¿Puede Arnaldo Otegui ser candidato a Lehendakari?

oteguiMe sorprende mucho la falsa polémica que se ha creado en torno a la posibilidad de que Arnaldo Otegui sea candidato a lehendakari en las próximas elecciones autonómicas del País Vasco. Aunque algunos medios de comunicación hablan de “debate” y de distintas “interpretaciones jurídicas” sobre la condena de inhabilitación que se le impuso (por ejemplo, aquí y aquí), lo cierto es que ese pretendido debate no es tal y la condena de Otegui no debería suscitar dudas.

La Sentencia de Primera Sentencia.

Todo empieza en la Sentencia de 16 de septiembre de 2011 de la Audiencia Nacional (cuyo texto en pdf puede consultarse en este enlace), dictada en el “Caso Bateragune”, que condenó a Arnaldo Otegui, como autor de un delito de pertenencia a organización terrorista, en grado de dirigente, y cuyo fallo dice:

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Por tanto, la Audiencia Nacional impuso a Arnaldo Otegui tres penas distintas:

  • diez años de prisión.
  • diez años de inhabilitación especial para el ejercicio del derecho de sufragio pasivo.
  • diez años de inhabilitación especial para empleo o cargo público.

La Sentencia del Tribunal Supremo.

Esa Sentencia de la Audiencia Nacional fue recurrida en Casación, y el Tribunal Supremo dictó una nueva Sentencia (cuyo texto íntegro puede consultarse en este enlace) que estimó parcialmente el recurso, manteniendo la condena por pertenencia a organización terrorista, pero sin el grado de dirigente, y reduciendo la duración de las tres penas, que pasarían a ser de seis años y seis meses:

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De modo que las condenas impuestas definitivamente a Otegui son estas tres:

  • seis años y seis meses de prisión.
  • seis años y seis meses de inhabilitación especial para el ejercicio del derecho de sufragio pasivo.
  • seis años y seis meses de inhabilitación especial para empleo o cargo público.

La liquidación de condena.

La Sentencia del Tribunal Supremo es firme y, para ejecutarla, la Audiencia Nacional practicó mediante Providencia de 15 de enero de 2013 la correspondiente liquidación de condena (en la que el Juzgado establece las fechas de inicio y finalización de cada pena).

La Sala estableció como fecha de comienzo de las penas de inhabilitación especial para el ejercicio del derecho de sufragio pasivo y para empleo o cargo público el 4 de septiembre de 2014 (pues hasta esa fecha Otegui debía cumplir otra inhabilitación similar por una condena anterior), y como fecha de cumplimiento de la pena el 28 de febrero de 2021. Esa liquidación de condena no fue recurrida por la defensa y es firme.

Así lo explica un Auto posterior de la Audiencia (que puede consultarse en este enlace):

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La pena privativa de derecho de sufragio pasivo.

Por tanto, a día de hoy Otegui está cumpliendo una pena de inhabilitación especial para el ejercicio del derecho de sufragio pasivo, que no quedará extinguida hasta el 28 de febrero de 2021.

El artículo 44 del Código Penal establece que “la inhabilitación especial para el ejercicio del derecho de sufragio pasivo priva al penado, durante el tiempo de la condena, del derecho a ser elegido para cargos públicos”.

De modo que en aplicación de este artículo 44, Arnaldo Otegui no puede ser elegido para cargos púbicos hasta el 28 de febrero de 2021, y tiene vetada cualquier posibilidad de ser candidato a Lehendakari en las elecciones autonómicas del próximo 25 de septiembre.

Polémica artificial sobre la inhabilitación especial para empleo o cargo público.

A pesar de lo anterior, desde la propia defensa de Otegui -y desde algún medio de comunicación- se ha creado una artificial polémica sobre la tercera de las penas impuestas a Otegui: la inhabilitación especial para empleo o cargo público. La polémica nace porque la Audiencia no llegó a concretar a qué cargos o empleos públicos se refiere la inhabilitación, lo que –según un sector de la doctrina, porque en este punto no existe unanimidad- podría suponer que esta condena quedase sin contenido.

