El derecho al honor de los imputados

Esta semana me invitaron a hablar en el “Foro Jurídico IESE” sobre “La afectación del derecho al honor en los casos de imputación penal”. Como creo que es un tema interesante y de actualidad, copio a continuación un resumen de mi ponencia.   

Hablar de la afectación del derecho al honor en los casos de imputación penal es hablar de un conflicto de derechos. Pero no un conflicto de derechos al uso, en el que entre en conflicto el derecho de una persona con el derecho de otra. Aquí nos encontramos con un hecho muy peculiar, y es que entran en conflicto, en realidad, dos derechos de la misma persona. Me refiero al conflicto entre el derecho a un proceso público y el derecho al honor. En este caso, y por extraño que parezca, el titular de ambos derechos es el mismo: el imputado.

La publicidad del proceso penal, que reconoce como derecho fundamental del reo el artículo 24 de la Constitución (y proclama como un principio jurídico el artículo 120 de la norma fundamental) tiene como razón de ser el necesario control por parte de la sociedad del poder judicial. Es decir, es un modo de evitar arbitrariedades por parte de los jueces. Por decirlo de un modo gráfico, en España no podría un juez torturar personalmente a un acusado para arrancarle una confesión, entre otras cosas, porque lo vería el público. Así lo establece el Tribunal Constitucional (Sentencia 96/1987) cuando señala que la publicidad del proceso protege a las partes de las posibles arbitrariedades “de una justicia sustraída al control del público”.

De hecho, la experiencia nos dice que es en esa fase prejudicial sustraída al público (la fase policial) donde, al amparo del secreto de los sótanos de las comisarías, con relativa frecuencia se producen vulneraciones de derechos fundamentales (los abogados que hayan hecho guardias de asistencia a detenidos y lean esto, saben bien de lo que estoy hablando).

Por tanto, el derecho a un proceso público, tal y como lo establece la Constitución, no es un derecho de los medios de comunicación ni del público en general: es un derecho del propio justiciable, que no puede ser juzgado en secreto. De este modo, el escrutinio del público, que puede acercarse a una sala de vistas, ver un extracto de un juicio en el telediario, incluso últimamente leer las sentencias que los medios publican íntegras en internet, es un incentivo para que el juez haga bien su trabajo y respete los derechos del justiciable.

De todos modos, también entra en juego aquí el derecho a comunicar o recibir información veraz (artículo 20 de la Constitución) que asiste a los medios de comunicación y a la sociedad en su conjunto. Es evidente que muchos procedimientos judiciales son de interés general, de modo que su tratamiento como noticia estaría amparado por el derecho a la información (hay sentencias que reconocen que el seguimiento de los juicios por los medios de comunicación completa el derecho a un proceso público, hasta el punto de que admiten la retransmisión de un juicio por televisión –Caso Camps, Caso Garzón, Juicio del 11-M…- aunque con ello se ponga en peligro la incomunicación de los testigos, que en teoría no pueden conocer el desarrollo del juicio hasta que son llamados a declarar).

Pero la experiencia nos dice que cuando el reo disfruta de su derecho a un proceso público, a la vez pone en peligro su derecho al honor, pues para la población en general la figura de la imputación tiene una connotación negativa.

En mi opinión, esta afectación al derecho al honor de los imputados se produce porque nos hemos acostumbrado a extender el principio de la publicidad del proceso no solo al juicio oral, sino también a la fase de instrucción. Y es en la fase de instrucción donde se produce un daño al derecho al honor del imputado que, quizás, se podría evitar.

Una cosa es que, llegado al juicio oral, el ciudadano tenga acceso, bien asistiendo al juicio, bien siguiéndolo por la prensa, a lo que allí ocurre. En ese caso no hay tanto problema porque durante el juicio oral la información sobre una prueba de cargo que perjudique al acusado se verá contrarrestada por las pruebas de descargo, las alegaciones del letrado defensor, incluso el derecho a la última palabra del acusado. Además, a los pocos días del juicio habrá una sentencia: si el acusado es absuelto, quedará restituido su honor; y si es condenado, podemos decir que fue él, al delinquir, quien puso en riesgo su honor.

Pero cosa distinta es la filtración de un sumario a la prensa en fase de instrucción. Allí está el verdadero problema. Esas filtraciones, además de ser ilegales (el artículo 301 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal excluye a la fase de instrucción de la publicidad del proceso) dejan indefenso al reo por muchos motivos:

1. Porque las filtraciones suelen ser parciales: quien filtra un sumario (casi siempre la Fiscalía, la Policía, o la acusación particular, porque es raro que lo haga la defensa) filtrará solo la parte del sumario que le interesa, es decir, lo que perjudica al imputado.

