¿declarar en comisaría? guía de supervivencia para detenidos… y abogados

ENF-MENORES-5-8/10/1998Créanme: las cárceles españolas están llenas de imprudentes que tuvieron la fatal ocurrencia de declarar en comisaría. Inocentes unos, culpables otros… pero condenados por la misma mezcla explosiva: un detenido locuaz y despreocupado que acepta declarar en comisaría, y un abogado tímido, o novato, o las dos cosas, que no hizo nada por evitarlo.

El derecho a no declarar.

Establece el artículo 520.2. de la Ley de Enjuiciamiento Criminal que al detenido, antes de practicar ninguna diligencia, se le informará de sus derechos, entre los que se encuentra el derecho a guardar silencio, a no declarar si no quiere, a no contestar alguna o algunas preguntas de la que se le formulen, o a manifestar que solo declarará ante el juez.

Y ejercer el derecho a guardar silencio puede ser decisivo para su suerte. Sea usted culpable, inocente o, como suele ocurrir, ninguna de las dos cosas. Tenga en cuenta que cuando la Policía toma declaración al detenido, éste aún no ha podido entrevistarse con su abogado, y su abogado tampoco ha tenido acceso a la causa. Por tanto, en ese momento ni el detenido ni su abogado, que desconocen las pruebas e indicios en que se basa la imputación, están en condiciones de escoger la mejor estrategia de defensa. Y una vez que se declara y se da una versión de los hechos, cambiar de estrategia no será sencillo.

Así que ya sabe. Por muy inocente que sea usted, y por mucho que confíe en su versión de los hechos, guárdesela y niéguese a declarar. Su declaración nunca le va a beneficiar y, en cambio, si incurre en contradicciones con otras pruebas, puede perjudicarle fatalmente.

La intervención del abogado y el art. 520.6. LECRIM.

Si usted es abogado seguro que esto le resulta familiar. Acude a comisaría para asistir al detenido. Le pasan a la sala de declaraciones. Aparece el detenido y, según se sienta, el abogado le da el mejor consejo posible: “di que no quieres declarar”. En ese preciso momento, el policía se levanta enfurecido, abronca al abogado -“¿Es que usted no sabe que tiene prohibido dirigirse al detenido hasta después de la declaración?”- y le amenaza con una queja en el Colegio de Abogados.

De hecho, hemos conocido recientemente que la Brigada Provincial de Información de Madrid ha puesto una queja en el Colegio de Abogados contra tres letrados que aconsejaron a sus clientes negarse a declarar.

Pero entonces, ¿puede o no puede el abogado aconsejar a su cliente que no declare? Respuesta: no solo puede, sino que debe hacerlo. Veamos:

El artículo 520.6. de la Ley de Enjuiciamiento Criminal dice que el detenido podrá entrevistarse reservadamente con su abogado después de la declaración. La policía interpreta esto como la prohibición de que el abogado aconseje a su cliente en ningún sentido hasta después de la declaración. Pero esa interpretación policial del art. 520.6. es malintencionada: nada más fácil para arrancar una confesión a un detenido asustado que hacerle declarar en comisaría sin el previo asesoramiento de su abogado. De ahí que se enfaden tanto los agentes cuando el abogado “incumple la ley” y echa por tierra una posible confesión aconsejando callar a su cliente. Puro teatro: el artículo 520.6. sitúa la entrevista reservada en el momento posterior a la declaración, cierto, pero no prohíbe al abogado dirigirse antes a su cliente de manera no reservada.

De hecho, lo que no dicen esos mismos policías es que, muchas veces, son ellos los que han incumplido la ley interrogando al detenido antes de que llegue su abogado, y conminándole a declarar con falsas promesas del tipo “no te preocupes, cuando venga el abogado tú declaras y te soltamos. Eso sí, como no declares, a lo mejor tenemos que dejarte otra noche en el calabozo…” ¿existe algún detenido que no haya escuchado nunca esa frase?

El Tribunal Constitucional y el Parlamento Europeo zanjan la discusión.

Pero sobre todo, lo que ignora –o finge ignorar- la Policía es la Sentencia 199/2003 del Tribunal Constitucional, que zanja el problema con estas palabras:

el derecho del detenido a la asistencia letrada en las diligencias policiales y judiciales, reconocido en el art. 17.3 CE, adquiere relevancia constitucional como una de las garantías del derecho a la libertad protegido en el apartado primero del propio artículo. En este sentido su función consiste en asegurar que los derechos constitucionales de quien está en situación de detención sean respetados, que no sufra coacción o trato incompatible con su dignidad y libertad de declaración y que tendrá el debido asesoramiento técnico sobre la conducta a observar en los interrogatorios, incluida la de guardar silencio

Por tanto, según el Tribunal Constitucional, el abogado tiene, no solo la facultad, sino el deber de asesorar al cliente sobre la conveniencia de guardar silencio.

