Al fin, un poco de cordura jurídica en el Caso Arandina

(artículo publicado en el diario EL MUNDO el 19 de marzo de 2020)

La Sentencia dictada en apelación por el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, que absuelve a uno de los acusados por el Caso Arandina y rebaja de manera considerable la pena de los otros dos ­­–los treinta y ocho años de prisión iniciales quedan reducidos a cuatro años para uno y tres años para el otro– devuelve un poco de cordura a un caso cuya sentencia de primera instancia había sido muy criticada –con razón– desde todos los ámbitos jurídicos.

Como ya expliqué en un artículo anterior en estas mismas páginas, el enjuiciamiento de los delitos contra la libertad sexual presenta una especial dificultad porque, al tratarse de delitos que habitualmente se cometen en la intimidad, es muy poco probable que existan pruebas de cargo distintas de la propia declaración de quien asegura ser víctima. Así que la clave, para el resultado del juicio, está en la credibilidad de la propia víctima.

Pero esa credibilidad de la víctima no debe quedar en manos del criterio subjetivo del Tribunal, de lo más o menos creíble que le parezca en su fuero interno a quien juzga, pues esto daría pie a arbitrariedades y prejuicios que dejarían en indefensión a los acusados y en riesgo la presunción de inocencia.

En estos casos, el Tribunal Supremo estableció tres requisitos objetivos que debe reunir la declaración de la denunciante –cuando no va acompañada de otras pruebas más rotundas, como podría ser un análisis de ADN– para poder ser considerada prueba de cargo: credibilidad subjetiva (inexistencia de posibles móviles espurios que puedan condicionar la sinceridad de la declaración, como por ejemplo una enemistad entre denunciante y denunciado), verosimilitud objetiva (que lo declarado por la denunciante no sea contrario a las reglas de la lógica o de la experiencia, y se vea corroborada por el resto de las pruebas) y persistencia en la incriminación (que la denunciante mantenga la misma versión en las sucesivas declaraciones).

En este caso, la Sentencia inicial de la Audiencia Provincial de Burgos valoró la declaración de la víctima a la luz de estos tres requisitos, y topó con un problema importante: la ausencia de persistencia en la incriminación de una denunciante que, por un lado, aseguró a sus padres (y después a la policía y al Tribunal) que había sido intimidada contra su voluntad pero, a la vez, presumió ante sus amistades –de palabra y por whatsapp– de haber consentido aquellas relaciones sexuales.

Esa contradicción puede tener dos explicaciones opuestas: o mintió la víctima a sus amistades cuando presumió de relaciones consentidas para alardear de su vida sexual; o mintió cuando habló de intimidación por miedo a la reacción de sus padres. Existe una duda razonable evidente. La Audiencia Provincial descartó –sin explicar por qué– la segunda posibilidad, no admitió la existencia de una duda razonable, y concedió –de manera frívola, en mi opinión­– toda la credibilidad a la víctima, lo que terminó en aquellas elevadas condenas de 38 años de prisión. ¿Creen ustedes que con una contradicción tan evidente, y ante esa duda más que razonable, se puede imponer una pena que destruirá para siempre la vida del acusado?

Precisamente porque cuando la única prueba es la declaración de la denunciante la presunción de inocencia sufre especialmente, los tribunales deben comprobar que esa declaración cumple estrictamente y sin fisuras los tres requisitos que establece el Tribunal Supremo.

En el caso Arandina, y atendidas las contradicciones de la víctima, es evidente que esos tres requisitos no se cumplen, y eso es lo que denuncia la nueva sentencia de apelación.

Según el TSJ la declaración de la víctima careció de persistencia en la incriminación porque a unos habló de sexo consentido y a otros de intimidación; careció de credibilidad subjetiva pues tanto la intención de evitar un escándalo como el miedo a la reacción de sus padres son posibles fines espurios que podrían explicar el contenido de la denuncia; y careció de verosimilitud objetiva porque es difícilmente compatible una intimidación con el comportamiento de la víctima anterior (subió al piso voluntariamente y no lo abandonó cuando pudo hacerlo) y posterior a los hechos (mantuvo una relación consentida con uno de los acusados y presumió de sus relaciones consentidas –habló de orgía– ante sus amigos). Al incumplirse los tres requisitos, el TSJ descarta la intimidación (cuya única prueba de cargo era la declaración de la víctima) y absuelve a todos de agresión sexual.

En cambio, y atendiendo a que la víctima, pese a consentir, no había cumplido los 16 años, el TSJ aplica el artículo 183 del Código Penal, que castiga los actos sexuales con menores –incluso consentidos– como delito de abuso sexual. En este punto, los acusados mantenían que desconocían que la denunciante era menor, pero el TSJ replica que, aunque pudieron dudar de su edad, tuvieron a su alcance la posibilidad de asegurarse de ese dato fácilmente, ya que uno de ellos entrenaba a un compañero de clase de la víctima, a la que los acusados debían haber visto vestida de colegiala por la cercanía de sus domicilios.

El TSJ tiene también en cuenta lo previsto en el artículo 183 quater que, en caso de consentimiento del menor, exime de responsabilidad al autor que le sea próximo en edad o madurez –el futbolista absuelto tenía 19 años y una madurez similar a la víctima según los forenses–. En cuanto a los otros dos acusados, de 24 y 22 años, no se les aplica esta eximente pero sí una atenuante analógica porque sus edades sí pueden considerarse relativamente próximas, tal y como establece la jurisprudencia.

En definitiva, esta nueva Sentencia del TSJ pone un poco de cordura jurídica a este caso y recuerda que, en esta clase de delitos, para que la presunción de inocencia siga siendo un derecho y no una quimera, el análisis por los tribunales de los tres requisitos que debe reunir la declaración de la víctima debe ser riguroso y restrictivo, y no amable y voluntarista como lo fue en la anterior sentencia de la Audiencia Provincial de Burgos.

© José María de Pablo Hermida, 2020.

2 comentarios sobre “Al fin, un poco de cordura jurídica en el Caso Arandina

  1. Estimado José María, a dos de ellos les han aplicado el principio de proporcionalidad en lo mínimo, pero uno ha quedado absuelto. La verdad no lo entiendo.

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