2. Por la tendencia del público en general a condenar en su fuero interno, sin análisis crítico alguno, a todo imputado por el mero hecho de serlo.

3. Porque el público desconoce el significado de la palabra imputado. Que una persona esté imputada solo significa que se le está investigando, nada más, y es muy posible que sea inocente (ejemplo: en el juicio del 11-M hubo más de 120 imputados, de los que un centenar no llegaron siquiera a sentarse en el banquillo). Por eso, es bueno recordar que la imputación en realidad es una garantía, cuya finalidad es que la persona investigada disfrute, como imputado, de unos derechos (a nombrar abogado, a no declarar contra sí mismo, a no confesarse culpable, etc) de los que carecería si no tuviera esa cualidad. En el fondo, cuando un juez convierte a una persona en imputado no le está juzgando: sólo le está dando la posibilidad de defenderse. Pero eso, el que no es jurista, el telespectador de Sálvame, no lo sabe.

4. Porque muchas veces el sumario que se filtra está declarado secreto, de modo que el imputado y su defensa aún no conocen su contenido (salvo lo que filtra la prensa): difícilmente podrá entonces el imputado hacer declaraciones en su defensa, o desmentir informaciones, pues al no conocer el contenido exacto del sumario, no conoce hasta que punto esas filtraciones responden a la realidad, no conoce que pruebas de descargo hay, y sobre todo, no ha podido escoger una estrategia de defensa. Muchas veces no queda otro remedio que guardar silencio ante lo que publica la prensa, lo que supone renunciar a defenderse ante la opinión pública con tal de no perjudicar la posterior defensa ante el Juez.

5. Porque a veces se filtran pruebas del sumario que se han obtenido ilegalmente (por ejemplo, escuchas telefónicas acordadas sin los requisitos necesarios): esas pruebas acabarán siendo declaradas nulas porque se obtuvieron vulnerando derechos fundamentales, pero antes habrán servido para que la prensa hunda la reputación del imputado.

Otras veces el problema surge en el modo en que la Policía lleva a cabo algunas diligencias, como las detenciones o los registros. Los artículos 520 y 522 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal disponen que las detenciones y los registros se practiquen del modo que menos perjudiquen la reputación de los detenidos. Pero por desgracia estamos acostumbrados a que ciertos jueces de instrucción, incluso ciertas unidades de la Policía o de la Guardia Civil, avisen a la prensa antes de practicar estas diligencias.

Ante este problema, y de cara a la anunciada reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, se podrían tomar algunas medidas para garantizar el derecho al honor de los imputados.

Se me ocurren, a bote pronto, tres posibles medidas:

1. Eliminar la palabra “imputado” sustituyéndola por otra que tenga menos connotaciones, como por ejemplo, “investigado”. O quizás, dejar la imputación para la fase intermedia del proceso –cuando ya existen indicios suficientes contra una persona- y crear otra figura previa para que quien está siendo investigado disfrute de los derechos de los que ahora goza el imputado, pero sin que se le llame imputado. En Portugal, por ejemplo, existe la figura del arguido, que es previa a la de imputado.

2. Prohibir la publicación de partes del Sumario declaradas secretas. Cuando un medio publica un sumario secreto (algo tan frecuente que ya nos parece normal) siempre hay alguien que, al filtrarlo, ha cometido un delito. Pero ese alguien nunca responderá de su delito gracias al derecho de los periodistas a no revelar sus fuentes. Pues bien, quizás, dado que esa información siempre procede de la comisión de un delito, se podría prohibir explícitamente la publicación de datos de sumarios declarados secretos en los medios de comunicación.

3. En Francia está prohibido fotografiar a una persona detenida que llega esposada al Juzgado. Quizás no es necesario ser tan restrictivos, pero ¿por qué no tomar alguna medida intermedia que evite la sobrexposición de los imputados a los medios de comunicación?

Seguro que al lector de este artículo se le ocurren muchas más posibles medidas.

En lo que a los abogados respecta, el problema fundamental es que cuando nos toca defender a alguna persona de relevancia mediática, se nos multiplica el trabajo por dos: acabamos defendiendo al cliente en dos juicios: en el juicio procesal que tiene lugar en el Juzgado (que es lo que aprendimos a hacer en la facultad) y en el juicio mediático (el llamado “juicio paralelo”), pues el cliente acaba confiándonos, no solo su posible absolución en la sentencia, sino también, la protección de su derecho al honor ante los medios de comunicación. Y no es fácil.

© José María de Pablo Hermida, 2012.     

Autor: José María de Pablo

Abogado penalista

1 comentario en “El derecho al honor de los imputados”

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