Va siendo hora de que en las academias de policía se enseñe el contenido de esta sentencia.

No solo eso: la propia Unión Europea aprobó el pasado mes de octubre la Directiva 2013/48/UE del Parlamento Europeo, cuyo artículo 3.2.a. ordena a los países miembros garantizar que los detenidos tengan acceso a la asistencia letrada antes de prestar declaración en comisaría. Por este motivo, el proyecto de nueva Ley Procesal Penal que prepara el ministerio de Justicia modifica el antiguo 520.6 LECRIM y sitúa la entrevista reservada entre abogado y detenido antes de la declaración.

Moraleja:

Si en el futuro le detiene a usted la policía, no declare nunca en comisaría. Es su derecho.

Si es usted abogado, recuerde que tiene el deber constitucional de aconsejar a su cliente que se acoja a su derecho a no declarar. Y si al hacerlo, un policía se enfada, recuérdele el contenido de la STC 199/2003. Y si le ponen una queja en el Colegio de Abogados, póngale usted otra al policía en el Ministerio del Interior por restringir el derecho de defensa.

Por último, si es usted policía, deje que los abogados hagan su trabajo: en eso consiste el Estado de Derecho.

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Editado 21/03/2014: Días después de publicar este post, el Colegio de Abogados de Madrid ha dictado un importante acuerdo amparando a los letrados que fueron denunciados por la Brigada Provincial de Información, y reconociendo el derecho/deber de los abogados de asesorar a los detenidos y recomendarles que se nieguen a declarar. Puede consultarse el acuerdo en este link.

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© José María de Pablo Hermida, 2014.
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lo que contaron los tedax del 11M

(artículo publicado en el diario El Mundo, el 09/03/2014)
tedax

Los subinspectores tedax con carnet profesional 54568 y 65255 recogen piezas de convicción en el cráter de una de las explosiones del tren de El Pozo (foto incluida en el Folio 53835 del Tomo 145 del Sumario del 11-M).

Manda el protocolo que cuando se produce un atentado terrorista con explosivos, los tedax sean los encargados de buscar y recoger en el escenario del crimen las “piezas de convicción”, es decir, las distintas pruebas halladas en el lugar de los hechos que permitirán investigar el primer peldaño de toda investigación: el arma del crimen, que en estos casos es el tipo de explosivo empleado.

Para ello, los tedax suelen recoger aquellos restos de la explosión que, una vez analizados, permitirán determinar los componentes del explosivo utilizado: tierras del cráter originado por la explosión, restos de chapa, telas, y otros objetos que, por efecto de la explosión, han quedado impregnados de restos del explosivo. Los tedax también frotan algodones impregnados con agua y con acetona para obtener muestras de aquellas superficies que han estado en contacto con el explosivo. Estas pruebas son etiquetadas, clasificadas, e introducidas cada una en su bolsita transparente. Desde el momento en que se recogen –por su carácter de piezas de convicción- deben quedar a disposición de la autoridad judicial, de modo que solo el juez puede autorizar su destrucción.

Hecha esta introducción, pasemos al relato de la recogida de muestras de los trenes del 11-M, tal y como se lo escuché contar a las decenas de tedax que prestaron declaración en el juicio del 11-M y en el “Caso Sánchez Manzano”.

Recogida de piezas de convicción en la mañana del 11 de marzo

El 11 de marzo de 2004, a los pocos minutos de estallar las bombas en los trenes, el Inspector Jefe Cáceres Vadillo, en su condición de Jefe del Grupo tedax de la Brigada Provincial de Madrid, se puso al mando de la operación de recogida de muestras, y repartió a los agentes de su grupo entre los cuatro escenarios del atentado (Atocha, Téllez, El Pozo y Santa Eugenia). El propio Cáceres Vadillo estuvo recogiendo muestras personalmente en la estación de Atocha junto con algunos de sus hombres, como los Subinspectores con carnet profesional 66618 y 27600. Mientras, los agentes 64501, 35690, y 55227 hacían lo mismo en la calle Téllez; los tedax 54868, 64338 y 65255 en la estación de El Pozo; y los artificieros 70626 y 76109 en Santa Eugenia.