Pero los que alimentan esta duda olvidan un dato esencial: que además de la inhabilitación para empleo o cargo público cuyo alcance podría ser discutible, Otegui también fue condenado a inhabilitación para el ejercicio del derecho de sufragio pasivo, y que esta última pena –que estará vigente hasta 2021- impide cualquier posibilidad de que Otegui se presente a unas elecciones.

© José María de Pablo Hermida, 2016.
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Sentencia del Tribunal Constitucional sobre las tasas judiciales

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Por su interés, comparto con vosotros el texto de la Sentencia del Tribunal Constitucional que se ha hecho pública hoy y que declara la inconstitucionalidad y nulidad de determinados preceptos de la la Ley 10/2012, de 20 de noviembre, en concreto los incisos del artículo 7, apartado 1, que establecían las siguientes tasas judiciales: «En el orden jurisdiccional civil: (…) Apelación: 800 €; Casación y extraordinario por infracción procesal: 1.200 €»; «En el orden jurisdiccional contencioso-administrativo: Abreviado: 200 €; Ordinario: 350 €; Apelación: 800 €; Casación: 1.200 €»; y «En el orden social: Suplicación: 500 €; Casación: 750 €»; así como la inconstitucionalidad y nulidad del art. 7, apartado 2 (que establece las cuotas variables).

Según el TC, estas tasas vulneraban el derecho fundamental a la tutela judicial efectiva que establece el artículo 24.1 de la Constitución.

No podíamos tener una noticia mejor para terminar el curso judicial.

Puede accederse a la sentencia completa en pdf pinchando en el enlace siguiente: STC sobre Tasas Judiciales

© José María de Pablo Hermida, 2016.
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Causas judiciales secretas: ¿habría que limitar el derecho a la información?

top-secretPublica hoy la prensa que alguien ha reventado la Operación Nelson (ver noticia). La filtración a un medio de comunicación de que la Audiencia Nacional investigaba en una causa secreta a las cúpulas de Manos Limpias y Ausbanc por un supuesto delito de extorsión ha obligado a adelantar las detenciones y los registros, y podría haber permitido la destrucción de pruebas por los investigados, poniendo en grave riesgo el éxito de la operación.

En realidad, no hay que ser muy hábil para deducir de las declaraciones del periodista que recibió la filtración que el filtrador es -como tantas veces- un policía (“paré la publicación de todo esto porque me lo pidió la policía para no entorpecer la investigación” ha dicho).

publicidad del proceso penal

El artículo 120 de la Constitución establece, como regla general, que las actuaciones judiciales serán públicas, con las excepciones que prevean las leyes procesales. Esta regla tiene relación con el derecho constitucional a un proceso público (que forma parte del derecho a la tutela judicial efectiva del art. 24 CE) y el derecho a la información (art. 20 CE). En realidad, como ya expliqué en un anterior post, la publicidad del proceso es una garantía del acusado que permite el necesario control por parte de la sociedad del poder judicial y evita arbitrariedades por parte de los jueces.

Pero hemos visto que el art. 120 de la Constitución prevé que las leyes establezcan excepciones a esa regla general de la publicidad. Las excepciones las encontramos en los artículos 301 y 302 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal.

Primera excepción: la instrucción

El art. 301 establece que “las diligencias del sumario serán reservadas y no tendrán carácter público hasta que se abra el juicio oral”. El carácter reservado del Sumario implica que en un proceso penal lo que es público no es la instrucción, sino el juicio oral y la sentencia.

