálogo entre Elpidio Silva y Santo Tomás Moro

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Ayer tuvo lugar en el Tribunal Supremo la vista del recurso de casación interpuesto por el ex juez Elpidio Silva contra la sentencia que le condenó como autor de un delito de prevaricación. Y como el populismo es gratis, surgen de nuevo los que le justifican: «se saltó la ley, sí, pero para encarcelar a un banquero», dicen los mismos que defendían a Garzón cuando fue condenado por espiar a abogados.

Hay un diálogo admirable en la película “Un hombre para la eternidad” en el que Santo Tomás Moro discute con su yerno sobre la necesidad de respetar la ley y no utilizar atajos en la lucha contra el delincuente. Dura menos de un minuto pero merece la pena:

Se me ocurre que es el mismo diálogo que habrían mantenido Elpidio Silva (o Garzón) y Tomás Moro si se hubiesen llegado a conocer. Sería algo así:

-¡Hazle arrestar!- Exclamó Elpidio al ver que Blesa se marchaba en libertad.
-¿Por qué?- Respondió Tomás Moro.
-Es peligroso.
-¡Por libelo y espía!
-¡Padre! Ese hombre es malo.
-No hay ley alguna contra eso.
-¡Está la ley de Dios!
-Pues que lo arreste Dios.
-Mientras todos habláis se ha ido.
-Sería libre de irse aunque fuera el diablo en persona hasta que violara la ley.
-Vaya, con que darías al diablo el beneficio de la ley.
-Sí. ¿Tú qué harías? ¿dar un rodeo alrededor de la ley para coger al diablo?
-¡Sí! ¡Me saltaría todas las reglas de Inglaterra para hacerlo!- Se jactó Elpidio.
-¡Ya! ¿Y cuando te hubieses saltado la última ley y el diablo se volviera contra tí, ¿dónde te esconderías, Elpidio, si las leyes son planas? Este país está sembrado de guerras de costa a costa. Leyes humanas, no divinas. Si te las saltaras, y eres muy capaz de hacerlo, Elpidio, ¿crees de veras que podrías resistir impasiblemente los vientos que se levantarían? ¡Sí! Yo concedería al diablo el beneficio de la ley por mi propia seguridad.

© José María de Pablo Hermida, 2015.
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