Todos ellos declararon después que recordaban haber recogido algodones con agua y con acetona en cada uno de los focos de explosión: dos por foco en Atocha, y uno por foco en los demás escenarios, es decir, dieciséis algodones con agua y otros dieciséis con acetona; También recogieron una bolsa con tierra y piedras del cráter por cada foco (doce bolsas de tierra del cráter, por tanto). Además, recordaban haber recogido, entre otras piezas de convicción, diversos trozos de chapa, un jersey, componentes electrónicos, trozos metálicos, varios clavos, y por último, polvo de extintor de un foco de El Pozo. Solo de la estación de Atocha, los tedax calcularon unas ochenta piezas de convicción, cada una en su correspondiente bolsa de plástico transparente debidamente etiquetada.

Lo que dice el protocolo es que, una vez recogidas, etiquetadas e introducidas en sus respectivas bolsas de prueba, las piezas de convicción deben ser trasladadas primero a la sede del grupo provincial competente (en este caso el de la Brigada Provincial de Madrid) donde se hace una relación de las muestras recogidas, se fotografían, y se realiza el correspondiente acta. Finalmente, el propio grupo trasladará las pruebas a las instalaciones de la Unidad Central, que es el depósito judicial de estas piezas de convicción.

Pero en el 11-M se actuó de otra manera.

“Aquí mando yo”

A mitad de la mañana, irrumpió en la estación de Atocha el Comisario Sánchez Manzano, por entonces Jefe de la Unidad Central TEDAX, quien se atribuyó el mando de la operación, y colocó en cada escenario del atentado un superior de su unidad que tuviera mayor rango que los tedax desplazados del grupo de Madrid. De este modo, por primera y única vez en la historia de la lucha antiterrorista en España, la Unidad Central (que no tiene funciones operativas, sino de apoyo a los grupos provinciales) asumió el mando de una incidencia relegando al grupo provincial competente. Es así como Sánchez Manzano, que carecía por completo de experiencia en la recogida de restos de explosivos –ni siquiera había hecho el curso de especialidad tedax- se hizo con el mando de la operación en detrimento del Inspector Jefe Cáceres Vadillo, que posiblemente sea el tedax con más experiencia en la investigación de atentados terroristas.

Lo primero que ordenó Sánchez Manzano fue que los tedax de la BPI de Madrid entregasen a los de la Unidad Central las muestras recogidas hasta entonces, impidiéndoles incluso terminar de etiquetarlas y clasificarlas. Cáceres Vadillo se indignó al ver que Sánchez Manzano estaba mezclando todas las muestras recogidas, sin ni siquiera clasificarlas previamente según el foco de recogida, y le advirtió de que al hacerlo así se rompería la cadena de custodia. Pero Sánchez Manzano zanjó el asunto gritando que “¡Aquí mando yo!”, hizo caso omiso a Cáceres Vadillo, y terminó mezclando todas las evidencias.

Según aseguran los testigos, las pruebas recogidas en Atocha, mezcladas, sin inventario, y sin clasificar, se las llevó en un vehículo el Inspector Rogelio Campos, cuya actuación aquel día es un misterio: hasta tres testigos presenciales distintos han declarado haber visto al Inspector Campos acompañando y asesorando a Sánchez Manzano en Atocha toda la mañana, y llevándose las muestras recogidas en un Nissan Patrol a primera hora de la tarde; en cambio, Campos negó al Juez bajo juramento haber pisado Atocha aquella mañana y haberse llevado las muestras. Después del 11-M, Rogelio Campos fue premiado con un cargo directivo en Repsol.

Algo parecido ocurrió en los otros tres escenarios del atentado, donde los mandos enviados por Sánchez Manzano también arrebataron las muestras a los tedax de la BPI de Madrid y se las llevaron sin etiquetar ni inventariar en sus vehículos. El Inspector Miró se llevó las muestras de la calle Téllez, y el Inspector Larios las de Santa Eugenia. La investigación judicial no ha podido averiguar quién se llevó las piezas de convicción recogidas en El Pozo.

Las Normas Provisionales de Actuación del Servicio de Desactivación de Explosivos, vigentes en el momento de los hechos, establecen que es competencia de la Unidad Central TEDAX la custodia y depósito de los restos de las explosiones a disposición de la autoridad judicial. No es necesario recordar que la Ley de Enjuiciamiento Criminal prohíbe destruir piezas de convicción sin la previa autorización del Juez. Por tanto, era responsabilidad de Sánchez Manzano, como Jefe de la Unidad Central, custodiar todas las piezas de convicción recogidas por los TEDAX en los distintos focos de los atentados del 11-M, para entregárselas al Juez cuando éste las reclamase.