Esto es lógico porque -aunque lo más morboso y atractivo para los medios de comunicación son las detenciones y las fotos de los investigados saliendo de la Audiencia Nacional-, lo que ocurre en fase de instrucción son solo meras investigaciones, y esos detenidos, cuya fotografía entrando en un vehículo policial luce tan bien en portada, muchas veces terminan absueltos –a veces incluso sin necesidad de juicio- porque se demuestra su inocencia.

Otra cosa es el juicio oral, cuya publicidad permite conocer al público de manera global (y no parcial, como ocurre cuando se informa sobre una instrucción) las pruebas de cargo y de descargo que afectan al acusado. Lo mismo ocurre con la sentencia, cuya publicidad en nada afecta a la presunción de inocencia pues el sujeto ya ha sido juzgado.

Segunda excepción: el secreto de sumario

Por tanto, la instrucción del procedimiento penal es reservada, lo que significa que solo deben tener acceso a su contenido el Juez de Instrucción, el Fiscal, y las partes personadas (acusaciones y defensas). Y nadie más.

Pero el artículo 302 LECRIM establece una segunda excepción que en determinados casos transformará la instrucción de reservada a secreta. Así, establece que el Juez podrá declarar las actuaciones secretas (el secreto del sumario) en dos casos:

  1. para evitar un riesgo grave para la vida, libertad o integridad física de una persona; o
  2. para prevenir una situación que pueda comprometer de forma grave el resultado de la investigación o del proceso.

Una vez decretado el secreto de las actuaciones, solo tendrán acceso al contenido de la causa el Juez y el Fiscal, pero no las demás partes.

Por tanto, el secreto de las actuaciones no es un capricho del Juez para mantener alejados a los abogados y trabajar más cómodo, sino un modo de proteger la integridad física de alguien o –en la mayoría de los casos- de garantizar el éxito de una investigación (evitando, por ejemplo, la destrucción de una prueba que está en manos del investigado).

¿y las filtraciones?

A pesar de lo anterior, las filtraciones a la prensa de diligencias reservadas, o incluso declaradas secretas, se han convertido en un hecho frecuente que, por desgracia, sucede cada día con total naturalidad.

Y si la mera filtración de una diligencia de instrucción (luego reservada) es perniciosa –además de ilegal- porque vulnera el derecho a la presunción de inocencia del investigado, la filtración de una causa declarada secreta es extremadamente grave –y un delito de revelación de secretos-. Recordemos que si el Juez ha decretado el secreto es porque considera que la publicidad de la investigación pondría en peligro, o bien la integridad de una persona, o bien el éxito de la investigación.

El caso que me ha dado pie a escribir este post es un buen ejemplo. El Juez de la Audiencia Nacional decreta el secreto de las actuaciones para asegurar el buen fin de la operación, pero un policía irresponsable prefiere quedar bien con un periodista, le filtra la existencia de la investigación, y revienta una operación echando por tierra meses de trabajo y de preparación.

medidas contra las filtraciones versus derecho a la información 

El problema es que es prácticamente imposible descubrir al autor de una filtración, porque un periodista debe guardar su secreto profesional y, como garantía de ese secreto, no está obligado a revelar sus fuentes ni siquiera ante un Juez. Pero eso no quita para que estemos hablando de una información sobre una causa secreta que, por un lado, solo ha sido posible porque alguien –la fuente- ha cometido un delito de revelación de secretos-, y por otro lado, pone en grave peligro el éxito de una investigación judicial.

Una manera eficaz de evitar este tipo de filtraciones sería prohibir la información relativa a causas declaradas secretas.

Es cierto que una medida de este tipo supondría una restricción del derecho a la información, pero hay que recordar que ningún derecho es absoluto. A veces, el derecho de una persona choca con el de otra, o incluso con el interés general, y en esos casos habrá que ponderar con cuidado qué derecho debe prevalecer. Por ejemplo, a veces el derecho a la intimidad de un ciudadano entra en conflicto con la seguridad de los aeropuertos, y habrá que restringir ese derecho para que el ciudadano pase sus pertenencias por un escáner.

