El comienzo de la Exposición de Motivos del proyecto de nuevo Código Procesal Penal que ha preparado el Gobierno no puede ser más explícito: “tan obvia resulta la obsolescencia de la Ley de Enjuiciamiento Criminal de 1882” –dice- “que el clamor unánime en favor de su sustitución por un nuevo texto legal haría vana una detallada exposición de los argumentos justificativos de la decisión de emprender la reforma” (...)