Las piezas de convicción que llegaron al juicio

En enero de 2007, días antes de la celebración del juicio, el Tribunal presidido por el Juez Gómez Bermúdez, a petición de algunas partes (la AAV11M a la que yo representaba entre ellas) tomó la decisión de practicar, como prueba anticipada, un análisis científico de las piezas de convicción recogidas en los focos de explosión. Para ello, reclamó a la Unidad Central todas las muestras recogidas por los tedax en el 11-M. Como respuesta, la Unidad Central, remitió solo veintitrés muestras (concretamente clavos que, además, habían sido lavados con agua y acetona por lo que difícilmente iban a ofrecer resultados concluyentes). Aquel día se descubrió que la Policía solo conservaba veintitrés muestras de doce focos: menos de dos muestras por foco.

Si comparamos las muestras que los tedax aseguran haber recogido, con las que Sánchez Manzano entregó al Tribunal del 11-M, comprobamos que, por ejemplo, han desaparecido los dieciocho algodones con agua, los dieciocho algodones con acetona, así como las doce muestras de tierras de los cráteres. Estas muestras (los algodones y las tierras de los crateres) son, según aseguraron los técnicos ante el Juez, las más valiosas para la investigación, o lo que es lo mismo, las más aptas para obtener resultados positivos en un análisis químico. Eran 42 bolsas de valiosísimas pruebas, etiquetadas y clasificadas, que han desaparecido sin que lo autorizase ningún juez. También han desaparecido el jersey recogido en Atocha, diversos cables y componentes electrónicos, algunos trozos metálicos, una papelera. De uno de los focos de la calle Téllez habían desaparecido la totalidad de las muestras recogidas.

piezas de convicción y delito de encubrimiento

Los artículos 334 al 367 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal establecen que las piezas de convicción (llamamos así a los objetos, huellas y vestigios que puedan servir de prueba de la culpabilidad de alguna persona en relación con el delito perpetrado), al ser una clase de cuerpo de delito, deben recogerse y conservarse de forma que garantice su integridad a disposición de la autoridad judicial, siendo el Juez el único que –previa audiencia al Fiscal- puede autorizar su destrucción. Por su parte, el artículo 451 del Código Penal considera delito de encubrimiento la ocultación o destrucción de piezas de convicción sin autorización judicial. El Tribunal Supremo (por ejemplo en la Sentencia 543/1997) ha considerado que la ocultación de piezas de convicción por funcionarios de Policía es también un delito de omisión de perseguir de delitos del artículo 408 del Código Penal.

La Asociación de Ayuda a las Víctimas del 11-M interpuso una querella contra Sánchez Manzano por estos hechos. La querella fue instruida por el Juzgado de Instrucción nº 43 de Madrid, hasta que la Audiencia Provincial determinó que la competencia era del Juzgado nº 6, que ya había archivado una querella anterior contra Sánchez Manzano. Acatando el criterio de la Audiencia Provincial y del Tribunal Supremo, y tras haberlo sugerido la propia Audiencia en su resolución, la AAV11M se ha personado ya como perjudicada y acusación particular en la causa del Juzgado nº 6, al que ha aportado las declaraciones de los tedax y el resto de documentación, ha recurrido el Auto de archivo, y ha solicitado la reapertura de la investigación hasta averiguar el destino de las piezas de convicción desaparecidas. En este momento, el Juzgado nº 6 ha reclamado ya la causa que instruía el nº 43 para hacerse cargo de esta investigación.

© José María de Pablo Hermida, 2014.
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caminito de Jerez

elmundo.750 Con motivo del ya cercano décimo aniversario de los atentados del 11-M, publica hoy el diario El Mundo una entrevista con el Juez Gómez Bermúdez (ver aquí). De la entrevista me llaman la atención muchas cosas (la que más, quizás, que el Presidente del Tribunal recuerde algo tan cierto –aunque desconocido por muchos- como que no se conoce al autor intelectual que ideó los atentados porque “no se ha indagado” esa cuestión). Pero prefiero centrarme en otro punto de la entrevista. El siguiente:

P.- Cuando usted dijo que algún testigo iba a ir caminito de Jerez… ¿se refería a Sánchez Manzano?

R.- No. Esa frase ha sido muy manipulada y mal usada. La dije a un grupo de chavales, de COU, de finales de ESO… Eran chicos jóvenes. Uno de ellos me preguntó qué pasaba si alguien mentía al juez… Entonces yo le expliqué que, cuando alguien mentía en un juicio, comete un delito y, entonces, desde luego en nuestro tribunal, si alguien mentía iría caminito de Jerez… Les aclaré que, para que haya delito de falso testimonio hay que esperar a que haya sentencia firme; en segundo lugar, que la mentira haya sido esencial, no que sea una mentira accidental y, además, que haya influido en el resultado del proceso. Es falso que se lo dijera a nadie más y en ningún otro sitio.