Así, del mismo modo que el secreto del sumario es una medida restrictiva del derecho de defensa (impide al investigado conocer los hechos que se le imputan y defenderse con todas las garantías) que es sacrificado para salvaguardar el buen fin de la investigación, por el mismo motivo (el buen fin de la investigación) cabría plantear una reforma legal que incluyera la prohibición de informar sobre el contenido de las causas declaradas secretas (imponiendo, por ejemplo, una sanción al medio de comunicación) aunque eso suponga una restricción del derecho a la información.

Es muy frustante defender a un investigado en una causa declarada secreta, sin poder ejercer adecuadamente el derecho de defensa por ese motivo, y a la vez observar como la prensa recibe filtraciones del contenido de esa misma causa.

No solo eso, como las filtraciones de las causas secretas suelen proceder de Fiscalía o de la Policía, lo habitual es que se trate de filtraciones parciales e interesadas que dejarán en indefensión ante la opinión pública al investigado, vulnerando su presunción de inocencia.

La pregunta es: si la necesidad de garantizar el éxito de una investigación es razón suficiente para restringir el derecho de defensa prohibiendo al investigado el acceso a la causa declarada secreta, ¿por qué no lo es para restringir el derecho a la información prohibiendo a los medios publicar acerca del contenido secreto de ese procedimiento?

Para responder a esa pregunta, nada mejor que la sección de comentarios debajo de este post.

© José María de Pablo Hermida, 2016.
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La posible responsabilidad penal del compliance officer

A continuación reproduzco el artículo sobre la responsabilidad penal del compliance officer que he publicado, junto a Pablo Torán, en el eBook sobre compliance que ha publicado Lawyerpress y que te puedes descargar desde este link.

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© José María de Pablo Hermida, 2016.
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el veredicto del caso Asunta se tambalea

los-padres-de-asunta-basterra-declarados-culpables-por-unanimidadNunca he sido partidario del jurado popular. Es cierto que el jurado se limita a establecer los hechos probados, y que luego es el Juez quien aplica la ley a esos hechos, pero mi experiencia es que para establecer de manera adecuada los hechos probados después de un juicio también es necesario contar con conocimientos jurídicos. Lo que hace el jurado popular es valorar pruebas, y la valoración de la prueba exige el respeto a unos principios y mecanismos jurídicos que un jurado lego en Derecho desconoce.

Esto se observa en muchas ocasiones analizando la fundamentación del veredicto. El jurado no se limita a declarar probado o no probado un hecho, sino que debe justificar por escrito el por qué ha llegado a una y no a otra conclusión. Y es allí cuando descubrimos, unas veces, que un jurado se dejó llevar más por su convicción personal acerca de la inocencia o culpabilidad del acusado que por el resultado de las pruebas, y otras veces –la mayoría, en mi experiencia- que el jurado ha alcanzado sus conclusiones vulnerando, por desconocimiento (no son juristas), las reglas esenciales sobre valoración de la prueba.

Pues bien, esto último es lo que, en mi opinión, le ha ocurrido al jurado del caso Asunta al emitir su veredicto.

La culpabilidad de Alfonso Basterra, según el jurado.

En la fundamentación por escrito del veredicto (ver aquí) leemos que el jurado, apoyándose en las conclusiones de la autopsia, establece que la muerte de Asunta se produjo, por asfixia, entre las 18:00 y las 20:00 horas.

Ese dato le permite al jurado considerar probada, sin mucha dificultad, la intervención de Rosario en el asesinato, ya que estaba con su hija en Teo en ese momento: así lo prueban, nos dice el jurado, las grabaciones de las cámaras de seguridad de varios establecimientos, que grabaron a Rosario con Asunta saliendo de Santiago; el cuadrante de la actividad de su teléfono móvil, que le sitúa en el entorno de Teo a esa hora; el registro de la alarma de la casa; así como la propia declaración de la acusada, que reconoció que había llevado a su hija a Teo esa tarde.