Pues bien, sin ánimo de polemizar, y dado que yo fui testigo presencial de esa anécdota –de hecho creo que fui el primero en contarla-, he querido rescatar un par de páginas de mi libro La Cuarta Trama en las que narro lo que yo recuerdo de aquel momento. Así tienen ustedes todos los elementos de juicio.

 Lo que sigue a continuación está extraído del capítulo 22 de La Cuarta Trama:

“Cuando, durante el desarrollo de un juicio, se produce un delito, los jueces acuden a la figura de la «deducción de testimonio». Que un Juez «deduce testimonio» contra una persona significa que remite un testimonio del acta del juicio y de la documentación necesaria al órgano de reparto correspondiente, para que un juzgado de instrucción investigue los hechos en un procedimiento nuevo.

Cualquiera que haya leído con atención los capítulos anteriores se habrá hecho cargo de la cantidad de delitos que presuntamente se cometieron durante la investigación de los atentados y durante el propio juicio.

Informes y documentos que se ocultan a la autoridad judicial o que se manipulan convenientemente antes de enviarlos al sumario, vestigios de los trenes (vagones enteros incluso) que desaparecen y se hurtan a los peritos que deben determinar el tipo de explosivo utilizado, extraños poltergeist que hacen que unas muestras cambien de composición… pero sobre todo, testigos que mienten… y que son pillados mintiendo.

Algunos de los perjurios que tuvimos la desgracia intelectual de escuchar los que asistimos a las sesiones del juicio del 11-M eran tan escandalosos, tan flagrantes, que no podían pasar desapercibidos. Así, en el receso de una de las sesiones del juicio, se formaron dos corrillos en la zona de la sala donde estaban los asientos del público. Un grupo de estudiantes que asistían al juicio charlaban con el juez Gómez Bermúdez mientras, a poca distancia, un grupo de víctimas comentaba conmigo alguno de los interrogatorios de aquel día. En un momento dado, escuchamos cómo una estudiante preguntaba directamente al juez:

—Oiga, ¿y no se va a hacer nada con los testigos que han mentido? Porque a veces es un poco escandaloso, la verdad…

—No te preocupes —le dijo Gómez Bermúdez y, mirando a las víctimas que estaban conmigo, afirmó— ya verás cómo más de uno va a ir caminito de Jerez.

La afirmación del presidente del Tribunal —la cuento tal y como la escuché— fue comentada, con cierto alivio, por las víctimas que estaban conmigo: los perjurios que estaban escuchando a tantos testigos no quedarían impunes, el juez había prometido enviar caminito de Jerez —expresión andaluza que hace referencia al penal de Puerto de Santa María— a todos aquellos que estaban mintiendo. Y yo, iluso de mí, le creí.

Algunas semanas después, terminó la fase de prueba y llegó el turno de presentar las conclusiones definitivas. En las mías, además de aumentar mi petición de penas contra los principales acusados, pedí expresamente, en nombre de las víctimas a las que representaba, que se dedujera testimonio contra todos aquellos que presuntamente podían haber delinquido durante el juicio. Otras acusaciones —incluso algunas defensas— pidieron también diversas deducciones de testimonio.

Las deducciones de testimonio que pedía eran importantes por dos motivos: el primero, porque permitirían esclarecer si esas personas habían delinquido o no. Pero, sobre todo, porque suponían una nueva oportunidad para que aquellas personas contaran la verdad y seguir avanzando así en la investigación.

La sentencia respondió a nuestra petición de deducción de testimonio con estos dos párrafos:

Varias acusaciones y defensas han interesado la deducción de testimonio contra testigos y peritos para ejercer las acciones penales correspondientes por delitos de falso testimonio —artículos 458 y siguientes del Código Penal.

El Tribunal facilitará a las partes los testimonios que soliciten para que, en su caso, ejerzan las acciones que estimen convenientes una vez que la sentencia gane firmeza, pues antes no es posible hacerlo. Ello debido a que hasta que la sentencia es firme no puede sostenerse que la valoración que de la declaración hace el Tribunal es la correcta ya que, conforme al artículo 715 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, siempre que los testigos que hubieren declarado en el sumario comparezcan a declarar también sobre los mismos hechos en la vista oral, solo habrá lugar a proceder contra ellos como presuntos autores de falso testimonio, cuando éste sea el prestado en dicho juicio y no en fase de instrucción.

Es decir, que el Tribunal se lavaba las manos y dejaba que fueran las propias víctimas las que —a su costa— ejercieran las acciones penales oportunas. Pero debían ser las víctimas las que se querellasen contra los perjuros, porque el Tribunal no iba a mover un dedo contra ellos. Gómez Bermúdez no enviaba a nadie caminito de Jerez, pero al menos quedaba un consuelo: el Tribunal prometía —esta vez por escrito— en su sentencia que «el Tribunal facilitará a las partes los testimonios que soliciten para que en su caso ejerzan las acciones que estimen convenientes una vez que la sentencia gane firmeza».

Como la sentencia prometía entregar esos testimonios cuando la sentencia ganara firmeza —esto es, cuando el Tribunal Supremo resolviera los recursos de casación de las distintas partes— esperé a que así fuera y entonces empecé a pedir testimonios. El 17 de septiembre de 2008 pedí testimonio de determinada documentación que le fue intervenida al Chino en uno de los registros —quería utilizarlo en las acciones penales que pretendíamos llevar a cabo contra la testigo protegido R-22—. A su vez, el 29 de octubre de 2008 pedí testimonio de los vídeos de la grabación de la macropericia de explosivos. Pretendía utilizarlos para preparar acciones penales contra Sánchez Manzano.

Pues bien, por increíble que parezca, el mismo Tribunal que había prometido a las víctimas en la sentencia que «el Tribunal facilitará a las partes los testimonios que soliciten para que en su caso ejerzan las acciones que estimen convenientes una vez que la sentencia gane firmeza», incumplió su promesa y negó a las víctimas la entrega de la documentación del Chino y de las grabaciones de la macropericia.”

He de decir (en el libro no se dice porque ocurrió después de su publicación), en descargo de Gómez Bermúdez y sus compañeros de Tribunal, que interpuse recurso de súplica contra la decisión de no entregarme los testimonios y el recurso (algo insólito en un recurso de súplica, que resuelve el mismo Tribunal contra el que se recurre) fue estimado. Se nos entregaron los testimonios y, tras muchas trabas, pude emprender las acciones penales que me encargaron las víctimas contra Sánchez Manzano, y que aún colean.

P.D. Antes de publicar esta entrada veo que, al parecer, la famosa frase fue repetida por el Juez en otros contextos. Yo he contado cuándo la escuché yo.

© José María de Pablo Hermida, 2014.
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la declaración de la Infanta y las preguntas prohibidas

images33_18Hemos conocido en estos días la transcripción de la declaración prestada por la Infanta Cristina, en calidad de imputada, por el llamado Caso Noos. Y, como suele ser habitual, la práctica totalidad de los medios de comunicación se han puesto de acuerdo en demostrar su ignorancia sobre lo que significa el derecho de defensa, resaltando con grandes titulares el número de respuestas evasivas pronunciadas por la imputada. Como si en una investigación en la que lo decisivo es el grado de conocimiento de la Infanta sobre la procedencia del dinero de sus sociedades familiares, cupiera otra estrategia de defensa diferente a contestar “lo desconozco” a todas las preguntas. En realidad solo había una estrategia –desde el punto de vista estrictamente procesal- más prudente: acogerse al derecho a no declarar. Quizás en previsión de los problemas de imagen que pudiera ocasionar el ejercicio de ese derecho fundamental por quien es la hija del Rey, sus abogados optaron por lo más parecido que existe a no declarar: contestar  “no lo sé” a cualquier pregunta.

La estrategia de defensa de la Infanta no me ha sorprendido en absoluto y estoy convencido de que cualquier abogado con un mínimo de experiencia le habría aconsejado hacer lo que hizo. Sus abogados acertaron.

Por eso quería dedicar este post a lo que sí me ha llamado la atención de esa declaración. Se trata de un aspecto del que sorprendentemente no he oído hablar a nadie estos días: la peculiar forma de interrogar del Juez Castro.

Preguntas prohibidas en un interrogatorio.

Los artículos 389, 439 y 709 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal prohíben expresamente, en los interrogatorios a imputados y testigos, tres tipos de preguntas: las sugestivas, capciosas e impertinentes.

Son preguntas sugestivas las que sugieren al interrogado la respuesta que debe dar. Por ejemplo, sería sugestivo preguntar “¿es verdad que al entrar en el salón encontró el cadáver de la víctima con un cuchillo clavado en la espalda?”: lo correcto sería preguntar ¿qué vio usted al entrar en el salón? A veces, las preguntas sugestivas solo sugieren la poca experiencia o habilidad en el interrogatorio de un abogado novato. Pero otras, pueden ser una estratagema ilícita para arrancar una respuesta que, de otro modo, el testigo nunca nos iba a dar. En realidad, estaríamos ante un modo de coaccionar al que declara. Por eso está prohibido.