Pero el jurado también declaró culpable a Alfonso Basterra, y para ello le situó en el lugar del crimen a la hora del asesinato, con el siguiente razonamiento: “no podemos descartar la presencia de Alfonso en el asiento trasero del vehículo Mercedes en el que Rosario y Asunta se desplazaron a Teo. Iría detrás, de tal modo que no le captaron las cámaras de seguridad porque en ninguna se recogen imágenes de la zona trasera” (apartado 9 del veredicto).

La anterior deducción, (estaba en Teo porque no podemos descartar que fuese con Rosario y Asunta en el coche) vulnera frontalmente el principio in dubio pro reo.

La valoración de la prueba y el principio in dubio pro reo

Mientras que la presunción de inocencia se aplica cuando hay un vacío probatorio (sin prueba de cargo hay que absolver siempre), el principio in dubio pro reo implica que si existe una prueba de cargo, pero su valoración hace dudar al juzgador, el juzgador debe absolver.

Lógicamente, el juzgador –en este caso, el jurado popular- no tiene la obligación de dudar: por muchas dudas que le plantee a una defensa la interpretación de una prueba de cargo, si al juzgador le convence una concreta interpretación, la condena es válida (y el Tribunal Supremo siempre rechaza el recurso de casación cuando la defensa alega que el juzgador debía haber dudado y no lo hizo: quien juzga no está obligado a dudar).

Pero eso sí: cuando el juzgador alberga dudas, está obligado a absolver. Si una prueba ofrece dos interpretaciones, y el tribunal –o el jurado- duda entre las dos, deberá quedarse con aquella que más favorezca al acusado.

El veredicto del Caso Asunta y el principio in dubio pro reo

En este caso, parece obvio que el jurado popular albergó dudas sobre la presencia de Alfonso Basterra en la casa de Teo. No dice “consideramos probado que Alfonso viajaba en el asiento trasero del vehículo”, sino que dice “no podemos descartar la presencia de Alfonso en el asiento trasero del vehículo”. Y si únicamente no lo pueden descartar, es que entonces tampoco lo pueden afirmar. Han dudado. Y si han dudado sobre este punto, debieron considerar no probada la presencia de Alfonso Basterra en ese vehículo y, por extensión, en Teo.

Por tanto, la condena a Alfonso Basterra, en mi opinión, no está fundamentada, y un buen recurso debería conducir, como mínimo, a la repetición del juicio.

Lo curioso es que el jurado no necesitaba situar a Basterra en Teo para condenarle. Le hubiera bastado con limitarse a declarar probado que se concertó con Rosario para el asesinato, y que colaboró comprando las pastillas que servirían para sedarla. Eso permitiría al Magistrado condenar al padre de Asunta como cooperador necesario del crimen (con la misma pena que el autor) o al menos como cómplice (menor pena, pero condena al fin y al cabo). Pero ese “no podemos descartar” en medio de un punto tan importante del veredicto huele a sentencia nula.

Estamos ante un veredicto que haría las delicias de cualquier abogado defensor especialista en casaciones.

Obviamente, no se puede reprochar a los miembros del jurado este error. Ninguno de ellos estudió Derecho (recordemos que los abogados, fiscales, y otros profesionales del Derecho tenemos prohibida la intervención en los jurados: por extraño que parezca, para ser jurado en España es obligatorio desconocer el Derecho). Así que, lógicamente, no podemos exigir a los miembros del jurado –bastante tienen con haberse visto obligados a dejar sus ocupaciones habituales durante varias semanas- que conozcan el principio in dubio pro reo y demás reglas de valoración de la prueba.

Quien debería recapacitar es el legislador que mantiene en vigor una ley que permite valorar pruebas a quienes no conocen, ni las reglas sobre valoración de la prueba, ni el modo de motivar la inferencia.

© José María de Pablo Hermida, 2015.
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