Son preguntas capciosas las que, por el modo de preguntar, pueden inducir a error al testigo. Son las preguntas con trampa. Unas veces se trata de preguntas muy largas y subordinadas para que el testigo no entienda lo que se le pregunta, y otras veces son preguntas que contienen a la vez varias preguntas. Por ejemplo, si preguntamos “¿es cierto que se encontró usted a las 7 con la víctima en la calle Serrano y le preguntó si llevaba dinero suelto?”. La pregunta es capciosa porque contiene varias preguntas y el testigo no sabrá por cuál de ellas se le está preguntando.

Por último son preguntas impertinentes las que no guardan relación con el caso, o bien ya las ha contestado el testigo anteriormente. Por ejemplo, si se juzga un fraude fiscal por la declaración de IVA del año 2010, no se puede preguntar al imputado si también ha defraudado a Hacienda en el 2009.

El interrogatorio de la Infanta y las preguntas prohibidas.

Llama la atención la facilidad con la que el juez Castro utilizó este tipo de preguntas prohibidas en su interrogatorio a la Infanta. En mi opinión, ese modo de interrogar del Instructor, y no las evasivas (así lo llama la prensa) de la imputada, es lo verdaderamente relevante de esta declaración.

Por razones de espacio me limitaré a unos pocos ejemplos, pero el interrogatorio da para una tesis doctoral sobre cómo no se debe interrogar en un Estado de Derecho garantista.

Tras informar a la imputada de sus derechos, y un par de preguntas de trámite, el Juez comienza el interrogatorio con una pregunta que es sugestiva y capciosa a la vez: “Usted debe saber que al constituir una sociedad mercantil con su marido, de ahí se desprende, parece desprenderse una voluntad inequívoca de que el dinero que se ingrese en esa sociedad sea de los dos, no?” La pregunta es sugestiva porque el Juez ya le está dando la respuesta. Pero además es capciosa, porque la constitución de una sociedad con su marido no significa necesariamente que exista esa voluntad inequívoca. Las intenciones pueden ser muchas otras. Pero puede inducir a alguien con pocos conocimientos mercantiles a responder afirmativamente a algo que no sabe.

Otro ejemplo de pregunta capciosa lo encontramos en el folio 27008. La Infanta llevaba tiempo asegurando a Castro que la iniciativa de crear Aizoon era exclusiva de Urdangarín y ella se limita a confiar en su marido. Entonces, el juez enseña a la imputada un email entre Urdangarín y un tal Iñako: “aquí se dice ´Cristina vive como yo mi frustración, una vez más se pone mi camiseta y me anima´ (…)”. Y después de leer el mail, Castro asegura: “Ven claro un nuevo proyecto que era el de Aizoon, es decir, usted también lo veía claro, usted figuradamente se dice, se pone la camiseta de su marido y le ayuda, bueno, conocía este documento?”. En realidad, en ese email no se dice que la Infanta esté ayudando ni impulsando la creación de Aizoon, pues ese apoyo se podía deber a mil cosas diferentes. Pero el Juez fuerza la interpretación del correo y trata de llevar a engaño a la Infanta para que reconozca una intervención que ella estaba negando. Lo correcto habría sido leer el email y, sin interpretarlo, preguntar neutralmente “¿a qué se refiere su marido cuando dice que usted se pone su camiseta y le apoya?”. Y punto.

En el folio 27011 volvemos a toparnos con el paradigma de pregunta sugestiva y capciosa a la vez. El Juez pregunta a la Infanta por un correo de 2003 que ella niega recordar (algo lógico después de once años, por cierto) y por un proyecto con Nissan que ella tampoco recuerda. Y le pregunta “¿aunque usted no recuerde Nissan, sobre la base de que este documento no lo ha falseado nadie, parece que se deduce, aunque usted no lo recuerde, que su marido le consultó a usted un proyecto, salvo que usted me diga que eso es falso, pero lo que se desprende es que su marido le consulta un proyecto de Nissan que va a hacer Noos?”. Tratar de convencer al interrogado sobre lo que se deduce de un documento para que haga suya esa deducción es capcioso. Castro podría haber leído el email y, por ejemplo, preguntar: “Si usted ha declarado que su marido no le consultaba los proyectos, ¿qué explicación da del contenido de este email?”. Y que la imputada, entonces, reconozca que se le consultó ese proyecto, o niegue haber recibido el email, o se limite a reiterar que no lo recuerda.

Podría seguir aburriendo al lector mientras enumero las preguntas capciosas y sugestivas que he detectado en ese interrogatorio. Se cuentan por docenas. Pero creo que con lo que he escrito doy pistas suficientes para que el lector relea el interrogatorio, descubra más preguntas capciosas y sugestivas, y aprenda algo sobre cómo no se debe interrogar.

No puedo afirmar que haya también preguntas impertinentes en este interrogatorio porque para eso debería conocer el contenido completo de la causa. Pero tampoco sería la primera vez. En la misma sala en la que declaró la Infanta, presencié hace un año como el Juez Castro preguntaba a un político al que se imputaba el supuesto amaño de un contrato público si es cierto que solía llevar a sus hijos al colegio en coche oficial: una pregunta impertinente que nada tenía que ver con la investigación, carecía de utilidad para esclarecer los hechos, y solo podía servir para que los medios de comunicación pudieran abrir el día siguiente con un buen titular. Así estamos.

© José María de Pablo Hermida, 2014.
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derechos personalísimos y legitimidad activa

artículo publicado el 19 de febrero de 2014 en el portal Libertad Digital

Frase-MafaldaTras casi veinte años ejerciendo la abogacía creía que ya lo había visto todo. Pero no.

Ahora leo, entre sorprendi-do y divertido, que la Generalitat de Cataluña ha interpuesto una demanda civil de protección del derecho al honor contra varios periodistas, actuando, dice la demanda, «en representación y defensa del pueblo catalán».

No he leído la demanda. Tampoco el informe del CAC en el que se basa. Desconozco, por tanto, si las expresiones utilizadas por los periodistas demandados tienen suficiente entidad como para ser consideradas como lo que la jurisprudencia denomina “intromisiones ilegítimas en el derecho al honor”. Pero basta con saber que la demanda la interpone la Generalitat de Cataluña «en representación y defensa del pueblo catalán» para concluir que estamos ante una demanda temeraria (que es como llamamos los juristas a las pretensiones disparatadas) que nunca debió ser admitida a trámite y que no debería tener ninguna posibilidad de prosperar.

Tiene dicho el Tribunal Constitucional que los derechos fundamentales  garantizados por la Constitución, entre los que se encuentra el derecho al honor, son derechos personalísimos. Esto significa dos cosas. Primero, que se trata de derechos que solo pueden ejercer las personas (en principio las físicas, aunque la jurisprudencia contempla, en ciertas ocasiones, el derecho al honor de las personas jurídicas). Segundo, que sólo los titulares de esos derechos están legitimados para invocar su protección ante los tribunales.

La primera conclusión es que la Generalitat, que no es una persona sino una administración pública, no es titular del derecho constitucional al honor (los derechos constitucionales lo son de los ciudadanos, no de las administraciones). Es imposible, por tanto, que nadie haya vulnerado el derecho al honor de quien, por no ser más que una administración pública, carece de ese derecho.

Quizás por eso, la Generalitat ha decidido demandar, no en su propio nombre, sino «en representación y defensa del pueblo catalán». Pero esto es un disparate aún mayor. Primero, porque «el pueblo catalán» carece de personalidad jurídica. Pero sobre todo porque -y esto es lo más importante- solo los titulares de los derechos personalísimos pueden solicitar su protección ante el juez.

La Ley Orgánica 1/1982, que regula la protección del derecho al honor, solo confiere legitimidad activa para interponer acciones de protección del derecho al honor a la persona titular del derecho. La única excepción son las personas fallecidas, en cuyo caso se permite el ejercicio de la acción por la persona designada por el difunto o, en su defecto, por sus herederos. Y por nadie más.

Por tanto, incluso si alguna de las expresiones utilizadas por los periodistas demandados pudiera haber vulnerado el derecho al honor de un catalán, de varios, o incluso de todos los catalanes, solo tendría legitimación activa para ejercer la acción civil, personal e individualmente, cada uno de aquellos catalanes cuyo derecho al honor se considerase vulnerado, sin que nadie –ni siquiera la Generalitat- pueda hacerlo en su lugar.

En este sentido, por ejemplo, la Sentencia 790/2004 del Tribunal Supremo (Sala Civil, Sección Primera), recuerda que «la legitimación para ejercitar la acción de protección del honor corresponde exactamente a la persona que ha visto vulnerado su derecho, por la simple razón que se trata de un derecho personalísimo».

Con independencia de la valoración política que merezca, y que no me corresponde hacer a mí, estamos ante una acción que, desde el punto de vista estrictamente jurídico, es un despropósito.

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© José María de Pablo Hermida, 2014.
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